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Programa de Podemos
para un nuevo país


Digitalización


Ante la llegada de miles de VTC, los Gobiernos miraron hacia otro lado y han puesto en peligro a las familias del taxi. Por eso, el Estado y las comunidades autónomas cooperarán para que se establezcan requisitos temporales (como las dos horas de precontratación), espaciales (distancia mínima con el pasajero o estacionamiento en aeropuertos, estaciones y otras paradas autorizadas) y de geoposicionamiento (obligación de mostrar la posición a la Administración y de deambular sin pasajeros u hoja de ruta). Además, se recuperarán autorizaciones administrativas para hacer efectivo el cumplimiento de la regla de proporcionalidad 1/30, establecida en el Real Decreto Ley 13/2018. Las Administraciones Públicas desarrollarán también una aplicación pública para que integre toda la información sobre movilidad disponible y los mecanismos de reserva y de pago de los servicios de movilidad de las grandes ciudades y zonas metropolitanas, incluyendo todos los medios de transporte, como trenes de cercanías, metro, autobuses, tranvías, taxi, bicicletas, patinetes, motocicletas eléctricas, etcétera. De esta manera, las Administraciones aprovecharán los datos generados para la planificación de la movilidad sostenible en las ciudades, así como la digitalización, en favor del bien común y del horizonte verde.

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Se trata de liderar sectores como la producción de vehículos eléctricos, energías renovables, inteligencia artificial, fármacos y biotecnologías. Gracias a esta inversión, las ayudas directas (que se ejecutarán al 100 %) superarán ampliamente los créditos financieros, que se limitarán a aquellos cuya ejecución sea muy probable, y garantizaremos que las subvenciones a empresas se dediquen realmente a I+D+i y no a actividades ya consolidadas.

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Reforzaremos la Agencia Estatal de Investigación, dotándola de una gran capacidad de inversión a través del citado Banco de Inversión (BITTE) y de una gran unidad dedicada a la transferencia, que nos permitirá aplicar los avances teóricos de frontera a la mejora de nuestra industria y aportar nuevos conocimientos al sector privado y a los sectores más innovadores de nuestra ciudadanía en un contexto de transparencia total. La política de transferencia del conocimiento debe ser una prioridad de la estrategia de I+D+i. Completaremos esta nueva institucionalidad para la innovación con la creación de una red de comités estratégicos sectoriales para que el sector público sea un actor con capacidad para asumir riesgos, pero también para obtener beneficios y orientar la I+D+i hacia la creación de empleo de calidad y de valor social.

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Habrá tres líneas de investigación principales en nuevos procesos industriales, de servicios y de mejora de la vida de las personas dependientes. Gran parte de las operaciones bancarias habituales requieren de una verificación centralizada por parte de lo que se denomina una «autoridad bancaria». La tecnología blockchain permite verificar de manera segura y descentralizada todo tipo de transacciones, de manera que su implementación desde la banca pública que proponemos reduciría el coste de las operaciones bancarias y, potencialmente, también las comisiones bancarias que ahora cobra la banca privada. Al permitir generar unos registros muy claros, imborrables y confirmables de todas las operaciones, esta tecnología también podría utilizarse en la contratación pública para mejorar la transparencia del proceso y prevenir la corrupción, ya que todas las ofertas y operaciones quedarían, así, registradas. En el marco de esta estrategia, se impulsará también un programa sandbox (de experimentación) para implementar la tecnología blockchain en diversos entornos y liderar su implementación en Europa.

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Facilitar el acceso a la tecnología a las empresas, con planes específicos de financiación y asesoramiento para pymes (Plan Pyme 5.0), para la economía social (Plan Coopera 5.0) de muchos sectores, como la del ámbito agropecuario, y para start-ups (Plan Start-up 5.0), que atienda a los retos específicos en sus fases de maduración, financiación y conexión.

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Cada vez nos encontramos más cerca de desarrollar sistemas de inteligencia artificial que no solo puedan interaccionar de manera fluida con los seres humanos, sino que permitan, también, sustituir sistemas rudimentarios de toma de decisiones en distintos procesos tecnológicos y productivos. En este sector, España tiene el talento suficiente para ser puntera. Por ello, destinaremos partidas significativas dentro del sistema de ciencia y tecnología a grupos de investigación en el sector público y privado que se dediquen a la investigación y la transferencia en la materia.

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La conexión móvil y digital es hoy un derecho sin el que no se puede vivir de manera integrada. Por eso, garantizaremos un acceso a internet de 30 Mbps para cualquier núcleo habitado a un precio asequible. La sociedad pública Red .es debe convertirse en un agente importante para garantizar el acceso a internet y a la telefonía móvil, e impulsar, también, las tecnologías comunitarias existentes. Incorporaremos un canon a las operadoras destinado a financiar la ampliación de la red, que permanecerá en vigor hasta alcanzar el objetivo del 100 % de cobertura. Por otra parte, garantizaremos el acceso a una conexión a internet de carácter básico e impulsaremos la competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones que baje esta factura al nivel de la media europea. Para ello, el 10 % del tráfico de las instalaciones actuales y de las nuevas se destinará a tarifas accesibles bajo la gestión de Red .es. El hecho de que, según el «Informe sobre el progreso digital en Europa», nuestra banda ancha sea la sexta más cara de la Unión Europea resulta un lastre para la competitividad de las pymes.

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Pondremos en marcha recursos en todos los niveles del sistema educativo, o de la formación para quien está en el mercado de trabajo, con especial atención para evitar la exclusión digital. Ya desde la educación primaria se incluirán contenidos de robótica, programación, diseño web, apps, hardware y videojuegos.

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Estableceremos las protecciones necesarias para blindar el derecho a la privacidad en la red, de manera que las grandes corporaciones tecnológicas no puedan hacer negocio a partir de la apropiación indebida de nuestros datos. Al igual que en el mundo analógico, se eliminarán las restricciones penales y administrativas a nuestros derechos civiles y políticos en internet. Para ello, es necesario conquistar el control sobre nuestros datos y poder aprovecharlos como un bien común, e impulsar el sector del software y, en particular, de las comunidades y empresas dedicadas al software libre, una arquitectura del internet de las cosas abierta, neutral e interoperable, y una red de infraestructuras de comunicaciones de nueva generación, como el 5G, orientándola hacia una red compartida por las diferentes operadoras y los usuarios públicos y privados, más eficiente y con menos espacio privatizado. Además, impulsaremos la elaboración de una Carta de Derechos del Mundo Digital mediante un gran proceso participativo en el que la ciudadanía pueda ser protagonista del diseño de su futuro.

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Avanzaremos hacia el fin de los papeles y la reducción drástica de la burocracia, lo que beneficiará al conjunto de la ciudadanía, que también podrá ejercer mejor su control democrático, y nos permitirá disponer de una Administración más fuerte y mejor adaptada al presente. Respetando la privacidad, los datos públicos se desplegarán en formatos abiertos, interoperables y accesibles, también cuando los generen empresas al gestionar servicios públicos. Con esto, conseguiremos una Administración más transparente e impulsaremos que las empresas y asociaciones con menor capacidad para producir sus datos puedan aprovecharlos. La recogida de datos de carácter personal se limitará a los imprescindibles y con un fin concreto, con lo que reduciremos el riesgo de que esos datos se vean comprometidos. Implementaremos un Plan de Soberanía Tecnológica de las Administraciones, que también fortalecerá los ecosistemas de pymes locales, dirigido a la transición hacia tecnologías libres y a la contratación de productos y servicios de acceso abierto que aumenten la autonomía técnica de la Administración en un mundo digital.

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Gran parte de las operaciones bancarias habituales requieren de una verificación centralizada por parte de lo que se denomina una «autoridad bancaria». La tecnología blockchain permite verificar de manera segura y descentralizada todo tipo de transacciones, de manera que su implementación desde la banca pública que proponemos reduciría el coste de las operaciones bancarias y, potencialmente, también las comisiones bancarias que ahora cobra la banca privada. Al permitir generar unos registros muy claros, imborrables y confirmables de todas las operaciones, esta tecnología también podría utilizarse en la contratación pública para mejorar la transparencia del proceso y prevenir la corrupción, ya que todas las ofertas y operaciones quedarían, así, registradas. En el marco de esta estrategia, se impulsará también un programa sandbox (de experimentación) para implementar la tecnología blockchain en diversos entornos y liderar su implementación en Europa.

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Garantizaremos un marco justo para la nueva economía con el fin de evitar que los buitres aprovechen la tecnología para llevarnos a un pasado sin derechos laborales en una economía uberizada. Para ello, consideraremos que las personas que dependan de esas plataformas son trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena; y, al mismo tiempo, crearemos unidades especiales para inspeccionar estos nuevos modelos de trabajo y, en especial, la utilización de falsos autónomos y el trabajo mediante horas extras sin cotizar. Asimismo, se creará una unidad dentro de la Agencia Tributaria especializada en controlar que estas empresas pagan en España los impuestos correspondientes a los beneficios que obtienen en nuestro país.

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La producción cinematográfica en las lenguas propias de un país no solo es una de las industrias culturales más relevantes, sino uno de los espacios de diálogo y construcción de comunidad con más capacidad para mejorar una sociedad. Sin embargo, en cuanto a la presencia en las pantallas, la producción en nuestras lenguas parte con una gran desventaja con respecto a las grandes distribuidoras multinacionales, capaces de colocar una misma cinta durante semanas en una cantidad enorme de pantallas y apoyarla con una publicidad que suele superar el propio coste que supone hacer la película. Ante esta situación, países próximos como Francia han conseguido alentar una producción propia de calidad mediante el establecimiento de determinadas cuotas de pantalla para sus producciones. Nuestra propuesta es ampliar este enfoque a las distintas lenguas oficiales del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, e incrementar las ayudas al sector.

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El videojuego es cultura. También es una industria con una gran capacidad de creación de empleo y de posibilidades expresivas que requiere un reconocimiento sin prejuicios en las políticas culturales. Por ello, fomentaremos el talento del sector y de los ecosistemas de pymes existentes con programas de ayuda a la creación de videojuegos y cultura digital para que las empresas españolas puedan competir en igualdad de oportunidades ante las grandes transnacionales del videojuego. Adoptaremos medidas para proteger a las personas que trabajan en el sector, impulsando una mayor presencia de mujeres y vigilando, en particular, que las fórmulas de subcontratación no sean fraudulentas ni supongan una merma de derechos, que las horas extras se pagan y que se protegen riesgos asociados a la intermitencia o la movilidad, como sucede con otras y otros trabajadores de la cultura. También articularemos un plan de formación superior y continua para el sector, con especial atención a las dimensiones de desarrollo de software, monetización, diseño y arte, y marketing.

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Devolveremos al Poder Judicial la competencia exclusiva de decidir qué páginas web y servicios de la sociedad de la información infringen la normativa sobre propiedad intelectual, así como sus consecuencias. Al mismo tiempo, es necesario iniciar un diálogo social para reformar la propiedad intelectual actualizándola a los nuevos hábitos culturales, posibilidades tecnológicas y necesidades de sostenibilidad del sector. Hay que proteger a los autores y autoras, a los intérpretes y al resto de titulares de derechos y, al mismo tiempo, fomentar la flexibilidad en los modelos de difusión de la cultura, la autonomía de los creadores y creadoras, y la necesidad de hacer posibles nuevos usos legales y gratuitos de obras protegidas en el ámbito de la enseñanza, la investigación y la creación. Debe ampliarse el reconocimiento como autores y autoras de periodistas, directores y directoras de escena y diseñadoras y diseñadores escénicos y audiovisuales, entre otras figuras, así como derogarse el artículo 71 de la Ley de Propiedad Intelectual, que obliga a los autores y las autoras musicales a ceder el 50 % de sus derechos a perpetuidad al editor musical. En cuanto a la gestión de los derechos, se establecerán unas posibilidades de creación más abiertas y se garantizará una gestión responsable, transparente y democrática de las sociedades de derechos de autor, como la SGAE, para alejar toda sospecha de corrupción, con tarifas justas y un funcionamiento que facilite el acceso a la cultura.

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Implementaremos un Plan de Reforma de RTVE y sus Sociedades, que nos coloque a la altura del modelo de la BBC británica, con el objetivo de garantizar la transparencia, la participación de profesionales y de público, el prestigio del servicio público y la consolidación del proceso de renovación vía concurso público, tal y como se acordó en el Congreso y en el Senado. Para ello, se fomentará y coordinará la participación directa de la audiencia, se dará voz en horario relevante a grupos políticos y sociales significativos y se realizarán auditorías semestrales con participación rotativa de las y los propios profesionales de la corporación y de la sociedad civil. Aseguraremos un Programa de Inversión en Producción propia para el Ámbito Digital, asumido de manera directa por los programas esenciales del servicio público, de manera que la externalización de servicios informativos quede excluida y se alcancen progresivamente los niveles de dotación presupuestaria previos a los recortes iniciados en 2012.

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El opbjetivo es dirigir y coordinar estas reformas junto con el resto de Administraciones y agentes sociales.

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Fijar un impuesto para operaciones de la economía digital que no tributan, como publicidad e intermediación online y venta de datos, limitado a empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 500 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

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Acceso a internet de banda ancha a 30 Mbps y a 3G para cualquier núcleo habitado a un precio asequible, al que contribuirán las grandes empresas del sector mediante un canon.

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Implementaremos un Programa de Inversión en Digitalización de Correospara que, en combinación con otras empresas públicas, como Aena-ENAIRE y Adif-Renfe, sea un elemento clave de la logística en España, apostando por un sector de reparto público con un empleo digno y estable, y que dispute espacios de mercado a las grandes corporaciones de la precaria economía de plataforma.

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