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Programa de Podemos
para un nuevo país


Jóvenes


Acceso gratuito a transportes colectivos de ámbitos urbano y metropolitano, comarcal, insular y provincial para menores de 26 años. Acceso universal al precio máximo de 1 euro por trayecto, sin perjuicio de planes especiales para el mundo rural, donde podrá tener un coste menor o incluso ser gratuito. Se tratará siempre de una medida vinculada a un aumento de la calidad y frecuencia de estos transportes, conforme a nuevos planes de movilidad sostenible que impulsen el transporte colectivo.

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España tiene cerca de 800 000 explotaciones agrarias y ganaderas, la mayoría de ellas familiares, que contribuyen con su actividad a la vertebración del territorio rural, al mantenimiento de los ecosistemas y paisajes, a la generación de importantes bienes inmateriales y a la producción del 70 % de los alimentos frescos que consumimos. El objetivo de la PAC no puede ser mantener un sistema de derechos históricos, sino apoyar a quienes de verdad desempeñan la actividad: los productores y las productoras, y hacerlo de manera proporcionada a sus necesidades económicas, con menos complejidad burocrática y con mayor transparencia en los mecanismos de gestión y aplicación de los fondos. La PAC será una lanzadera para la transición ecológica y el futuro del medio rural e impulsará la ganadería extensiva y sectores con gran aporte social y ambiental, como los frutos secos o el olivar tradicional, así como otros nuevos, como el azafrán. También reforzará las protecciones especiales para la agricultura insular y de montaña y para garantizar un futuro viable al pastoralismo, que genera productos de alta calidad, potencia y conserva la biodiversidad y ayuda a prevenir incendios y a luchar contra el cambio climático, por ejemplo, recuperando vías pecuarias e implementando una estrategia adecuada de sanidad animal no gravosa para las pequeñas explotaciones. Una nueva PAC necesita destinar al menos el 10 % de los fondos a establecer medidas eficaces que corrijan los desequilibrios del mercado, introduciendo ayudas directas a la incorporación de mujeres y complementarias para las que continúan la actividad, constituyendo un apoyo eficaz para la dedicación de la juventud y reforzando las ayudas y el asesoramiento a jóvenes para que tomen el relevo en las explotaciones.

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Todas las personas tenemos derecho a no ser objeto de violencias sexuales, así como a no sufrir discriminación por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad o expresión de género. Para garantizar este derecho, se pondrá un énfasis especial en la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo.

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Aprobaremos una ley para la protección de la libertad sexual de todas las personas y la erradicación de las violencias sexuales, que garantizará que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres a ocupar el espacio público y privado sin sentir miedo a ser violadas y que todas las personas puedan ejercer su sexualidad con libertad. Esto significa colocar el consentimiento en el centro del debate político en torno a las relaciones sexuales, pasar del «No es no» al «Solo sí es sí» y que esta sea la pauta que se siga en cualquier relación.

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Es necesario construir un horizonte en el que ninguna persona pueda ser discriminada ni por su orientación sexual ni por su identidad de género o expresión de género. Para ello, aprobaremos dos leyes: una contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, en la que se tendrán en cuenta también las dificultades específicas de las personas que forman parte de un colectivo tan amplio; y otra, una ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans y el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género, que incluirá la garantía de acceso voluntario a un acompañamiento sanitario profesional bajo criterios no patologizantes, la inclusión de su atención en el Sistema Nacional de Salud o la implementación de planes de empleo, entre otras medidas.

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Protección real de las distintas realidades familiares elegidas con libertad, con medidas de apoyo a la adopción a familias LGTBI, reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja.

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Facilitar el acceso a una maternidad libre y decidida, con acceso a la reproducción asistida y apoyos específicos a las mujeres en el momento en que decidan, si lo deciden, ser madres. Favorecer el acceso, asimismo, a los últimos métodos anticonceptivos, a la anticoncepción de urgencia y a la interrupción voluntaria del embarazo de todas las mujeres, incluidas las jóvenes, en el Sistema Nacional de Salud.

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Proteger a las familias monoparentales y monomarentales con su equiparación a las familias numerosas, la adopción de una definición que les otorgue seguridad jurídica, el incremento de las prestaciones por cuidado de sus niños y niñas, y la prioridad de acceso a los servicios y prestaciones, como la educación de 0 a 3 años durante su implantación universal o las becas.

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Afrontar el problema de la soledad no deseada y, en particular, la de las personas mayores, desarrollando para ello la sensibilidad y el conocimiento del problema, pero también potenciando unos servicios sociales cercanos y bien dotados para atender esta necesidad emergente, prevenirla o mitigar sus consecuencias.

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Se desarrollará un plan de choque para situarnos, en una legislatura, al nivel de la Unión Europea en la proporción de personas dedicadas a la investigación, con un aumento neto de 5000 investigadores e investigadoras cada año. Este plan se implementará junto con las comunidades autónomas y los entes locales.

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Un nuevo Estatuto del Personal Investigador establecerá unos criterios claros y objetivos para acceder a cada nueva fase, de manera que hasta un 75 % de las personas que inician una carrera científica puedan dedicarse de manera estable a la ciencia o a la educación superior. Protegeremos las posiciones posdoctorales, facilitando la movilidad de científicos y científicas entre la academia y la empresa; la estabilización del personal precario de los centros de investigación; el desarrollo de una carrera profesional técnica y de administración y servicios; y reconoceremos a los investigadores y las investigadoras en formación los derechos reconocidos al conjunto de trabajadores y trabajadoras. Esta carrera se nutrirá también de investigadores e investigadoras que abandonaron la carrera académica y de personal docente e investigador a tiempo completo que sustituya la actual proliferación de figuras docentes con bajos salarios, como asociados y asociadas.

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Pondremos en marcha recursos en todos los niveles del sistema educativo, o de la formación para quien está en el mercado de trabajo, con especial atención para evitar la exclusión digital. Ya desde la educación primaria se incluirán contenidos de robótica, programación, diseño web, apps, hardware y videojuegos.

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Garantizaremos un marco justo para la nueva economía con el fin de evitar que los buitres aprovechen la tecnología para llevarnos a un pasado sin derechos laborales en una economía uberizada. Para ello, consideraremos que las personas que dependan de esas plataformas son trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena; y, al mismo tiempo, crearemos unidades especiales para inspeccionar estos nuevos modelos de trabajo y, en especial, la utilización de falsos autónomos y el trabajo mediante horas extras sin cotizar. Asimismo, se creará una unidad dentro de la Agencia Tributaria especializada en controlar que estas empresas pagan en España los impuestos correspondientes a los beneficios que obtienen en nuestro país.

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El videojuego es cultura. También es una industria con una gran capacidad de creación de empleo y de posibilidades expresivas que requiere un reconocimiento sin prejuicios en las políticas culturales. Por ello, fomentaremos el talento del sector y de los ecosistemas de pymes existentes con programas de ayuda a la creación de videojuegos y cultura digital para que las empresas españolas puedan competir en igualdad de oportunidades ante las grandes transnacionales del videojuego. Adoptaremos medidas para proteger a las personas que trabajan en el sector, impulsando una mayor presencia de mujeres y vigilando, en particular, que las fórmulas de subcontratación no sean fraudulentas ni supongan una merma de derechos, que las horas extras se pagan y que se protegen riesgos asociados a la intermitencia o la movilidad, como sucede con otras y otros trabajadores de la cultura. También articularemos un plan de formación superior y continua para el sector, con especial atención a las dimensiones de desarrollo de software, monetización, diseño y arte, y marketing.

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Reformaremos de manera urgente la ley electoral para eliminar la carrera de obstáculos para votar que se impuso en 2011 contras los y las compatriotas en el extranjero y que PP, PSOE y Cs no han querido quitar, lo que ha hecho que el voto de las personas que residen fuera de nuestro país haya caído desde el 31 % previo a la reforma de 2011 hasta cifras del 4 % y el 6 % en las últimas elecciones generales.

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Al mismo tiempo que se impide el voto de nuestros y nuestras compatriotas que viven fuera con el endiablado sistema del voto rogado, para los 2,5 millones de españoles y españolas en el extranjero no existe un canal parlamentario a través del cual puedan hacer valer sus demandas concretas. Por eso, crearemos una circunscripción para quienes viven en el exterior, con la representación política proporcional a su número.

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Frente al discurso conservador que dice que la juventud no se interesa por la política, estos meses hemos visto las calles llenas de jóvenes defendiendo el feminismo el 8M y la lucha contra el cambio climático el 15 de marzo. La juventud quiere un país mejor y debe poder participar. Además, a partir de esta edad, se les reconoce la capacidad para realizar actividades como trabajar, emanciparse o conducir, por lo que no está justificado restringirles el voto.

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Una nueva red de casas de apuestas digitales y presenciales está atacando nuestras comunidades. Para protegerlas, se impedirá que estos locales abran antes de las 22 .00 h y que puedan publicitarse, tanto si lo hacen en locales como por internet, tal como ocurre con otros productos nocivos, como el alcohol y el tabaco. Será obligatorio que coloquen en su entrada un cartel de advertencia sobre los peligros de la ludopatía y se implementará una estrategia estatal para frenarla. Se limitará su proximidad a centros escolares, se restringirá el uso de reclamos, como bonos de bienvenida o comida y bebida más baratas de lo habitual, y se establecerán límites de tiempo de apuestas y de gastos diarios y mensuales. También incrementaremos los impuestos a estos negocios con el objetivo de aumentar la inversión en la prevención y el tratamiento del daño social que producen. En paralelo, diseñaremos una política para abrir centros sociales para jóvenes en esos barrios, que funcionen como espacios cogestionados donde puedan desarrollar actividades de ocio; es decir, una política de cierre de locales de apuestas y de apertura de centros sociales en nuestros barrios.

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Despenalizaremos el cultivo y la tenencia de cannabis a nivel personal y colectivo, regularemos la actividad de los clubs sociales de cannabis y estableceremos el rol del Estado en la garantía de seguridad de los y las consumidoras y en el control de la producción, distribución y consumo de cannabis.

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De esta manera, dejaremos un único tipo de contrato temporal, eliminando las demás figuras, y solo podrá realizarse por causas productivas absolutamente imprevistas (no campañas ni estaciones) y organizativas estrictas, como sustituciones por bajas (interinidad).

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Se estima que son ya 225 000 personas las obligadas a trabajar para una empresa, pero pagándose sus cuotas. Como esto perjudica a los derechos de esas personas y priva de unos 600 millones al año a la Seguridad Social de todos y de todas, hay que darle la vuelta a esta situación. Se presumirá que existe una relación laboral por cuenta ajena cuando la persona autónoma tenga una única vía de ingresos relevante. Al mismo tiempo, protegeremos a quien sufre el fraude —es decir, a la o el falso autónomo— y obligaremos a la empresa a incorporar a esa persona con un contrato indefinido y a abonar su afiliación a la Seguridad Social, así como otros derechos que hubiera generado si, desde el inicio de su relación laboral, hubiera estado contratada de manera legal. Además, iniciaremos una intensa campaña de inspecciones de trabajo, organizada a partir de las denuncias recibidas, con un régimen sancionador a la altura del fraude.

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En el modelo actual, hay un desajuste entre los ingresos realmente obtenidos por las personas que trabajan como autónomas y sus cotizaciones sociales, que perjudica, sobre todo, a las más precarias. No hay que olvidar que la tasa de pobreza entre las personas que trabajan como autónomas triplica en España la de quienes trabajan por cuenta ajena. Por ello, es urgente atender la situación de estas personas, que deben cotizar solo por los rendimientos que realmente obtengan y no con la desproporción actual.

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El periodo de cotización exigido para tener derecho a la prestación por desempleo se reducirá a la mitad para menores de 30 años, al mismo tiempo que la duración de la prestación subirá de un tercio del tiempo trabajado a la mitad.

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Para ello, estableceremos mecanismos de control y regulación de los precios del alquiler mediante la creación de índices de precios de referencia adaptados a las realidades locales, para lo que se habilitará a los Ayuntamientos con el fin de que puedan regular los precios en barrios y zonas con precios especialmente tensionados, con el objetivo de que ninguna familia pague más del 30 % de su renta en concepto de alquiler.

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Para asegurar la renta y la estabilidad del contrato en beneficio de ambas partes, se implantará un contrato de arrendamiento indefinido, estableciendo causas claras de rescisión justificada. En los casos en que el arrendatario sea especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (sociedades inmobiliarias y fondos buitre), el contrato de alquiler se prorrogará de manera automática.

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Siguiendo el modelo exitoso de ciudades europeas como Viena, incrementaremos en 50 000 viviendas al año, durante toda la legislatura, el parque de vivienda en alquiler social mediante un mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de vivienda, junto con otros sancionatorios, para impedir el acaparamiento y la especulación con viviendas vacías. Aumentaremos la inversión pública en vivienda hasta equipararla a la media europea. Paralizaremos y revertiremos la privatización de viviendas públicas y la venta de suelo público. Impulsaremos nuevas figuras de cesión de uso de vivienda a la Administración, a cambio de una garantía suficiente de cobro y conservación de la vivienda, junto con formas alternativas de tenencia. La juventud tendrá un acceso prioritario a este parque de viviendas.

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Garantizaremos por ley que nadie se quede sin ingresos suficientes, con independencia de su suerte con el empleo o de su pensión. Se trata de una prestación de suficiencia de ingresos que tendrá una cuantía inicial garantizada por adulto de 600 euros al mes, que se incrementará en función del número de miembros del hogar hasta los 1200 euros. Esta renta garantizada se actualizará periódicamente con el valor más alto entre el IPC y el crecimiento del salario mediano. Es previsible que esta reforma alcance a 10 millones de personas.

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Esta norma será el instrumento fundamental para revertir los procesos de privatización y segregación de la última década, que impiden que la educación cumpla su función de igualador social. Incorporará también los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa durante estos años y blindará la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo.

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La mayor parte de la financiación de las Universidades públicas ya procede del dinero público y no de su pago directo. Constatada esta realidad, el efecto de exigir pagar matrículas, crecientes además en la última década, supone la introducción de barreras poco eficientes para que los y las jóvenes más vulnerables no puedan acceder a la universidad. Con esta propuesta, garantizaremos, en cambio, que cualquier joven que quiera y pueda estudiar lo haga con igualdad de oportunidades, al margen de dónde haya nacido. Esta medida se extiende a la formación profesional en cualquier nivel e incluye la gratuidad de los másteres cuando sean habilitantes de manera oficial para ejercer una profesión. En los demás casos, el precio de los másteres bajará hasta al menos el precio actual de los grados.

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Garantizaremos la seguridad y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, independiente de su lugar de procedencia, orientación sexual, identidad y expresión de género o cualquier otra característica, introduciendo los perfiles profesionales educativos que sean necesarios. Para ello, se establecerán protocolos de actuación y de mediación, tanto en centros públicos como privados o privados concertados, y se suprimirán del material educativo los contenidos que perpetúen un modelo discriminatorio.

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En coordinación con la comunidad educativa y artística, estableceremos las modificaciones necesarias para implementar su plena equiparación a las enseñanzas universitarias en su regulación, estructuras de funcionamiento, categoría, independencia, autonomía, tipología, denominación de los títulos ofrecidos (grado, máster y doctorado), estatuto del estudiantado, y estatuto, nivel del cuerpo y régimen retributivo del profesorado, al tiempo que se respeta su idiosincrasia.

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Al tomarlo como una cuestión de Estado, activaremos un plan para revitalizar la estructura social y económica del mundo rural mediante el impulso de las infraestructuras regionales, la localización prioritaria de los proyectos productivos señalados en los tres horizontes y la previsión de líneas de financiación prioritarias para estos y otros sectores, como el sector agrario sostenible, la ganadería extensiva y la pesca artesanal y de bajo impacto. Modernizaremos las instalaciones hídricas, las infraestructuras de regadío y la viabilidad de las zonas forestales. Ofreceremos acceso prioritario a la tierra para la juventud, en coordinación con los bancos de tierras existentes, e implementaremos planes especiales de empleo en zonas que, fruto de la discriminación histórica, cuenten con una situación excepcional de baja tasa de empleo y especial afectación por el vaciamiento poblacional.

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