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Programa de Podemos.
Las razones siguen intactas


Economía


Se garantizará por ley que, antes de que se pierda un empleo del sector de los combustibles fósiles, se crearán dos empleos con condiciones laborales idénticas o mejores en la misma comarca y que tendrán prioridad absoluta de acceso a ellos las personas afectadas. La transición energética que planteamos será justa o no será.

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Parte de estas nuevas instalaciones estarán promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido y una solución para reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el «hachazo a las renovables».

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Se garantizará que se hayan creado previamente dos empleos por cada uno que se pierda, como ya se ha mencionado. Teniendo en cuenta la inacción de los anteriores Gobiernos, estamos hablando de objetivos ambiciosos, pero a los que no debemos renunciar si hacemos una apuesta fuerte por la instalación de potencia en renovables.

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En momentos de crisis climática es imprescindible consolidar un sistema de incentivos eficaz para acelerar la transición ecológica de la economía. Estableceremos por lo tanto un tipo agravado en el impuesto de sociedades para desincentivar las actividades contaminantes y aumentar la contribución de las empresas con más responsabilidad en la transición ecológica.

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Esto permite complementar la producción eléctrica cuando otras tecnologías renovables tengan valles, proteger la salud ecológica de nuestros ríos y garantizar el riego, el control de las crecidas y el suministro de agua potable sin que interfieran intereses económicos espurios, así como compensar a los territorios que soportan las centrales y sufren las consecuencias de la desigualdad territorial de nuestro país. La empresa pública de energía asumirá la explotación de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan caducando.

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Incluirá el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo. Se dará prioridad a los hogares y barrios más vulnerables y a edificios situados en zonas menos pobladas, conforme a las garantías de justicia social y territorial. A consecuencia de estas intervenciones, las familias podrán llegar a reducir en un 50 % su consumo de energía y ahorrar un promedio de 400 euros anuales. Al mismo tiempo, se crearán miles de empleos en un sector tan castigado como es el de la construcción. Las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de una línea de subvenciones para la adopción de tecnologías más eficientes.

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Esta transición se llevará a cabo colaborando desde el Estado con los fabricantes para que puedan adaptar sus cadenas de montaje en España a la producción de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles y sin que el cambio del parque móvil suponga ningún coste añadido para la economía de las familias. La industria automotriz española es estratégica y, si no apoyamos y activamos su reconversión adelantándonos a otros países, corremos el riesgo de afrontar cierres a medio plazo.

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Esto permitirá, por un lado, aprovechar mejor las renovables y compensar valles puntuales en la generación mediante un mejor almacenamiento de la energía y, por otro lado, mejorar la autonomía de los coches eléctricos y crear una importante industria auxiliar en nuestro país que dé apoyo a su fabricación.

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Motores, tecnología del hidrógeno, redes inteligentes, innovaciones sociales para favorecer la movilidad, etcétera.

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Se establecerán zonas prioritarias de instalación, se crearán redes más eficientes y se priorizará su carácter público, todo ello dentro de un marco normativo que favorezca la gestión pública de las redes de distribución eléctrica y bajo la acción de la empresa pública de energía.

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Se impulsarán planes plurianuales que, en función del vehículo, cubrirán como mínimo entre el 15 % y el 20 % del precio de adquisición, así como una reforma de la fiscalidad que favorezca la introducción de los modelos más adecuados (por ejemplo, aquellos con un peso y un consumo reducidos de materiales asociados a la fabricación) y que tenga en cuenta factores como la renta del comprador, al tiempo que se garantice que esta progresiva sustitución de los combustibles fósiles no va a correr a cargo de las personas usuarias. Además, la Administración Pública dará ejemplo acelerando la sustitución de su propio parque móvil de vehículos.

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Ante la llegada de miles de VTC, los Gobiernos miraron hacia otro lado y han puesto en peligro a las familias del taxi. Por eso, el Estado y las comunidades autónomas cooperarán para que se establezcan requisitos temporales (como las dos horas de precontratación), espaciales (distancia mínima con el pasajero o estacionamiento en aeropuertos, estaciones y otras paradas autorizadas) y de geoposicionamiento (obligación de mostrar la posición a la Administración y de deambular sin pasajeros u hoja de ruta). Además, se recuperarán autorizaciones administrativas para hacer efectivo el cumplimiento de la regla de proporcionalidad 1/30, establecida en el Real Decreto Ley 13/2018. Las Administraciones Públicas desarrollarán también una aplicación pública para que integre toda la información sobre movilidad disponible y los mecanismos de reserva y de pago de los servicios de movilidad de las grandes ciudades y zonas metropolitanas, incluyendo todos los medios de transporte, como trenes de cercanías, metro, autobuses, tranvías, taxi, bicicletas, patinetes, motocicletas eléctricas, etcétera. De esta manera, las Administraciones aprovecharán los datos generados para la planificación de la movilidad sostenible en las ciudades, así como la digitalización, en favor del bien común y del horizonte verde.

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Se implementará un conjunto de medidas para proteger a las y los pequeños y medianos transportistas frente a las prácticas abusivas de las grandes compañías de distribución y de los grandes puertos. Con esta regulación se impedirá la emisión de pagarés a más de 30 días, se garantizará un precio mínimo por kilómetro basado en los precios medios, se reconocerán adecuadamente los periodos de carga y descarga, se permitirá una jubilación anticipada sin penalización en razón de la especial dureza de este empleo y se prohibirán las prácticas de competencia desleal basadas en la utilización de flotas de otros países para la prestación de servicios internos con el objetivo de reducir sus ingresos y su poder de negociación en periodos de huelga o conflicto laboral.

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El objetivo es crear empleo en industrias con un impacto positivo sobre el entorno y actividades de gestión de la contaminación, los recursos y la biodiversidad, con prioridad en las zonas con más problemas de empleo. Con esta estrategia y la aprobación de una ley de economía circular conseguiremos el objetivo de «residuos cero» mediante la prohibición de los plásticos de un solo uso y el establecimiento de objetivos ambiciosos de reutilización y reciclaje introduciendo sistemas de devolución y retorno. Con ello ganaremos también soberanía productiva al sustituir elementos importados por propios durante todo el ciclo de producción.

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Hay que eliminar sus privilegios y devolver poder a las pymes y a quienes pagan la luz. Para ello se cambiarán las condiciones de la subasta, de manera que la energía renovable (más barata) tenga una retribución estable y sea la que marque el precio, y no las energías más caras como ahora. Se incentivará la compra a las instalaciones renovables ciudadanas. Se establecerá un cargo para compensar la sobrerretribución (beneficios caídos del cielo) de algunas centrales e impulsar la transición energética. Se descartarán proyectos de infraestructuras energéticas sobredimensionadas y se realizará una auditoría de costes del sector eléctrico.

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Hay que dotar de financiación suficiente los mecanismos y operativos de extinción de incendios, pero es muy importante garantizar una financiación adecuada de los métodos de prevención durante el invierno, ya que es cuando se evitan de manera efectiva los incendios. Una parte de la financiación para la lucha contra incendios y el mantenimiento de las masas forestales y bienes naturales se destinará a la financiación municipal de los pueblos que contribuyen directamente a esta tarea. Al mismo tiempo, las personas que arriesgan su vida para luchar contra los incendios a lo largo del año no pueden estar sometidas a condiciones de precariedad y bajos salarios, sino que deben sentir una mejora clara en su reconocimiento profesional, salarios, condiciones laborales, estabilidad y condiciones de seguridad en que enfrentan los incendios.

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Promoveremos el compromiso que ya han mostrado las nuevas generaciones en la lucha contra el cambio climático con la intensificación de la formación sobre estas materias en los currículos y la mejora de los comedores escolares hacia una alimentación de calidad, de cercanía y prestada con respeto de los derechos laborales.

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España tiene cerca de 800 000 explotaciones agrarias y ganaderas, la mayoría de ellas familiares, que contribuyen con su actividad a la vertebración del territorio rural, al mantenimiento de los ecosistemas y paisajes, a la generación de importantes bienes inmateriales y a la producción del 70 % de los alimentos frescos que consumimos. El objetivo de la PAC no puede ser mantener un sistema de derechos históricos, sino apoyar a quienes de verdad desempeñan la actividad: los productores y las productoras, y hacerlo de manera proporcionada a sus necesidades económicas, con menos complejidad burocrática y con mayor transparencia en los mecanismos de gestión y aplicación de los fondos. La PAC será una lanzadera para la transición ecológica y el futuro del medio rural e impulsará la ganadería extensiva y sectores con gran aporte social y ambiental, como los frutos secos o el olivar tradicional, así como otros nuevos, como el azafrán. También reforzará las protecciones especiales para la agricultura insular y de montaña y para garantizar un futuro viable al pastoralismo, que genera productos de alta calidad, potencia y conserva la biodiversidad y ayuda a prevenir incendios y a luchar contra el cambio climático, por ejemplo, recuperando vías pecuarias e implementando una estrategia adecuada de sanidad animal no gravosa para las pequeñas explotaciones. Una nueva PAC necesita destinar al menos el 10 % de los fondos a establecer medidas eficaces que corrijan los desequilibrios del mercado, introduciendo ayudas directas a la incorporación de mujeres y complementarias para las que continúan la actividad, constituyendo un apoyo eficaz para la dedicación de la juventud y reforzando las ayudas y el asesoramiento a jóvenes para que tomen el relevo en las explotaciones.

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Es importante reconocer la alimentación como un derecho fundamental y mejorar la situación de productores y productoras. Su futuro se juega en los mercados y en los precios ruinosos que cobran por sus productos, toda vez que se tratan como pura mercancía en el contexto de los acuerdos internacionales. De ahí surge la necesidad de reformar la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, para introducir por ley la obligación de un precio sostén (precio mínimo) que cubra los costes de producción y que esté fijado de manera objetiva por el organismo de control, en este caso la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), como ocurre en Francia. Esta reforma establecerá de nuevo una regulación adecuada de la venta a pérdidas; perseguirá la llamada «venta a resultas», en la que la producción se entrega sin conocer el precio y solo se cobra al venderse finalmente; regulará la figura del mediador de la cadena alimentaria; fortalecerá el rol de los agricultores y las agricultoras y sus organizaciones en las intervenciones sobre el mercado; y fomentará, de manera eficaz, los productos de temporada y proximidad.

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Es necesario un cambio en la aplicación de la Política Pesquera Común que la haga realmente transparente y participada por todos los sectores afectados. Eso impediría situaciones como las actuales, en las que existe un reparto inequitativo conforme a criterios económicos y ambientales de las posibilidades de capturas entre las distintas artes, flotas y territorios, así como una enorme posibilidad de tráfico y especulación con los derechos de pesca. El cambio aseguraría unos ingresos dignos y unos márgenes razonables a las y los productores. Para ello, es importante avanzar cuanto antes en una transición ordenada, basada en la I+D+i y la diversificación, que defina con claridad y proteja la pesca artesanal y un modelo de acuicultura crecientemente orientado hacia la sostenibilidad, el modelo multitrófico integrado y la acuicultura en extensivo. Se incrementará también el esfuerzo investigador para tener información clara sobre stocks pesqueros, la evolución de las especies y el estado de los ecosistemas, la incidencia de la contaminación y los microplásticos, que nos permita implementar medidas eficaces también en ríos, rías y estuarios para asegurar el futuro de nuestro sector y nuestro territorio.

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En los últimos años, los poderes económicos han tratado de imponer tratados comerciales, como el TTIP o el CETA, que, negociados en secreto, pretenden otorgar ventajas económicas a las grandes corporaciones hasta alcanzar un poder superior al de cualquier gobierno. Estos tratados son una amenaza para la viabilidad de pymes y autónomos y ponen en peligro nuestra seguridad alimentaria. El próximo gobierno impedirá que España firme cualquier tipo de tratado comercial bajo estas condiciones y garantizará que cualquier acuerdo comercial no perjudique a la sostenibilidad de nuestros productores, por ejemplo, aceptando estándares de seguridad alimentaria inferiores o condiciones de competencia desfavorables.

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Nuestro país necesita una estrategia industrial para expandir y hacer más competitivo este sector, pero también para que gane peso en un contexto global. Cabe señalar que España se encuentra estancada en una proporción del 16 % del PIB de la industria, mientras que el objetivo de la Unión Europea (UE) para 2020 era que supusiera el 20 % del PIB. Por eso, activaremos los recursos del Estado que sean necesarios para garantizar la continuidad y permanencia de aquellas empresas que sean una fuente crítica o fundamental de empleo en sus comarcas. Quienes reciban ayudas o subvenciones públicas firmarán un contrato de diez años de permanencia y la Administración tendrá la obligación de estudiar la viabilidad de las empresas que quieran marcharse con el objetivo de apoyar técnica y financieramente a sus trabajadores y trabajadoras en la adquisición de la empresa, si así lo deciden. En caso de que la situación de los trabajadores y la empresa haga imposible esta transición, el Estado podrá asumir la titularidad de las instalaciones para evitar la eliminación abrupta de los puestos de trabajo y con la perspectiva de que los trabajadores puedan acabar asumiendo la titularidad. En los casos más graves y cuando esté demostrada la falta de viabilidad de la empresa, el Estado garantizará que se recuperan dos puestos de trabajo por cada puesto desaparecido en la misma comarca, para lo que es imprescindible un vector de desarrollo industrial articulado desde la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que impulse el nuevo modelo industrial que proponemos. Estas medidas se implementarán de manera especial en las comarcas más vulnerables a la despoblación.

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El sector naviero, el sector metalúrgico y muchos otros han sido deliberadamente desmantelados en España siguiendo la máxima de aquel ministro socialista que dijo que «la mejor política industrial es no tener política industrial». Esto no solamente significa la pérdida de miles de empleos de calidad, sino también un suicidio económico como país. No permitiremos que esta deriva continúe y apostaremos por la implicación del Estado en una política industrial de futuro en colaboración con los sectores afectados y con dotación presupuestaria suficiente.

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Los puertos del Estado se orientarán hacia el interés general de la ciudadanía y del país. Estudiaremos fórmulas para revertir el control de empresas externas en servicios de estiba, astilleros e industria naval y se modificarán las normas de liberalización que conlleven una pérdida de soberanía y un expolio de las inversiones públicas. Los fondos buitre pretenden hacerse con los puertos españoles y con los astilleros, imponer la precariedad laboral en estado puro y recortar los sueldos para aumentar los beneficios. Frente a esto, impulsaremos planes de reindustrialización de los puertos del Estado y de los astilleros privados que se encuentren en situación de quiebra o de grave crisis financiera, mediante la intervención directa de las Administraciones correspondientes para impedir el fin de la actividad y asegurar el mantenimiento del empleo. El hecho de que el Estado pueda intervenir, adquiriendo acciones de los astilleros en liquidación o de la unidad productiva, es clave de cara a establecer un plan de viabilidad para estas empresas a medio y largo plazo.

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Creación de una Vicepresidencia de Transición Ecológica y Nuevo Modelo Industrial para dirigir y coordinar estas reformas con el resto de las Administraciones y agentes sociales.

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En la actualidad, nuestro sistema de educación infantil deja sin atender a más del 60 % de los niños y niñas de entre 0 y 3 años. Esto nos impide intervenir sobre la herencia de la pobreza que pasa de generación en generación y sobre la salida indeseada de muchas mujeres del mercado de trabajo para cuidar a sus familias. En la siguiente legislatura, y en coordinación con las demás Administraciones, configuraremos un sistema de educación infantil (de 0 a 3 años) que ofrezca una cobertura universal y gratuita a todas las criaturas al terminar los permisos parentales remunerados de sus progenitores y progenitoras. Con ello crearemos más de 100 000 puestos de trabajo directos, con enormes retornos además en cotizaciones y consumo.

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Consolidaremos un sistema universal, público y suficiente de cuidados de larga duración para las personas dependientes que garantice la autonomía funcional de estas personas sin que el peso recaiga en los cuidados informales de otros miembros de la familia, que son casi siempre mujeres. Este sistema nos permitirá aumentar el número de personas dependientes atendidas hasta llegar a los 1,6 millones y crear hasta 400 000 nuevos empleos a través de un plan de choque que eliminará las listas de espera y hará llegar de manera efectiva las prestaciones y los servicios a quienes tengan reconocida una situación de dependencia. En el marco de este plan, restauraremos también el derecho de los cuidadores y las cuidadoras no profesionales a cotizar a la Seguridad Social y a recibir prestaciones como la de desempleo, revisaremos el actual sistema de incompatibilidades y eliminaremos el copago, que hace que muchas familias con pocos recursos tengan que renunciar a algunos servicios de atención a la dependencia.

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En España se trabajan más horas que en otros países de nuestro entorno, al tiempo que las mujeres dedican a los cuidados más del doble de su tiempo que los hombres y muchas tienen empleos con menos horas de las que desearían. Para paliar estas desigualdades, implementaremos una jornada de 7 horas de lunes a jueves y de 6 horas los viernes sin reducción de salario; protegeremos el tiempo de desconexión del trabajo; permitiremos flexibilizar los horarios y aprovechar las posibilidades del teletrabajo; estableceremos planes de respiro familiar para personas que cuidan y se protegerá a estas personas profesionales con la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su entrada de pleno derecho en el Régimen General de la Seguridad Social, lo que implicaría igualar en derechos.

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Ampliaremos el sistema de permisos para que, en caso de nacimiento de un hijo o de una hija, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, estos sean iguales, intransferibles y remunerados al 100 % de la base reguladora para cada progenitor o progenitora, independientemente de su sexo y tipo de familia. Con estas características, propondremos la equiparación inmediata a 16 semanas para ambos progenitores o progenitoras y un aumento de 2 semanas al año hasta alcanzar las 24 semanas (medio año) para cada progenitor o progenitora.

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Acabar con la brecha salarial a través de una ley de igualdad retributiva que analizará las remuneraciones y considerará discriminación una brecha de más del 20 % en las retribuciones de las empresas, de manera que deberán justificarlas ante los tribunales. Las grandes empresas tendrán que realizar auditorías salariales y enfrentarse a sanciones en caso de negativa.

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Proteger a las familias monoparentales y monomarentales con su equiparación a las familias numerosas, la adopción de una definición que les otorgue seguridad jurídica, el incremento de las prestaciones por cuidado de sus niños y niñas, y la prioridad de acceso a los servicios y prestaciones, como la educación de 0 a 3 años durante su implantación universal o las becas.

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Crear una Vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados para dirigir y coordinar estas reformas con el resto de las Administraciones y agentes sociales.

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Con un mercado eléctrico dominado por un oligopolio privado, no es creíble que podamos acometer los objetivos planteados en el horizonte verde. Para conseguirlo, es necesario configurar un nuevo marco institucional y productivo bajo un control democrático. En el caso de la empresa pública eléctrica, esta será, junto con la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Nuevo Modelo Industrial y el Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE), un agente esencial a la hora de emprender esta transformación. Así, esta empresa desempeñará un rol activo en la instalación de energías renovables, empujará hacia la transformación del mercado eléctrico y hará posible que cumplamos los objetivos fijados. Dada la importancia de estos fines, también se ocupará de implementar una factura de la luz más baja y de garantizar que nadie sufra pobreza energética. Al mismo tiempo, trabajará de forma coordinada con las empresas públicas municipales que se han creado o que se puedan crear para la comercialización y la gestión de su propia energía.

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Crear un Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE) con el fin de asumir las principales inversiones para la transformación productiva que vamos a emprender, no solo en cuanto a la expansión de las energías renovables, del coche eléctrico y de otras industrias verdes, sino en lo que respecta a la digitalización de nuestra industria o al impulso a las inversiones en I+D+i. Para su creación, partiremos de instituciones ya existentes (ICO, CDTI, ENISA), que aportarán una amplia infraestructura y un importante conocimiento de la gestión de los riesgos financieros, y colaboraremos con las comunidades autónomas. Particularmente, el CDTI mantendrá su perímetro institucional dentro del BITTE para garantizar su rol clave en el desarrollo de la estrategia de I+D+i e innovación empresarial. Dado que uno de los obstáculos para la transición económica es la persistencia de la corrupción en España, se impedirá que las empresas condenadas por delitos de corrupción participen en estos programas y, en su caso, deberán devolver las subvenciones recibidas.

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Impedir la inminente privatización de Bankia, después de que los españoles y las españolas nos hayamos gastado 60 000 millones de euros en el rescate bancario. A través del rescate bancario —debido al cual se ha concentrado el 70 % del mercado en cinco entidades—, los ciudadanos y ciudadanas adquirimos Bankia. Al menos, debemos aprovechar ahora este recurso para introducir competencia en el sector, asegurar que tengan acceso al crédito los elementos más productivos y dinámicos de nuestro sistema —como son las autónomas y los autónomos, las pymes y las empresas de la economía social—, introducir parámetros de justicia en el mercado de las hipotecas y atender las funciones sociales de la banca que otras entidades descuidan, como cajeros en la España vaciada o inversiones en vivienda social. Con carácter inmediato, se elegirá por tres quintos del Congreso una nueva presidencia de Bankia que sí sea capaz de entender el rol que debe desempeñar la banca pública en la mejora del país.

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Liderar sectores como la producción de vehículos eléctricos, energías renovables, inteligencia artificial, fármacos y biotecnologías. Gracias a esta inversión, las ayudas directas (que se ejecutarán al 100 %) superarán ampliamente los créditos financieros, que se limitarán a aquellos cuya ejecución sea muy probable, y garantizaremos que las subvenciones a empresas se dediquen realmente a I+D+i y no a actividades ya consolidadas. Todo ello ayudará a estimular la inversión privada, uno de los principales lastres de nuestro sistema científico.

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Mantendremos y reforzaremos el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, para que el impulso de la actividad científica por parte de los poderes públicos sea más eficaz.

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Reforzaremos la Agencia Estatal de Investigación, dotándola de una gran capacidad de inversión a través del citado Banco de Inversión (BITTE) y de una gran unidad dedicada a la transferencia, que nos permitirá aplicar los avances teóricos de frontera a la mejora de nuestra industria y aportar nuevos conocimientos al sector privado y a los sectores más innovadores de nuestra ciudadanía en un contexto de transparencia total. La política de transferencia del conocimiento debe ser una prioridad de la estrategia de I+D+i. Completaremos esta nueva institucionalidad para la innovación con la creación de una red de comités estratégicos sectoriales para que el sector público sea un actor con capacidad para asumir riesgos, pero también para obtener beneficios y orientar la I+D+i hacia la creación de empleo de calidad y de valor social. Esta Agencia Estatal de Investigación será independiente y homologable a la institución europea (ERC), se financiará de manera suficiente y a través de presupuestos plurianuales que permitan establecer un calendario fijo de convocatorias y promoverá procedimientos que minimicen las trabas burocráticas para el ejercicio de la actividad científica. Al mismo tiempo garantizaremos que cualquier reforma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas redunde en un mantenimiento de su autonomía, una ampliación de sus recursos y un fortalecimiento de los derechos de todo su personal.

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Se desarrollará un plan de choque para situarnos, en una legislatura, al nivel de la Unión Europea en la proporción de personas dedicadas a la investigación, con un aumento neto de 5000 investigadores e investigadoras cada año. Este plan se implementará junto con las comunidades autónomas y los entes locales.

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Un nuevo Estatuto del Personal Investigador establecerá unos criterios claros y objetivos para acceder a cada nueva fase, de manera que hasta un 75 % de las personas que inician una carrera científica puedan dedicarse de manera estable a la ciencia o a la educación superior. Protegeremos las posiciones posdoctorales, facilitando la movilidad de científicos y científicas entre la academia y la empresa; la estabilización del personal precario de los centros de investigación; el desarrollo de una carrera profesional técnica y de administración y servicios, así como de una carrera de investigación hospitalaria; y reconoceremos a los investigadores y las investigadoras en formación los derechos reconocidos al conjunto de trabajadores y trabajadoras. Esta carrera se nutrirá también de investigadores e investigadoras que abandonaron la carrera académica y de personal docente e investigador a tiempo completo que sustituya la actual proliferación de figuras docentes con bajos salarios, como asociados y asociadas. Para todo ello es urgente recuperar el personal científico que los gobiernos han expulsado desde la crisis de 2008, estableciendo tasas de reposición que incorporen más gente de la que abandona el servicio público.

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Programa de Retorno de Investigadores e Investigadoras en el Extranjero y de Atracción de Talento, con una oferta de un contrato de cuatro años de duración al final del cual será posible la estabilización mediante criterios objetivos y predeterminados.

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Desde un enfoque feminista, si bien las mujeres ya son mayoría en la educación superior, solo una de cada cinco ocupa cargos de dirección y cátedras en Universidades públicas. Por eso, se investigarán las causas concretas de esta brecha de género y se pondrá en marcha un Plan Estratégico de Vocaciones Científicas y Tecnológicas para revertir la desigualdad de base que hace que hoy solo un cuarto de las estudiantes de Ingeniería y Arquitectura sean mujeres. Se introducirá también el criterio de paridad entre los criterios de evaluación académica y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) creará el sello «Mujer y ciencia» para certificar los centros con probada trayectoria en la igualdad de oportunidades, considerando la presencia de mujeres en los puestos directivos y en los grupos de investigación, la ausencia de precariedad en su situación y la implementación de políticas de conciliación y de lucha contra las violencias machistas.

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Habrá tres líneas de investigación principales en nuevos procesos industriales, de servicios y de mejora de la vida de las personas dependientes. Uno de los objetivos de de nuestra política económica debe ser que la introducción nuevas tecnologías, como la robotización y la inteligencia artificial, no suponga una reducción de la cantidad de empleos ni de los derechos laborales, sino una mejora de la competitividad cuyos efectos positivos se distribuyan en beneficio de las personas trabajadoras. Para ello, resulta vital que el sector público participe en la orientación de la revolución tecnológica, democratizándola, y que impida las deslocalizaciones, los cierres, las concentraciones excesivas o la destrucción de empleo que afectan a pymes, trabajadores y trabajadoras.

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Facilitar el acceso a la tecnología a las empresas, con planes específicos de financiación y asesoramiento para pymes (Plan Pyme 5.0), para la economía social (Plan Coopera 5.0) de muchos sectores, como la del ámbito agropecuario, y para start-ups (Plan Start-up 5.0), que atienda a los retos específicos en sus fases de maduración, financiación y conexión.

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Cada vez nos encontramos más cerca de desarrollar sistemas de inteligencia artificial que no solo puedan interaccionar de manera fluida con los seres humanos, sino que permitan, también, sustituir sistemas rudimentarios de toma de decisiones en distintos procesos tecnológicos y productivos. En este sector, España tiene el talento suficiente para ser puntera. Por ello, destinaremos partidas significativas dentro del sistema de ciencia y tecnología a grupos de investigación en el sector público y privado que se dediquen a la investigación y la transferencia en la materia. La necesidad de una mayor presencia del sector público, para una orientación democrática de la investigación y la participación directa en estas tecnologías, se corresponde con el objetivo de que la nueva relevancia de la inteligencia artificial redunde en beneficio de todas las personas y no suponga un deterioro para nuestros derechos civiles o nuestros empleos.

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La conexión móvil y digital es hoy un derecho sin el que no se puede vivir de manera integrada. Sin embargo, el alto precio de las telecomunicaciones lastra los presupuestos familiares y la viabilidad de pymes y autónomos. Por eso, garantizaremos un acceso a internet de 30 Mbps para cualquier núcleo habitado a un precio asequible. La sociedad pública Red.es debe convertirse en un agente importante para garantizar el acceso a internet y a la telefonía móvil, e impulsar, también, las tecnologías comunitarias existentes. Incorporaremos un canon a las operadoras destinado a financiar la ampliación de la red, que permanecerá en vigor hasta alcanzar el objetivo del 100 % de cobertura. Por otra parte, garantizaremos el acceso a una conexión a internet de carácter básico e impulsaremos la competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones que baje esta factura al nivel de la media europea. Para ello, el 10 % del tráfico de las instalaciones actuales y de las nuevas se destinará a tarifas accesibles bajo la gestión de Red.es. El hecho de que, según el «Informe sobre el progreso digital en Europa», nuestra banda ancha sea la sexta más cara de la Unión Europea resulta un lastre para la competitividad de las pymes.

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Gran parte de las operaciones bancarias habituales requieren de una verificación centralizada por parte de lo que se denomina una «autoridad bancaria». La tecnología blockchain permite verificar de manera segura y descentralizada todo tipo de transacciones, de manera que su implementación desde la banca pública que proponemos reduciría el coste de las operaciones bancarias y, potencialmente, también las comisiones bancarias que ahora cobra la banca privada. Al permitir generar unos registros muy claros, imborrables y confirmables de todas las operaciones, esta tecnología también podría utilizarse en la contratación pública para mejorar la transparencia del proceso y prevenir la corrupción, ya que todas las ofertas y operaciones quedarían, así, registradas. En el marco de esta estrategia, se impulsará también un programa sandbox (de experimentación) para implementar la tecnología blockchain en diversos entornos y liderar su implementación en Europa.

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Garantizaremos un marco justo para la nueva economía con el fin de evitar que los buitres tomen la tecnología para llevarnos a un pasado sin derechos laborales en una economía uberizada. Para ello, incrementaremos la presencia del sector público en la I+D+ para aprovechar esta oportunidad hacia la formulación de alternativas tecnológicas y sociales, con una gobernanza más descentralizada, democrática y respetuosa con los derechos de las personas que trabajan. En particular, consideraremos que quienes dependan de esas plataformas son trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena; y, al mismo tiempo, crearemos unidades especiales para inspeccionar estos nuevos modelos de trabajo y, en especial, la utilización de falsos autónomos y el trabajo mediante horas extras sin cotizar. Asimismo, se creará una unidad dentro de la Agencia Tributaria especializada en controlar que estas empresas pagan en España los impuestos correspondientes a los beneficios que obtienen en nuestro país.

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La desigualdad de fuerzas entre, por un lado, los oligopolios y, por otro, las pymes y las personas consumidoras crece, lo cual lastra nuestra economía. En línea con la actual legislación estadounidense, desarrollaremos leyes que dotarán a la Administración de instrumentos efectivos y aumentaremos las multas en casos de cárteles y oligopolios. Además, reforzaremos la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estableciendo el nombramiento de sus miembros por parte del Congreso y dotándola de los recursos necesarios para evitar que su poder esté muy por debajo del que tienen los oligopolios que debe controlar.

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A la hora de relacionarse con el oligopolio eléctrico, bancario o de telecomunicaciones, pymes y autónomos y autónomas están tan desprotegidos como cualquier persona consumidora. Por eso, reconoceremos esta situación y adaptaremos el derecho de consumo a las pymes, incluyendo plazos máximos de pago por parte de las grandes empresas para que dejen de utilizar a pymes y a los trabajadores autónomos como medios para financiarse y la exención de tener que pagar el IVA por las facturas que aún no hayan cobrado.

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La cultura es un sector precario, con un alto porcentaje de falsos autónomos y con problemas muy serios de inestabilidad en el empleo y de acceso a prestaciones tan básicas como la de jubilación. Por eso es tan importante reconocer este trabajo, para igualar al alza derechos con el resto de trabajadores y trabajadoras y proteger las bases de nuestra creación. Para ello, mejoraremos el reconocimiento de las enfermedades profesionales y su protección, los periodos de creación y formación, así como la transición profesional al final de las carreras artísticas. Actualizaremos los epígrafes del impuesto de actividades económicas y las protecciones por desempleo e impulsaremos protocolos frente a las violencias machistas.

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La producción cinematográfica en las lenguas propias de un país no solo es una de las industrias culturales más relevantes, sino uno de los espacios de diálogo y construcción de comunidad con más capacidad para mejorar una sociedad. Sin embargo, en cuanto a la presencia en las pantallas, la producción en nuestras lenguas parte con una gran desventaja con respecto a las grandes distribuidoras multinacionales, capaces de colocar una misma cinta durante semanas en una cantidad enorme de pantallas y apoyarla con una publicidad que suele superar el propio coste que supone hacer la película. Ante esta situación, países próximos como Francia han conseguido alentar una producción propia de calidad mediante el establecimiento de determinadas cuotas de pantalla para sus producciones. Nuestra propuesta es ampliar este enfoque a las distintas lenguas oficiales y propias del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, e incrementar las ayudas al sector.

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El videojuego es cultura. También es una industria con una gran capacidad de creación de empleo y de posibilidades expresivas que requiere un reconocimiento sin prejuicios en las políticas culturales. Por ello, fomentaremos el talento del sector y de los ecosistemas de pymes existentes con programas de ayuda a la creación de videojuegos y cultura digital para que las empresas españolas puedan competir en igualdad de oportunidades ante las grandes transnacionales del videojuego. Adoptaremos medidas para proteger a las personas que trabajan en el sector, impulsando una mayor presencia de mujeres y vigilando, en particular, que las fórmulas de subcontratación no sean fraudulentas ni supongan una merma de derechos, que las horas extras se pagan y que se protegen riesgos asociados a la intermitencia o la movilidad, como sucede con otras y otros trabajadores de la cultura. También articularemos un plan de formación superior y continua para el sector, con especial atención a las dimensiones de desarrollo de software, monetización, diseño y arte, y marketing.

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Aunque el diseño es un sector importante tanto cultural como económicamente, no recibe un tratamiento adecuado por parte de los poderes públicos. Crearemos, para ello, una entidad de carácter público que mapee y pueda proponer políticas eficaces para la visibilidad y viabilidad del sector, al tiempo que promueve un Museo del Diseño. Estableceremos también un epígrafe específico en el impuesto sobre actividades económicas para quienes trabajan en este ámbito y medidas específicas para contrarrestar la precariedad que se ha instalado en el sector. Para fortalecerlo, es imprescindible también que la formación en diseño cuente con recursos públicos suficientes que impidan el predominio casi en exclusiva de la formación privada.

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Devolveremos al Poder Judicial la competencia exclusiva de decidir qué páginas web y servicios de la sociedad de la información infringen
la normativa sobre propiedad intelectual, así como sus consecuencias. Al mismo tiempo, es necesario iniciar un diálogo social para reformar la propiedad intelectual actualizándola a los nuevos hábitos culturales, posibilidades tecnológicas y necesidades de sostenibilidad del sector. Hay que proteger a los autores y autoras, a los intérpretes y al resto de titulares de derechos y, al mismo tiempo, fomentar la flexibilidad en los modelos de difusión de la cultura, la autonomía de los creadores y creadoras, y la necesidad de hacer posibles nuevos usos legales y gratuitos de obras protegidas en el ámbito de la enseñanza, la investigación y la creación. Debe ampliarse el reconocimiento como autores y autoras de periodistas, directores y directoras de escena y diseñadoras y diseñadores escénicos y audiovisuales, entre otras
figuras, así como derogarse el artículo 71 de la Ley de Propiedad Intelectual, que obliga a los autores y las autoras musicales a ceder el 50 % de sus derechos a perpetuidad al editor musical. En cuanto a la gestión de los derechos, se establecerán unas posibilidades de creación más abiertas y se garantizará una gestión responsable, transparente y democrática de las sociedades de derechos de autor, como la SGAE, para alejar toda sospecha de corrupción, con tarifas justas y un funcionamiento que facilite el acceso a la cultura.

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La Administración Pública es la mayor contratante de productos y servicios de España, por lo que, si orienta esa política hacia objetivos sociales, puede iniciar una verdadera revolución a la hora de generar riqueza con justicia, con buenas condiciones laborales, con respeto a las normas ambientales y a la igualdad de género, al tiempo que pueden dirigirse a fortalecer la economía local. Solo hay que pensar en el cambio que podría darse si los centros escolares, los centros de trabajo públicos y los hospitales orientaran sus servicios de comedor hacia este modelo.

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Crear una Vicepresidencia de Digitalización y Nueva Economía para dirigir y coordinar estas reformas junto con el resto de Administraciones y agentes sociales.

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En junio de 2017, el Banco de España declaró que daba por perdidos 60 613 millones de euros del rescate bancario a las cajas y los bancos españoles otorgado por la Unión Europea. El montante que no se recupera es casi el 80 % de las ayudas públicas directas invertidas, es decir, dinero de todas y de todos. Este dinero se puede recuperar en una década mediante la implementación de un impuesto a las transacciones financieras, una reforma del impuesto sobre sociedades respecto a la tributación de las grandes corporaciones y un impuesto específico a la banca. Recuperar todo el dinero del rescate equivaldría, por ejemplo, a construir 20 000 escuelas infantiles que nos permitirían cuidar a todos los niños y niñas menores de 3 años, pagar la pensión de 500 000 personas jubiladas durante 10 años o levantar 375 000 viviendas públicas para acabar con la crisis habitacional que padece el país.

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La deuda pública ha superado por primera vez el 100 % del PIB. Esto tiene que ver con la deuda contraída para hacer frente al rescate bancario durante el Gobierno de Rajoy y con una arquitectura europea desigual en la que es necesario que el conjunto de la Unión asuma las consecuencias de dicha desigualdad y la ataje. Implementaremos la reestructuración a través de una modificación en los plazos de vencimiento de las deudas europeas en circulación, mediante un canje de bonos que facilite que los viejos títulos sean sustituidos por nuevos títulos que se mantengan a perpetuidad. El Banco Central Europeo (BCE) sería la institución que adquiriría, al valor nominal, los viejos títulos y los canjearía por otros nuevos al 0 % de interés y con el objetivo de mantenerlos a perpetuidad en su balance. El BCE reestructuraría las deudas públicas de las economías de la zona euro que excedan del 60 % del PIB.

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Sin justicia económica no habrá ni paz ni democracia. Por ello, trabajaremos por la aprobación de un marco jurídico internacional para los procesos de reestructuración de deudas soberanas. Impulsaremos la prohibición internacional de los productos financieros altamente especulativos, de forma que se superen los Acuerdos de Basilea III. Promoveremos la lucha contra los paraísos fiscales, proponiendo la creación de una Agencia Fiscal Internacional y de un impuesto global sobre la riqueza, así como la transparencia y la democratización en la adopción de nuevos tratados internacionales, especialmente, de tratados comerciales como el TTIP y el CETA. Estos deberán ser siempre sometidos a control parlamentario y, en su caso, a referéndum vinculante.

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Impulsaremos una reforma del Código Penal para introducir el delito relacionado con el enriquecimiento ilícito de cargos políticos que, sin intervenir directamente en los delitos de corrupción, sí hayan obtenido un beneficio de estos, así como un tipo agravado de prevaricación administrativa en las contrataciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y fraudes a la Administración cuando se cometan a través de partidos políticos. Este plan incluirá también una ampliación de las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinadas a la lucha contra la corrupción y los delitos económicos, como el blanqueo de capitales. El plan estará coordinado por un organismo independiente del poder político, integrado por perfiles técnicos de la Administración y actores relevantes de la sociedad civil en esta materia, para prevenir la corrupción, asesorar al Poder Judicial y asegurar medios seguros de denuncia y protección a quien se comprometa en la lucha contra la corrupción. Se prestará asesoramiento técnico y formación actualizada a los agentes especializados en la prevención y persecución de la corrupción y al conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sector público; y, asimismo, se ofrecerá protección real a quienes denuncien, pues casi siempre se enfrentan en solitario a la maquinaria de la corrupción con graves consecuencias, al tiempo que se habilitarán formas seguras y veraces de denuncia para proteger la identidad de las personas que denuncien.

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Una economía moderna necesita actualizar la forma de dirigir sus empresas. Por una parte, apoyaremos las empresas de la economía social, en las que quien aporta su trabajo y su creatividad en el día a día también dirige la empresa. Por otra, impulsaremos la participación de los trabajadores en la dirección y en el accionariado de las empresas, como ya ocurre en Alemania y en Francia, para que nuestra economía aproveche ese talento y las decisiones estratégicas de las empresas sean mejores.

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Es obvia la necesidad de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores adaptado a la realidad laboral, tecnológica y ecológica de 2019, pero el primer paso de este proceso es la derogación de unas reformas laborales que han impedido que la gente recuperara los niveles de bienestar previos a la crisis y que fueron escritas al dictado de la troika y con el beneplácito de la CEOE y el Círculo de Empresarios. Esta derogación haría efectivas muchas de las medidas que se proponen en este apartado.

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De esta manera, dejaremos un único tipo de contrato temporal, eliminando las demás figuras, y solo podrá realizarse por causas productivas absolutamente imprevistas (no campañas ni estaciones) y organizativas estrictas, como sustituciones por bajas (interinidad).

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En caso de poderse celebrar un contrato temporal conforme a la nueva ley, este tendrá una duración de entre 1 mes y 6 meses, después de los cuales se pasará automáticamente a uno fijo. Para evitar que se produzca la trampa de despedir antes de ese término para evitar que el trabajador o la trabajadora pase a ser fijo o fija, cuando se concatenen contratos más allá de ese límite de seis meses, aunque sea con varias personas, la última contratada de manera temporal se considerará indefinida.

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En primer lugar, si se despide a un trabajador o a una trabajadora con un contrato temporal fraudulento conforme a estas reglas, ese despido será nulo y se deberá readmitir al trabajador o a la trabajadora con un contrato indefinido. Con esta medida, evitaremos que los infractores o las infractoras opten por despedir a sus trabajadores y trabajadoras temporales antes de que sus contratos se conviertan en indefinidos. En segundo lugar, penalizaremos a las empresas que hagan un uso excesivo de la contratación temporal con una cuota empresarial a la Seguridad Social más alta e implementaremos programas específicos de inspección en sectores que se encuentren en una especial situación de precariedad, como ocurre con muchos de los empleos feminizados.

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Un 40 % de los contratos indefinidos se extinguen antes de un año. No basta con llamarlos «indefinidos», hay que hacerlos estables y, para eso, proponemos distintas medidas, que se resumen en la derogación del conjunto de las dos reformas laborales, de Zapatero y de Rajoy, que precarizaron el contrato fijo facilitando las distintas modalidades de despido y abaratando su coste. En particular, estableceremos una regulación clara y adecuada a la coyuntura de qué circunstancias económicas justifican el despido objetivo.

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Limitaremos la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, de manera que los servicios propios de la empresa queden excluidos. Es decir, un hotel no puede subcontratar la limpieza de las habitaciones y una empresa que presta servicios masivos no puede subcontratar su servicio de atención al cliente. Cuando la subcontratación esté justificada, sus trabajadoras y trabajadores tendrán las mismas condiciones que las de la empresa matriz.

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Adoptaremos una serie de protecciones de estos trabajadores y de estas trabajadoras —la mayoría, mujeres—, que aproxime este tipo de contrato a una forma moderna de combinar el trabajo con la vida, como sucede en muchos Estados de nuestro entorno. En particular, exigiremos definir el horario en el contrato, con una distribución regular, de manera que los trajajadores y las trabajadoras puedan organizar su vida. Además, y según la regulación actual, las horas realizadas más allá del contrato de trabajo no se consideran horas extras. Eliminaremos esto y haremos que todas aquellas se consideren horas extras y se paguen como tal. Respecto a este y otros supuestos laborales, es urgente reforzar el rol de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para hacer cumplir la ley.

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En España se hacen una enorme cantidad de horas extras, muchas de ellas impagadas y que, además, desequilibran cualquier organización corresponsable entre los tiempos de trabajo y de vida. Por eso, será obligatorio que las empresas registren las horas extras y que las paguen, de manera que los trabajadores y las trabajadoras puedan tener un acceso a estos datos y se garantice que se pagan.

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Para ello, garantizaremos que estén incluidas en los planes de estudio y que sean formativas, y que estén tuteladas profesionalmente y sean retribuidas al menos conforme al SMI según el número de horas cotizadas y con jornadas máximas de cinco horas.

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Se conocen cada vez más casos, como los que aparecen en las recientes sentencias contra Deliveroo, en los que grandes empresas tienen bajo su dirección a trabajadores y trabajadoras que, sin embargo, tienen que pagarse sus cuotas. Se estima que son ya 225 000 personas las obligadas a trabajar para una empresa, pero pagándose sus cuotas. Como esto perjudica a los derechos de esas personas y priva de unos 600 millones al año a la Seguridad Social de todos y de todas, hay que darle la vuelta a esta situación. Se presumirá que existe una relación laboral por cuenta ajena cuando la persona autónoma tenga una única vía de ingresos relevante. Al mismo tiempo, protegeremos a quien sufre el fraude —es decir, a la o el falso autónomo— y obligaremos a la empresa a incorporar a esa persona con un contrato indefinido y a abonar su afiliación a la Seguridad Social, así como otros derechos que hubiera generado si, desde el inicio de su relación laboral, hubiera estado contratada de manera legal. Además, iniciaremos una intensa campaña de inspecciones de Seguridad Social y de trabajo, organizada a partir de las denuncias recibidas, con un régimen sancionador a la altura del fraude.

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En el modelo actual, hay un desajuste entre los ingresos realmente obtenidos por las personas que trabajan como autónomas y sus cotizaciones sociales, que perjudica, sobre todo, a las más precarias. No hay que olvidar que la tasa de pobreza entre las personas que trabajan como autónomas triplica en España la de quienes trabajan por cuenta ajena. Por ello, es urgente atender la situación de estas personas, que deben cotizar solo por los rendimientos que realmente obtengan y no con la desproporción actual.

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Las grandes empresas del IBEX y cotizadas cobran inmediatamente, pero pagan a 90 días, e incluso más a veces, de manera que se financian gracias a unos trabajadores y trabajadoras autónomos y pymes a quienes trasladan todos los riesgos. Muchas de estas pymes y autónomos son, además, reticentes a reclamar, porque temen las represalias de esos grandes clientes de los que dependen. Por lo tanto, la prohibición se debe acompañar de un sistema automatizado de sanciones y reparaciones para hacerse efectiva sin que sea necesaria la reclamación específica. Asimismo, el sector público dará ejemplo de puntualidad, para lo que impulsaremos una ley que lo obligue a pagar a 30 días como máximo a pymes y autónomos en todas las Administraciones.

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Ampliaremos la condición de consumidoras y consumidores a las trabajadoras y los trabajadores autónomos y a las pymes cuando se relacionen con grandes empresas y entidades financieras para la contratación de préstamos o créditos hipotecarios. Se aplicará un nuevo procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas, que tendrá una fase de conciliación, en la que la persona deudora presentará una propuesta a las acreedoras. Esta propuesta podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones de deudas. En caso de que no haya acuerdo, será el juez o la jueza quien decida el plan de pagos. pagos. En el caso de deudoras y deudores hipotecarios, regirá lo señalado en el apartado de «Garantías de Justicia Social». Así evitaremos que las deudas sean, en la práctica, a perpetuidad.

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Al derogar estas dos reformas, se reestablecerá el poder de la negociación colectiva. Estableceremos la prevalencia de los convenios de sector, sean de ámbito provincial, autonómico o estatal, para establecer las condiciones mínimas de trabajo, de modo que se evite el empeoramiento de condiciones por medio de convenios de empresa. Como garantías añadidas, se revisarán las amplias posibilidades que tiene ahora la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y se establecerá que el mismo grupo empresarial, con sus empresas dependientes, tiene que ser una unidad de negociación. Asimismo, restableceremos la llamada «ultraactividad» de los convenios, es decir, su prórroga automática cuando no haya uno nuevo que lo sustituya. La situación actual, en la que se dejan de aplicar en la fecha en que terminan, desarticula cualquier posibilidad de negociación para alcanzar una mejora de las condiciones, ya que, al bloquear la situación, se retrocede a una situación peor para los trabajadores y las trabajadoras. Este fortalecimiento de la negociación colectiva tendrá un efecto de impulso, que potenciaremos, sobre la modernización y efectividad de la prevención de riesgos laborales.

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Gracias a la presión de nuestro grupo parlamentario, en 2019 se ha producido la mayor subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en décadas, hasta los 900 euros mensuales. A partir de aquí, el objetivo debe ser llegar inmediatamente a los 1000 euros y asegurar que esta cuantía se actualiza al nivel establecido en la Carta Social Europea en una legislatura: que el SMI sea, al menos, el 60 % del salario medio.

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Las reformas laborales también recortaron nuestros derechos en esta situación. Incrementaremos la prestación al 70 % de la base reguladora desde el primer día y hasta el final, sin recortes, y elevaremos las cuantías máximas y mínimas. No se perderán periodos acumulados para la prestación que no hayan sido consumidos, de manera que, para calcular la duración, se tendrán en cuenta todos los periodos cotizados y no consumidos, sin tener que optar por un periodo y perder el anterior. Estableceremos el derecho a no consumir la prestación mientras se está en situación de incapacidad temporal y reconoceremos esta protección a los empleados y las empleadas del hogar y a quienes reciban prestación para el cuidado de familiares al finalizarse esta.

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El periodo de cotización exigido para tener derecho a la prestación por desempleo se reducirá a la mitad para menores de 30 años, al mismo tiempo que la duración de la prestación subirá de un tercio del tiempo trabajado a la mitad.

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Garantizaremos la recuperación del poder adquisitivo y de los derechos hurtados en los últimos años en nombre de la austeridad, así como de los derechos laborales directamente relacionados con la conciliación de la vida familiar, como el régimen de permisos, las vacaciones y los derechos de jubilación. También revisaremos las pensiones del sector público que han visto mermadas sus bases de cotización.

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Por una parte, garantizaremos los derechos y las mejoras laborales de las camareras de piso (las kellys). Exigiremos que estén contratadas directamente por el establecimiento hotelero —ya que nuestra reforma de la subcontratación impide que una empresa pueda externalizar servicios que forman parte de su actividad principal, como es, en el caso de los hoteles, mantener limpias las habitaciones— y reconoceremos la posibilidad de jubilarse de manera anticipada sin penalización, debido a la dureza de su empleo. También impulsaremos, junto con las comunidades autónomas, un sello de calidad turística que, entre otros criterios, reconozca a los establecimientos turísticos que cuidan y protegen los derechos de sus empleados y empleadas. Por otra parte, garantizaremos los derechos de las empleadas del hogar con la ratificación del Convenio 189 de la OIT y su integración dentro del Régimen General de la Seguridad Social, con igualdad de derechos que cualquier otra persona que trabaja, como el de tener una prestación por desempleo o protecciones frente al despido. Asimismo, reconoceremos la posibilidad de completar periodos no cotizados (las llamadas «lagunas de cotización») para alcanzar el periodo mínimo que da acceso a una pensión contributiva, tal como tienen otras personas trabajadoras. También se reconocerá la posibilidad de jubilación anticipada sin penalización por las mismas razones de especial dureza de estos empleos. Se adoptarán medidas similares respecto a otros empleos feminizados y precarizados, como el de las aparadoras de calzado y otros.

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Implementaremos un Plan de Choque contra el Fracaso Escolar y el Abandono Escolar Prematuro y un Plan Estatal contra la Segregación Escolar, junto con las comunidades autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial. Ambos incluirán objetivos, indicadores, medidas y presupuesto suficiente para cumplir los objetivos de mejora del acceso a la educación postobligatoria y reducción de la concentración del alumnado desfavorecido en ciertos centros escolares.

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El Gobierno exigirá, para ello, el fin inmediato de las políticas de austeridad que han arrasado el tejido social de nuestras sociedades. Para ello, propondremos la relajación inmediata de los corsés fiscales impuestos por Bruselas; la adopción de planes comunitarios de inversión pública y social a través del Banco Europeo de Inversiones, para potenciar el horizonte verde y el nuevo modelo industrial; la colaboración europea para recuperar los fondos del rescate bancario; y una reestructuración coordinada de la deuda soberana de nuestros países. Rechazaremos todos los acuerdos de libre comercio de última generación que hacen vulnerables nuestros sectores productivos y estratégicos, y que vacían la capacidad democrática de nuestros pueblos para decidir soberanamente sobre nuestros recursos. Promoveremos la gratuidad de la educación pública universitaria en todo el territorio de la Unión Europea, la creación de un seguro europeo de desempleo y la garantía comunitaria de prestaciones que aseguren unos ingresos suficientes para el conjunto de la población. España ratificará, asimismo, la Carta Social Europea revisada (1996), incluyendo todos los protocolos adicionales, para hacerla exigible jurídicamente, y propondrá que la Unión Europea fije un suelo de gasto del 5 % de su presupuesto para políticas de promoción y defensa de la igualdad de género y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

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A PSOE y PP no les costó ni cinco minutos reformar la Constitución en 2011 para poner por delante los intereses de los bancos a los de nuestra ciudadanía. Hay que establecer con toda claridad en la norma constitucional que la prioridad de los presupuestos públicos es siempre el bienestar de la ciudadanía.

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Al tomarlo como una cuestión de Estado, activaremos un plan para revitalizar la estructura social y económica del mundo rural mediante el impulso de las infraestructuras regionales, la localización prioritaria de los proyectos productivos señalados en los tres horizontes y la previsión de líneas de financiación prioritarias para estos y otros sectores, como el sector agrario sostenible, la ganadería extensiva y la pesca artesanal y de bajo impacto. Modernizaremos las instalaciones hídricas, las infraestructuras de regadío y la viabilidad de las zonas forestales. Ofreceremos acceso prioritario a la tierra para la juventud, en coordinación con los bancos de tierras existentes, e implementaremos planes especiales de empleo en zonas que, fruto de la discriminación histórica, cuenten con una situación excepcional de baja tasa de empleo y especial afectación por el vaciamiento poblacional.

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Acceso a internet de banda ancha a 30 Mbps y a 3G para cualquier núcleo habitado a un precio asequible, al que contribuirán las grandes empresas del sector mediante un canon.

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La manera más eficaz de reducir la desigualdad es implementar medidas de discriminación positiva. En particular, le daremos la vuelta a la discriminación a través de un plan de choque para acelerar la equiparación de derechos y servicios, y para cerrar la brecha territorial. Cuando deban implementarse en distintas fases los principales avances del país —como la garantía de ingresos, la prestación por cuidado de niños y niñas o el Plan de Rehabilitación de Vivienda—, priorizaremos el mundo rural y descentralizaremos las inversiones, en particular, las del horizonte verde. Por otra parte, crearemos el marco para reducir a la mitad el IBI de las poblaciones con menos de 5000 habitantes, compensando a los municipios por el descenso en la recaudación, y crearemos un fondo para luchar contra la despoblación en las comarcas más vulnerables, con una dotación inicial de 500 millones anuales del Estado, que se complementará con el presupuesto europeo derivado del Programa Marco de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, que impulsaremos en la Unión Europea con un horizonte de 5 años.

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Implementaremos un Programa de Inversión en Digitalización de Correos para que, en combinación con otras empresas públicas, como Aena-ENAIRE y Adif-Renfe, sea un elemento clave de la logística en España, apostando por un sector de reparto público con un empleo digno y estable, y que dispute espacios de mercado a las grandes corporaciones de la precaria economía de plataforma.

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