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Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro


Paz y seguridad


Lucrarse con los ataques a la vida y a los derechos humanos no es compatible con la identidad europea. Por eso, se prohibirá el comercio de armas con países donde puedan utilizarse para la represión interna, las agresiones externas o las violaciones de derechos humanos. También se contará con medios suficientes para garantizar la prohibición del comercio de personas (esclavitud) y órganos, de residuos peligrosos o de especies en peligro de extinción. Para alcanzar el horizonte verde, se reducirá también el comercio de combustibles fósiles.

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Se promoverá el liderazgo de la UE en la lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente en foros internacionales, la voz única en los foros globales en ciertos pilares básicos, el voto de los Estados miembros en política exterior por mayoría cualificada y la democratización del Consejo de Seguridad de la ONU. Se apostará por un mandato de defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la protección de civiles, las dinámicas de diálogo y el liderazgo local en la gestión de crisis. Para ello, se impulsará la creación de una asamblea parlamentaria en la ONU, elegida democráticamente, para abordar los temas claves para el futuro de la humanidad.

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Se fortalecerán los programas de defensores y defensoras de derechos humanos, medioambientalistas y sindicalistas a través de una mayor dotación presupuestaria, la ampliación de sus competencias y la consolidación de su estructura para incrementar su eficacia y dar seguridad efectiva a todas las personas defensoras de derechos humanos de los países socios de la UE que puedan verse amenazadas.

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Se superará el modelo fallido de competencia y sanciones comerciales en la vecindad oriental y con Rusia, y se apostará por mecanismos de cooperación y diálogo para la resolución de conflictos y la promoción de los derechos humanos y el desarrollo social y económico común. Para ello, se propondrá una conferencia para la distensión en la vecindad oriental europea con la participación de todos los actores de la región. Se propondrá una relación igualitaria, de mutuo beneficio, con los países del Magreb, se reforzarán las relaciones diplomáticas y la cooperación en investigación, cultura y educación, y se favorecerán las relaciones orientadas hacia un desarrollo democrático común de toda el área mediterránea. Se facilitará de forma gradual una relación privilegiada con los Balcanes y Turquía, siempre con respeto a los derechos humanos, las libertades civiles, el Estado de derecho y la justicia, sin políticas de externalización de fronteras, y se apoyará la resolución de disputas en la zona con pleno respeto a los derechos democráticos, políticos y culturales de las poblaciones kurdas.

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Se promoverá un partenariado entre la UE y América Latina por la justicia fiscal, contra el fraude y el lavado de dinero, que fortalecerá los mecanismos de lucha contra la evasión fiscal y el control transparente de la gestión de los recursos naturales. Se apoyará el regionalismo latinoamericano, clave para un futuro con crecimiento efectivo y sostenible, y se favorecerán políticas conjuntas para intercambios en educación, investigación, ciencia y economía social y solidaria. Se desarrollará una iniciativa estratégica para África cuyo eje sea la defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la transición energética y el bienestar de las sociedades, con mecanismos de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de promoción de la cooperación educativa, cultural, científica y técnica. Se impulsarán intercambios económicos entre pymes, así como el apoyo decidido a los procesos democráticos y el empoderamiento de la sociedad civil, en especial de las mujeres. En Asia, se promoverá un nuevo modelo de relaciones comerciales justas y respetuosas con los derechos humanos, laborales y medioambientales. Desde ese marco, se involucrará activamente a la UE a través del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en el marco de la iniciativa One Belt, One Road, de China, siempre con estricto cumplimiento de estándares laborales y medioambientales.

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Se apoyará con acciones concretas el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, con la base jurídica de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre recursos naturales, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para una solución justa y pacífica mediante referéndum y los procesos de diálogo impulsados por el enviado especial. Se promoverá el establecimiento de relaciones diplomáticas de alto nivel con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y la ampliación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), para que adquiera competencias en la protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población saharaui.

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Se promoverá el reconocimiento por parte de las instituciones europeas del Estado de Palestina de manera inmediata, unilateral e incondicional, y se exigirá el fin de la ocupación, el bloqueo y el apartheid que sufren sus poblaciones. Se decretará un embargo militar a Israel por las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en la Franja de Gaza y se impulsará una investigación internacional ante la posible comisión de crímenes de guerra por el asesinato de manifestantes pacíficos. Se promoverán también normativas que prohíban de manera efectiva la importación de productos, bienes y servicios producidos o procedentes de los asentamientos ilegales, según el derecho internacional y la ONU. Además, la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) contará con una financiación fija y suficiente.

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Se promoverá que la UE adopte un papel activo en la resolución pacífica y dialogada de los conflictos más importantes del mundo actual. Se impulsará el apoyo político y financiero a los procesos de paz a partir de una mediación constructiva y una resolución pacífica y democrática de los conflictos en Oriente Medio, África y América Latina, priorizando para ello los mecanismos de justicia transicional y la defensa del derecho a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas, en especial, las de violencia sexual.

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Se recuperará el perfil europeo de valores pacíficos y democráticos a través del organismo del Alto Representante y a la creación del Comisariado de Cultura para la Paz y la Democracia. Se garantizará el apoyo político a la participación de las mujeres en los procesos de paz, a la paridad en el seno de la UE y en los puestos de toma de decisiones, a la formación en materia de igualdad de género, y mujeres, paz y seguridad para el personal de mantenimiento de la paz, así como una colaboración más amplia con la sociedad civil y en la lucha contra la violencia sexual en conflictos.

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Se fortalecerán la cooperación europea y el desplazamiento progresivo del espacio atlántico (OTAN) al europeo (PCSD), evitando duplicidades y mejorando tanto las sinergias y la racionalización de capacidades entre Estados como la eficacia en conjunto. Se apoyará la abolición de las armas nucleares promoviendo la adhesión y firma del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN) y de los sistemas de armamento letal autónomo ―es decir, carentes de control humano significativo en fases críticas de su uso― y se impulsará la educación para la paz como un aspecto transversal de la acción gubernamental. En el proceso gradual de conformación del Ejército europeo, defenderemos que este tenga una orientación defensiva, que disponga de mecanismos de legitimación democrática parlamentaria desde el inicio, y que su participación en la promoción de la paz y la prevención de crímenes contra la humanidad esté basada en el derecho internacional y en la aprobación parlamentaria.

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En las misiones bajo la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), se impulsará la mejora de las condiciones, derechos y obligaciones comunes, con independencia del origen nacional de los soldados, con iguales reglas de enfrentamiento (ROE), indemnizaciones por salida al extranjero, duración del despliegue, políticas de permisos y periodos de descanso y garantías jurídicas, entre otros aspectos.

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Se potenciará el rol del Parlamento Europeo en la toma de decisiones del envío de misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD). Se promoverán consultas ciudadanas sobre financiación y participación en operaciones militares internacionales de calado, siempre cumpliendo el derecho internacional y con autorización de la ONU.

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Se planteará un abordaje integral del fenómeno que dé respuesta también a las causas sobre las que los grupos terroristas expanden su barbarismo: la exclusión, las desigualdades, la difusión de la cultura del odio, la intolerancia, los fundamentalismos religiosos, así como sus fuentes de financiación y su acceso a las armas. En paralelo, se establecerán mecanismos que mejoren la cooperación policial, judicial y de los servicios de inteligencia, y el intercambio de información a escala europea y entre los Estados miembros, y se adoptarán políticas de seguridad y prevención basadas en la evidencia y que no vayan en detrimento de las libertades civiles.

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