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Programa de Podemos.
Las razones siguen intactas


Violencias machistas


Así, tomaremos como una cuestión de Estado la libertad y la reparación de las mujeres que sufren violencias machistas, lo cual implica la garantía de que los procesos de denuncia y judiciales tengan perspectiva de género y de que el conjunto de profesionales que intervienen en ellos tengan la formación necesaria, entre otras medidas, a través de una mejora y ampliación del sistema VioGén que incremente la seguridad de las mujeres, e implica también que la carga de la vigilancia y el control recaigan sobre los agresores. Asimismo, implementaremos con carácter inmediato el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al tiempo que trabajamos para promover un horizonte de prevención más ambicioso.

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Pondremos en marcha un Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía para estas mujeres, que incluirá una prestación económica de garantía de vida destinada a evitar que la falta de autonomía económica sea un factor que perjudique la salida de una relación de violencia machista de cualquier tipo. La prestación supondrá un mínimo equivalente al salario mínimo interprofesional (900 euros) durante 6 meses prorrogables, que se incrementará según el número de personas que cada çmujer tenga a su cargo.

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Implementaremos un plan de empleo específico para mujeres mayores de cuarenta y cinco años y para mujeres que se encuentran en riesgo de exclusión social.

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La definición actual se encuentra limitada a la violencia ejercida por parejas y exparejas, lo que priva de una protección equiparable al resto de mujeres que sufren violencia, por ejemplo, por parte de desconocidos o de jefes y compañeros de trabajo. Por eso se actualizará esta definición conforme a lo que exige el Convenio de Estambul y se diseñarán medidas para que estas protecciones puedan extenderse a las mujeres que se enfrentan a la discriminación interseccional.

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Se implementarán estos protocolos para prevenir tanto las violencias machistas como la LGTBIfobia en las Administraciones Públicas y en los centros de trabajo de más de 50 trabajadores.

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La educación es la principal herramienta para transformar las relaciones de desigualdad que están en el origen de las vulneraciones de la libertad sexual, por lo que los contenidos feministas serán transversales a lo largo de toda la educación y se creará una asignatura de feminismos en la educación pública, para lo cual se contará con la comunidad educativa, porque educar en igualdad es una de las prioridades de nuestra sociedad.

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Aprobaremos una ley para la protección de la libertad sexual de todas las personas y la erradicación de las violencias sexuales, que garantizará que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres a ocupar el espacio público y privado sin sentir miedo a ser violadas y que todas las personas puedan ejercer su sexualidad con libertad. Esto significa colocar el consentimiento en el centro del debate político en torno a las relaciones sexuales, pasar del «No es no» al «Solo sí es sí» y que esta sea la pauta que se siga en cualquier relación.

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Estamos en contra de la trata y de cualquier tipo de explotación sexual o reproductiva de las mujeres y niñas y actuaremos para erradicarlas.

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Acabar con la brecha salarial a través de una ley de igualdad retributiva que analizará las remuneraciones y considerará discriminación una brecha de más del 20 % en las retribuciones de las empresas, de manera que deberán justificarlas ante los tribunales. Las grandes empresas tendrán que realizar auditorías salariales y enfrentarse a sanciones en caso de negativa.

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Los problemas a los que se refiere la Agenda 2030 y los ODS son demasiado serios y afectan de manera demasiado directa a la vida de las personas como para dejarlos en palabras bonitas y colores en los avatares de Twitter de representantes públicos y partidos políticos. Para implementar la Agenda 2030 y los ODS, estableceremos un plan de desarrollo sostenible con marcos de acción concretos, en el que se incorporen mecanismos de seguimiento, evaluación y auditoría social para su correcto cumplimiento. Este plan incluirá un mecanismo específico de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD), con el fin de evitar los impactos negativos que cualquier política pública pudiera tener en la contribución de España a los ODS.

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