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Programa de Podemos
para un nuevo país


Internacional


Apostamos por construir un sistema de cooperación en el que las mujeres se sitúen como motor y foco del desarrollo, al tiempo que cuestionaremos las estructuras de poder y la distribución de recursos que perpetúan la pobreza y la inequidad, como el machismo y la vulneración de los derechos de las mujeres y las niñas. Con el fin de avanzar en la igualdad real, adoptaremos iniciativas concretas en materia de género con una perspectiva interseccional, incluyendo cuestiones como la economía de los cuidados o la trata de personas. Asimismo, impulsaremos los programas de personas defensoras de derechos humanos, poniendo especial atención en las personas medioambientalistas, sindicalistas y defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, así como en las personas defensoras que tienen incidencia en los territorios más amenazados de América Latina.

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La deuda pública ha superado por primera vez el 100 % del PIB. Esto tiene que ver con la deuda contraída para hacer frente al rescate bancario durante el Gobierno de Rajoy y con una arquitectura europea desigual en la que es necesario que el conjunto de la Unión asuma las consecuencias de dicha desigualdad y la ataje. Implementaremos la reestructuración a través de una modificación en los plazos de vencimiento de las deudas europeas en circulación, mediante un canje de bonos que facilite que los viejos títulos sean sustituidos por nuevos títulos que se mantengan a perpetuidad. El Banco Central Europeo (BCE) sería la institución que adquiriría, al valor nominal, los viejos títulos y los canjearía por otros nuevos al 0 % de interés y con el objetivo de mantenerlos a perpetuidad en su balance. El BCE reestructuraría las deudas públicas de las economías de la zona euro que excedan del 60 % del PIB.

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Sin justicia económica no habrá ni paz ni democracia. Por ello, trabajaremos por la aprobación de un marco jurídico internacional para los procesos de reestructuración de deudas soberanas. Impulsaremos la prohibición internacional de los productos financieros altamente especulativos, de forma que se superen los Acuerdos de Basilea III. Promoveremos la lucha contra los paraísos fiscales, proponiendo la creación de una Agencia Fiscal Internacional y de un impuesto global sobre la riqueza, así como la transparencia y la democratización en la adopción de nuevos tratados internacionales, especialmente, de tratados comerciales como el TTIP y el CETA. Estos deberán ser siempre sometidos a control parlamentario y, en su caso, a referéndum vinculante.

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Fortaleceremos la cooperación europea y un desplazamiento progresivo del espacio atlántico (OTAN) al europeo (PCSD), evitando duplicidades y mejorando tanto las sinergias entre Estados miembros como la eficacia en conjunto. Apoyaremos la abolición de las armas nucleares y de los sistemas de armamento letal autónomo (es decir, carentes de control humano significativo en fases críticas de su uso) e impulsaremos una educación para la paz como un aspecto transversal de la acción gubernamental.

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Frente a la crisis del multilateralismo, nuestro país debe liderar la apuesta por la democracia internacional. Para ello, promoveremos la democratización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la creación de una Asamblea Parlamentaria en la ONU, elegida democráticamente, para abordar temas claves como la violencia estructural contra las mujeres, el cambio climático, los desequilibrios del comercio internacional, la lucha contra los paraísos fiscales o las migraciones. Esta asamblea impulsará planes de choque para asegurar la paridad en todos los niveles de las organizaciones internacionales; trabajará para garantizar la neutralidad de la red como derecho democrático global; liderará los trabajos para crear una agencia internacional de lucha contra la desinformación que garantice la protección de las libertades fundamentales, y reforzará la justicia climática global. Asimismo, recuperaremos la jurisdicción universal en su forma previa a las vergonzosas reformas del PSOE en 2009 y del PP en 2014, lo que situará de nuevo a España a la vanguardia de la lucha contra el incumplimiento de los derechos humanos en el mundo.

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España tiene una responsabilidad histórica con el Sáhara Occidental, con sus gentes y con la solidaridad entre nuestros pueblos. Para ello, apoyaremos con acciones concretas el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, mediante la implementación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre recursos naturales, las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para una solución justa y pacífica mediante referéndum y los procesos de negociación en marcha. Estableceremos relaciones diplomáticas de alto nivel con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y promoveremos la ampliación del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) para que adquiera competencias en la protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población saharaui. Aumentaremos las partidas de ayuda humanitaria para los campamentos saharauis; de este modo, el Sáhara Occidental volverá a ser una zona prioritaria para la cooperación española. Apoyaremos programas de formación y movilidad de la población saharaui y cumpliremos lo ya aprobado por el Parlamento: el acceso a la nacionalidad española de las personas saharauis residentes en nuestro país, con los mismos derechos que otros países con los que mantenemos relaciones históricas.

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Las migraciones deben darse en condiciones de seguridad para las personas, y el Estado tiene que articular los mecanismos para garantizar los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida. Por ello, flexibilizaremos los procesos de reagrupación familiar, recuperaremos la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países, articularemos visados humanitarios, aumentaremos los programas de reasentamiento y crearemos nuevas modalidades de visado, como el de búsqueda de empleo. Además, flexibilizaremos los procesos de arraigo, dejando de vincular exclusivamente la renovación de las autorizaciones de residencia a un contrato en vigor u oferta de empleo. En la misma línea, el derecho al sufragio municipal de las personas extranjeras dejará de estar vinculado a tratados internacionales bilaterales; y, asimismo, se acortarán los plazos requeridos para adquirir la nacionalidad y se suprimirán las trabas burocráticas y requisitos discrecionales en el procedimiento de adquisición, como puede ser el examen de nacionalidad.

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Refuerzo del Servicio de Salvamento Marítimo, que permanecerá como servicio público y civil y cuya única función será la salvaguarda de la vida en el mar. Para ello, dotaremos de recursos y de personal estable a las tripulaciones. Se protegerá el trabajo de las ONG de rescate y salvamento en el Mediterráneo Central y se suprimirán las prohibiciones de salida. Garantizaremos el respeto absoluto a los derechos humanos en la frontera sur, de acuerdo con la normativa internacional, y vigilaremos que no se produzca ninguna devolución en caliente o exprés ilegal. Asimismo, prohibiremos las llamadas «plataformas de desembarco» o similares.

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Impulsaremos una nueva Ley de Asilo adaptada a la realidad global actual, que incluya a quienes tienen que huir de su residencia por cuestiones medioambientales. Hasta entonces, desarrollaremos de manera urgente el reglamento de la actual Ley de Asilo y revisaremos los criterios de la Oficina de Asilo y Refugio para asegurar que no se basan en estereotipos de ninguna clase y que se desbloquean los miles de expedientes que actualmente están en evaluación. Pondremos especial atención a la garantía del derecho de asilo del colectivo LGTBI y de las víctimas de trata.

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El Gobierno exigirá, para ello, el fin inmediato de las políticas de austeridad que han arrasado el tejido social de nuestras sociedades. Para ello, propondremos la relajación inmediata de los corsés fiscales impuestos por Bruselas; la adopción de planes comunitarios de inversión pública y social a través del Banco Europeo de Inversiones, para potenciar el horizonte verde y el nuevo modelo industrial; la colaboración europea para recuperar los fondos del rescate bancario; y una reestructuración coordinada de la deuda soberana de nuestros países. Rechazaremos todos los acuerdos de libre comercio de última generación que hacen vulnerables nuestros sectores productivos y estratégicos, y que vacían la capacidad democrática de nuestros pueblos para decidir soberanamente sobre nuestros recursos. Promoveremos la gratuidad de la educación pública universitaria en todo el territorio de la Unión Europea, la creación de un seguro europeo de desempleo y la garantía comunitaria de prestaciones que aseguren unos ingresos suficientes para el conjunto de la población. España ratificará, asimismo, la Carta Social Europea revisada (1996), incluyendo todos los protocolos adicionales, para hacerla exigible jurídicamente, y propondrá que la Unión Europea fije un suelo de gasto del 5 % de su presupuesto para políticas de promoción y defensa de la igualdad de género y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

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A tal fin, estableceremos un plan de desarrollo sostenible con marcos de acción concretos, en el que se incorporen mecanismos de seguimiento, evaluación y auditoría social para su correcto cumplimiento. Este plan incluirá un mecanismo específico de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD), con el fin de evitar los impactos negativos que cualquier política pública pudiera tener en la contribución de España a los ODS.

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A través de esta norma, articularemos una protección efectiva frente a las vulneraciones de los derechos humanos que incluya, al menos, mecanismos para el acceso a la Justicia española y la reparación de las víctimas y de las comunidades afectadas, la obligación de incorporar las normas de reconocimiento y garantía de los derechos humanos a cualquier tratado comercial o acuerdo de protección de inversiones que suscriba nuestro país, y el establecimiento de la responsabilidad de las grandes corporaciones y de su personal directivo en su jurisdicción nacional, desde la perspectiva civil, administrativa y, en su caso, penal.

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Pondremos fin al régimen fiscal privilegiado de las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE) y de la tributación privilegiada de sicav, fondos y sociedades de inversión mobiliaria e inmobiliaria (SOCIMI). Eliminaremos también el régimen de impatriados, que actualmente permite pagar un marginal de IRPF del 24 % a personas que se desplazan a España a trabajar con rentas de hasta 600 000 euros, en lugar del marginal máximo que les correspondería.

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(artículo 135 de la Constitución y Ley de Estabilidad Presupuestaria), para que la prioridad de los presupuestos públicos sea siempre el bienestar de la ciudadanía.

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Es frecuente que las grandes corporaciones eviten pagar el impuesto sobre sociedades en España, alegando la llamada «doble tributación», es decir, que ya pagan impuestos por esos beneficios en otro país. Sin embargo, algunos de esos países son paraísos fiscales o, al menos, países con una tributación por sociedades escandalosamente más baja que la nuestra. Por eso, reformaremos el régimen de exenciones del impuesto sobre sociedades, para evitar que se puedan utilizar así paraísos fiscales o de baja tributación. Solo se permitirá en el caso de que hayan tributado al menos un 15 % efectivo en otro país. Esto eliminará la posibilidad de utilizar sociedades como pantallas para la elusión fiscal, para disminuir la tributación de rentas obtenidas en el extranjero o para canalizar rentas particulares.

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