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Programa de Podemos
para un nuevo país


Educación


Promoveremos el compromiso que ya han mostrado las nuevas generaciones en la lucha contra el cambio climático con la intensificación de la formación sobre estas materias en los currículos y la mejora de los comedores escolares hacia una alimentación de calidad, de cercanía y prestada con respeto de los derechos laborales.

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Así, tomaremos como una cuestión de Estado la libertad y la reparación de las mujeres que sufren violencias machistas, lo cual implica la garantía de que los procesos de denuncia y judiciales tengan perspectiva de género y de que el conjunto de profesionales que intervienen en ellos tengan la formación necesaria, entre otras medidas, a través de una mejora y ampliación del sistema VioGén que incremente la seguridad de las mujeres, e implica también que la carga de la vigilancia y el control recaigan sobre los agresores. Asimismo, implementaremos con carácter inmediato el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, al tiempo que trabajamos para promover un horizonte de prevención más ambicioso.

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La educación es la principal herramienta para transformar las relaciones de desigualdad que están en el origen de las vulneraciones de la libertad sexual, por lo que los contenidos feministas serán transversales a lo largo de toda la educación y se creará una asignatura de feminismos en la educación pública, para lo cual se contará con la comunidad educativa, porque educar en igualdad es una de las prioridades de nuestra sociedad.

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Todas las personas tenemos derecho a no ser objeto de violencias sexuales, así como a no sufrir discriminación por nuestra orientación sexual o por nuestra identidad o expresión de género. Para garantizar este derecho, se pondrá un énfasis especial en la educación afectivo-sexual dentro del sistema educativo.

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Aprobaremos una ley para la protección de la libertad sexual de todas las personas y la erradicación de las violencias sexuales, que garantizará que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres a ocupar el espacio público y privado sin sentir miedo a ser violadas y que todas las personas puedan ejercer su sexualidad con libertad. Esto significa colocar el consentimiento en el centro del debate político en torno a las relaciones sexuales, pasar del «No es no» al «Solo sí es sí» y que esta sea la pauta que se siga en cualquier relación.

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En la actualidad, nuestro sistema de educación infantil deja sin atender a más del 60 % de los niños y niñas de entre 0 y 3 años. Esto nos impide intervenir sobre la herencia de la pobreza que pasa de generación en generación y sobre la salida indeseada de muchas mujeres del mercado de trabajo para cuidar a sus familias. En la siguiente legislatura, y en coordinación con las demás Administraciones, configuraremos un sistema de educación infantil (de 0 a 3 años) que ofrezca una cobertura universal y gratuita a todas las criaturas al terminar los permisos parentales remunerados de sus progenitores y progenitoras. Con ello crearemos más de 100 000 puestos de trabajo directos, con enormes retornos además en cotizaciones y consumo.

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Incrementar la inversión pública en la infancia hasta alcanzar la media europea para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los niños y las niñas, especialmente en los ámbitos de la educación, la sanidad, los servicios sociales y la protección.

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Desarrollar un verdadero sistema de atención temprana, dada su importancia para la eficacia de las intervenciones sobre niños y niñas con alteraciones, trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos y para su bienestar presente y futuro. Por lo tanto, se reconocerá un derecho subjetivo a la atención temprana integral, universal, gratuita y pública y se armonizarán las distintas regulaciones para hacerlo efectivo con independencia del lugar de residencia y del
servicio responsable.

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El abuso a menores, cuando se da en el seno de la Iglesia, en la familia o en cualquier ámbito, constituye un crimen muy grave que compromete su futuro. Para evitar su impunidad, tal como recogimos en nuestra ley de promoción del buen trato y erradicación de las violencias contra la infancia y la adolescencia, se suspenderá el cómputo para la prescripción de estos delitos, al menos hasta que las víctimas hayan cumplido 30 años, se eliminará la distinción entre agresión y abuso sexual y se creará una Fiscalía especializada en dar respuesta a estos casos. Para mejorar la prevención, se destinarán más recursos en el entorno educativo, social y sanitario y se creará una línea de atención telefónica pública de información y asistencia las 24 horas atendida por un equipo profesional y multidisciplinar. Para cuidar a las víctimas, los procesos penales se adaptarán a sus necesidades, por lo que podrán declarar de manera tranquila en un momento distinto al de la vista oral y se evitará duplicar actuaciones.

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Pondremos en marcha recursos en todos los niveles del sistema educativo, o de la formación para quien está en el mercado de trabajo, con especial atención para evitar la exclusión digital. Ya desde la educación primaria se incluirán contenidos de robótica, programación, diseño web, apps, hardware y videojuegos.

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El videojuego es cultura. También es una industria con una gran capacidad de creación de empleo y de posibilidades expresivas que requiere un reconocimiento sin prejuicios en las políticas culturales. Por ello, fomentaremos el talento del sector y de los ecosistemas de pymes existentes con programas de ayuda a la creación de videojuegos y cultura digital para que las empresas españolas puedan competir en igualdad de oportunidades ante las grandes transnacionales del videojuego. Adoptaremos medidas para proteger a las personas que trabajan en el sector, impulsando una mayor presencia de mujeres y vigilando, en particular, que las fórmulas de subcontratación no sean fraudulentas ni supongan una merma de derechos, que las horas extras se pagan y que se protegen riesgos asociados a la intermitencia o la movilidad, como sucede con otras y otros trabajadores de la cultura. También articularemos un plan de formación superior y continua para el sector, con especial atención a las dimensiones de desarrollo de software, monetización, diseño y arte, y marketing.

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En junio de 2017, el Banco de España declaró que daba por perdidos 60 613 millones de euros del rescate bancario a las cajas y los bancos españoles otorgado por la Unión Europea. El montante que no se recupera es casi el 80 % de las ayudas públicas directas invertidas, es decir, dinero de todas y de todos. Este dinero se puede recuperar en una década mediante la implementación de un impuesto a las transacciones financieras, una reforma del impuesto sobre sociedades respecto a la tributación de las grandes corporaciones y un impuesto específico a la banca. Recuperar todo el dinero del rescate equivaldría, por ejemplo, a construir 20 000 escuelas infantiles que nos permitirían cuidar a todos los niños y niñas menores de 3 años, pagar la pensión de 500 000 personas jubiladas durante 10 años o levantar 375 000 viviendas públicas para acabar con la crisis habitacional que padece el país.

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Fortaleceremos la cooperación europea y un desplazamiento progresivo del espacio atlántico (OTAN) al europeo (PCSD), evitando duplicidades y mejorando tanto las sinergias entre Estados miembros como la eficacia en conjunto. Apoyaremos la abolición de las armas nucleares y de los sistemas de armamento letal autónomo (es decir, carentes de control humano significativo en fases críticas de su uso) e impulsaremos una educación para la paz como un aspecto transversal de la acción gubernamental.

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Una nueva red de casas de apuestas digitales y presenciales está atacando nuestras comunidades. Para protegerlas, se impedirá que estos locales abran antes de las 22 .00 h y que puedan publicitarse, tanto si lo hacen en locales como por internet, tal como ocurre con otros productos nocivos, como el alcohol y el tabaco. Será obligatorio que coloquen en su entrada un cartel de advertencia sobre los peligros de la ludopatía y se implementará una estrategia estatal para frenarla. Se limitará su proximidad a centros escolares, se restringirá el uso de reclamos, como bonos de bienvenida o comida y bebida más baratas de lo habitual, y se establecerán límites de tiempo de apuestas y de gastos diarios y mensuales. También incrementaremos los impuestos a estos negocios con el objetivo de aumentar la inversión en la prevención y el tratamiento del daño social que producen. En paralelo, diseñaremos una política para abrir centros sociales para jóvenes en esos barrios, que funcionen como espacios cogestionados donde puedan desarrollar actividades de ocio; es decir, una política de cierre de locales de apuestas y de apertura de centros sociales en nuestros barrios.

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España sigue queriendo tener cerca a las personas que han emigrado. Para ello, por una parte, reconoceremos la nacionalidad española a las personas descendientes de progenitoras y progenitores españoles nacidos en el extranjero en cualquier momento. Estas personas podrán optar por la nacionalidad española en caso de que sus madres, padres, abuelas o abuelos adquirieran la nacionalidad del país de acogida. A esto se añaden los casos de quienes perdieron la nacionalidad en el exilio causado por la Guerra Civil y la dictadura, a quienes se les reconocerá con el fin de saldar esa deuda histórica. Por otra parte, se ofrecerá la enseñanza de las lenguas y la pluralidad cultural de nuestro país. En los lugares donde existan al menos doce solicitudes, se ofrecerán clases presenciales de un mínimo de tres horas a la semana, así como sistemas de educación a distancia donde no haya solicitudes suficientes.

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Para ello, garantizaremos que estén incluidas en los planes de estudio y que sean formativas, y que estén tuteladas profesionalmente y sean retribuidas al menos conforme al SMI según el número de horas cotizadas y con jornadas máximas de cinco horas.

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Esto supondrá pasar del actual 6 % del PIB en sanidad al 7,5 % del PIB en 2023, lo que nos permitirá impulsar la atención primaria con recursos suficientes, que supondrán al menos el 20 % del gasto sanitario. También permitirá cuidar al personal sanitario y acabar con su precariedad, así como implementar un programa de recuperación de aquellos y aquellas profesionales que han tenido que salir a trabajar en sistemas sanitarios fuera de España. En educación, se pasará del 4 % del PIB al 5,6 % en 2023, con una financiación suficiente de las comunidades autónomas.

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Asimismo, acabaremos con el pago ilegal de las cuotas supuestamente voluntarias en la escuela concertada, que, en realidad, esconden una barrera de entrada para las familias con menos recursos y un coste añadido en una educación, como es la privada concertada, que ya está financiada al 100 % con dinero público.

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Esta norma será el instrumento fundamental para revertir los procesos de privatización y segregación de la última década, que impiden que la educación cumpla su función de igualador social. Incorporará también los acuerdos alcanzados por la comunidad educativa durante estos años y blindará la escuela pública como eje vertebrador del sistema educativo.

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La mayor parte de la financiación de las Universidades públicas ya procede del dinero público y no de su pago directo. Constatada esta realidad, el efecto de exigir pagar matrículas, crecientes además en la última década, supone la introducción de barreras poco eficientes para que los y las jóvenes más vulnerables no puedan acceder a la universidad. Con esta propuesta, garantizaremos, en cambio, que cualquier joven que quiera y pueda estudiar lo haga con igualdad de oportunidades, al margen de dónde haya nacido. Esta medida se extiende a la formación profesional en cualquier nivel e incluye la gratuidad de los másteres cuando sean habilitantes de manera oficial para ejercer una profesión. En los demás casos, el precio de los másteres bajará hasta al menos el precio actual de los grados.

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El aumento del alquiler y de las tasas ha convertido estudiar en algo imposible para muchas familias, y quienes han accedido con recursos escasos han tenido que quitarse tiempo de estudio para trabajar. Esto afecta de manera decisiva a la igualdad de oportunidades. Por eso, el nuevo sistema de becas no solo aumentará las becas concedidas y su cuantía, sino que dependerá en exclusiva de la posición económica. Asimismo, se establecerá un calendario para que se resuelvan antes del comienzo del curso académico y se ingresen durante el primer trimestre.

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Asimismo, se establecerá un proceso extraordinario de consolidación de empleo que en ningún caso suponga la pérdida del puesto de trabajo para el personal docente interino, de manera que, en el plazo de cuatro años, se reduzca la tasa de interinidad al 7 %. También se instaurará, de acuerdo con las comunidades autónomas, la prohibición de un esquema de contratación que permita contratar cada curso y despedir en verano.

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Implementaremos un Plan de Choque contra el Fracaso Escolar y el Abandono Escolar Prematuro y un Plan Estatal contra la Segregación Escolar, junto con las comunidades autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial. Ambos incluirán objetivos, indicadores, medidas y presupuesto suficiente para cumplir los objetivos de mejora del acceso a la educación postobligatoria y reducción de la concentración del alumnado desfavorecido en ciertos centros escolares.

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En coordinación con la comunidad educativa y artística, estableceremos las modificaciones necesarias para implementar su plena equiparación a las enseñanzas universitarias en su regulación, estructuras de funcionamiento, categoría, independencia, autonomía, tipología, denominación de los títulos ofrecidos (grado, máster y doctorado), estatuto del estudiantado, y estatuto, nivel del cuerpo y régimen retributivo del profesorado, al tiempo que se respeta su idiosincrasia.

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Garantizaremos la seguridad y la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, independiente de su lugar de procedencia, orientación sexual, identidad y expresión de género o cualquier otra característica, introduciendo los perfiles profesionales educativos que sean necesarios. Para ello, se establecerán protocolos de actuación y de mediación, tanto en centros públicos como privados o privados concertados, y se suprimirán del material educativo los contenidos que perpetúen un modelo discriminatorio.

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En coordinación con la comunidad educativa y artística, estableceremos las modificaciones necesarias para implementar su plena equiparación a las enseñanzas universitarias en su regulación, estructuras de funcionamiento, categoría, independencia, autonomía, tipología, denominación de los títulos ofrecidos (grado, máster y doctorado), estatuto del estudiantado, y estatuto, nivel del cuerpo y régimen retributivo del profesorado, al tiempo que se respeta su idiosincrasia.

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Esta asignatura recuperará su condición troncal y se incorporará al bachillerato. En coordinación con las demás Administraciones, impulsaremos también programaciones deportivas en los centros públicos, en las que deberá haber una proporción de actividades gratuitas que permitan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes practicar deporte al menos tres veces a la semana de manera gratuita. Implantaremos planes específicos en las zonas rurales y en aquellas con mayor desigualdad social.

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Desterraremos la práctica de derivar a la gente a números de tarificación añadida, como los 902 y similares. Las empresas deberán disponer de un número de teléfono fijo de tarificación normal para la atención al cliente. Estos teléfonos serán accesibles para personas con diversidad intelectual o de edad avanzada.

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El Gobierno exigirá, para ello, el fin inmediato de las políticas de austeridad que han arrasado el tejido social de nuestras sociedades. Para ello, propondremos la relajación inmediata de los corsés fiscales impuestos por Bruselas; la adopción de planes comunitarios de inversión pública y social a través del Banco Europeo de Inversiones, para potenciar el horizonte verde y el nuevo modelo industrial; la colaboración europea para recuperar los fondos del rescate bancario; y una reestructuración coordinada de la deuda soberana de nuestros países. Rechazaremos todos los acuerdos de libre comercio de última generación que hacen vulnerables nuestros sectores productivos y estratégicos, y que vacían la capacidad democrática de nuestros pueblos para decidir soberanamente sobre nuestros recursos. Promoveremos la gratuidad de la educación pública universitaria en todo el territorio de la Unión Europea, la creación de un seguro europeo de desempleo y la garantía comunitaria de prestaciones que aseguren unos ingresos suficientes para el conjunto de la población. España ratificará, asimismo, la Carta Social Europea revisada (1996), incluyendo todos los protocolos adicionales, para hacerla exigible jurídicamente, y propondrá que la Unión Europea fije un suelo de gasto del 5 % de su presupuesto para políticas de promoción y defensa de la igualdad de género y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

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