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Programa de Podemos.
Las razones siguen intactas


Personas mayores


Incluirá el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo. Se dará prioridad a los hogares y barrios más vulnerables y a edificios situados en zonas menos pobladas, conforme a las garantías de justicia social y territorial. A consecuencia de estas intervenciones, las familias podrán llegar a reducir en un 50 % su consumo de energía y ahorrar un promedio de 400 euros anuales. Al mismo tiempo, se crearán miles de empleos en un sector tan castigado como es el de la construcción. Las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de una línea de subvenciones para la adopción de tecnologías más eficientes.

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La estructura que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más. El término fijo, que pagas aunque no consumas nada, no será superior al 25 % de la factura y, respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros kWh (que son imprescindibles para llevar una vida digna) tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche. A esto se sumarán protecciones frente a la pobreza energética.

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Es necesario construir un horizonte en el que ninguna persona pueda ser discriminada ni por su orientación sexual ni por su identidad de género o expresión de género. Para ello, aprobaremos dos leyes: una contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, en la que se tendrán en cuenta también las dificultades específicas de las personas que forman parte de un colectivo tan amplio; y otra, una ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género, que incluirá la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes, la inclusión de su atención en el Sistema Nacional de Salud o la implementación de planes de empleo, entre otras medidas.

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Protección real de las distintas realidades familiares elegidas con libertad, con medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI, reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja.

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Consolidaremos un sistema universal, público y suficiente de cuidados de larga duración para las personas dependientes que garantice la autonomía funcional de estas personas sin que el peso recaiga en los cuidados informales de otros miembros de la familia, que son casi siempre mujeres. Este sistema nos permitirá aumentar el número de personas dependientes atendidas hasta llegar a los 1,6 millones y crear hasta 400 000 nuevos empleos a través de un plan de choque que eliminará las listas de espera y hará llegar de manera efectiva las prestaciones y los servicios a quienes tengan reconocida una situación de dependencia. En el marco de este plan, restauraremos también el derecho de los cuidadores y las cuidadoras no profesionales a cotizar a la Seguridad Social y a recibir prestaciones como la de desempleo, revisaremos el actual sistema de incompatibilidades y eliminaremos el copago, que hace que muchas familias con pocos recursos tengan que renunciar a algunos servicios de atención a la dependencia.

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Afrontar el problema de la soledad no deseada y, en particular, la de las personas mayores, implementando para ello un programa de acompañamiento remunerado por parte de jóvenes, de sensibilización sobre el problema y de mejora de unos servicios sociales cercanos y bien dotados para atender esta necesidad emergente, prevenirla o mitigar sus consecuencias.

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Pondremos en marcha recursos en todos los niveles del sistema educativo, o de la formación para quien está en el mercado de trabajo, con especial atención para evitar la exclusión digital. Ya desde la educación primaria se incluirán contenidos de robótica, programación, diseño web, apps, hardware y videojuegos.

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Toda persona que padezca un sufrimiento irreversible debe tener reconocido el derecho y la libertad de poner fin a ese sufrimiento. Para ello, registraremos una ley con todas las garantías necesarias para las personas que deciden poner fin a su vida, así como para los y las profesionales que las asisten.

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Estableceremos la actualización por ley de las pensiones al IPC de manera inmediata y buscaremos blindar esta garantía constitucionalizándola de forma expresa.

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De no derogarse, supondrá un descenso de la pensión inicial de entre el 9 % y el 18 % en los próximos años. De no haberse conseguido un retraso en su aplicación, ya este año hubiera descendido un 0,5 % la pensión de las personas que se incorporaran. Además, la medida retrasa la edad de jubilación (en un país con grandes problemas de empleo juvenil y entre los trabajadores y las trabajadoras mayores). Los y las pensionistas ya consiguieron que el Gobierno del PP de Rajoy tuviera que suspender la entrada en vigor de este mecanismo en 2019, pero no se eliminó, sino que se pospuso al año 2023; por eso, hay que derogarlo de una vez.

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Al establecer un Ingreso Básico Garantizado de, al menos, 600 euros por persona sola —que, además, podrá elevarse en función de la situación y el tamaño del hogar, como señalaremos en el apartado «Garantías de Justicia Social»—, se habrán elevado de un plumazo más de 200 euros las pensiones no contributivas, que principalmente reciben mujeres. Subiremos también las pensiones de viudedad y elevaremos de manera inmediata las pensiones mínimas a partir de un suelo de 750 euros, con lo que avanzaremos en un calendario de mejora hacia los objetivos de la Carta Social Europea.

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Tanto la limitación de que sean los últimos años como la de que sean consecutivos estaban pensadas para un modelo laboral anterior y, ahora mismo, perjudican especialmente a las personas cercanas a la edad de jubilación con dificultades para tener buenos empleos.

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Extenderemos el derecho a completar el periodo mínimo para tener acceso a una pensión contributiva con las bases de periodos no cotizados que tienen otros trabajadores y trabajadoras a empleados y empleadas del hogar, autónomos y autónomas y trabajadoras y trabajadores agrarios, en lo que se conoce como «lagunas de cotización», que perjudican, principalmente, la trayectoria de las mujeres. También consideraremos periodo cotizado el empleado en el servicio militar obligatorio. En todo caso, el sistema de carencia se equiparará para todas las prestaciones, de forma que todo el tiempo que trabajadores y trabajadoras estén dados o dadas de alta sea tiempo de cotización.

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Agilizaremos el reconocimiento de la posibilidad de jubilarse antes de los 65 años sin penalización para trabajadores y trabajadoras en sectores especialmente duros y precarios, como camareras y camareros de piso, extinción de incendios, ayuda a domicilio, buceo, rederas y rederos, trabajo en astilleros y en la estiba, trabajos industriales penosos y de transporte en carretera, entre otros.

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En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas y sus familias en situación de vulnerabilidad, sin que la Administración competente garantice un realojo en condiciones dignas, ya sea en casos de impago de alquileres o por ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible. Nos aseguraremos de que España cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estableceremos protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial y las distintas Administraciones para definir los procesos de actuación entre jueces y unidades de servicios Las razones siguen intactas 92 sociales competentes, que intervengan en casos de desalojo de familias y personas en situación de vulnerabilidad y garanticen una alternativa habitacional adecuada.

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Garantizaremos por ley que nadie se quede sin unos ingresos básicos garantizados, con independencia de su suerte con el empleo o de su pensión. Se trata de una prestación de suficiencia de ingresos que tendrá una cuantía inicial garantizada por adulto de 600 euros al mes, que se incrementará en función del número de miembros del hogar hasta los 1200 euros y funcionará de manera automática e incondicionada, aprovechando la agilidad que permiten las bases de datos actuales, para que quien tenga derecho a la prestación cuente con la certeza de que la cobrará sin demora. Además, se actualizará periódicamente con el valor más alto entre el IPC y el crecimiento del salario mediano. Es previsible que esta reforma alcance a 10 millones de personas.

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Dentro de las competencias del Estado, a través de los órganos correspondientes y con la dotación de los recursos materiales y humanos necesarios, se hará valer esta garantía.

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