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Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro


Infraestructuras y movilidad


La UE garantizará el cumplimiento de los derechos recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para ello, impulsará la inserción de estas personas en el mercado de trabajo aumentando hasta el 50 % su tasa de actividad, creará un Fondo Europeo para la Accesibilidad Universal y apoyará a los Estados con el objetivo de que incrementen y agilicen las prestaciones para material ortoprotésico.

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Este plan estará compuesto por un programa europeo de inversiones, cambios normativos y la adopción de las medidas necesarias para destinar un 2,5 % del PIB de la UE a una transición ecológica que enfrente el cambio climático, la reducción de ecosistemas y la desaparición de especies. Para ello, (1) se desarrollarán energías renovables y se implementarán medidas de eficiencia energética; (2) se electrificará el transporte y se promoverá una movilidad sostenible; (3) se establecerán objetivos de cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 (y siempre garantizando el uso de carbón nacional) y de las centrales nucleares antes del final de 2024, junto con la garantía de haber creado dos empleos por cada uno que pueda perderse y el impulso de la economía circular y de programas de adaptación al cambio climático; y (4) se impulsará la I+D+i para desarrollar estas iniciativas.

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La UE promoverá la colaboración con los fabricantes y la acción coordinada de los Estados para que puedan adaptar sus procesos productivos a la fabricación de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles, sin que el cambio del parque móvil suponga ningún coste añadido para la economía de las familias.

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Se establecerá una línea europea de inversión público-privada de alto impacto para la I+D de nuevas tecnologías de baterías, motores, tecnologías del hidrógeno, redes inteligentes e innovaciones sociales para favorecer la movilidad, con el objetivo de impulsar la autonomía de estos nuevos vehículos, y la eficiencia y el alcance de las redes, de manera que se acelere el crecimiento de estas industrias en toda la UE.

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Se promoverán sistemas de fiscalidad ambiental en los Estados de la UE, como bajadas del impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos, o el establecimiento de desgravaciones por el uso de transporte público y por la adquisición de electricidad 100 % renovable. También se propondrán las bases para un impuesto estatal a las empresas energéticas que grave la producción de energías no renovables.

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Se garantizará un nivel de inversión pública en la I+D+i que alcance el objetivo del 3 % del PIB y una institucionalidad propia capaz de operar un giro productivo que sitúe a la UE como líder mundial en sectores como la producción de vehículos eléctricos, de energías renovables, el aprovechamiento de big data cuidando la privacidad de las personas, la inteligencia artificial, las aplicaciones de blockchain en banca y en lucha contra la corrupción, la alimentación de calidad producida de forma sostenible, la salud, los fármacos, las biotecnologías, el reciclado de materiales y la restauración de ecosistemas. Este, y no el empeoramiento de los salarios y las condiciones laborales, es el camino para mejorar la competitividad y la productividad en Europa.

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Se promoverá el transporte público como el medio prioritario para la movilidad en Europa, ya que permite realizar desplazamientos de forma más eficiente y justa, apoyando especialmente el reparto de fondos para trenes de media distancia eficientes y que conecten todo el territorio. Se intensificarán los planes de infraestructura ferroviaria potenciando el transporte de mercancías y el apoyo al transporte de viajeros de cercanías. Todo ello se realizará con una garantía de justicia territorial en las inversiones para transporte público, colectivo y de bajas emisiones.

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Se impulsará de manera inmediata una auditoría general para detectar los tramos que necesitan intervención con mayor urgencia y articular un programa de inversiones que priorice las zonas peor atendidas en las últimas décadas. Se impulsarán los ejes transversales ferroviarios que permitan alcanzar un efecto de red y las líneas que conecten zonas transfronterizas con mejores frecuencias y servicios.

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La UE establecerá programas y apoyos a los Estados para incrementar la frecuencia de los servicios existentes de corta y media distancia (metro, cercanías/rodalies, regionales) y crear el servicio allí donde no exista con el objetivo de atender la demanda de transporte de tren de todos los municipios de más de 20 000 habitantes en 2030. En el mismo año, se alcanzará el 100 % de kilómetros electrificados y un sistema libre de consumo directo de combustibles fósiles. Los territorios con mayores deficiencias serán absolutamente prioritarios en estos programas.

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En colaboración con las Administraciones competentes de los Estados, la UE promoverá la creación de una tarjeta europea de transporte que dará acceso gratuito a transportes colectivos de ámbitos urbano y metropolitano, comarcal, entre islas y provincial para menores de 26 años y al precio máximo de 1 euro por trayecto para el resto, sin perjuicio de planes especiales para el mundo rural, donde podrá tener un coste menor o incluso ser gratuito. Al mismo tiempo, la UE apoyará un aumento de la calidad y frecuencia de estos transportes.

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De forma complementaria al transporte público y en colaboración con los municipios, se promoverá el incremento de los carriles bici a partir de unos objetivos mínimos de kilómetros de carril bici por habitante que tengan en cuenta la orografía, la densidad de población y la climatología. También se establecerán regímenes de fomento de la movilidad compartida, incluyendo ventajas fiscales para las empresas y organizaciones que la faciliten.

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Conforme a los objetivos del Horizonte Verde, se impulsará un Programa Europeo de Reducción de Emisiones que incluirá el fomento del uso de vehículos eléctricos y con combustibles alternativos a los fósiles, así como la movilidad colectiva en redes de transporte público.

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Se impulsará una directiva europea que obligue a las localidades con más de 50 000 habitantes y a las empresas con más de 100 empleados a establecer planes de movilidad que incluyan rutas, acceso y transporte alternativo al coche privado, como el transporte público y la bicicleta, así como formación en movilidad sostenible. Por su parte, los planes de ordenación del territorio deberán adecuar las infraestructuras y la frecuencia y calidad del transporte público para que esa nueva movilidad sea posible y justa, asegurando la participación ciudadana.

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Se impulsará la elaboración de un conjunto de reglas y estándares europeos sobre urbanismo sostenible y feminista que guíen esta política en las Administraciones correspondientes con el objetivo de reducir el impacto de las ciudades en el ambiente, mejorar su resiliencia, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático y acelerar la transición energética en unas ciudades más compactas, humanas, inteligentes, adaptadas a la biocapacidad del territorio en el que se ubican y con mayor calidad de vida.

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Con el fin de mejorar la salud de la población urbana y su seguridad, se promoverá una directiva y planes específicos para luchar contra la contaminación química y acústica, con medidas tales como la ampliación de zonas peatonales y zonas verdes ―parques, jardines y cinturones verdes―, el fomento de sendas urbanas ―vías anchas y preferentes de peatones, seguras y flanqueadas por vegetación arbórea―, la limitación de velocidad de los vehículos a 30 km/h, salvo en determinadas áreas ―modelo de las «Ciudades 30»―, y la limitación estricta de los niveles de ruido, en especial en zonas residenciales y de descanso.

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