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Justicia


Así, tomaremos como una cuestión de Estado la libertad y la reparación de las mujeres que sufren violencias machistas, lo cual implica la garantía de que los procesos de denuncia y judiciales tengan perspectiva de género y de que el conjunto de profesionales que intervienen en ellos tengan la formación necesaria, entre otras medidas, a través de una mejora y ampliación del sistema VioGén que incremente la seguridad de las mujeres, e implica también que la carga de la vigilancia y el control recaigan sobre los agresores. Asimismo, implementaremos con carácter inmediato el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al tiempo que trabajamos para promover un horizonte de prevención más ambicioso.

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La definición actual se encuentra limitada a la violencia ejercida por parejas y exparejas, lo que priva de una protección equiparable al resto de mujeres que sufren violencia, por ejemplo, por parte de desconocidos o de jefes y compañeros de trabajo. Por eso se actualizará esta definición conforme a lo que exige el Convenio de Estambul y se diseñarán medidas para que estas protecciones puedan extenderse a las mujeres que se enfrentan a la discriminación interseccional.

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La redacción actual de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres solo establece la paridad en estos casos como una recomendación y tenemos que conseguir que la paridad sea efectiva en nuestras instituciones y en las que financiamos con nuestro dinero. En el plazo de cuatro años, los distintos órganos públicos, como el Consejo de Ministros y Ministras, tribunales de justicia como el Tribunal Supremo —donde la proporción de mujeres no llega al 15 %— y las entidades cuya financiación proceda en una proporción relevante de dinero público, como la Real Academia de la Lengua —donde solo hay 8 mujeres en 46 sillones—, deberán tener una composición paritaria. De no ser así, se retirará la financiación pública.

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Aprobaremos una ley para la protección de la libertad sexual de todas las personas y la erradicación de las violencias sexuales, que garantizará que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres a ocupar el espacio público y privado sin sentir miedo a ser violadas y que todas las personas puedan ejercer su sexualidad con libertad. Esto significa colocar el consentimiento en el centro del debate político en torno a las relaciones sexuales, pasar del «No es no» al «Solo sí es sí» y que esta sea la pauta que se siga en cualquier relación.

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El abuso a menores, cuando se da en el seno de la Iglesia, en la familia o en cualquier ámbito, constituye un crimen muy grave que compromete su futuro. Para evitar su impunidad, tal como recogimos en nuestra ley de promoción del buen trato y erradicación de las violencias contra la infancia y la adolescencia, se suspenderá el cómputo para la prescripción de estos delitos, al menos hasta que las víctimas hayan cumplido 30 años, se eliminará la distinción entre agresión y abuso sexual y se creará una Fiscalía especializada en dar respuesta a estos casos. Para mejorar la prevención, se destinarán más recursos en el entorno educativo, social y sanitario y se creará una línea de atención telefónica pública de información y asistencia las 24 horas atendida por un equipo profesional y multidisciplinar. Para cuidar a las víctimas, los procesos penales se adaptarán a sus necesidades, por lo que podrán declarar de manera tranquila en un momento distinto al de la vista oral y se evitará duplicar actuaciones.

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Como medida de garantía de sus derechos, quedarán expresamente prohibidas las repatriaciones en contra de la voluntad del menor, tanto entre países de la Unión Europea como con terceros países.

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Devolveremos al Poder Judicial la competencia exclusiva de decidir qué páginas web y servicios de la sociedad de la información infringen la normativa sobre propiedad intelectual, así como sus consecuencias. Al mismo tiempo, es necesario iniciar un diálogo social para reformar la propiedad intelectual actualizándola a los nuevos hábitos culturales, posibilidades tecnológicas y necesidades de sostenibilidad del sector. Hay que proteger a los autores y autoras, a los intérpretes y al resto de titulares de derechos y, al mismo tiempo, fomentar la flexibilidad en los modelos de difusión de la cultura, la autonomía de los creadores y creadoras, y la necesidad de hacer posibles nuevos usos legales y gratuitos de obras protegidas en el ámbito de la enseñanza, la investigación y la creación. Debe ampliarse el reconocimiento como autores y autoras de periodistas, directores y directoras de escena y diseñadoras y diseñadores escénicos y audiovisuales, entre otras figuras, así como derogarse el artículo 71 de la Ley de Propiedad Intelectual, que obliga a los autores y las autoras musicales a ceder el 50 % de sus derechos a perpetuidad al editor musical. En cuanto a la gestión de los derechos, se establecerán unas posibilidades de creación más abiertas y se garantizará una gestión responsable, transparente y democrática de las sociedades de derechos de autor, como la SGAE, para alejar toda sospecha de corrupción, con tarifas justas y un funcionamiento que facilite el acceso a la cultura.

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Como se sabe, la promesa de ocupar puestos en los consejos de administración de grandes empresas o de beneficiarse de sus altas retribuciones tras salir del servicio público conlleva la predisposición, por parte de las personas que hasta entonces desempeñaban una función dentro de las instituciones del Estado, a actuar contra el pueblo y a favor de unos pocos. Estas personas se llevan consigo información muy valiosa, lo que deja las ventanas abiertas a las peores formas de corrupción y despilfarro. Por eso, consideraremos a las empresas que cotizan en bolsa como empresas en las que existe conflicto de intereses, ampliaremos a cinco años la duración de la incompatibilidad para poder pasar al sector privado y tipificaremos como delito los casos graves de puertas giratorias.

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Cada vez que un lobby con intereses económicos se reúna con un cargo público o de un partido, altos cargos de la Administración, miembros del Gobierno, diputados o diputadas, senadores o senadoras o jueces y juezas de los altos tribunales, entre otros, la ciudadanía debe poder saberlo. Para la democracia española, resulta preocupante la capacidad de influencia de determinados intereses privados organizados en torno a grupos de presión para incidir en las normas jurídicas y en las decisiones de los poderes públicos, incluido el manejo de sus recursos.

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Impulsaremos una reforma del Código Penal para introducir el delito relacionado con el enriquecimiento ilícito de cargos políticos que, sin intervenir directamente en los delitos de corrupción, sí hayan obtenido un beneficio de estos, así como un tipo agravado de prevaricación administrativa en las contrataciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y fraudes a la Administración cuando se cometan a través de partidos políticos. Este plan incluirá también una ampliación de las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinadas a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos, como el blanqueo de capitales. El plan estará coordinado por un organismo independiente del poder político, integrado por perfiles técnicos de la Administración y actores relevantes de la sociedad civil en esta materia, para prevenir la corrupción, asesorar al Poder Judicial y asegurar medios seguros de denuncia y protección a quien se comprometa en la lucha contra la corrupción. Se prestará asesoramiento técnico y formación actualizada a los agentes especializados en la prevención y persecución de la corrupción y al conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sector público; y, asimismo, se ofrecerá protección real a quienes denuncien, pues casi siempre se enfrentan en solitario a la maquinaria de la corrupción con graves consecuencias, al tiempo que se habilitarán formas seguras y veraces de denuncia para proteger la identidad de las personas que denuncien.

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La proliferación de la figura de los aforamientos no ha tenido nada que ver con la protección de los representantes públicos frente a represalias y amenazas de los más poderosos, sino con un sistema de protecciones y favores que permite a los partidos ofrecer cierto privilegio judicial a algunos de sus miembros. Por eso, iniciaremos una acción articulada para la supresión de aforamientos desde las comunidades autónomas y el Estado. Al mismo tiempo, trabajaremos en una reforma constitucional para eliminar el privilegio judicial más grave, que es la ausencia de responsabilidad del Rey, establecida en el artículo 56 .3 de la Constitución, así como el hecho de que, en pleno siglo xxi, la justicia se siga administrando bajo la fórmula arcaica de «en nombre del Rey», cuando, en realidad, esta emana del pueblo. Asimismo, pondremos en marcha una comisión de investigación sobre los negocios de la monarquía con el objetivo de determinar si, por ser irresponsable, es una institución idónea para nuestra democracia.

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Impulsaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y el Fomento de la Convivencia («Ley 14»). La Ley 14 establecerá medidas para evitar el racismo y otras discriminaciones en todos los ámbitos y creará un organismo específico de asistencia a víctimas que recogerá denuncias, investigará eventos en colaboración con la Justicia y podrá participar en procedimientos judiciales. Esta ley irá acompañada de un Plan Estatal Integral de Convivencia, con medidas de formación a empleados públicos, de difusión en medios de comunicación, para la reparación de las víctimas en las fronteras y para el avance en el proceso de descolonización simbólica.

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Las víctimas de trata serán consideradas como sujetos de derecho. La ley asegurará la coordinación de todas las Administraciones, prohibirá la deportación o el encierro de víctimas en los CIE y las eximirá de responsabilidad penal si están en situación administrativa irregular. La ley irá acompañada de planes de formación para empleados públicos y, gracias a ella, se crearán mecanismos de atención integral a las víctimas con un enfoque integrador, transcultural y de protección efectiva en el caso de denuncia y más allá del juicio.

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En la comisión, participarán diputados y diputadas, senadores y senadoras, personal de la Administración y personas romaníes expertas. Esta comisión formará parte de una estrategia estatal para la erradicación del antigitanismo, que reconocerá el impacto diferencial que tanto la realidad histórica romaní como la configuración institucional presente ejercen hoy día sobre sus derechos, y desarrollará y hará efectivo el derecho internacional con respecto al tratamiento de la población romaní, asumido por España con carácter vinculante.

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Derogaremos la «reforma exprés» de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional llevada a cabo —unilateralmente y por el procedimiento de urgencia— por el PP en 2015, que le atribuyó competencias ejecutivas, como la suspensión de funciones a autoridades, propias de la jurisdicción ordinaria, pero impropias de la neutralidad institucional del máximo intérprete de la Constitución española.

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Hasta que se apruebe la necesaria reforma constitucional, mejoraremos el sistema parlamentario de elección de vocales para aumentar la pluralidad y la transparencia de la elección de las doce vocalías de procedencia judicial, incluyendo la posibilidad de propuesta de candidaturas avaladas por la ciudadanía y las comparecencias públicas iguales a las de procedencia no judicial. El CGPJ deberá cumplir escrupulosamente, en todos los nombramientos discrecionales, los principios de mérito, capacidad y paridad de género para compensar la actual infrarrepresentación de mujeres en la cúpula judicial.

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Con la supresión de los aforamientos, la Sala Segunda de lo Penal tendrá menos peso. Asimismo, la aplicación estricta de los principios de mérito, capacidad y paridad de género restablecerá el prestigio perdido de todas sus salas, en especial, la Tercera. Modernizaremos también el sistema de acceso a la carrera judicial, para lo cual nos inspiraremos en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera única judicial y fiscal, con el fin de superar el sistema de oposición memorística y de preparación privada, que perpetúan el sesgo económico y los vicios de formación del Poder Judicial. El proceso selectivo estará compuesto por una fase de formación universitaria pública de posgrado, avalada por la Escuela Judicial; unas pruebas de acceso a la Escuela Judicial, con preparación integrada en centros públicos de estudios jurídicos, que incluya test psicológicos; una prueba escrita anonimizada y corregida por el sistema de doble ciego y una prueba oral de argumentación jurídica; y una última fase de formación inicial que incluya conocimientos jurídicos y habilidades y capacidades específicas para un ejercicio acorde a sus fines constitucionales.

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La Justicia es un servicio público de acceso universal, por lo que la Ley de Tasas Judiciales se reformará para que nadie quede fuera del sistema por motivos económicos. Al mismo tiempo, es imprescindible que se destine una mayor dotación de recursos a la formación y especialización de sus profesionales, especialmente, en perspectiva de género. Se asignará también una dotación suficiente al sistema de asistencia jurídica gratuita, con una retribución digna para sus profesionales, y se modernizarán los Institutos de Medicina Legal y Nacional de Toxicología en reconocimiento a la labor de sus profesionales.

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Somos la excepcionalidad europea en términos de impunidad y de haberle dado la espalda a nuestra historia. Vamos a revertir esto de acuerdo con los principios de los derechos humanos en torno a los ejes de verdad (poder conocer lo ocurrido), justicia (llevar a los responsables ante los tribunales), reparación de las víctimas y no repetición (garantizar que no persisten hoy elementos que siguen causando daño). Para avanzar en este camino, retiraremos las medallas concedidas a Billy el Niño y a otros torturadores del franquismo, modificaremos la Ley de Amnistía para que se puedan juzgar los crímenes de lesa humanidad del fascismo, tal como hace ineludible el derecho internacional —que se incumple ahora en España—, y anularemos los juicios del franquismo. También declararemos nulas las condenas y sanciones de tribunales, jurados y otros órganos penales, administrativos o militares dictadas durante la guerra civil española o la dictadura por motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación sexual, identidad o expresión de género. Al mismo tiempo, hay que señalar que el régimen franquista no solo fue una maquinaria autoritaria diseñada para la represión, sino que operó también como un mecanismo de saqueo y expolio hacia familias de la jerarquía franquista. Por ello, una de las claves en la reparación es auditar de los bienes expoliados por el franquismo para devolverlos a sus legítimos titulares.

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Esto implicará afrontar efectivamente el acceso a la vivienda como una cuestión de Estado. La burbuja del alquiler, unida a la anterior burbuja hipotecaria, ha llevado a que en España se destine, en promedio, más de un tercio de la nómina mensual al alquiler de vivienda o que el 80 % de los menores de treinta años vivan en casa de sus padres porque no pueden acceder a un derecho reconocido en la Constitución. Al mismo tiempo, el último censo de viviendas publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalaba que, en España, se encuentra el mayor stock de viviendas vacías de Europa: 3,4 millones.

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En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas y sus familias en situación de vulnerabilidad, sin que la Administración competente garantice un realojo en condiciones dignas, ya sea en casos de impago de alquileres o por ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible. Nos aseguraremos de que España cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estableceremos protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial y las distintas Administraciones para definir los procesos de actuación entre jueces y unidades de servicios sociales competentes, que intervengan en casos de desalojo de familias y personas en situación de vulnerabilidad y garanticen una alternativa habitacional adecuada.

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España debe cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligan a garantizar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva de los deudores y las deudoras hipotecarias. Con este objetivo, cambiaremos el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y de prueba y para que se aplique de manera correcta la normativa europea de protección de las personas consumidoras, en especial la Directiva 93/13 de la Unión Europea sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

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Adoptaremos medidas adicionales de protección a familias con ingresos inferiores a 3 IPREM que no pueden pagar su hipoteca, y derogaremos el IRPH como indicador de los tipos de interés variable en créditos o préstamos hipotecarios con efecto retroactivo, de manera que las familias puedan reclamar lo pagado indebidamente.

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A través de esta norma, articularemos una protección efectiva frente a las vulneraciones de los derechos humanos que incluya, al menos, mecanismos para el acceso a la Justicia española y la reparación de las víctimas y de las comunidades afectadas, la obligación de incorporar las normas de reconocimiento y garantía de los derechos humanos a cualquier tratado comercial o acuerdo de protección de inversiones que suscriba nuestro país, y el establecimiento de la responsabilidad de las grandes corporaciones y de su personal directivo en su jurisdicción nacional, desde la perspectiva civil, administrativa y, en su caso, penal.

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Las personas hipotecadas recuperarán todos los impuestos relacionados con las hipotecas que no debieron pagar, tal como indicó la primera sentencia del Tribunal Supremo. La Agencia Tributaria recabará estos impuestos de los bancos con carácter retroactivo.

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