Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro

Racismo, xenofobia y antigitanismo


Se promoverá una directiva con medidas integrales para la erradicación del discurso y los delitos de odio de carácter misógino, antigitano, antisemita, islamófobo, xenófobo, afrófobo o LGTBIfobo, en todas sus formas de expresión y en todas las esferas, desde una perspectiva interseccional. Esta directiva incorporará medidas para que la erradicación de tales discriminaciones esté incluida en los marcos de políticas públicas dirigidos al reconocimiento, acceso y disfrute de los derechos humanos desde una óptica integral.

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Se impulsará el establecimiento de procedimientos de infracción contra los Estados que infrinjan, no incorporen a su derecho o no apliquen el marco político y legislativo europeo relacionado con la igualdad de trato o que vulneren los derechos fundamentales. También se establecerá un sistema de vigilancia desde un organismo independiente para investigar estas vulneraciones.

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Se promoverá la creación en los Estados de unidades policiales especializadas en la prevención e investigación de delitos de odio. También se establecerán medidas para asegurar que ningún trabajador o trabajadora de las Administraciones Públicas participe en discursos y delitos de odio o tenga conductas contrarias a los principios democráticos y que, en caso contrario, tales conductas se investiguen.

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La UE instará a los Estados a luchar contra las organizaciones que propaguen discursos de odio y violencia y a prohibir los grupos neofascistas, neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo o el fascismo.

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En el caso de los llamados «menores extranjeros no acompañados» (MENA), su condición de niños, niñas y adolescentes prevalecerá siempre sobre su estatus migratorio. Como medida de garantía de sus derechos, quedarán expresamente prohibidas las repatriaciones en contra de su voluntad, tanto entre países de la UE como en terceros países. Asimismo, impulsaremos la armonización de los procedimientos en los países miembros de la UE a fin de garantizar la autorización de residencia y trabajo a la mayoría de edad de estas personas.

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Se reformará con urgencia el Sistema Europeo Común de Asilo y se creará un Sistema Común de Migraciones. Ambos serán efectivos y estarán basados en los derechos humanos y los valores fundamentales de la UE. Urge, asimismo, modificar el Reglamento de Dublín: derogar el principio de primer país de entrada y establecer que el análisis de la solicitud de asilo sea responsabilidad del Estado de preferencia de la persona solicitante. También se incrementarán de manera drástica las plazas de reasentamiento y se prestará especial atención a las solicitudes de asilo presentadas por motivos de orientación sexual o identidad de género, trata o cualquier otro motivo relacionado con el género (violencia, matrimonios forzados, mutilación genital, etcétera), sin que medien prejuicios o estereotipos.

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La UE dedicará medidas y recursos a erradicar la discriminación a la que se enfrentan las mujeres y niñas por razón de su género, origen étnico racial, nivel socioeconómico, situación administrativa y lugar de procedencia, entre otras. Impulsará la creación de un fondo para la implementación de una Estrategia Europea de Aplicación del Convenio de Estambul en Migración y Asilo, con un enfoque interseccional de derechos y de género.

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Se establecerán vías legales y seguras de acceso a Europa a través de un programa efectivo de reasentamientos, abrirá la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de los Estados europeos en terceros países; hará posible, también, la concesión de visados humanitarios, y facilitará la reagrupación familiar tanto ad intra como ad extra.

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La UE evaluará el trabajo realizado por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y reformulará sus funciones a fin de priorizar las de búsqueda y salvamento de personas migrantes en el mar. Complementariamente, se promoverá la creación de servicios de salvamento estatales en los países miembros, exportando así el modelo del Servicio de Salvamento Marítimo español. En tanto se implementa este modelo público civil de salvaguarda de la vida en el mar, se garantizará el trabajo de las ONG de rescate y salvamento en el Mediterráneo Central y cesará la criminalización de su actividad.

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Se exigirá, en las fronteras de la UE, la retirada de elementos lesivos que pongan en peligro la integridad física o la vida de las personas migrantes, y se prohibirán expresamente tanto en las fronteras terrestres como marítimas, en plataformas de desembarco o similares. También se prohibirá cualquier tipo de «devolución en caliente» o exprés ilegal, ya sea por ser colectivas (sin expediente individualizado), por el incumplimiento del principio de no devolución o por no haber tenido lugar una atención e identificación adecuadas de los posibles perfiles de vulnerabilidad de cada persona.

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Se impulsará el cierre de todos los centros de internamiento y detención para personas migrantes o refugiadas en territorio europeo. Se velará, asimismo, por que los campos de refugiados reúnan las condiciones mínimas para que en ellos se pueda tener una vida digna y se respeten los derechos humanos.

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Se instará al Consejo, a la Comisión y a los Estados a que se abstengan de concluir acuerdos sobre migración con terceros países que no respeten los derechos humanos, así como a que suspendan los ya existentes por no ser conformes a las propias normas europeas.

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La UE hará que los Estados implementen y supervisen el cumplimiento de la Directiva relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, poniendo especial atención a que se las considere sujetos de derecho, se garanticen vías migratorias legales y seguras, así como a la identificación, protección y reparación de todas las mujeres y niñas víctimas de trata. También se incidirá en la prohibición de deportación o encierro de víctimas en los CIE y en que estas queden exentas de responsabilidad penal en caso de encontrarse en situación administrativa irregular. Las medidas para combatir la trata deben diseñarse y aplicarse conforme a los principios enunciados e incluir sanciones para los Estados que las incumplan.

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La UE reconocerá las migraciones ambientales como el fenómeno referido a las personas o comunidades obligadas a huir de su residencia por cuestiones relacionadas con el medio ambiente, ya sea como consecuencia de los efectos del cambio climático, de la degradación ambiental o del expolio de los recursos por parte de grandes corporaciones. La UE impulsará la creación de un régimen internacional que proteja a las personas y comunidades por la violación de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

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Conforme al principio de vinculación de los derechos al lugar de residencia, y no a la nacionalidad, esta tarjeta de residencia europea eliminará las trabas burocráticas con las que se encuentran las personas migrantes residentes en el territorio europeo y permitirá un cambio del estatus migratorio más ágil.

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Lo ocurrido en el paso fronterizo de El Tarajal, en Ceuta, en 2014, marcó un antes y un después en la política migratoria europea y, por ello, es necesario poner el foco en la justicia y en la reparación para las víctimas y sus familias como símbolo de las miles de víctimas en el tránsito hacia Europa. Por lo tanto, se establecerá esta fecha para avanzar en la reparación de daños a las miles de víctimas de los procesos migratorios en el tránsito hacia Europa y cumplir en 2020 el objetivo de cero muertes en el Mediterráneo.

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