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Programa de Podemos
para un nuevo país


Niños, niñas y adolescentes


Promoveremos el compromiso que ya han mostrado las nuevas generaciones en la lucha contra el cambio climático con la intensificación de la formación sobre estas materias en los currículos y la mejora de los comedores escolares hacia una alimentación de calidad, de cercanía y prestada con respeto de los derechos laborales.

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La educación es la principal herramienta para transformar las relaciones de desigualdad que están en el origen de las vulneraciones de la libertad sexual, por lo que los contenidos feministas serán transversales a lo largo de toda la educación y se creará una asignatura de feminismos en la educación pública, para lo cual se contará con la comunidad educativa, porque educar en igualdad es una de las prioridades de nuestra sociedad.

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Es necesario construir un horizonte en el que ninguna persona pueda ser discriminada ni por su orientación sexual ni por su identidad de género o expresión de género. Para ello, aprobaremos dos leyes: una contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, en la que se tendrán en cuenta también las dificultades específicas de las personas que forman parte de un colectivo tan amplio; y otra, una ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género, que incluirá la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes, la inclusión de su atención en el Sistema Nacional de Salud o la implementación de planes de empleo, entre otras medidas.

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Apostamos por construir un sistema de cooperación en el que las mujeres se sitúen como motor y foco del desarrollo, al tiempo que cuestionaremos las estructuras de poder y la distribución de recursos que perpetúan la pobreza y la inequidad, como el machismo y la vulneración de los derechos de las mujeres y las niñas. Con el fin de avanzar en la igualdad real, adoptaremos iniciativas concretas en materia de género con una perspectiva interseccional, incluyendo cuestiones como la economía de los cuidados o la trata de personas. Asimismo, impulsaremos los programas de personas defensoras de derechos humanos, poniendo especial atención en las personas medioambientalistas, sindicalistas y defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, así como en las personas defensoras que tienen incidencia en los territorios más amenazados de América Latina.

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Protección real de las distintas realidades familiares elegidas con libertad, con medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI, reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja.

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En la actualidad, nuestro sistema de educación infantil deja sin atender a más del 60 % de los niños y niñas de entre 0 y 3 años. Esto nos impide intervenir sobre la herencia de la pobreza que pasa de generación en generación y sobre la salida indeseada de muchas mujeres del mercado de trabajo para cuidar a sus familias. En la siguiente legislatura, y en coordinación con las demás Administraciones, configuraremos un sistema de educación infantil (de 0 a 3 años) que ofrezca una cobertura universal y gratuita a todas las criaturas al terminar los permisos parentales remunerados de sus progenitores y progenitoras. Con ello crearemos más de 100 000 puestos de trabajo directos, con enormes retornos además en cotizaciones y consumo.

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Ampliaremos el sistema de permisos para que, en caso de nacimiento de un hijo o de una hija, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, estos sean iguales, intransferibles y remunerados al 100 % de la base reguladora para cada progenitor o progenitora, independientemente de su sexo y tipo de familia. Con estas características, propondremos la equiparación inmediata a 16 semanas para ambos progenitores o progenitoras y un aumento de 2 semanas al año hasta alcanzar las 24 semanas (medio año) para cada progenitor o progenitora.

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Proteger a las familias monoparentales y monomarentales con su equiparación a las familias numerosas, la adopción de una definición que les otorgue seguridad jurídica, el incremento de las prestaciones por cuidado de sus niños y niñas, y la prioridad de acceso a los servicios y prestaciones, como la educación de 0 a 3 años durante su implantación universal o las becas.

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Prestación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, que llegará a los 1200 euros al año de manera universal y a los 2000 euros al año para situaciones de pobreza severa, y que se iniciará de manera urgente con 600 euros al año para familias en riesgo de pobreza, con un incremento del 50 % para familias de una sola progenitora o de un solo progenitor.

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Incrementar la inversión pública en la infancia hasta alcanzar la media europea para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los niños y las niñas, especialmente en los ámbitos de la educación, la sanidad, los servicios sociales y la protección.

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Desarrollar un verdadero sistema de atención temprana, dada su importancia para la eficacia de las intervenciones sobre niños y niñas con alteraciones, trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos y para su bienestar presente y futuro. Por lo tanto, se reconocerá un derecho subjetivo a la atención temprana integral, universal, gratuita y pública y se armonizarán las distintas regulaciones para hacerlo efectivo con independencia del lugar de residencia y del
servicio responsable.

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El abuso a menores, cuando se da en el seno de la Iglesia, en la familia o en cualquier ámbito, constituye un crimen muy grave que compromete su futuro. Para evitar su impunidad, tal como recogimos en nuestra ley de promoción del buen trato y erradicación de las violencias contra la infancia y la adolescencia, se suspenderá el cómputo para la prescripción de estos delitos, al menos hasta que las víctimas hayan cumplido 30 años, se eliminará la distinción entre agresión y abuso sexual y se creará una Fiscalía especializada en dar respuesta a estos casos. Para mejorar la prevención, se destinarán más recursos en el entorno educativo, social y sanitario y se creará una línea de atención telefónica pública de información y asistencia las 24 horas atendida por un equipo profesional y multidisciplinar. Para cuidar a las víctimas, los procesos penales se adaptarán a sus necesidades, por lo que podrán declarar de manera tranquila en un momento distinto al de la vista oral y se evitará duplicar actuaciones.

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Frente a las residencias para menores, el acogimiento familiar resulta una forma de cuidado mucho más eficaz y acorde con el fomento del buen trato y del bienestar actual y futuro de la infancia. Por ello, se ofrecerán recursos y apoyo a las familias acogedoras y se priorizará el acogimiento con familia extensa o familia no biológica, evitando la separación de hermanos y hermanas. En el caso del acogimiento residencial, las pequeñas residencias sustituirán a los grandes centros de acogida. Y, por otro lado, se unificará el registro de adopciones, en cuanto a requisitos y tiempos de espera.

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Como medida de garantía de sus derechos, quedarán expresamente prohibidas las repatriaciones en contra de la voluntad del menor, tanto entre países de la Unión Europea como con terceros países.

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Pondremos en marcha recursos en todos los niveles del sistema educativo, o de la formación para quien está en el mercado de trabajo, con especial atención para evitar la exclusión digital. Ya desde la educación primaria se incluirán contenidos de robótica, programación, diseño web, apps, hardware y videojuegos.

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Frente al discurso conservador que dice que la juventud no se interesa por la política, estos meses hemos visto las calles llenas de jóvenes defendiendo el feminismo el 8M y la lucha contra el cambio climático el 15 de marzo. La juventud quiere un país mejor y debe poder participar. Además, a partir de esta edad, se les reconoce la capacidad para realizar actividades como trabajar, emanciparse o conducir, por lo que no está justificado restringirles el voto.

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Las migraciones deben darse en condiciones de seguridad para las personas, y el Estado tiene que articular los mecanismos para garantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida. Por ello, flexibilizaremos los procesos de reagrupación familiar, recuperaremos la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países, articularemos visados humanitarios, aumentaremos los programas de reasentamiento y crearemos nuevas modalidades de visado, como el de búsqueda de empleo. Además, flexibilizaremos los procesos de arraigo, dejando de vincular exclusivamente la renovación de las autorizaciones de residencia a un contrato en vigor u oferta de empleo. En la misma línea, el derecho al sufragio municipal de las personas extranjeras dejará de estar vinculado a tratados internacionales bilaterales; y, asimismo, se acortarán los plazos requeridos para adquirir la nacionalidad y se suprimirán las trabas burocráticas y requisitos discrecionales en el procedimiento de adquisición, como puede ser el examen de nacionalidad.

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Las grandes corporaciones alimentarias obtienen hoy enormes beneficios por la venta de muchos productos de bajo valor nutritivo, pero mucho impacto publicitario. Este circuito afecta a niños, niñas y adolescentes, así como a poblaciones vulnerables, y acaba por perjudicar a la salud con un efecto acumulado sobre otros problemas sociales. Para empezar a romper el ciclo de la comida basura, estableceremos obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una fiscalidad alimentaria que incluya un IVA más alto para alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares, y más bajo para alimentos frescos y saludables. Se regulará la publicidad alimentaria, se perseguirá de manera contundente la publicidad engañosa y se restringirá la publicidad de comida basura en horario infantil, en los medios a su alcance o en el patrocinio de espectáculos deportivos o aptos para menores. Además, la compra pública de alimentos para comedores escolares o de hospitales será un modelo de alimentación de calidad y de cercanía.

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Asimismo, acabaremos con el pago ilegal de las cuotas supuestamente voluntarias en la escuela concertada, que, en realidad, esconden una barrera de entrada para las familias con menos recursos y un coste añadido en una educación, como es la privada concertada, que ya está financiada al 100 % con dinero público.

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Garantizaremos la seguridad y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, independiente de su lugar de procedencia, orientación sexual, identidad y expresión de género o cualquier otra característica, introduciendo los perfiles profesionales educativos que sean necesarios. Para ello, se establecerán protocolos de actuación y de mediación, tanto en centros públicos como privados o privados concertados, y se suprimirán del material educativo los contenidos que perpetúen un modelo discriminatorio.

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Esta asignatura recuperará su condición troncal y se incorporará al bachillerato. En coordinación con las demás Administraciones, impulsaremos también programaciones deportivas en los centros públicos, en las que deberá haber una proporción de actividades gratuitas que permitan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes practicar deporte al menos tres veces a la semana de manera gratuita. Implantaremos planes específicos en las zonas rurales y en aquellas con mayor desigualdad social.

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A tal fin, estableceremos un plan de desarrollo sostenible con marcos de acción concretos, en el que se incorporen mecanismos de seguimiento, evaluación y auditoría social para su correcto cumplimiento. Este plan incluirá un mecanismo específico de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD), con el fin de evitar los impactos negativos que cualquier política pública pudiera tener en la contribución de España a los ODS.

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