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Programa de Podemos
para un nuevo país


Paz y Seguridad


Fortaleceremos la cooperación europea y un desplazamiento progresivo del espacio atlántico (OTAN) al europeo (PCSD), evitando duplicidades y mejorando tanto las sinergias entre Estados miembros como la eficacia en conjunto. Apoyaremos la abolición de las armas nucleares y de los sistemas de armamento letal autónomo (es decir, carentes de control humano significativo en fases críticas de su uso) e impulsaremos una educación para la paz como un aspecto transversal de la acción gubernamental.

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Frente a la crisis del multilateralismo, nuestro país debe liderar la apuesta por la democracia internacional. Para ello, promoveremos la democratización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la creación de una Asamblea Parlamentaria en la ONU, elegida democráticamente, para abordar temas claves como la violencia estructural contra las mujeres, el cambio climático, los desequilibrios del comercio internacional, la lucha contra los paraísos fiscales o las migraciones. Esta asamblea impulsará planes de choque para asegurar la paridad en todos los niveles de las organizaciones internacionales; trabajará para garantizar la neutralidad de la red como derecho democrático global; liderará los trabajos para crear una agencia internacional de lucha contra la desinformación que garantice la protección de las libertades fundamentales, y reforzará la justicia climática global. Asimismo, recuperaremos la jurisdicción universal en su forma previa a las vergonzosas reformas del PSOE en 2009 y del PP en 2014, lo que situará de nuevo a España a la vanguardia de la lucha contra el incumplimiento de los derechos humanos en el mundo.

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España tiene una responsabilidad histórica con el Sáhara Occidental, con sus gentes y con la solidaridad entre nuestros pueblos. Para ello, apoyaremos con acciones concretas el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, mediante la implementación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre recursos naturales, las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para una solución justa y pacífica mediante referéndum y los procesos de negociación en marcha. Estableceremos relaciones diplomáticas de alto nivel con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y promoveremos la ampliación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) para que adquiera competencias en la protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población saharaui. Aumentaremos las partidas de ayuda humanitaria para los campamentos saharauis; de este modo, el Sáhara Occidental volverá a ser una zona prioritaria para la cooperación española. Apoyaremos programas de formación y movilidad de la población saharaui y cumpliremos lo ya aprobado por el Parlamento: el acceso a la nacionalidad española de las personas saharauis residentes en nuestro país, con los mismos derechos que otros países con los que mantenemos relaciones históricas.

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Impulsaremos una nueva Ley de Asilo adaptada a la realidad global actual, que incluya a quienes tienen que huir de su residencia por cuestiones medioambientales. Hasta entonces, desarrollaremos de manera urgente el reglamento de la actual Ley de Asilo y revisaremos los criterios de la Oficina de Asilo y Refugio para asegurar que no se basan en estereotipos de ninguna clase y que se desbloquean los miles de expedientes que actualmente están en evaluación. Pondremos especial atención a la garantía del derecho de asilo del colectivo LGTBI y de las víctimas de trata.

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Aumentaremos la partida dedicada a retribuciones en los próximos presupuestos y la consolidaremos en el reglamento de retribuciones del personal. Es urgente aproximar las condiciones sociolaborales de nuestras y nuestros militares, tanto a las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE) como a las de las y los funcionarios públicos en general, así como revisar el sistema para compensar los excesos en la jornada laboral. Al mismo tiempo, equipararemos sus derechos civiles a los del resto de la ciudadanía; en particular, los derechos fundamentales de reunión, manifestación, asociación, libertad de expresión, sindicación y afiliación a partidos políticos. Fomentaremos y normalizaremos la actividad de las asociaciones de militares como instrumento clave para el desarrollo de sus derechos y deberes, permitiendo su actividad y otorgando protección laboral a sus representantes y subvenciones equiparables a las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se suprimirán los arrestos sin tutela judicial efectiva en el régimen disciplinario y, en los casos de movilidad geográfica, se considerarán los perjuicios ocasionados para los y las militares y sus familias. También se renovarán los órganos de participación, como el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (Coperfas), con criterios democráticos y vinculantes para la elaboración de las normas sociolaborales. En la misma línea de equiparación de derechos, se reformará la Justicia militar: se suprimirá la Sala Quinta, de lo Militar, del Tribunal Supremo, y se crearán órganos especializados en materias disciplinarias y penales militares, servidos por jueces o juezas y magistrados y magistradas con la formación adecuada e integrados en los órdenes jurisdiccionales contencioso-administrativo y penal.

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A través de una reforma de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, suprimiremos los actuales compromisos temporales (de tropa y marinería, con cuarenta y cinco años, y de complemento) y estableceremos una carrera militar integral sin discriminaciones por escala.

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