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Programa de Podemos.
Las razones siguen intactas


Medio ambiente


Se garantizará por ley que, antes de que se pierda un empleo del sector de los combustibles fósiles, se crearán dos empleos con condiciones laborales idénticas o mejores en la misma comarca y que tendrán prioridad absoluta de acceso a ellos las personas afectadas. La transición energética que planteamos será justa o no será.

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Parte de estas nuevas instalaciones estarán promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido y una solución para reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el «hachazo a las renovables».

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Se garantizará que se hayan creado previamente dos empleos por cada uno que se pierda, como ya se ha mencionado. Teniendo en cuenta la inacción de los anteriores Gobiernos, estamos hablando de objetivos ambiciosos, pero a los que no debemos renunciar si hacemos una apuesta fuerte por la instalación de potencia en renovables.

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En momentos de crisis climática es imprescindible consolidar un sistema de incentivos eficaz para acelerar la transición ecológica de la economía. Estableceremos por lo tanto un tipo agravado en el impuesto de sociedades para desincentivar las actividades contaminantes y aumentar la contribución de las empresas con más responsabilidad en la transición ecológica.

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Esto permite complementar la producción eléctrica cuando otras tecnologías renovables tengan valles, proteger la salud ecológica de nuestros ríos y garantizar el riego, el control de las crecidas y el suministro de agua potable sin que interfieran intereses económicos espurios, así como compensar a los territorios que soportan las centrales y sufren las consecuencias de la desigualdad territorial de nuestro país. La empresa pública de energía asumirá la explotación de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan caducando.

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La compraventa de derechos concesionales es la manera moderna de convertir un derecho humano como el agua en un producto financiero. Por eso impediremos por ley el tráfico con este bien común, vinculado a las grandes obras del agua que solo benefician a las grandes constructoras y a los fondos de inversión.

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Esto incluiría la reversión y paralización de las privatizaciones del suministro, el riego, el saneamiento y la depuración de aguas y haría inviables escándalos como los del caso Lezo o Acuamed.

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El viejo modelo franquista de pantanos y obras faraónicas que han hundido y obligado a abandonar tantos pueblos se sustituirá de forma definitiva por una nueva cultura del agua, con un gobierno eficiente y moderno del agua a partir de la gestión de su demanda, que resulta la única estrategia eficaz para mitigar episodios extremos y cada vez más frecuentes, como sequías y crecidas, al tiempo que sirve para construir un sector agropecuario puntero.

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Haremos efectiva la prohibición de construir en cauces y zonas inundables, y elaboraremos un plan especial de protección de las familias que viven en cauces y zonas inundables, al tiempo que recuperaremos el bosque de ribera originario reduciendo el riesgo de las riadas. También modificaremos la Ley de Costas para ponerla al día ante la amenaza real para nuestro litoral que supone el cambio climático, con el objetivo de aumentar su protección, y evitar que continúe destrucción de los sistemas costeros.

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Incluirá el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo. Se dará prioridad a los hogares y barrios más vulnerables y a edificios situados en zonas menos pobladas, conforme a las garantías de justicia social y territorial. A consecuencia de estas intervenciones, las familias podrán llegar a reducir en un 50 % su consumo de energía y ahorrar un promedio de 400 euros anuales. Al mismo tiempo, se crearán miles de empleos en un sector tan castigado como es el de la construcción. Las empresas también se beneficiarán de este plan de rehabilitación a través de una línea de subvenciones para la adopción de tecnologías más eficientes.

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Esta transición se llevará a cabo colaborando desde el Estado con los fabricantes para que puedan adaptar sus cadenas de montaje en España a la producción de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles y sin que el cambio del parque móvil suponga ningún coste añadido para la economía de las familias. La industria automotriz española es estratégica y, si no apoyamos y activamos su reconversión adelantándonos a otros países, corremos el riesgo de afrontar cierres a medio plazo.

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Esto permitirá, por un lado, aprovechar mejor las renovables y compensar valles puntuales en la generación mediante un mejor almacenamiento de la energía y, por otro lado, mejorar la autonomía de los coches eléctricos y crear una importante industria auxiliar en nuestro país que dé apoyo a su fabricación.

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Motores, tecnología del hidrógeno, redes inteligentes, innovaciones sociales para favorecer la movilidad, etcétera.

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Se establecerán zonas prioritarias de instalación, se crearán redes más eficientes y se priorizará su carácter público, todo ello dentro de un marco normativo que favorezca la gestión pública de las redes de distribución eléctrica y bajo la acción de la empresa pública de energía.

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Se impulsarán planes plurianuales que, en función del vehículo, cubrirán como mínimo entre el 15 % y el 20 % del precio de adquisición, así como una reforma de la fiscalidad que favorezca la introducción de los modelos más adecuados (por ejemplo, aquellos con un peso y un consumo reducidos de materiales asociados a la fabricación) y que tenga en cuenta factores como la renta del comprador, al tiempo que se garantice que esta progresiva sustitución de los combustibles fósiles no va a correr a cargo de las personas usuarias. Además, la Administración Pública dará ejemplo acelerando la sustitución de su propio parque móvil de vehículos.

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Disponer de un transporte ferroviario de calidad no solamente cohesiona nuestro país y facilita la movilidad de las personas, sino que, además, ayuda a reducir las emisiones. Es necesario incrementar la frecuencia de los servicios existentes de corta y media distancia (metro, cercanías/ rodalíes, regionales) y crear el servicio allí donde no exista con el objetivo de atender la demanda de transporte de tren de, al menos, todos los municipios de más de 20 000 habitantes en 2030. En el mismo año, se alcanzará el 100% de kilómetros electrificados y un sistema libre de consumo directo de combustibles fósiles. Los territorios con mayores deficiencias serán absolutamente prioritarios en este plan y garantizaremos la gestión y administración pública de las infraestructuras ferroviarias estratégica públicas, sin permitir la privatización y la consiguiente precarización de sus trabajadores y trabajadoras.

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En coordinación con las diferentes Administraciones competentes, se llevarán a cabo los estudios, las actuaciones y las inversiones necesarias para maximizar la utilización del transporte público o bajo en emisiones. Se potenciará el uso de vehículos eléctricos, bicicletas o soluciones públicas de transporte colectivo. Se mejorarán la frecuencia y las rutas de los servicios de movilidad pública, como el autobús, el tranvía o el metro, y se implementarán medidas para ajustar el precio de los diferentes servicios al nivel de renta de las personas usuarias.

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Acceso gratuito a transportes colectivos de ámbitos urbano y metropolitano, comarcal, entre islas y provincial para menores de 26 años. Acceso universal al precio máximo de 1 euro por trayecto, sin perjuicio de planes especiales para el mundo rural, donde podrá tener un coste menor o incluso ser gratuito. Se tratará siempre de una medida vinculada a un aumento de la calidad y frecuencia de estos transportes, conforme a nuevos planes de movilidad sostenible que impulsen el transporte colectivo.

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El objetivo es crear empleo en industrias con un impacto positivo sobre el entorno y actividades de gestión de la contaminación, los recursos y la biodiversidad, con prioridad en las zonas con más problemas de empleo. Con esta estrategia y la aprobación de una ley de economía circular conseguiremos el objetivo de «residuos cero» mediante la prohibición de los plásticos de un solo uso y el establecimiento de objetivos ambiciosos de reutilización y reciclaje introduciendo sistemas de devolución y retorno. Con ello ganaremos también soberanía productiva al sustituir elementos importados por propios durante todo el ciclo de producción.

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La estructura que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más. El término fijo, que pagas aunque no consumas nada, no será superior al 25 % de la factura y, respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros kWh (que son imprescindibles para llevar una vida digna) tendrán un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche. A esto se sumarán protecciones frente a la pobreza energética.

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Hay que dotar de financiación suficiente los mecanismos y operativos de extinción de incendios, pero es muy importante garantizar una financiación adecuada de los métodos de prevención durante el invierno, ya que es cuando se evitan de manera efectiva los incendios. Una parte de la financiación para la lucha contra incendios y el mantenimiento de las masas forestales y bienes naturales se destinará a la financiación municipal de los pueblos que contribuyen directamente a esta tarea. Al mismo tiempo, las personas que arriesgan su vida para luchar contra los incendios a lo largo del año no pueden estar sometidas a condiciones de precariedad y bajos salarios, sino que deben sentir una mejora clara en su reconocimiento profesional, salarios, condiciones laborales, estabilidad y condiciones de seguridad en que enfrentan los incendios.

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Extender el modelo de éxito de Madrid Central a otras ciudades con problemas de contaminación, en colaboración con las Administraciones competentes y apoyando un modelo de calidad y asequible del transporte público, la bicicleta y nuevas formas de movilidad, así como las medidas necesarias para evitar cualquier discriminación por razones económicas en los derechos a la movilidad. También es necesario poner en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente que aborde los crecientes impactos sobre la salud de los cambios ambientales consecuencia de la crisis ecológica, como la contaminación urbana y la persistencia bioacumulativa de sustancias tóxicas.

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España está viviendo una pérdida irreparable en la calidad de sus suelos que nos hace todavía más vulnerables a otros fenómenos extremos, como sequías y crecidas, y que pone en riesgo la sostenibilidad de muchas comunidades. Es urgente implementar un Plan de Restauración Hidrológico-Forestal, por ejemplo, con la recuperación y replantación de una masa forestal adecuada a cada ecosistema.

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Conforme a lo establecido en el Acuerdo de París sobre el clima, firmado y ratificado por España, y debido a las consecuencias irreversibles de esta práctica de extracción mediante fractura hidráulica (fracking), no se autorizarán más licencias para ejercer tal método en el territorio español y se trabajará para eliminar las licencias existentes.

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Promoveremos el compromiso que ya han mostrado las nuevas generaciones en la lucha contra el cambio climático con la intensificación de la formación sobre estas materias en los currículos y la mejora de los comedores escolares hacia una alimentación de calidad, de cercanía y prestada con respeto de los derechos laborales.

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España tiene cerca de 800 000 explotaciones agrarias y ganaderas, la mayoría de ellas familiares, que contribuyen con su actividad a la vertebración del territorio rural, al mantenimiento de los ecosistemas y paisajes, a la generación de importantes bienes inmateriales y a la producción del 70 % de los alimentos frescos que consumimos. El objetivo de la PAC no puede ser mantener un sistema de derechos históricos, sino apoyar a quienes de verdad desempeñan la actividad: los productores y las productoras, y hacerlo de manera proporcionada a sus necesidades económicas, con menos complejidad burocrática y con mayor transparencia en los mecanismos de gestión y aplicación de los fondos. La PAC será una lanzadera para la transición ecológica y el futuro del medio rural e impulsará la ganadería extensiva y sectores con gran aporte social y ambiental, como los frutos secos o el olivar tradicional, así como otros nuevos, como el azafrán. También reforzará las protecciones especiales para la agricultura insular y de montaña y para garantizar un futuro viable al pastoralismo, que genera productos de alta calidad, potencia y conserva la biodiversidad y ayuda a prevenir incendios y a luchar contra el cambio climático, por ejemplo, recuperando vías pecuarias e implementando una estrategia adecuada de sanidad animal no gravosa para las pequeñas explotaciones. Una nueva PAC necesita destinar al menos el 10 % de los fondos a establecer medidas eficaces que corrijan los desequilibrios del mercado, introduciendo ayudas directas a la incorporación de mujeres y complementarias para las que continúan la actividad, constituyendo un apoyo eficaz para la dedicación de la juventud y reforzando las ayudas y el asesoramiento a jóvenes para que tomen el relevo en las explotaciones.

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Es importante reconocer la alimentación como un derecho fundamental y mejorar la situación de productores y productoras. Su futuro se juega en los mercados y en los precios ruinosos que cobran por sus productos, toda vez que se tratan como pura mercancía en el contexto de los acuerdos internacionales. De ahí surge la necesidad de reformar la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, para introducir por ley la obligación de un precio sostén (precio mínimo) que cubra los costes de producción y que esté fijado de manera objetiva por el organismo de control, en este caso la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), como ocurre en Francia. Esta reforma establecerá de nuevo una regulación adecuada de la venta a pérdidas; perseguirá la llamada «venta a resultas», en la que la producción se entrega sin conocer el precio y solo se cobra al venderse finalmente; regulará la figura del mediador de la cadena alimentaria; fortalecerá el rol de los agricultores y las agricultoras y sus organizaciones en las intervenciones sobre el mercado; y fomentará, de manera eficaz, los productos de temporada y proximidad.

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Es necesario un cambio en la aplicación de la Política Pesquera Común que la haga realmente transparente y participada por todos los sectores afectados. Eso impediría situaciones como las actuales, en las que existe un reparto inequitativo conforme a criterios económicos y ambientales de las posibilidades de capturas entre las distintas artes, flotas y territorios, así como una enorme posibilidad de tráfico y especulación con los derechos de pesca. El cambio aseguraría unos ingresos dignos y unos márgenes razonables a las y los productores. Para ello, es importante avanzar cuanto antes en una transición ordenada, basada en la I+D+i y la diversificación, que defina con claridad y proteja la pesca artesanal y un modelo de acuicultura crecientemente orientado hacia la sostenibilidad, el modelo multitrófico integrado y la acuicultura en extensivo. Se incrementará también el esfuerzo investigador para tener información clara sobre stocks pesqueros, la evolución de las especies y el estado de los ecosistemas, la incidencia de la contaminación y los microplásticos, que nos permita implementar medidas eficaces también en ríos, rías y estuarios para asegurar el futuro de nuestro sector y nuestro territorio.

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Elaboraremos un Plan de Emergencia para detener la pérdida de biodiversidad, que identifique las causas subyacentes y actúe sobre ellas, y que incluya la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la participación de las CC. AA. y unos objetivos claros, medibles y suficientemente ambiciosos para dar prioridad a este objetivo. El plan contará con la financiación suficiente para desarrollar las estrategias nacionales de conservación, incluidas las de recuperación de especies amenazadas y la cofinanciación de las medidas del Marco de Acción Prioritaria para la Financiación de la Red Natura 2000. Asimismo, se implementará una Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras para reducir su impacto y prevenir la entrada de nuevas especies.

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Es necesario dedicar más esfuerzos presupuestarios y regulativos a mejorar la protección de los parques nacionales, evitando cualquier proceso especulativo que pueda afectar a la fragilidad de estos ecosistemas. Asimismo, se hará efectiva la ampliación de la Red de Parques Nacionales a sistemas naturales no representados o insuficientemente representados.

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Creación de una Vicepresidencia de Transición Ecológica y Nuevo Modelo Industrial para dirigir y coordinar estas reformas con el resto de las Administraciones y agentes sociales.

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Con un mercado eléctrico dominado por un oligopolio privado, no es creíble que podamos acometer los objetivos planteados en el horizonte verde. Para conseguirlo, es necesario configurar un nuevo marco institucional y productivo bajo un control democrático. En el caso de la empresa pública eléctrica, esta será, junto con la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Nuevo Modelo Industrial y el Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE), un agente esencial a la hora de emprender esta transformación. Así, esta empresa desempeñará un rol activo en la instalación de energías renovables, empujará hacia la transformación del mercado eléctrico y hará posible que cumplamos los objetivos fijados. Dada la importancia de estos fines, también se ocupará de implementar una factura de la luz más baja y de garantizar que nadie sufra pobreza energética. Al mismo tiempo, trabajará de forma coordinada con las empresas públicas municipales que se han creado o que se puedan crear para la comercialización y la gestión de su propia energía.

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Crear un Banco de Inversión para la Transición Tecnológica y Económica (BITTE) con el fin de asumir las principales inversiones para la transformación productiva que vamos a emprender, no solo en cuanto a la expansión de las energías renovables, del coche eléctrico y de otras industrias verdes, sino en lo que respecta a la digitalización de nuestra industria o al impulso a las inversiones en I+D+i. Para su creación, partiremos de instituciones ya existentes (ICO, CDTI, ENISA), que aportarán una amplia infraestructura y un importante conocimiento de la gestión de los riesgos financieros, y colaboraremos con las comunidades autónomas. Particularmente, el CDTI mantendrá su perímetro institucional dentro del BITTE para garantizar su rol clave en el desarrollo de la estrategia de I+D+i e innovación empresarial. Dado que uno de los obstáculos para la transición económica es la persistencia de la corrupción en España, se impedirá que las empresas condenadas por delitos de corrupción participen en estos programas y, en su caso, deberán devolver las subvenciones recibidas.

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La Administración Pública es la mayor contratante de productos y servicios de España, por lo que, si orienta esa política hacia objetivos sociales, puede iniciar una verdadera revolución a la hora de generar riqueza con justicia, con buenas condiciones laborales, con respeto a las normas ambientales y a la igualdad de género, al tiempo que pueden dirigirse a fortalecer la economía local. Solo hay que pensar en el cambio que podría darse si los centros escolares, los centros de trabajo públicos y los hospitales orientaran sus servicios de comedor hacia este modelo.

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Junto con las comunidades autónomas, crearemos un sello de reconocimiento de la calidad turística para los establecimientos que respeten los derechos laborales y cuiden su entorno. Esta red de establecimientos, que se promocionará por diversos canales y se incluirá en una plataforma digital pública de servicios turísticos con sello de calidad, será la primera línea de visibilización de una red de turismo sostenible, de calidad y que apueste por la modernización, la desestacionalización y la descentralización de este sector.

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Fortaleceremos la cooperación europea y un desplazamiento progresivo del espacio atlántico (OTAN) al europeo (PCSD), evitando duplicidades y mejorando tanto las sinergias entre Estados miembros como la eficacia en conjunto. Apoyaremos la abolición de las armas nucleares y de los sistemas de armamento letal autónomo (es decir, carentes de control humano significativo en fases críticas de su uso) e impulsaremos una educación para la paz como un aspecto transversal de la acción gubernamental.

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Frente a la crisis del multilateralismo, nuestro país debe liderar la apuesta por la democracia internacional. Para ello, promoveremos la democratización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con la creación de una Asamblea Parlamentaria en la ONU, elegida democráticamente, para abordar temas claves como la violencia estructural contra las mujeres, el cambio climático, los desequilibrios del comercio internacional, la lucha contra los paraísos fiscales o las migraciones. Esta asamblea impulsará planes de choque para asegurar la paridad en todos los niveles de las organizaciones internacionales; trabajará para garantizar la neutralidad de la red como derecho democrático global; liderará los trabajos para crear una agencia internacional de lucha contra la desinformación que garantice la protección de las libertades fundamentales, y reforzará la justicia climática global. Asimismo, recuperaremos la jurisdicción universal en su forma previa a las vergonzosas reformas del PSOE en 2009 y del PP en 2014, lo que situará de nuevo a España a la vanguardia de la lucha contra el incumplimiento de los derechos humanos en el mundo.

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En las últimas décadas hemos construido en España aeropuertos sin aviones, autopistas sin conductores, paradas de AVE en pueblos de menos de mil habitante. En definitiva, se ha despilfarrado mucho dinero mientras otras zonas del país, como Extremadura, Soria o Teruel, se han dejado abandonadas. No puede ser que se sigan cometiendo estos errores. Por eso, es necesario incorporar la fase de evaluación a todas las políticas públicas, al servicio de los intereses generales. Al mismo tiempo, incorporaremos los saberes científicos a la elaboración de las normas jurídicas.

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Con esta norma, estableceremos los criterios básicos para la coordinación de la actuación de los servicios en todo el Estado y los derechos laborales de este personal, homologando las escalas, categorías y distintivos comunes en las comunidades autónomas y garantizando que la categoría profesional de bombero o bombera sea, como mínimo, C1 en todo el Estado, de conformidad con lo que establece el Estatuto Básico del Empleado Público.

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Esta norma establecerá obligaciones para las Administraciones competentes en relación con la elaboración de planes generales, territoriales, especiales y de autoprotección. También establecerá los derechos laborales del sector mediante la creación del Estatuto Básico de Bomberas y Bomberos Forestales, que reconozca las funciones propias de estos servicios en el medio natural y rural, y los aspectos de salud y prevención de riesgos laborales, así como las categorías profesionales y sus especificaciones de formación.

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Otorgaremos al cambio climático la importancia que merece entre los contenidos educativos, respondiendo al reto que las generaciones más jóvenes han lanzado en esta lucha por el planeta. Para ello, se aumentará la formación sobre estas materias en los currículos y se mejorarán los comedores escolares hacia una alimentación de calidad, de cercanía y prestada con respeto de los derechos laborales.

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El Gobierno exigirá, para ello, el fin inmediato de las políticas de austeridad que han arrasado el tejido social de nuestras sociedades. Para ello, propondremos la relajación inmediata de los corsés fiscales impuestos por Bruselas; la adopción de planes comunitarios de inversión pública y social a través del Banco Europeo de Inversiones, para potenciar el horizonte verde y el nuevo modelo industrial; la colaboración europea para recuperar los fondos del rescate bancario; y una reestructuración coordinada de la deuda soberana de nuestros países. Rechazaremos todos los acuerdos de libre comercio de última generación que hacen vulnerables nuestros sectores productivos y estratégicos, y que vacían la capacidad democrática de nuestros pueblos para decidir soberanamente sobre nuestros recursos. Promoveremos la gratuidad de la educación pública universitaria en todo el territorio de la Unión Europea, la creación de un seguro europeo de desempleo y la garantía comunitaria de prestaciones que aseguren unos ingresos suficientes para el conjunto de la población. España ratificará, asimismo, la Carta Social Europea revisada (1996), incluyendo todos los protocolos adicionales, para hacerla exigible jurídicamente, y propondrá que la Unión Europea fije un suelo de gasto del 5 % de su presupuesto para políticas de promoción y defensa de la igualdad de género y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

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Los problemas a los que se refiere la Agenda 2030 y los ODS son demasiado serios y afectan de manera demasiado directa a la vida de las personas como para dejarlos en palabras bonitas y colores en los avatares de Twitter de representantes públicos y partidos políticos. Para implementar la Agenda 2030 y los ODS, estableceremos un plan de desarrollo sostenible con marcos de acción concretos, en el que se incorporen mecanismos de seguimiento, evaluación y auditoría social para su correcto cumplimiento. Este plan incluirá un mecanismo específico de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD), con el fin de evitar los impactos negativos que cualquier política pública pudiera tener en la contribución de España a los ODS.

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A través de esta norma, articularemos una protección efectiva frente a las vulneraciones de los derechos humanos que incluya, al menos, mecanismos para el acceso a la Justicia española y la reparación de las víctimas y de las comunidades afectadas, la obligación de incorporar las normas de reconocimiento y garantía de los derechos humanos a cualquier tratado comercial o acuerdo de protección de inversiones que suscriba nuestro país, y el establecimiento de la responsabilidad de las grandes corporaciones y de su personal directivo en su jurisdicción nacional, desde la perspectiva civil, administrativa y, en su caso, penal.

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En momentos de crisis climática es imprescindible consolidar un sistema de incentivos eficaz para acelerar la transición ecológica de la economía. Estableceremos, por lo tanto, un tipo agravado en el impuesto sobre sociedades para desincentivar las actividades contaminantes y aumentar la contribución de las empresas con más responsabilidad en la transición ecológica.

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Tal como planteamos en nuestra Ley de Lucha contra el Cambio Climático y de Transición Energética, bajaremos el impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos; y reformaremos el IRPF para establecer desgravaciones por el uso de abonos de transporte público y por la adquisición de electricidad 100 % renovable.

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Al tomarlo como una cuestión de Estado, activaremos un plan para revitalizar la estructura social y económica del mundo rural mediante el impulso de las infraestructuras regionales, la localización prioritaria de los proyectos productivos señalados en los tres horizontes y la previsión de líneas de financiación prioritarias para estos y otros sectores, como el sector agrario sostenible, la ganadería extensiva y la pesca artesanal y de bajo impacto. Modernizaremos las instalaciones hídricas, las infraestructuras de regadío y la viabilidad de las zonas forestales. Ofreceremos acceso prioritario a la tierra para la juventud, en coordinación con los bancos de tierras existentes, e implementaremos planes especiales de empleo en zonas que, fruto de la discriminación histórica, cuenten con una situación excepcional de baja tasa de empleo y especial afectación por el vaciamiento poblacional.

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Por ejemplo, una parte de la financiación para la lucha contra incendios y para el mantenimiento de las masas forestales y los bienes naturales se destinará directamente a la financiación municipal de los pueblos que contribuyen directamente a esta tarea.

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De nuevo, es necesario introducir criterios de discriminación positiva para reducir la desigualdad existente en materia de infraestructuras. Priorizaremos la construcción de nuevas infraestructuras y la mejora de las existentes, así como el mantenimiento para los territorios que han sufrido una historia de aislamiento y malas conexiones.

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Hacer del tren el sistema prioritario en la vertebración del territorio, con inversiones estratégicas para extender un sistema de transporte público a precio asequible y de bajas emisiones, que no deje fuera a ninguna parte del país. Para ello, es imprescindible suspender el levantamiento de vías en la España vaciada, y poner en marcha planes y medidas para recuperarlas y actualizarlas, de manera que sirvan para vertebrar los territorios e interconectarlos con los corredores principales.

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El objetivo es que, en el año 2030, la demanda de transporte ferroviario de todos los municipios con más de 20 000 habitantes esté atendida.

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Aprovechamiento de estas nuevas y mejores líneas para alcanzar un verdadero efecto de red a través del impulso de los ejes transversales ferroviarios (Atlántico, Cantábrico-Mediterráneo, Mediterráneo, Andaluz y de La Plata) y de la mejora de las conexiones ferroviarias internacionales con Francia y Portugal.

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