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Programa de Podemos
para un nuevo país


Cuidados


Se llevará a cabo, además, un desarrollo legislativo que considere los cuidados una responsabilidad social inseparable de la vida misma y que garantice su acceso y su provisión de manera universal a partir de una dotación presupuestaria suficiente y de unos servicios públicos adecuados.

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Este plan incluirá una prestación de garantía de vida para mujeres víctimas de violencias machistas, destinada a evitar que la falta de autonomía económica sea un factor que perjudique la salida de una relación de violencia machista de cualquier tipo. La prestación supondrá un mínimo equivalente al salario mínimo interprofesional (900 euros) durante 6 meses prorrogables, que se incrementará según el número de personas que cada mujer tenga a su cargo.

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Implementaremos un plan de empleo específico para mujeres mayores de cuarenta y cinco años y para mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión social.

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La educación es la principal herramienta para transformar las relaciones de desigualdad que están en el origen de las vulneraciones de la libertad sexual, por lo que los contenidos feministas serán transversales a lo largo de toda la educación y se creará una asignatura de feminismos en la educación pública, para lo cual se contará con la comunidad educativa, porque educar en igualdad es una de las prioridades de nuestra sociedad.

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Protección real de las distintas realidades familiares elegidas con libertad, con medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI, reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja.

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En la actualidad, nuestro sistema de educación infantil deja sin atender a más del 60 % de los niños y niñas de entre 0 y 3 años. Esto nos impide intervenir sobre la herencia de la pobreza que pasa de generación en generación y sobre la salida indeseada de muchas mujeres del mercado de trabajo para cuidar a sus familias. En la siguiente legislatura, y en coordinación con las demás Administraciones, configuraremos un sistema de educación infantil (de 0 a 3 años) que ofrezca una cobertura universal y gratuita a todas las criaturas al terminar los permisos parentales remunerados de sus progenitores y progenitoras. Con ello crearemos más de 100 000 puestos de trabajo directos, con enormes retornos además en cotizaciones y consumo.

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Consolidaremos un sistema universal, público y suficiente de cuidados de larga duración para las personas dependientes que garantice la autonomía funcional de estas personas sin que el peso recaiga en los cuidados informales de otros miembros de la familia, que son casi siempre mujeres. Este sistema nos permitirá aumentar el número de personas dependientes atendidas hasta llegar a los 1,6 millones y crear hasta 400 000 nuevos empleos a través de un plan de choque que eliminará las listas de espera y hará llegar de manera efectiva las prestaciones y los servicios a quienes tengan reconocida una situación de dependencia. En el marco de este plan, restauraremos también el derecho de los cuidadores y las cuidadoras no profesionales a cotizar a la Seguridad Social y a recibir prestaciones como la de desempleo, revisaremos el actual sistema de incompatibilidades y eliminaremos el copago, que hace que muchas familias con pocos recursos tengan que renunciar a algunos servicios de atención a la dependencia.

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En España se trabajan más horas que en otros países de nuestro entorno, al tiempo que las mujeres dedican a los cuidados más del doble de su tiempo que los hombres y muchas tienen empleos con menos horas de las que desearían. Para paliar estas desigualdades, implementaremos una jornada de 7 horas de lunes a jueves y de 6 horas los viernes sin reducción de salario; protegeremos el tiempo de desconexión del trabajo; permitiremos flexibilizar los horarios y aprovechar las posibilidades del teletrabajo; estableceremos planes de respiro familiar para personas que cuidan y se protegerá a estas personas profesionales con la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su entrada de pleno derecho en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que implicaría igualar en derechos.

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Ampliaremos el sistema de permisos para que, en caso de nacimiento de un hijo o de una hija, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, estos sean iguales, intransferibles y remunerados al 100 % de la base reguladora para cada progenitor o progenitora, independientemente de su sexo y tipo de familia. Con estas características, propondremos la equiparación inmediata a 16 semanas para ambos progenitores o progenitoras y un aumento de 2 semanas al año hasta alcanzar las 24 semanas (medio año) para cada progenitor o progenitora.

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Proteger a las familias monoparentales y monomarentales con su equiparación a las familias numerosas, la adopción de una definición que les otorgue seguridad jurídica, el incremento de las prestaciones por cuidado de sus niños y niñas, y la prioridad de acceso a los servicios y prestaciones, como la educación de 0 a 3 años durante su implantación universal o las becas.

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Afrontar el problema de la soledad no deseada y, en particular, la de las personas mayores, desarrollando para ello la sensibilidad y el conocimiento del problema, pero también potenciando unos servicios sociales cercanos y bien dotados para atender esta necesidad emergente, prevenirla o mitigar sus consecuencias.

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Prestación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, que llegará a los 1200 euros al año de manera universal y a los 2000 euros al año para situaciones de pobreza severa, y que se iniciará de manera urgente con 600 euros al año para familias en riesgo de pobreza, con un incremento del 50 % para familias de una sola progenitora o de un solo progenitor.

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Reforzaremos la Agencia Estatal de Investigación, dotándola de una gran capacidad de inversión a través del citado Banco de Inversión (BITTE) y de una gran unidad dedicada a la transferencia, que nos permitirá aplicar los avances teóricos de frontera a la mejora de nuestra industria y aportar nuevos conocimientos al sector privado y a los sectores más innovadores de nuestra ciudadanía en un contexto de transparencia total. La política de transferencia del conocimiento debe ser una prioridad de la estrategia de I+D+i. Completaremos esta nueva institucionalidad para la innovación con la creación de una red de comités estratégicos sectoriales para que el sector público sea un actor con capacidad para asumir riesgos, pero también para obtener beneficios y orientar la I+D+i hacia la creación de empleo de calidad y de valor social.

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Por una parte, garantizaremos los derechos y las mejoras laborales de las camareras de piso (las kellys). Exigiremos que estén contratadas directamente por el establecimiento hotelero —ya que nuestra reforma de la subcontratación impide que una empresa pueda externalizar servicios que forman parte de su actividad principal, como es, en el caso de los hoteles, mantener limpias las habitaciones— y reconoceremos la posibilidad de jubilarse de manera anticipada sin penalización, debido a la dureza de su empleo. También impulsaremos, junto con las comunidades autónomas, un sello de calidad turística que, entre otros criterios, reconozca a los establecimientos turísticos que cuidan y protegen los derechos de sus empleados y empleadas. Por otra parte, garantizaremos los derechos de las empleadas del hogar con la ratificación del Convenio 189 de la OIT y su integración dentro del Régimen General de la Seguridad Social, con igualdad de derechos que cualquier otra persona que trabaja, como el de tener una prestación por desempleo o protecciones frente al despido. Asimismo, reconoceremos la posibilidad de completar periodos no cotizados (las llamadas «lagunas de cotización») para alcanzar el periodo mínimo que da acceso a una pensión contributiva, tal como tienen otras personas trabajadoras. También se reconocerá la posibilidad de jubilación anticipada sin penalización por las mismas razones de especial dureza de estos empleos. Se adoptarán medidas similares respecto a otros empleos feminizados y precarizados, como el de las aparadoras de calzado y otros.

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Esto supondrá pasar del actual 6 % del PIB en sanidad al 7,5 % del PIB en 2023, lo que nos permitirá impulsar la atención primaria con recursos suficientes, que supondrán al menos el 20 % del gasto sanitario. También permitirá cuidar al personal sanitario y acabar con su precariedad, así como implementar un programa de recuperación de aquellos y aquellas profesionales que han tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España. En educación, se pasará del 4 % del PIB al 5,6 % en 2023, con una financiación suficiente de las comunidades autónomas.

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Nuestro sistema ha desatendido casi por completo la salud mental y ha trasladado la responsabilidad de la atención y la prevención a las familias y personas allegadas. Es el momento de construir un verdadero sistema de atención a la salud mental, tal como diseñamos en nuestra proposición de ley en el Congreso, con un enfoque de género y derechos humanos, y con un protocolo especial para prevenir el suicidio entre los y las pacientes.

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Aprobaremos este plan en el plazo de un año con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias, y de garantizar la protección de sus derechos.

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Se trata de un aumento que exigirá la propia ampliación del catálogo de prestaciones y la expansión de las infraestructuras sociales para el horizonte morado que hemos propuesto, de ahí la necesidad del aumento de centros y plantillas enfocados a una población receptora cada vez más amplia y heterogénea. Bajo la dirección estratégica de las comunidades autónomas, promoveremos también la gestión municipal de los equipos de servicios sociales para potenciar la intervención comunitaria.

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Consensuada con las comunidades autónomas, esta norma dará entidad a los servicios sociales, delimitándolos como un catálogo de servicios, cuidados, apoyos e intervenciones para complementar y potenciar la autonomía funcional en la vida cotidiana. Asimismo, vincularemos el modelo de servicios sociales a la creación de empleo estable y de calidad, y garantizaremos una cartera estatal de servicios que salvaguarden la dignidad, la privacidad, la igualdad y la justicia. Se tratará de un catálogo de servicios mínimos y comunes de gestión descentralizada, que se coordinarán con otras políticas públicas para proporcionar una atención integral en todas las comunidades autónomas.

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A tal fin, estableceremos un plan de desarrollo sostenible con marcos de acción concretos, en el que se incorporen mecanismos de seguimiento, evaluación y auditoría social para su correcto cumplimiento. Este plan incluirá un mecanismo específico de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD), con el fin de evitar los impactos negativos que cualquier política pública pudiera tener en la contribución de España a los ODS.

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La manera más eficaz de reducir la desigualdad es implementar medidas de discriminación positiva. En particular, le daremos la vuelta a la discriminación a través de un plan de choque para acelerar la equiparación de derechos y servicios, y para cerrar la brecha territorial. Cuando deban implementarse en distintas fases los principales avances del país —como la garantía de ingresos, la prestación por cuidado de niños y niñas o el Plan de Rehabilitación de Vivienda—, priorizaremos el mundo rural y descentralizaremos las inversiones, en particular, las del horizonte verde. Por otra parte, crearemos el marco para reducir a la mitad el IBI de las poblaciones con menos de 5000 habitantes, compensando a los municipios por el descenso en la recaudación, y crearemos un fondo para luchar contra la despoblación en las comarcas más vulnerables, con una dotación inicial de 500 millones anuales del Estado, que se complementará con el presupuesto europeo derivado del Programa Marco de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que impulsaremos en la Unión Europea con un horizonte de 5 años.

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