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Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro


Democracia y participación


El marco político actual de la UE, basado en el Tratado de Lisboa, hace del neoliberalismo ley. Consolida un funcionamiento cerrado por el que los poderes centrales de la UE dirigen la economía y la sociedad de manera tecnocrática y priorizando los beneficios de unos pocos. Por eso, es necesario abrir un proceso de refundación de la UE que incluya la aprobación de un nuevo tratado capaz de superar la visión ideológicamente sesgada que rige en la actualidad e incorpore el principio democrático en todas sus instituciones.

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Si la ciudadanía vota al Parlamento Europeo, esta institución debe al menos poder elaborar y aprobar leyes de manera completa. Se trata de la única institución elegida por la ciudadanía europea y, por lo tanto, concentra una legitimidad democrática que debe servir como palanca de cambio para la democratización y el equilibrio de poder en toda Europa.

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El Parlamento Europeo propondrá, elegirá y controlará a quienes compongan la Comisión, desde su presidente o presidenta hasta sus comisarios y comisarias, y lo hará de acuerdo con criterios de paridad y de equilibrio territorial. Asimismo, para que la Comisión se centre en tareas ejecutivas, se repartirá su iniciativa legislativa con el Parlamento y el Consejo, lo que permitirá configurar una Comisión más reducida que responda a la pluralidad política electa. Además de democratizar su conformación, el Parlamento podrá realizar mociones de censura constructivas tanto a los comisarios o comisarias individuales como al presidente o a la presidenta de la Comisión.

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Para que la legitimidad democrática impregne todas las instituciones comunitarias, el Parlamento Europeo elegirá y controlará los puestos de máxima responsabilidad de las agencias y otros organismos de la UE, como el Banco Central Europeo (BCE), el Banco Europeo de Inversiones, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, la Alta o el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el Comité de las Regiones o el Comité Económico y Social.

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Se impulsará la creación de una Carta Democrática Europea que contemple la adopción de medidas y mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones, en su gestión y en su control democrático. Para ello, se crearán también procedimientos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía mediante formatos inclusivos. La Carta conllevará la puesta en marcha de nuevos espacios participativos para la deliberación ciudadana en lo relativo a la elaboración, la gestión y el control de las políticas públicas, los presupuestos participativos, la participación en los procesos legislativos o la celebración de un mayor número de consultas populares en asuntos decisivos.

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Los requisitos y el procedimiento para presentar una moción de censura ciudadana serán los mismos que los establecidos para presentar una Iniciativa Ciudadana Europea: primer grupo mínimo de siete ciudadanos nacionales de siete países miembros y un millón de firmas. La moción será debatida y votada en el Parlamento Europeo.

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Se implementará una estrategia europea para la participación de la infancia que asegure que los niños, niñas y adolescentes aporten e influyan en todos los ámbitos de la vida y, en especial, para que asuman un rol de liderazgo en la lucha por la igualdad y contra el cambio climático.

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Se establecerán mecanismos de transparencia que hagan accesible la información de todos los procesos de la UE, en especial, de los debates, discusiones y compromisos del Consejo Europeo, del Eurogrupo y de los triálogos entre la Comisión y los representantes del Parlamento o del Consejo.

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Se controlarán y se limitarán las actividades de los lobbies y se hará una difusión pública obligatoria de su actividad, de modo que cada vez que un lobby con intereses económicos se reúna con algún miembro de la Comisión, del Consejo, del Parlamento o con un o una alto cargo de la UE, la ciudadanía debe poder saberlo. También se establecerá un registro oficial y obligatorio de lobbies.

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Se establecerá una legislación rigurosa y unos medios suficientes para hacerla efectiva con el objetivo de impedir que representantes políticos y altos cargos de la UE usen su información y sus contactos a favor de grandes corporaciones, tanto durante su actividad pública como al terminarla.

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Se creará un Código de Ética y Transparencia que recoja mecanismos de rendición de cuentas de todas las instituciones y del personal que las compone para que la ciudadanía pueda conocer los motivos de sus decisiones y, en particular, las circunstancias relativas a la adjudicación de fondos europeos a programas, agencias y organizaciones. Este código incluirá, también, la exigencia de una plena justificación de todas las dietas y partidas que se cobren, así como la obligación de los cargos electos de hacer declaraciones de sus ingresos y propiedades, gastos y relaciones con su electorado.

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Para evitar el alejamiento de la ciudadanía respecto a sus representantes políticos y a las instituciones comunitarias, se impulsarán las siguientes limitaciones: 1) se limitarán los salarios, de modo que ningún parlamentario o parlamentaria cobre más de cuatro veces el salario mínimo de su lugar de residencia o destino ―3 600 euros al mes en España, en lugar de los 6 700 euros netos actuales― y que nadie del funcionariado o que represente a la UE cobre más de cinco veces ese salario mínimo, para lo que se establecerán compensaciones en los casos de mayor desequilibrio; 2) se requerirá justificación del uso de la dieta diaria de más de 300 euros y la mensual de «gastos generales» que reciben los y las representantes en el Parlamento y se devolverá lo no gastado; 3) se eliminará las indemnización por residencia, que supone el 15 % del sueldo base, y también la indemnización por representación de los cargos de alto nivel; 4) se fijará una tributación fiscal igual que para el resto de la ciudadanía.

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Quien paga manda, y los bancos no pueden mandar en los partidos. Por eso, se llevará a cabo una reforma para blindar la independencia de los partidos respecto al poder financiero también en la UE.

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La UE establecerá los medios necesarios para luchar contra la corrupción en su seno y en los Estados, sobre todo cuando las propias instituciones estatales no estén haciendo todo lo posible para ello o sean responsables de situaciones de corrupción, como se ha revelado recientemente en España. En particular, la UE establecerá un cuerpo de policía especializado en delitos de corrupción y delitos financieros que actuará a las órdenes del Poder Judicial de los Estados y articulará un programa de protección para quien denuncie casos de corrupción y para los funcionarios y funcionarias, periodistas y la ciudadanía en general que tomen partido contra la corrupción. También se reforzará la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que se convertirá en agencia, y su control democrático.

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Cualquier modificación en la gobernanza de la zona euro, o la creación de cualquier nueva institución u organismo, deba incluir la garantía del control parlamentario en su elección y rendición de cuentas. Esta garantía evitará giros en la orientación político económica de la UE al margen de sus pueblos, así como la creciente autonomización de las instituciones económicas respecto al principio de legitimidad democrática que se ha consolidado en la UE durante las últimas décadas.

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Será una cámara formada por representantes de los distintos Parlamentos nacionales de acuerdo con criterios de población, de características territoriales y de pluralidad política. Contará con una verdadera capacidad legislativa y de control político, así como de debate y de decisión sobre la agenda política y económica de la zona euro, incluyendo nuevos pasos en los procesos de integración.

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Se modificará el procedimiento para nombrar a quien ocupe la presidencia, la vicepresidencia y el resto de los puestos del Comité Ejecutivo del BCE. Por lo tanto, se pasará del actual sistema de elección ―opaco y pactado entre Estados― a uno con criterios de selección transparentes, un debate abierto sobre la estrategia del BCE que requerirá de la aprobación del Parlamento Europeo y del citado Parlamento de la eurozona.

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Se llevará a cabo una reforma para acabar con la opacidad de este órgano y convertirlo en una comisión del Consejo. De este modo, el Eurogrupo estará sometido a un reglamento que establezca de manera explícita su funcionamiento y los procedimientos de votación, así como la obligación de publicar las actas, los resultados de las votaciones y las explicaciones de voto. El Eurogrupo y quien ostente su presidencia se someterán al control político del Parlamento de la eurozona de nueva creación.

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Se impulsará la creación de esta figura con las funciones de armonizar la protección de los derechos fundamentales en todos los Estados y de supervisar su garantía, y se establecerán sanciones para aquellos que los vulneren o no actúen con la diligencia debida para evitarlo.

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Para acabar con las situaciones de impunidad y de olvido de la historia que se dan en algunos Estados, como ocurre en España, esta política seguirá un enfoque de derechos humanos en torno a los ejes de verdad (poder conocer lo ocurrido), justicia (llevar a los responsables ante los tribunales), reparación de las víctimas y garantías de no repetición (garantizar que no persisten hoy elementos que siguen causando daño). Asimismo, se investigarán las ventajas económicas ilegítimas de las que disfrutaron las jerarquías de regímenes como el franquista. También se impulsarán las medidas necesarias para la creación de diferentes Comisiones de Verdad y Reconciliación a escala europea para reconocer la persecución histórica y el repudio sistemático de las poblaciones roma, judía, afro y migrante.

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Este ente desempeñará un rol esencial en la creación de una identidad compartida por todos los pueblos de Europa en torno a los valores esenciales de la UE. Su gestión será independiente y transparente, y estará sometida a control democrático.

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En lo relativo al funcionamiento, las inversiones y el gasto de la UE, se favorecerá el desarrollo de software libre y el uso de material informático ecológico. Se exigirá la mayor transparencia posible y un funcionamiento no discriminatorio en los algoritmos y en la inteligencia artificial, y se prohibirá que las contrataciones públicas de la UE y los Estados incluyan la cesión de datos a las empresas concesionarias. La tecnología es también un factor clave de la geopolítica, por lo que se fomentará la propiedad europea de las infraestructuras de internet y la creación de empresas tecnológicas públicas y de carácter exclusivamente europeo que faciliten el control democrático. También se reformará la directiva reciente sobre copyright, dado que sus filtros de carga ponen en peligro la libertad de internet y la sostenibilidad de muchas start ups y pymes europeas frente a las grandes corporaciones digitales.

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La UE velará por que los Estados no puedan imponer restricciones ni obstáculos desproporcionados al ejercicio de los derechos políticos de sus nacionales, tales como los impedimentos al voto que impone España con el sistema de voto rogado.

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Debe impedirse que los poderes económicos y financieros pongan a su servicio a las instituciones mediante una influencia ilegítima en el proceso legislativo. Los mandatos negociadores deben votarse en el Parlamento Europeo y en los Parlamentos nacionales, que deberán tener capacidad de escrutinio y enmienda durante las negociaciones.

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La creciente desigualdad de fuerzas entre oligopolios y el resto de los agentes económicos daña el desarrollo local y los derechos de personas consumidoras y pymes. Se reforzarán las normas antimonopolio y el órgano regulador europeo con instrumentos efectivos de penalización frente al fraude y los casos de cárteles y oligopolios. Este órgano estará sometido a controles democráticos y de rendición de cuentas, ya que debe estar al servicio de los intereses de la ciudadanía, y no de los oligopolios que debe controlar.

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Se promoverá el liderazgo de la UE en la lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente en foros internacionales, la voz única en los foros globales en ciertos pilares básicos, el voto de los Estados miembros en política exterior por mayoría cualificada y la democratización del Consejo de Seguridad de la ONU. Se apostará por un mandato de defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la protección de civiles, las dinámicas de diálogo y el liderazgo local en la gestión de crisis. Para ello, se impulsará la creación de una asamblea parlamentaria en la ONU, elegida democráticamente, para abordar los temas claves para el futuro de la humanidad.

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Se impulsará un servicio exterior ejecutor y garante de una política pública promotora de la solidaridad internacional, el diálogo pacífico entre pueblos y la justicia, al servicio de la ciudadanía, que garantizará su participación y contribución significativa y vinculante. Se fortalecerá el rol de las delegaciones en la interlocución con la sociedad civil local y con las comunidades afectadas por proyectos y empresas de la UE. Estas delegaciones tendrán capacidad de tramitar visados a personas refugiadas y ofrecer protección y asilo a defensoras y defensores de derechos humanos. Asimismo, participarán en el diálogo político con los Gobiernos para fortalecer la democracia y los derechos humanos.

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Se superará el modelo fallido de competencia y sanciones comerciales en la vecindad oriental y con Rusia, y se apostará por mecanismos de cooperación y diálogo para la resolución de conflictos y la promoción de los derechos humanos y el desarrollo social y económico común. Para ello, se propondrá una conferencia para la distensión en la vecindad oriental europea con la participación de todos los actores de la región. Se propondrá una relación igualitaria, de mutuo beneficio, con los países del Magreb, se reforzarán las relaciones diplomáticas y la cooperación en investigación, cultura y educación, y se favorecerán las relaciones orientadas hacia un desarrollo democrático común de toda el área mediterránea. Se facilitará de forma gradual una relación privilegiada con los Balcanes y Turquía, siempre con respeto a los derechos humanos, las libertades civiles, el Estado de derecho y la justicia, sin políticas de externalización de fronteras, y se apoyará la resolución de disputas en la zona con pleno respeto a los derechos democráticos, políticos y culturales de las poblaciones kurdas.

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Se promoverá un partenariado entre la UE y América Latina por la justicia fiscal, contra el fraude y el lavado de dinero, que fortalecerá los mecanismos de lucha contra la evasión fiscal y el control transparente de la gestión de los recursos naturales. Se apoyará el regionalismo latinoamericano, clave para un futuro con crecimiento efectivo y sostenible, y se favorecerán políticas conjuntas para intercambios en educación, investigación, ciencia y economía social y solidaria. Se desarrollará una iniciativa estratégica para África cuyo eje sea la defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la transición energética y el bienestar de las sociedades, con mecanismos de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de promoción de la cooperación educativa, cultural, científica y técnica. Se impulsarán intercambios económicos entre pymes, así como el apoyo decidido a los procesos democráticos y el empoderamiento de la sociedad civil, en especial de las mujeres. En Asia, se promoverá un nuevo modelo de relaciones comerciales justas y respetuosas con los derechos humanos, laborales y medioambientales. Desde ese marco, se involucrará activamente a la UE a través del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en el marco de la iniciativa One Belt, One Road, de China, siempre con estricto cumplimiento de estándares laborales y medioambientales.

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Se apoyará con acciones concretas el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, con la base jurídica de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre recursos naturales, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para una solución justa y pacífica mediante referéndum y los procesos de diálogo impulsados por el enviado especial. Se promoverá el establecimiento de relaciones diplomáticas de alto nivel con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y la ampliación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), para que adquiera competencias en la protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población saharaui.

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Se promoverá el reconocimiento por parte de las instituciones europeas del Estado de Palestina de manera inmediata, unilateral e incondicional, y se exigirá el fin de la ocupación, el bloqueo y el apartheid que sufren sus poblaciones. Se decretará un embargo militar a Israel por las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en la Franja de Gaza y se impulsará una investigación internacional ante la posible comisión de crímenes de guerra por el asesinato de manifestantes pacíficos. Se promoverán también normativas que prohíban de manera efectiva la importación de productos, bienes y servicios producidos o procedentes de los asentamientos ilegales, según el derecho internacional y la ONU. Además, la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) contará con una financiación fija y suficiente.

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Se fortalecerán la cooperación europea y el desplazamiento progresivo del espacio atlántico (OTAN) al europeo (PCSD), evitando duplicidades y mejorando tanto las sinergias y la racionalización de capacidades entre Estados como la eficacia en conjunto. Se apoyará la abolición de las armas nucleares promoviendo la adhesión y firma del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN) y de los sistemas de armamento letal autónomo ―es decir, carentes de control humano significativo en fases críticas de su uso― y se impulsará la educación para la paz como un aspecto transversal de la acción gubernamental. En el proceso gradual de conformación del Ejército europeo, defenderemos que este tenga una orientación defensiva, que disponga de mecanismos de legitimación democrática parlamentaria desde el inicio, y que su participación en la promoción de la paz y la prevención de crímenes contra la humanidad esté basada en el derecho internacional y en la aprobación parlamentaria.

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Se potenciará el rol del Parlamento Europeo en la toma de decisiones del envío de misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD). Se promoverán consultas ciudadanas sobre financiación y participación en operaciones militares internacionales de calado, siempre cumpliendo el derecho internacional y con autorización de la ONU.

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Se incentivará la formación de comunidades energéticas ciudadanas para acelerar la transición. Parte de estas nuevas instalaciones estarán promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido y una solución para reparar la situación de los pequeños inversores que hayan sido perjudicados por las políticas estatales para obstaculizar la transición, como el caso del «hachazo a las renovables» en España. A escala europea, se establecerá la obligación de que un porcentaje de la nueva potencia renovable que se instale en cada país sea propiedad de comunidades energéticas ciudadanas durante toda la vida útil de las plantas.

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Se impulsará una directiva europea que obligue a las localidades con más de 50 000 habitantes y a las empresas con más de 100 empleados a establecer planes de movilidad que incluyan rutas, acceso y transporte alternativo al coche privado, como el transporte público y la bicicleta, así como formación en movilidad sostenible. Por su parte, los planes de ordenación del territorio deberán adecuar las infraestructuras y la frecuencia y calidad del transporte público para que esa nueva movilidad sea posible y justa, asegurando la participación ciudadana.

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Se fomentará la capacidad de iniciativa de los poderes locales, en especial de las agrupaciones supramunicipales en asociación con otras organizaciones de base territorial y social ―como ONG, sindicatos, organizaciones patronales, asociaciones de carácter económico…―, para promover experiencias de cooperación interregional en políticas de desarrollo que aseguren la participación de la ciudadanía.

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Para ello, se impulsará un marco estratégico compartido para velar por la independencia del sector cultural europeo, el conocimiento, la producción, la creación, la diversidad, el acceso, las buenas prácticas y la gestión responsable, democrática y transparente, la sostenibilidad, la promoción y la conservación del pluralismo cultural europeo.

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Se fomentará el acceso a la cultura europea mediante estrategias de divulgación en centros educativos y culturales, bibliotecas y medios de comunicación para salvar las brechas existentes, tanto entre países como dentro de estos, en su conocimiento y aprovechamiento. Se fomentarán las ayudas europeas para la creación de centros culturales integrales en barrios y pueblos como los primeros espacios donde ejercer este derecho, con el fin de potenciar la colaboración entre la sociedad civil y el sector público y privado.

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En particular, a museos, monumentos, cultura en vivo, artes escénicas, contenidos digitales y al conjunto del patrimonio cultural, con la voluntad de recuperar el patrimonio material e inmaterial para las mayorías sociales. Con este fin, se fomentará su gratuidad o un modelo de precios reducidos mediante modelos de financiación sostenible.

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