EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 30 de octubre de 2014, tras constatar el fracaso de todos los intentos de relanzar el proceso de paz iniciado tras la Conferencia de Madrid de 1991, el Gobierno de Suecia se unió a los 134 países que ya reconocían el Estado de Palestina y a la propia Asamblea General de Naciones Unidas que otorgó a Palestina en 2013 el estatuto de Estado Observador No Miembro de Naciones Unidas. Fruto de la decisión del Gobierno sueco, numerosos Parlamentos de Estados miembros de la UE instaron a sus Gobiernos respectivos a reconocer a Palestina como Estado, reconocimiento llevado a cabo asimismo por el Vaticano en 2015. Suecia se sumó así a otros países de la UE que ya habían reconocido el Estado palestino antes de su entrada en la UE como República Checa, Polonia, Hungría, Rumanía, Malta y Chipre.
En línea con otros Parlamentos europeos aprobó el 18 de noviembre de 2014 por unanimidad una proposición no de Ley que instaba al Gobierno a reconocer Palestina como Estado, señalando que dicho reconocimiento debía ser consecuencia de un proceso negociador entre israelíes y palestinos y promovido de manera coordinada con la UE.

Sin embargo, más de dos años después resulta evidente que no sólo no existe ningún proceso negociador, sino que la situación de la zona ha empeorado tanto en Jerusalén recientemente; como en Gaza sobre todo a raíz de la operación Margen Protector que dejó un elevado número de víctimas (2.143 palestinos -70% civiles- y 71 israelíes muertos -5 civiles- y destrozos en estructuras; otras ciudades de Cisjordania y dentro de Israel.

Cada día que pasa la persistencia de la ocupación militar israelí de los Territorios Palestinos es una amenaza para la viabilidad de una solución de dos Estados. Desde el 18 de noviembre de 2014 no ha habido ninguna conversación de paz entre las partes, pero sí se han multiplicado los asentamientos de colonos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, incluyendo Jerusalén Este, las confiscaciones de tierra en Cisjordania, los desplazamientos forzosos de poblaciones beduinas y las demoliciones punitivas de viviendas y de estructuras humanitarias, algunas financiadas por la Unión Europea y sus Estados miembros.

La persistencia de la ocupación es contraria al Derecho Internacional y al derecho del pueblo palestino a constituir un Estado propio. La desigualdad entre una Potencia ocupante, de un lado, y un pueblo ocupado, de otro, imposibilita una negociación entre iguales. Israel, como Potencia ocupante, carece de incentivos para poner fin a la ocupación y a la colonización y reconocer un Estado palestino dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas. Por esa razón, los diferentes actores de la Comunidad Internacional deben asumir su responsabilidad y ser activos y propositivos poniendo en marcha los mecanismos necesarios para su resolución de conflictos.

La ocupación no sólo genera frustración sino que también es una de las principales fuentes de radicalización y violencia. Además, se ha demostrado estructural: su finalidad no es garantizar la seguridad de Israel sino continuar una política de colonización de Jerusalén Este y de Cisjordania que hace imposible la creación de un Estado palestino viable. Para garantizar la seguridad de palestinos e israelíes es necesario actuar de manera integral siguiendo las doctrinas de Seguridad Humana, formuladas desde diferentes organismos internacionales, que incluyen dimensiones de derechos humanos, desarrollo y bienestar en su fundamentación.

El Congreso de los Diputados constata que no existe a día de hoy una perspectiva de negociación de paz que lleve a la creación de un Estado palestino. La única perspectiva que tiene delante de sí el pueblo palestino es la ocupación militar y la colonización de nuevos asentamientos. El reconocimiento del Estado de Palestina contribuiría a generar una igualdad jurídica entre las partes de cara a unas eventuales negociaciones de paz y permitiría afirmar el compromiso de nuestro país con la legalidad internacional y con la solución de dos Estados.

La solución de dos Estados defendida por Naciones Unidas, por la Unión Europea y por España presupone el reconocimiento de dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo en paz, seguridad y prosperidad.

Por todo lo anterior,

“El Congreso de los Diputados:
1. Insta al Gobierno a reconocer de manera unilateral y sin condiciones previas el Estado de Palestina en los dos primeros meses de gobierno”.


Miércoles, 17 de febrero de 2016