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Programa de Podemos
para un nuevo país


Compatriotas en el exterior y retornados/as


Se desarrollará un plan de choque para situarnos, en una legislatura, al nivel de la Unión Europea en la proporción de personas dedicadas a la investigación, con un aumento neto de 5000 investigadores e investigadoras cada año. Este plan se implementará junto con las comunidades autónomas y los entes locales.

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Programa de Retorno de Investigadores e Investigadoras en el Extranjero, con una oferta de un contrato de cuatro años de duración al final del cual será posible la estabilización mediante criterios objetivos y predeterminados.

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Reformaremos de manera urgente la ley electoral para eliminar la carrera de obstáculos para votar que se impuso en 2011 contras los y las compatriotas en el extranjero y que PP, PSOE y Cs no han querido quitar, lo que ha hecho que el voto de las personas que residen fuera de nuestro país haya caído desde el 31 % previo a la reforma de 2011 hasta cifras del 4 % y el 6 % en las últimas elecciones generales.

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Al mismo tiempo que se impide el voto de nuestros y nuestras compatriotas que viven fuera con el endiablado sistema del voto rogado, para los 2,5 millones de españoles y españolas en el extranjero no existe un canal parlamentario a través del cual puedan hacer valer sus demandas concretas. Por eso, crearemos una circunscripción para quienes viven en el exterior, con la representación política proporcional a su número.

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Con este fin, y gracias a los tres horizontes que proponemos, pueden crearse más de un millón de empleos y, en este sentido, se dará especial consideración a las personas emigradas que quieran volver. A esto se sumará, a través de un cambio en las políticas activas de empleo para que no las discriminen, la consideración de su experiencia en el extranjero en las ofertas de empleo público (que aumentarán notablemente fruto de las citadas inversiones), la prestación de la garantía de ingresos de un mínimo de 600 euros en caso de hogar unipersonal (que puede incrementarse hasta los 1200 euros si no se tienen ingresos o patrimonio suficiente) y la creación de un servicio de información y orientación para el retorno en las secciones y oficinas consulares.

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Las élites de nuestro país no solo han expulsado a cientos de miles de compatriotas, sino que han colaborado en que pierdan derechos mientras están fuera, como ocurre con la cobertura sanitaria a la que tienen derecho todos y todas las españolas al margen de donde vivan, porque la ciudadanía española no se acaba en sus fronteras. Para hacer efectivo esto, trabajaremos para suprimir los acuerdos de exclusión sanitaria y para incorporar a los emigrantes a los sistemas de salud del país receptor.

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España sigue queriendo tener cerca a las personas que han emigrado. Para ello, por una parte, reconoceremos la nacionalidad española a las personas descendientes de progenitoras y progenitores españoles nacidos en el extranjero en cualquier momento. Estas personas podrán optar por la nacionalidad española en caso de que sus madres, padres, abuelas o abuelos adquirieran la nacionalidad del país de acogida. A esto se añaden los casos de quienes perdieron la nacionalidad en el exilio causado por la Guerra Civil y la dictadura, a quienes se les reconocerá con el fin de saldar esa deuda histórica. Por otra parte, se ofrecerá la enseñanza de las lenguas y la pluralidad cultural de nuestro país. En los lugares donde existan al menos doce solicitudes, se ofrecerán clases presenciales de un mínimo de tres horas a la semana, así como sistemas de educación a distancia donde no haya solicitudes suficientes.

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Como la incertidumbre asociada a la salida del Reino Unido de la Unión Europea ya está afectando a nuestros y nuestras compatriotas, nos comprometemos a que el Gobierno de España no participe en ningún acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Reino Unido para la salida de este de la UE que menoscabe los derechos de todo tipo —incluidos los derechos sociales— de los españoles y las españolas que residen allí.

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Garantizaremos por ley que nadie se quede sin ingresos suficientes, con independencia de su suerte con el empleo o de su pensión. Se trata de una prestación de suficiencia de ingresos que tendrá una cuantía inicial garantizada por adulto de 600 euros al mes, que se incrementará en función del número de miembros del hogar hasta los 1200 euros. Esta renta garantizada se actualizará periódicamente con el valor más alto entre el IPC y el crecimiento del salario mediano. Es previsible que esta reforma alcance a 10 millones de personas.

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Algunos de los recortes más crueles de la crisis se vivieron en la sanidad. Uno de ellos fue la exclusión de muchos vecinos y vecinas que estaban lejos de la atención sanitaria, y otro fue el establecimiento de numerosos copagos, que hicieron que muchos y muchas pacientes dejaran de medicarse o de recibir servicios por no poder pagarlos. Por eso, se recuperará de manera completa el acceso universal a la atención sanitaria, sin discriminaciones en el tratamiento ni requisitos innecesarios para tener acceso a los servicios. Se eliminarán los copagos y, en cambio, se establecerán garantías para que no puedan introducirse otros nuevos.

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Los recortes han afectado enormemente a quienes nos cuidan desde el sistema sanitario y han perjudicado la atención a toda la ciudadanía. Por eso, pondremos fin a la precariedad del personal sanitario, implementaremos un programa de recuperación de quienes han tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España, así como un Plan Estatal de Formación Continua que responda al interés de los y las profesionales y de toda la ciudadanía, por encima de criterios comerciales.

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