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Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro


Medio ambiente


Se propondrá una reforma de carácter europeo para que el acceso a los recursos y concursos públicos tenga las siguientes condiciones: el respeto a las reglas de la negociación colectiva, a los derechos laborales y a la sostenibilidad ambiental de las actividades, así como la limitación de la desigualdad salarial dentro de las empresas y la garantía de la equidad de género. La contratación pública se centrará también en las actividades y formas empresariales que aporten mayor valor social.

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Permitirá poner en marcha un Plan Europeo de Inversiones que atienda principalmente las necesidades de la transición energética y la lucha contra el cambio climático, los retos de la digitalización ―incluyendo tanto innovación como formación― y el desarrollo de servicios públicos y otros proyectos ligados al sistema de cuidados para garantizar la igualdad.

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La UE reconocerá las migraciones ambientales como el fenómeno referido a las personas o comunidades obligadas a huir de su residencia por cuestiones relacionadas con el medio ambiente, ya sea como consecuencia de los efectos del cambio climático, de la degradación ambiental o del expolio de los recursos por parte de grandes corporaciones. La UE impulsará la creación de un régimen internacional que proteja a las personas y comunidades por la violación de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

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Se terminará con la impunidad corporativa y los vacíos legales que permiten a las multinacionales operar a costa de los derechos humanos, el medio ambiente y los tejidos económicos locales. Para ello, se impulsará un reglamento europeo de obligaciones de debida diligencia, aplicable a las empresas transnacionales europeas que les exigirá responsabilidad ante nuestros tribunales, aunque las vulneraciones de derechos se produzcan fuera de la UE. Se impulsará también la firma de un tratado internacional de la ONU que imponga penas a las empresas transnacionales si violan los derechos humanos y se exigirá la responsabilidad solidaria sobre toda la cadena de valor.

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Para ello, se incluirán evaluaciones preceptivas de impacto, ex ante y ex post, para cada propuesta legislativa en materia de comercio e inversión. Estas evaluaciones considerarán de manera exhaustiva las repercusiones económicas, sociales y medioambientales. Se establecerán dos categorías específicas de análisis: «impacto en materia de derechos fundamentales» y «evaluación del impacto en materia de género».

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Conforme al principio de coherencia de las políticas de comercio, la UE paralizará las negociaciones y revertirá la implementación de los acuerdos de comercio e inversión que no cumplan con los principios expuestos. Se propondrá, además, renegociar los tratados existentes para proteger el interés público, el trabajo digno, la viabilidad de la actividad de autónomos, autónomas y pymes de cada territorio, los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental, así como las obligaciones extraterritoriales de los Estados. Se suprimirá la aplicación provisional y se incluirá una limitación temporal obligatoria.

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Los inversores extranjeros deben estar sujetos a las mismas leyes que los nacionales. Se propondrá el abandono de los tratados de protección y promoción de inversiones que contengan cláusulas de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), así como la retirada del Tratado sobre la Carta de la Energía, ejemplo de polémicos mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados.

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Lucrarse con los ataques a la vida y a los derechos humanos no es compatible con la identidad europea. Por eso, se prohibirá el comercio de armas con países donde puedan utilizarse para la represión interna, las agresiones externas o las violaciones de derechos humanos. También se contará con medios suficientes para garantizar la prohibición del comercio de personas (esclavitud) y órganos, de residuos peligrosos o de especies en peligro de extinción. Para alcanzar el horizonte verde, se reducirá también el comercio de combustibles fósiles.

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Se implementará un plan de acción europeo para la promoción y el fomento del comercio justo, sostenible y responsable, dotado con suficientes recursos y acompañado por campañas de concienciación ciudadana. Las instituciones, por medio de las compras públicas, contribuirán al desarrollo de un comercio equitativo; por ejemplo, mediante la valoración extra de los productos de comercio justo y sostenible en los concursos.

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La actual política comercial de la UE daña la agricultura familiar, el tejido productivo y comercial local y a las pymes. Por eso, se impulsará la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), además de un modelo productivo y comercial justo, sostenible, que garantice la igualdad.

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En la legislatura pasada, Podemos lideró en el Parlamento Europeo una iniciativa para garantizar que todo el textil producido o importado a la UE cumpla unos estándares sociales y medioambientales. En esta legislatura, se convertirá en reglamento la iniciativa de «textil con derechos».

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No se financiarán con dinero público la extracción y el comercio de combustibles fósiles, los grandes proyectos industriales y mineros, ni las infraestructuras en países en desarrollo que agraven el cambio climático, desplacen a la población, destruyan la biodiversidad o violen los derechos humanos.

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Se promoverá el liderazgo de la UE en la lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente en foros internacionales, la voz única en los foros globales en ciertos pilares básicos, el voto de los Estados miembros en política exterior por mayoría cualificada y la democratización del Consejo de Seguridad de la ONU. Se apostará por un mandato de defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la protección de civiles, las dinámicas de diálogo y el liderazgo local en la gestión de crisis. Para ello, se impulsará la creación de una asamblea parlamentaria en la ONU, elegida democráticamente, para abordar los temas claves para el futuro de la humanidad.

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Se fortalecerán los programas de defensores y defensoras de derechos humanos, medioambientalistas y sindicalistas a través de una mayor dotación presupuestaria, la ampliación de sus competencias y la consolidación de su estructura para incrementar su eficacia y dar seguridad efectiva a todas las personas defensoras de derechos humanos de los países socios de la UE que puedan verse amenazadas.

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Se superará el modelo fallido de competencia y sanciones comerciales en la vecindad oriental y con Rusia, y se apostará por mecanismos de cooperación y diálogo para la resolución de conflictos y la promoción de los derechos humanos y el desarrollo social y económico común. Para ello, se propondrá una conferencia para la distensión en la vecindad oriental europea con la participación de todos los actores de la región. Se propondrá una relación igualitaria, de mutuo beneficio, con los países del Magreb, se reforzarán las relaciones diplomáticas y la cooperación en investigación, cultura y educación, y se favorecerán las relaciones orientadas hacia un desarrollo democrático común de toda el área mediterránea. Se facilitará de forma gradual una relación privilegiada con los Balcanes y Turquía, siempre con respeto a los derechos humanos, las libertades civiles, el Estado de derecho y la justicia, sin políticas de externalización de fronteras, y se apoyará la resolución de disputas en la zona con pleno respeto a los derechos democráticos, políticos y culturales de las poblaciones kurdas.

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Se promoverá un partenariado entre la UE y América Latina por la justicia fiscal, contra el fraude y el lavado de dinero, que fortalecerá los mecanismos de lucha contra la evasión fiscal y el control transparente de la gestión de los recursos naturales. Se apoyará el regionalismo latinoamericano, clave para un futuro con crecimiento efectivo y sostenible, y se favorecerán políticas conjuntas para intercambios en educación, investigación, ciencia y economía social y solidaria. Se desarrollará una iniciativa estratégica para África cuyo eje sea la defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la transición energética y el bienestar de las sociedades, con mecanismos de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de promoción de la cooperación educativa, cultural, científica y técnica. Se impulsarán intercambios económicos entre pymes, así como el apoyo decidido a los procesos democráticos y el empoderamiento de la sociedad civil, en especial de las mujeres. En Asia, se promoverá un nuevo modelo de relaciones comerciales justas y respetuosas con los derechos humanos, laborales y medioambientales. Desde ese marco, se involucrará activamente a la UE a través del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en el marco de la iniciativa One Belt, One Road, de China, siempre con estricto cumplimiento de estándares laborales y medioambientales.

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Este plan estará compuesto por un programa europeo de inversiones, cambios normativos y la adopción de las medidas necesarias para destinar un 2,5 % del PIB de la UE a una transición ecológica que enfrente el cambio climático, la reducción de ecosistemas y la desaparición de especies. Para ello, (1) se desarrollarán energías renovables y se implementarán medidas de eficiencia energética; (2) se electrificará el transporte y se promoverá una movilidad sostenible; (3) se establecerán objetivos de cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 (y siempre garantizando el uso de carbón nacional) y de las centrales nucleares antes del final de 2024, junto con la garantía de haber creado dos empleos por cada uno que pueda perderse y el impulso de la economía circular y de programas de adaptación al cambio climático; y (4) se impulsará la I+D+i para desarrollar estas iniciativas.

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Se garantizará por ley que, antes de que se pierda un empleo del sector de los combustibles fósiles, se crearán dos empleos con condiciones laborales idénticas o mejores en la misma comarca y tendrán prioridad absoluta de acceso a ellos las personas afectadas. La transición energética que se plantea será justa o no será.

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Se incentivará la formación de comunidades energéticas ciudadanas para acelerar la transición. Parte de estas nuevas instalaciones estarán promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido y una solución para reparar la situación de los pequeños inversores que hayan sido perjudicados por las políticas estatales para obstaculizar la transición, como el caso del «hachazo a las renovables» en España. A escala europea, se establecerá la obligación de que un porcentaje de la nueva potencia renovable que se instale en cada país sea propiedad de comunidades energéticas ciudadanas durante toda la vida útil de las plantas.

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Para reducir el consumo de energía primaria y producir también un ahorro económico para la ciudadanía, se impulsarán medidas de ahorro y la eficiencia energética. Por ello, se promoverá, en primer lugar, un Plan Europeo de Rehabilitación de Edificios que mejore la eficiencia de un sector que consume el 40 % del total de energía. En segundo lugar, se implementará un plan progresivo de retirada del mercado europeo de productos de baja eficiencia energética.

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La UE promoverá la colaboración con los fabricantes y la acción coordinada de los Estados para que puedan adaptar sus procesos productivos a la fabricación de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles, sin que el cambio del parque móvil suponga ningún coste añadido para la economía de las familias.

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Se establecerá una línea europea de inversión público-privada de alto impacto para la I+D de nuevas tecnologías de baterías, motores, tecnologías del hidrógeno, redes inteligentes e innovaciones sociales para favorecer la movilidad, con el objetivo de impulsar la autonomía de estos nuevos vehículos, y la eficiencia y el alcance de las redes, de manera que se acelere el crecimiento de estas industrias en toda la UE.

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Junto con los sectores neoliberales españoles, como el representado por el ministro del PSOE que consideraba que «la mejor política industrial es no tener política industrial», los poderes financieros impulsaron un proceso de desindustrialización en España que hay que revertir. Se trata de recuperar la soberanía económica y hacer efectivo el objetivo de un 20 % del PIB basado en la industria que señala la UE. Para ello, se apostará por implicar al sector público en una política industrial de futuro, en colaboración con los sectores afectados y con el apoyo presupuestario de la UE, en sectores claves como el naviero, el metalúrgico y muchos otros desmantelados de forma deliberada.

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Se promoverán sistemas de fiscalidad ambiental en los Estados de la UE, como bajadas del impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos, o el establecimiento de desgravaciones por el uso de transporte público y por la adquisición de electricidad 100 % renovable. También se propondrán las bases para un impuesto estatal a las empresas energéticas que grave la producción de energías no renovables.

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La estructura que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más. La UE establecerá estándares mínimos para los Estados, de manera que el término fijo de la factura, que pagas aunque no consumas nada, no sea superior al 25 % del total y, respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros kWh (que son imprescindibles para llevar una vida digna) tengan un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche. También se impulsará la creación de empresas eléctricas públicas que empujen a los mercados a bajar las facturas y se establecerán, de forma coordinada entre los niveles europeo, estatal, comunitario y municipal, una figura de bono social que aplique descuentos automáticos, suficientes, progresivos y financiados por las empresas energéticas que operen en la UE en proporción a su facturación.

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Se eliminarán sus privilegios para devolver poder a las pymes y a quienes pagan la luz. Para ello, se avanzará en unos estándares europeos de funcionamiento del mercado eléctrico en virtud de los que cambien las condiciones de la subasta, de forma que la energía renovable (más barata) tenga una retribución estable y sea la que marque el precio, y no las energías más caras. Un sistema que incentive la compra a las instalaciones renovables ciudadanas y que establezca un cargo para compensar la sobrerretribución (beneficios caídos del cielo) de algunas centrales e impulsar la transición energética. Al mismo tiempo, se descartarán proyectos de infraestructuras energéticas sobredimensionadas y se realizará una auditoría de costes del sector eléctrico.

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Se priorizará la generación eléctrica distribuida y renovable cerca de su lugar de consumo, en contraste con las grandes infraestructuras de transporte, que solo serán admisibles como último recurso cuando se demuestre fehacientemente que el resto de los instrumentos que permiten la integración de renovables son insuficientes. Se tenderá a la exclusión del gas en los sistemas eléctricos insulares para alcanzar cuanto antes un mix energético 100 % renovable que sea referencia de la transición energética, y se evitará la construcción de nuevas infraestructuras gasísticas, sobre todo de transporte y regasificación, para contribuir a esta transición.

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Se impulsará una mayor cooperación entre los Estados, la armonización normativa y la integración virtual de los diferentes sistemas eléctricos, de forma tal que se garantice que la ciudadanía europea es menos vulnerable a los intereses de los oligopolios.

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Se instará a los Estados a que impidan nuevas autorizaciones de exploración y extracción de hidrocarburos ―convencionales y no convencionales, como el fracking o fractura hidráulica―, debido a sus consecuencias irreversibles.

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Para proteger la salud y la seguridad de la población europea, se impulsarán medidas para reforzar la vigilancia y el seguimiento del cumplimiento por parte de los Estados y las grandes empresas de las actuales y futuras directivas sobre gestión de residuos y contaminación, y se fortalecerán y agilizarán también los mecanismos sancionadores. El Parlamento Europeo establecerá, asimismo, medidas más decididas para reducir la contaminación del aire, tales como techos de emisión atmosférica ambiciosos y vinculantes.

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Para su promoción, se impulsará una red tecnológica de recogida, recuperación, almacenamiento, separación, depuración, procesado y «refabricación» de materiales ―en particular, los compuestos―, con el fin de eliminar en lo posible la generación de residuos y de contaminación y minimizar la extracción de materias primas. Esta industria sustituirá de manera progresiva a la incineración como procedimiento de gestión de residuos. Se impulsará también la I+D+i en procesos de biodegradación, neutralización y nuevas técnicas o vías de reciclaje en general que faciliten la reutilización de residuos, productos de desecho y compuestos contaminantes, así como el desarrollo de nuevos materiales biodegradables o fácilmente reciclables.

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Es necesario establecer, en toda la UE, un calendario ambicioso de plazos para la implantación de sistemas de devolución, recogida y recuperación de envases (modelo SDDR). Con el fin de acelerar el proceso, se crearán incentivos estatales y regionales para los territorios que consigan porcentajes de reciclaje de residuos superiores al 60 % en los próximos años mediante la consolidación de sistemas de recogida separada. Se fomentará de manera especial el compostaje como método de gestión de los residuos orgánicos. Se adoptarán medidas sancionadoras a las grandes corporaciones y a las Administraciones que no impulsen la industria del reciclaje, mantengan vertederos ilegales o se comporten de forma negligente ante vertidos accidentales o intencionados de agentes contaminantes. Se impondrán también restricciones al comercio internacional de productos que generen un alto porcentaje de residuos no biodegradables, difíciles de reciclar y peligrosos, así como la venta de residuos a terceros países que no acrediten disponer de los medios para su correcta gestión y reciclaje.

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Se impulsarán reformas en lo referente al control de los animales domésticos, como la implantación obligatoria de microchips y mejoras en la homologación de las empresas de cría y transporte de animales que aseguren su trazabilidad, así como la posibilidad de incluirlos sin problemas en medios de transporte, centros públicos, albergues e instituciones de protección. Se apoyará a los Estados para el fomento del control mediante vídeo de los animales de producción, la efectividad de las normativas de sacrificio y la introducción de medidas para reducir la cría intensiva y en jaulas. En esta dirección de garantizar el bienestar animal, se eliminarán las ayudas y subvenciones relacionadas con la tauromaquia y su excepcionalidad como eximente para el cumplimiento de las normas europeas sobre bienestar animal. También se prohibirán espectáculos que impliquen maltrato animal y se hará cumplir la directiva sobre parques zoológicos conforme a criterios de bienestar animal.

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Tal y como ya se ha establecido en algunos Estados, los animales nunca más serán considerados como unos bienes cualesquiera. Esto ofrecerá mayores garantías tanto a los animales como a aquellas personas con quienes conviven, al considerarlos como parte de la familia que son, de manera que no se podrá obligar a nadie a apartarse de sus animales.

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Se reforzará la protección de mares y océanos con criterios de sostenibilidad y responsabilidad, así como un aumento de las zonas marinas protegidas. Se impulsará un acuerdo internacional vinculante para prohibir los vertidos de plástico. Se exigirá el fin de la caza de ballenas y la efectividad y transparencia a la Comisión Ballenera Internacional. Se promoverá la creación de un marco legislativo para la protección de los mamíferos marinos similar a los existentes en Estados Unidos, México y Francia.

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Se revisará la Estrategia de Biodiversidad y se la dotará de un presupuesto suficiente que ataje aquellas actividades humanas que perjudiquen a las especies y los ecosistemas europeos con el fin de frenar el proceso de extinción de especies para pasar a fomentar la recuperación neta de biodiversidad endémica y la restauración de los ecosistemas mediante planes de corrección y compensación específicos a escala europea.

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Promoveremos planes de restauración de ecosistemas y planes de recuperación de especies amenazadas para recuperar la biodiversidad en peligro y los servicios ecosistémicos degradados o destruidos, de forma coherente en todo el espacio europeo, más allá de la Red Natura 2000 y con una financiación superior a los actuales programas LIFE. Al mismo tiempo, se impulsarán estudios científicos sobre los efectos del cambio climático en los ecosistemas europeos, de cara a diseñar planes de adaptación especiales.

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Para proteger la integridad de los ecosistemas, se prohibirá la importación de toda clase de especies exóticas y se reforzarán las medidas para acabar con el tráfico ilegal de especies amenazadas y sus productos derivados. Además, en el caso de recursos naturales, como la madera, se intensificarán los controles para asegurar que su producción y comercialización se realizan siguiendo criterios estrictos de gestión sostenible.

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Se reforzarán las medidas de regulación de los mercados agrarios y las herramientas de estabilización de precios e ingresos para los momentos de crisis, a lo que se destinará, al menos, el 10 % del presupuesto de la PAC. Se incorporará la venta a pérdidas en la lista de prácticas comerciales desleales en la Directiva sobre Cadena Alimentaria introduciendo la obligación de un precio sostén (precio mínimo) que cubra los costes de producción. También se perseguirá la llamada «venta a resultas», en la que la producción se entrega sin conocer el precio y solo se cobra al venderse finalmente. Europa exigirá que los acuerdos comerciales incorporen una evaluación de su impacto sobre el sector primario y cláusulas de reciprocidad en materia sanitaria, medioambiental y social. Por su importancia en un enfoque de derechos, la UE establecerá las excepciones necesarias para el sector agrario respecto a los principios generales de la competencia.

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Se propondrá una Directiva Marco sobre Suelos y Tierra para impulsar medidas de acceso democrático a la tierra, en especial para los y las jóvenes, que permita enfrentar los procesos de acaparamiento y concentración que existen en el continente, que controle la especulación sobre la tierra agraria y que sea un instrumento que garantice la protección de los suelos fértiles y la lucha contra el cambio climático.

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Se impulsará una nueva evaluación de la distribución del esfuerzo pesquero que implique un reparto justo de las cuotas de pesca según criterios científicos independientes y transparentes y conforme al criterio general de un reparto lineal por caladeros, barcos, tripulantes y tipo de arte. Este nuevo reparto deberá asegurar unos márgenes razonables y suficientes de ingresos dignos a los productores y productoras, así como un acceso al reparto en condiciones de equidad y sostenibilidad social y económica. Para ello, es necesario que la UE adopte una definición de pesca artesanal que permita articular medidas de fomento de la economía de las comunidades costeras. También se promocionará la incorporación de mujeres en las distintas modalidades del sector.

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Se establecerán los medios económicos necesarios para transitar desde una acuicultura intensiva hacia una más sostenible, orientada al modelo multitrófico integrado y la acuicultura en extensivo.

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Se crearán las figuras jurídicas necesarias para desarrollar la cogestión de las pesquerías incluyendo a todos los actores interesados, como pescadores y pescadoras, empresas, mariscadoras, ONG, la comunidad científica, la Administración, etcétera. Esto permitirá hacer efectiva esta pesca sostenible y aplicar correctamente una política pesquera realmente común.

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Se establecerán medidas eficaces frente a la contaminación, en especial la que sufre nuestro sector marisquero, muy sensible a los vertidos y a la falta de depuración de aguas en nuestras rías y nuestros estuarios y litorales. Para ello, también se incrementará el esfuerzo investigador, que permitirá disponer de información clara sobre la incidencia de la contaminación, los microplásticos y el cambio climático en los stocks pesqueros, la evolución de las especies y el estado de los ecosistemas, de manera que sea posible implementar medidas eficaces para asegurar el futuro de nuestro sector y nuestro territorio.

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Conforme a los objetivos y criterios de la Directiva Marco del Agua, que en ningún caso pueden ser rebajados y que deberán fortalecerse con instrumentos jurídicos complementarios, se impulsará una planificación hidrológica basada en estrategias de ahorro y eficiencia en el uso, de gestión de la demanda y de recuperación de costes, así como de protección del conjunto de las aguas continentales, las de transición, las costeras y las subterráneas. Esto exige un mayor control de la UE sobre los Planes Hidrológicos de Cuenca y sobre las Infraestructuras y Planes de Modernización del Regadío que se planifican desde los Estados y se financian, en gran parte, con los Fondos Estructurales Europeos, de manera que se interrumpan políticas y proyectos que solo beneficien a las grandes constructoras y a los fondos de inversión.

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En este contexto, es imprescindible establecer tales estrategias en materia de planificación y gestión de aguas, así como en el resto de las políticas sectoriales, conforme al principio de precaución, lo que implica contemplar el caso más desfavorable para asegurar estrategias prudentes. Junto con las anteriores medidas y una aplicación rigurosa de la Directiva de Gestión del Riesgo de Inundaciones no solo se pretende mitigar episodios extremos y cada vez más frecuentes relacionados con el cambio climático, como sequías e inundaciones, sino también construir un sector agropecuario puntero en el mundo.

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España necesita disponer de caudales suplementarios para atender los picos de demanda de la agricultura mediterránea y otros sectores. Por ello, es fundamental aprobar una Directiva sobre Recirculación y Reutilización de Aguas Depuradas que facilite este recurso.

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La UE seguirá cofinanciando con cargo a los Fondos Estructurales y al Fondo de Cohesión las instalaciones de saneamiento para núcleos rurales y territorios con población dispersa, como ocurre en buena parte de las comarcas de interior en todo el país y en comunidades costeras como Galicia, Asturias y Cantabria.

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Es necesario abandonar el modelo de donación de alimentos para familias en situación de vulnerabilidad, en la medida en que limita su dieta y la hace depender de los productos donados. En cambio, el Fondo de Ayuda Europea para personas desfavorecidas debe vincularse a una dieta saludable, cercana y de calidad que permita, además, impulsar experiencias de producción local, ajenas a las grandes industrias alimentarias que se benefician del sistema actual.

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Se harán efectivos los objetivos en materia de lucha contra el desperdicio alimentario, aprobados en el informe de 2016, con el objetivo de reducir al 50 % el desperdicio alimentario en 2025.

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Se promoverá el transporte público como el medio prioritario para la movilidad en Europa, ya que permite realizar desplazamientos de forma más eficiente y justa, apoyando especialmente el reparto de fondos para trenes de media distancia eficientes y que conecten todo el territorio. Se intensificarán los planes de infraestructura ferroviaria potenciando el transporte de mercancías y el apoyo al transporte de viajeros de cercanías. Todo ello se realizará con una garantía de justicia territorial en las inversiones para transporte público, colectivo y de bajas emisiones.

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Se impulsará de manera inmediata una auditoría general para detectar los tramos que necesitan intervención con mayor urgencia y articular un programa de inversiones que priorice las zonas peor atendidas en las últimas décadas. Se impulsarán los ejes transversales ferroviarios que permitan alcanzar un efecto de red y las líneas que conecten zonas transfronterizas con mejores frecuencias y servicios.

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La UE establecerá programas y apoyos a los Estados para incrementar la frecuencia de los servicios existentes de corta y media distancia (metro, cercanías/rodalies, regionales) y crear el servicio allí donde no exista con el objetivo de atender la demanda de transporte de tren de todos los municipios de más de 20 000 habitantes en 2030. En el mismo año, se alcanzará el 100 % de kilómetros electrificados y un sistema libre de consumo directo de combustibles fósiles. Los territorios con mayores deficiencias serán absolutamente prioritarios en estos programas.

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En colaboración con las Administraciones competentes de los Estados, la UE promoverá la creación de una tarjeta europea de transporte que dará acceso gratuito a transportes colectivos de ámbitos urbano y metropolitano, comarcal, entre islas y provincial para menores de 26 años y al precio máximo de 1 euro por trayecto para el resto, sin perjuicio de planes especiales para el mundo rural, donde podrá tener un coste menor o incluso ser gratuito. Al mismo tiempo, la UE apoyará un aumento de la calidad y frecuencia de estos transportes.

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De forma complementaria al transporte público y en colaboración con los municipios, se promoverá el incremento de los carriles bici a partir de unos objetivos mínimos de kilómetros de carril bici por habitante que tengan en cuenta la orografía, la densidad de población y la climatología. También se establecerán regímenes de fomento de la movilidad compartida, incluyendo ventajas fiscales para las empresas y organizaciones que la faciliten.

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Conforme a los objetivos del Horizonte Verde, se impulsará un Programa Europeo de Reducción de Emisiones que incluirá el fomento del uso de vehículos eléctricos y con combustibles alternativos a los fósiles, así como la movilidad colectiva en redes de transporte público.

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Se impulsará una directiva europea que obligue a las localidades con más de 50 000 habitantes y a las empresas con más de 100 empleados a establecer planes de movilidad que incluyan rutas, acceso y transporte alternativo al coche privado, como el transporte público y la bicicleta, así como formación en movilidad sostenible. Por su parte, los planes de ordenación del territorio deberán adecuar las infraestructuras y la frecuencia y calidad del transporte público para que esa nueva movilidad sea posible y justa, asegurando la participación ciudadana.

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Se impulsará la elaboración de un conjunto de reglas y estándares europeos sobre urbanismo sostenible y feminista que guíen esta política en las Administraciones correspondientes con el objetivo de reducir el impacto de las ciudades en el ambiente, mejorar su resiliencia, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático y acelerar la transición energética en unas ciudades más compactas, humanas, inteligentes, adaptadas a la biocapacidad del territorio en el que se ubican y con mayor calidad de vida.

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Con el fin de mejorar la salud de la población urbana y su seguridad, se promoverá una directiva y planes específicos para luchar contra la contaminación química y acústica, con medidas tales como la ampliación de zonas peatonales y zonas verdes ―parques, jardines y cinturones verdes―, el fomento de sendas urbanas ―vías anchas y preferentes de peatones, seguras y flanqueadas por vegetación arbórea―, la limitación de velocidad de los vehículos a 30 km/h, salvo en determinadas áreas ―modelo de las «Ciudades 30»―, y la limitación estricta de los niveles de ruido, en especial en zonas residenciales y de descanso.

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