Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro

Agricultura, ganadería, pesca y alimentación


La actual política comercial de la UE daña la agricultura familiar, el tejido productivo y comercial local y a las pymes. Por eso, se impulsará la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), además de un modelo productivo y comercial justo, sostenible, que garantice la igualdad.

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Nuestro sector agropecuario y nuestro sector pesquero serán prioritarios en caso de salida del Reino Unido de la UE. Dado el volumen de intercambios, se impulsará un acuerdo que elimine los aranceles mutuos para que nuestras productoras y nuestros productores agropecuarios y pesqueros puedan seguir vendiendo sus productos en el Reino Unido. Se revisarán los acuerdos comerciales previos, que contaban con 60 millones de consumidores británicos de productos alimenticios, en beneficio de nuestro sector agrícola y ganadero.

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Se revisará la Estrategia de Biodiversidad y se la dotará de un presupuesto suficiente que ataje aquellas actividades humanas que perjudiquen a las especies y los ecosistemas europeos con el fin de frenar el proceso de extinción de especies para pasar a fomentar la recuperación neta de biodiversidad endémica y la restauración de los ecosistemas mediante planes de corrección y compensación específicos a escala europea.

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Se diseñarán a escala europea, con la dotación suficiente para su implementación en los Estados, planes específicos de financiación y asesoramiento para la incorporación de tecnología en las pymes y en la economía social, con peso en sectores como el agropecuario, y para start-ups, con especial atención a los retos que afrontan en sus periodos más difíciles de maduración, financiación y conexión.

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Para defender nuestro sector agropecuario, necesitamos una PAC fuerte y descartar de manera urgente el recorte en las ayudas directas y en desarrollo rural de la PAC que debe aprobarse en 2020.

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En esta distribución, (1) las ayudas deben dirigirse al objetivo de garantizar una renta agraria digna y estar condicionadas a la actividad productiva, sin exclusión de sectores; (2) deben eliminarse los derechos históricos, que están en el origen del reparto injusto entre productores y territorios; (3) han de ganar peso las pequeñas y medianas explotaciones; (4) tiene que establecerse un límite máximo en el cobro de ayudas por explotación para hacer más eficiente este reparto; (5) deben establecerse ayudas complementarias que favorezcan la incorporación de mujeres y jóvenes; (6) deben mantenerse ayudas acopladas para sectores estratégicos, como la ganadería extensiva; (7) debe reforzarse la condicionalidad de las ayudas al cumplimiento de las obligaciones ambientales y los derechos laborales, y (8) el conjunto de la PAC debe beneficiarse de una simplificación normativa y burocrática.

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Se reforzarán las medidas de regulación de los mercados agrarios y las herramientas de estabilización de precios e ingresos para los momentos de crisis, a lo que se destinará, al menos, el 10 % del presupuesto de la PAC. Se incorporará la venta a pérdidas en la lista de prácticas comerciales desleales en la Directiva sobre Cadena Alimentaria introduciendo la obligación de un precio sostén (precio mínimo) que cubra los costes de producción. También se perseguirá la llamada «venta a resultas», en la que la producción se entrega sin conocer el precio y solo se cobra al venderse finalmente. Europa exigirá que los acuerdos comerciales incorporen una evaluación de su impacto sobre el sector primario y cláusulas de reciprocidad en materia sanitaria, medioambiental y social. Por su importancia en un enfoque de derechos, la UE establecerá las excepciones necesarias para el sector agrario respecto a los principios generales de la competencia.

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Se incluyen medidas como (1) la mejora del POSEI (Programa de Opciones específicas de Alejamiento e Insularidad) para Canarias; (2) un Régimen Especial de Insularidad para Baleares a partir de un reglamento específico, y (3) una Estrategia Europea de Territorios de Montaña establecida en un reglamento comunitario que permita coordinar las actuaciones y los fondos disponibles en el marco de la política de desarrollo rural.

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Se propondrá una Directiva Marco sobre Suelos y Tierra para impulsar medidas de acceso democrático a la tierra, en especial para los y las jóvenes, que permita enfrentar los procesos de acaparamiento y concentración que existen en el continente, que controle la especulación sobre la tierra agraria y que sea un instrumento que garantice la protección de los suelos fértiles y la lucha contra el cambio climático.

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Se impulsará una nueva evaluación de la distribución del esfuerzo pesquero que implique un reparto justo de las cuotas de pesca según criterios científicos independientes y transparentes y conforme al criterio general de un reparto lineal por caladeros, barcos, tripulantes y tipo de arte. Este nuevo reparto deberá asegurar unos márgenes razonables y suficientes de ingresos dignos a los productores y productoras, así como un acceso al reparto en condiciones de equidad y sostenibilidad social y económica. Para ello, es necesario que la UE adopte una definición de pesca artesanal que permita articular medidas de fomento de la economía de las comunidades costeras. También se promocionará la incorporación de mujeres en las distintas modalidades del sector.

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Se establecerán los medios económicos necesarios para transitar desde una acuicultura intensiva hacia una más sostenible, orientada al modelo multitrófico integrado y la acuicultura en extensivo.

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Se crearán las figuras jurídicas necesarias para desarrollar la cogestión de las pesquerías incluyendo a todos los actores interesados, como pescadores y pescadoras, empresas, mariscadoras, ONG, la comunidad científica, la Administración, etcétera. Esto permitirá hacer efectiva esta pesca sostenible y aplicar correctamente una política pesquera realmente común.

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Sean de carácter bilateral o multilateral, la adopción de este tipo de acuerdos pondrá fin a prácticas social y medioambientalmente dudosas que se cobijan bajo su paraguas para realizarse en aguas internacionales.

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Se establecerán medidas eficaces frente a la contaminación, en especial la que sufre nuestro sector marisquero, muy sensible a los vertidos y a la falta de depuración de aguas en nuestras rías y nuestros estuarios y litorales. Para ello, también se incrementará el esfuerzo investigador, que permitirá disponer de información clara sobre la incidencia de la contaminación, los microplásticos y el cambio climático en los stocks pesqueros, la evolución de las especies y el estado de los ecosistemas, de manera que sea posible implementar medidas eficaces para asegurar el futuro de nuestro sector y nuestro territorio.

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Se garantizará la efectividad del derecho humano al agua y al saneamiento de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por España y la UE. Esto implicará la revisión de la llamada Directiva Bolkestein, que permite la liberalización y privatización de los servicios en el mercado interno, frente a la que se impulsará una gestión pública del agua por parte de las diferentes Administraciones. Se trata de un bien clave para la garantía de los derechos humanos que no puede estar sujeto solo a las reglas del mercado.

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Conforme a los objetivos y criterios de la Directiva Marco del Agua, que en ningún caso pueden ser rebajados y que deberán fortalecerse con instrumentos jurídicos complementarios, se impulsará una planificación hidrológica basada en estrategias de ahorro y eficiencia en el uso, de gestión de la demanda y de recuperación de costes, así como de protección del conjunto de las aguas continentales, las de transición, las costeras y las subterráneas. Esto exige un mayor control de la UE sobre los Planes Hidrológicos de Cuenca y sobre las Infraestructuras y Planes de Modernización del Regadío que se planifican desde los Estados y se financian, en gran parte, con los Fondos Estructurales Europeos, de manera que se interrumpan políticas y proyectos que solo beneficien a las grandes constructoras y a los fondos de inversión.

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En este contexto, es imprescindible establecer tales estrategias en materia de planificación y gestión de aguas, así como en el resto de las políticas sectoriales, conforme al principio de precaución, lo que implica contemplar el caso más desfavorable para asegurar estrategias prudentes. Junto con las anteriores medidas y una aplicación rigurosa de la Directiva de Gestión del Riesgo de Inundaciones no solo se pretende mitigar episodios extremos y cada vez más frecuentes relacionados con el cambio climático, como sequías e inundaciones, sino también construir un sector agropecuario puntero en el mundo.

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España necesita disponer de caudales suplementarios para atender los picos de demanda de la agricultura mediterránea y otros sectores. Por ello, es fundamental aprobar una Directiva sobre Recirculación y Reutilización de Aguas Depuradas que facilite este recurso.

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La UE seguirá cofinanciando con cargo a los Fondos Estructurales y al Fondo de Cohesión las instalaciones de saneamiento para núcleos rurales y territorios con población dispersa, como ocurre en buena parte de las comarcas de interior en todo el país y en comunidades costeras como Galicia, Asturias y Cantabria.

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Establecimiento de un reglamento que reoriente la política alimentaria de la UE hacia la efectividad de este derecho.

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Para ello, es imprescindible contar con una Agencia Europea de Seguridad Alimentaria más fuerte, sometida al control democrático e independiente respecto a las presiones de la industria alimentaria, química y farmacéutica.

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Es necesario abandonar el modelo de donación de alimentos para familias en situación de vulnerabilidad, en la medida en que limita su dieta y la hace depender de los productos donados. En cambio, el Fondo de Ayuda Europea para personas desfavorecidas debe vincularse a una dieta saludable, cercana y de calidad que permita, además, impulsar experiencias de producción local, ajenas a las grandes industrias alimentarias que se benefician del sistema actual.

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Se harán efectivos los objetivos en materia de lucha contra el desperdicio alimentario, aprobados en el informe de 2016, con el objetivo de reducir al 50 % el desperdicio alimentario en 2025.

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La UE establecerá obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional por cada 100 gramos de producto, así como una fiscalidad alimentaria que incluya un IVA más alto para alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares, y más bajo para alimentos frescos y saludables. También promoverá una regulación de la publicidad de la comida basura que la restrinja en horario infantil y persiga la que sea engañosa.

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