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Programa de Podemos
para un nuevo país


Agua


Esto permite complementar la producción eléctrica cuando otras tecnologías renovables tengan valles, proteger la salud ecológica de nuestros ríos y garantizar el riego, el control de las crecidas y el suministro de agua potable sin que interfieran intereses económicos espurios, así como compensar a los territorios que soportan las centrales y sufren las consecuencias de la desigualdad territorial de nuestro país. La empresa pública de energía asumirá la explotación de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan caducando.

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La compraventa de derechos concesionales es la manera moderna de convertir un derecho humano como el agua en un producto financiero. Por eso impediremos por ley el tráfico con este bien común, vinculado a las grandes obras del agua que solo benefician a las grandes constructoras y a los fondos de inversión.

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Esto incluiría la reversión y paralización de las privatizaciones del suministro, el riego, el saneamiento y la depuración de aguas y haría inviables escándalos como los del caso Lezo o Acuamed.

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El viejo modelo franquista de pantanos y obras faraónicas que han hundido y obligado a abandonar tantos pueblos se sustituirá de forma definitiva por una nueva cultura del agua, con un gobierno eficiente y moderno del agua a partir de la gestión de su demanda, que resulta la única estrategia eficaz para mitigar episodios extremos y cada vez más frecuentes, como sequías y crecidas, al tiempo que sirve para construir un sector agropecuario puntero.

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España está viviendo una pérdida irreparable en la calidad de sus suelos que nos hace todavía más vulnerables a otros fenómenos extremos, como sequías y crecidas, y que pone en riesgo la sostenibilidad de muchas comunidades. Es urgente implementar un Plan de Restauración Hidrológico-Forestal, por ejemplo, con la recuperación y replantación de una masa forestal adecuada a cada ecosistema.

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Con las reformas estructurales del sistema eléctrico, se bajará el precio de la factura de la luz, pero también se impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a su voluntad, como la pobreza sobrevenida. Estas protecciones, que se activarán de manera automática cuando exista situación de vulnerabilidad, durarán un año y se extenderán mientras persista la situación de vulnerabilidad. Además, se sumarán a un sistema de sanciones a las compañías cuyos contratos contengan cláusulas abusivas o sean opacas en su gestión de los servicios esenciales de luz, agua y gas.

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Al tomarlo como una cuestión de Estado, activaremos un plan para revitalizar la estructura social y económica del mundo rural mediante el impulso de las infraestructuras regionales, la localización prioritaria de los proyectos productivos señalados en los tres horizontes y la previsión de líneas de financiación prioritarias para estos y otros sectores, como el sector agrario sostenible, la ganadería extensiva y la pesca artesanal y de bajo impacto. Modernizaremos las instalaciones hídricas, las infraestructuras de regadío y la viabilidad de las zonas forestales. Ofreceremos acceso prioritario a la tierra para la juventud, en coordinación con los bancos de tierras existentes, e implementaremos planes especiales de empleo en zonas que, fruto de la discriminación histórica, cuenten con una situación excepcional de baja tasa de empleo y especial afectación por el vaciamiento poblacional.

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