Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro

El marco político actual de la UE, basado en el Tratado de Lisboa, hace del neoliberalismo ley. Consolida un funcionamiento cerrado por el que los poderes centrales de la UE dirigen la economía y la sociedad de manera tecnocrática y priorizando los beneficios de unos pocos. Por eso, es necesario abrir un proceso de refundación de la UE que incluya la aprobación de un nuevo tratado capaz de superar la visión ideológicamente sesgada que rige en la actualidad e incorpore el principio democrático en todas sus instituciones.

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Si la ciudadanía vota al Parlamento Europeo, esta institución debe al menos poder elaborar y aprobar leyes de manera completa. Se trata de la única institución elegida por la ciudadanía europea y, por lo tanto, concentra una legitimidad democrática que debe servir como palanca de cambio para la democratización y el equilibrio de poder en toda Europa.

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El Parlamento Europeo propondrá, elegirá y controlará a quienes compongan la Comisión, desde su presidente o presidenta hasta sus comisarios y comisarias, y lo hará de acuerdo con criterios de paridad y de equilibrio territorial. Asimismo, para que la Comisión se centre en tareas ejecutivas, se repartirá su iniciativa legislativa con el Parlamento y el Consejo, lo que permitirá configurar una Comisión más reducida que responda a la pluralidad política electa. Además de democratizar su conformación, el Parlamento podrá realizar mociones de censura constructivas tanto a los comisarios o comisarias individuales como al presidente o a la presidenta de la Comisión.

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Para que la legitimidad democrática impregne todas las instituciones comunitarias, el Parlamento Europeo elegirá y controlará los puestos de máxima responsabilidad de las agencias y otros organismos de la UE, como el Banco Central Europeo (BCE), el Banco Europeo de Inversiones, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, la Alta o el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el Comité de las Regiones o el Comité Económico y Social.

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Se impulsará la creación de una Carta Democrática Europea que contemple la adopción de medidas y mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones, en su gestión y en su control democrático. Para ello, se crearán también procedimientos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía mediante formatos inclusivos. La Carta conllevará la puesta en marcha de nuevos espacios participativos para la deliberación ciudadana en lo relativo a la elaboración, la gestión y el control de las políticas públicas, los presupuestos participativos, la participación en los procesos legislativos o la celebración de un mayor número de consultas populares en asuntos decisivos.

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Los requisitos y el procedimiento para presentar una moción de censura ciudadana serán los mismos que los establecidos para presentar una Iniciativa Ciudadana Europea: primer grupo mínimo de siete ciudadanos nacionales de siete países miembros y un millón de firmas. La moción será debatida y votada en el Parlamento Europeo.

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Se implementará una estrategia europea para la participación de la infancia que asegure que los niños, niñas y adolescentes aporten e influyan en todos los ámbitos de la vida y, en especial, para que asuman un rol de liderazgo en la lucha por la igualdad y contra el cambio climático.

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Se controlarán y se limitarán las actividades de los lobbies y se hará una difusión pública obligatoria de su actividad, de modo que cada vez que un lobby con intereses económicos se reúna con algún miembro de la Comisión, del Consejo, del Parlamento o con un o una alto cargo de la UE, la ciudadanía debe poder saberlo. También se establecerá un registro oficial y obligatorio de lobbies.

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Se establecerá una legislación rigurosa y unos medios suficientes para hacerla efectiva con el objetivo de impedir que representantes políticos y altos cargos de la UE usen su información y sus contactos a favor de grandes corporaciones, tanto durante su actividad pública como al terminarla.

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Se creará un Código de Ética y Transparencia que recoja mecanismos de rendición de cuentas de todas las instituciones y del personal que las compone para que la ciudadanía pueda conocer los motivos de sus decisiones y, en particular, las circunstancias relativas a la adjudicación de fondos europeos a programas, agencias y organizaciones. Este código incluirá, también, la exigencia de una plena justificación de todas las dietas y partidas que se cobren, así como la obligación de los cargos electos de hacer declaraciones de sus ingresos y propiedades, gastos y relaciones con su electorado.

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Se impulsará la creación de esta figura con las funciones de armonizar la protección de los derechos fundamentales en todos los Estados y de supervisar su garantía, y se establecerán sanciones para aquellos que los vulneren o no actúen con la diligencia debida para evitarlo.

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Por su importancia para el buen funcionamiento de la democracia, se promoverá una Directiva Marco de Derechos Procesales y Penales que sintetice y ordene la normativa existente y establezca el acceso gratuito a la justicia, así como un suelo de derechos comunes en esta materia para todos los Estados.

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Para acabar con las situaciones de impunidad y de olvido de la historia que se dan en algunos Estados, como ocurre en España, esta política seguirá un enfoque de derechos humanos en torno a los ejes de verdad (poder conocer lo ocurrido), justicia (llevar a los responsables ante los tribunales), reparación de las víctimas y garantías de no repetición (garantizar que no persisten hoy elementos que siguen causando daño). Asimismo, se investigarán las ventajas económicas ilegítimas de las que disfrutaron las jerarquías de regímenes como el franquista. También se impulsarán las medidas necesarias para la creación de diferentes Comisiones de Verdad y Reconciliación a escala europea para reconocer la persecución histórica y el repudio sistemático de las poblaciones roma, judía, afro y migrante.

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Quien padezca un sufrimiento irreversible debe tener reconocido el derecho y la libertad de acabar con ese sufrimiento mediante una eutanasia con garantías. Para ello, la UE estudiará el establecimiento de unos estándares compartidos entre los Estados con objeto de ofrecer todas las garantías necesarias a las personas que deciden poner fin a su vida, así como a los y las profesionales que las asisten.

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Desde la UE, se promoverá un proceso armonizado y garantista de la despenalización del cultivo y la tenencia de cannabis en los ámbitos personal y colectivo, la regulación de la actividad de los clubs sociales de cannabis y el establecimiento del rol de los Estados en la garantía de seguridad de quienes consuman cannabis y en el control de la producción, distribución y consumo.

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Se promoverá una directiva con medidas integrales para la erradicación del discurso y los delitos de odio de carácter misógino, antigitano, antisemita, islamófobo, xenófobo, afrófobo o LGTBIfobo, en todas sus formas de expresión y en todas las esferas, desde una perspectiva interseccional. Esta directiva incorporará medidas para que la erradicación de tales discriminaciones esté incluida en los marcos de políticas públicas dirigidos al reconocimiento, acceso y disfrute de los derechos humanos desde una óptica integral.

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Se impulsará el establecimiento de procedimientos de infracción contra los Estados que infrinjan, no incorporen a su derecho o no apliquen el marco político y legislativo europeo relacionado con la igualdad de trato o que vulneren los derechos fundamentales. También se establecerá un sistema de vigilancia desde un organismo independiente para investigar estas vulneraciones.

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Se promoverá la creación en los Estados de unidades policiales especializadas en la prevención e investigación de delitos de odio. También se establecerán medidas para asegurar que ningún trabajador o trabajadora de las Administraciones Públicas participe en discursos y delitos de odio o tenga conductas contrarias a los principios democráticos y que, en caso contrario, tales conductas se investiguen.

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La UE instará a los Estados a luchar contra las organizaciones que propaguen discursos de odio y violencia y a prohibir los grupos neofascistas, neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo o el fascismo.

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Se promoverá la igualdad jurídica de las distintas confesiones y la separación de todas las confesiones religiosas de las estructuras estatales, haciendo hincapié en la eliminación de privilegios fiscales.

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Este ente desempeñará un rol esencial en la creación de una identidad compartida por todos los pueblos de Europa en torno a los valores esenciales de la UE. Su gestión será independiente y transparente, y estará sometida a control democrático.

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Impulsaremos un texto del máximo rango jurídico que sintetice las garantías que otorga la UE a la ciudadanía en su acceso y actividad en internet. Esta carta será la afirmación ciudadana de la gobernanza democrática y abierta de una red neutral, al tiempo que servirá de protección frente a los abusos de las grandes corporaciones tecnológicas en su relación con los proveedores de servicios en internet, el uso indiscriminado de datos personales para su venta, la opacidad en el procesado de la información y la vigilancia masiva. Esta carta conjugará la libertad de expresión y creación con una remuneración que haga sostenible la actividad de autores y autoras. También establecerá la obligación de los Estados de hacer accesible la red a un precio asequible y de garantizar el derecho al olvido en internet.

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Esta figura asistirá y defenderá a la ciudadanía en su relación con las empresas tecnológicas para garantizar los derechos básicos enmarcados en la citada Carta Europea de Derechos del Mundo Digital.

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En lo relativo al funcionamiento, las inversiones y el gasto de la UE, se favorecerá el desarrollo de software libre y el uso de material informático ecológico. Se exigirá la mayor transparencia posible y un funcionamiento no discriminatorio en los algoritmos y en la inteligencia artificial, y se prohibirá que las contrataciones públicas de la UE y los Estados incluyan la cesión de datos a las empresas concesionarias. La tecnología es también un factor clave de la geopolítica, por lo que se fomentará la propiedad europea de las infraestructuras de internet y la creación de empresas tecnológicas públicas y de carácter exclusivamente europeo que faciliten el control democrático. También se reformará la directiva reciente sobre copyright, dado que sus filtros de carga ponen en peligro la libertad de internet y la sostenibilidad de muchas start ups y pymes europeas frente a las grandes corporaciones digitales.

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La UE promoverá un concepto de salud que no solo implique la ausencia de enfermedad, sino que la considere también como un indicador de bienestar. Para ello, entre otras cuestiones en los Estados se garantizará el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, libre y gratuita, dentro de la red pública de asistencia sanitaria, el derecho a una muerte digna y el acceso a una atención de calidad de la salud mental.

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Diseñar e implementar políticas feministas requiere un esfuerzo explícito de análisis y dotación presupuestaria para revertir la inercia de siglos de invisibilización. Por este motivo, todas las políticas públicas, normas y presupuestos de la UE y los Estados se elaborarán desde la perspectiva de género y el análisis feminista con perspectiva interseccional y será preceptivo el dictamen del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), o de órganos estatales análogos, con la participación de organizaciones feministas, tanto con carácter previo como después de su aplicación. También se empleará esta perspectiva en la elaboración de presupuestos y de las políticas que vayan a adoptarse en el marco financiero plurianual.

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Será obligatorio que los espacios de representación, toma de decisiones y liderazgo de la UE sean paritarios; es decir, que estén compuestos, al menos, por un 50 % de mujeres. También se prestará especial atención a la presencia de personas pertenecientes a grupos vulnerables.

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La UE obligará a los Estados a que garanticen una acción eficaz para la erradicación de las violencias machistas. Se blindará el 5 % del presupuesto de la UE para ese fin y se exigirá a los Estados que aumenten la dotación de todas las políticas públicas que promuevan la igualdad de género y, por lo tanto, contribuyan a terminar con las violencias machistas.

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Se impulsará una directiva que obligue a los Estados a garantizar la libertad sexual y erradicar las violencias sexuales contra todas las personas, de forma que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres a ocupar el espacio público y privado sin sentir miedo a ser violadas y que todas las personas puedan ejercer su sexualidad con libertad. Esto significa colocar el consentimiento en el centro del debate político sobre relaciones sexuales, pasar del «No es no» al «Solo sí es sí» y que esta sea la pauta que se siga en cualquier relación.

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La UE definirá la violencia machista de forma que recoja todas las formas de violencia contra las mujeres, sin limitarse a la ejercida por parejas y exparejas, ya que esto priva de una protección equiparable al resto de las mujeres que sufren violencia; por ejemplo, por parte de desconocidos o de jefes y compañeros de trabajo. Por eso, la UE ratificará el Convenio de Estambul, que incorpora una definición adecuada de las violencias machistas, lo aplicará y hará que los Estados cumplan su contenido, incluso mediante las sanciones correspondientes.

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Se impulsarán medidas que garanticen una sexualidad libre para todas las mujeres, incluyendo educación sexual y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como a métodos anticonceptivos seguros de forma gratuita. En particular, se promoverá el reconocimiento del derecho al aborto seguro, libre y gratuito, practicado en los centros de los sistemas nacionales de salud, para lo que se pondrá a disposición de las mujeres toda la información necesaria para que puedan elegir, se regulará la objeción de conciencia y se impedirá el acoso a las mujeres y a quienes realizan de forma profesional dicha práctica médica.

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Se pondrá freno a la discriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género. Para ello, se eliminará cualquier patologización de las personas LGTBI y se garantizará su acceso a la salud en igualdad de condiciones.

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Se implementará un plan europeo para la erradicación de cualquier forma de violencia obstétrica orientada hacia el control reproductivo, las maternidades segregadas y las esterilizaciones forzadas.

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Ninguna persona debe ser discriminada por su orientación sexual ni por su identidad o su expresión de género. Se promoverá, por tanto, un marco legal que garantice la protección jurídica de las personas trans, el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género, y la lucha contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual teniendo en cuenta las dificultades específicas de quienes forman parte de un colectivo tan amplio como el LGTBI.

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La UE promoverá la eliminación de las restricciones a los derechos y responsabilidades de parejas, padres y madres por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género, siempre garantizando los derechos de la infancia. Se protegerán las distintas realidades familiares elegidas con libertad mediante medidas de apoyo a la adopción para familias LGTBI, el reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y la protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja.

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Desde la UE se establecerá un plan de lucha contra la discriminación hacia las personas intersexuales, respetando el derecho a su integridad corporal, con procedimientos de reconocimiento de género legales rápidos, transparentes, accesibles y basados en la autodeterminación. Se fomentarán políticas específicas de no discriminación, así como medidas frente a los delitos de odio e incitación al odio basados en las características sexuales.

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Se reformará con urgencia el Sistema Europeo Común de Asilo y se creará un Sistema Común de Migraciones. Ambos serán efectivos y estarán basados en los derechos humanos y los valores fundamentales de la UE. Urge, asimismo, modificar el Reglamento de Dublín: derogar el principio de primer país de entrada y establecer que el análisis de la solicitud de asilo sea responsabilidad del Estado de preferencia de la persona solicitante. También se incrementarán de manera drástica las plazas de reasentamiento y se prestará especial atención a las solicitudes de asilo presentadas por motivos de orientación sexual o identidad de género, trata o cualquier otro motivo relacionado con el género (violencia, matrimonios forzados, mutilación genital, etcétera), sin que medien prejuicios o estereotipos.

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La UE dedicará medidas y recursos a erradicar la discriminación a la que se enfrentan las mujeres y niñas por razón de su género, origen étnico racial, nivel socioeconómico, situación administrativa y lugar de procedencia, entre otras. Impulsará la creación de un fondo para la implementación de una Estrategia Europea de Aplicación del Convenio de Estambul en Migración y Asilo, con un enfoque interseccional de derechos y de género.

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Se establecerán vías legales y seguras de acceso a Europa a través de un programa efectivo de reasentamientos, abrirá la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de los Estados europeos en terceros países; hará posible, también, la concesión de visados humanitarios, y facilitará la reagrupación familiar tanto ad intra como ad extra.

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La UE evaluará el trabajo realizado por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y reformulará sus funciones a fin de priorizar las de búsqueda y salvamento de personas migrantes en el mar. Complementariamente, se promoverá la creación de servicios de salvamento estatales en los países miembros, exportando así el modelo del Servicio de Salvamento Marítimo español. En tanto se implementa este modelo público civil de salvaguarda de la vida en el mar, se garantizará el trabajo de las ONG de rescate y salvamento en el Mediterráneo Central y cesará la criminalización de su actividad.

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Se exigirá, en las fronteras de la UE, la retirada de elementos lesivos que pongan en peligro la integridad física o la vida de las personas migrantes, y se prohibirán expresamente tanto en las fronteras terrestres como marítimas, en plataformas de desembarco o similares. También se prohibirá cualquier tipo de «devolución en caliente» o exprés ilegal, ya sea por ser colectivas (sin expediente individualizado), por el incumplimiento del principio de no devolución o por no haber tenido lugar una atención e identificación adecuadas de los posibles perfiles de vulnerabilidad de cada persona.

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Se impulsará el cierre de todos los centros de internamiento y detención para personas migrantes o refugiadas en territorio europeo. Se velará, asimismo, por que los campos de refugiados reúnan las condiciones mínimas para que en ellos se pueda tener una vida digna y se respeten los derechos humanos.

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Se instará al Consejo, a la Comisión y a los Estados a que se abstengan de concluir acuerdos sobre migración con terceros países que no respeten los derechos humanos, así como a que suspendan los ya existentes por no ser conformes a las propias normas europeas.

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La UE hará que los Estados implementen y supervisen el cumplimiento de la Directiva relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, poniendo especial atención a que se las considere sujetos de derecho, se garanticen vías migratorias legales y seguras, así como a la identificación, protección y reparación de todas las mujeres y niñas víctimas de trata. También se incidirá en la prohibición de deportación o encierro de víctimas en los CIE y en que estas queden exentas de responsabilidad penal en caso de encontrarse en situación administrativa irregular. Las medidas para combatir la trata deben diseñarse y aplicarse conforme a los principios enunciados e incluir sanciones para los Estados que las incumplan.

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La UE reconocerá las migraciones ambientales como el fenómeno referido a las personas o comunidades obligadas a huir de su residencia por cuestiones relacionadas con el medio ambiente, ya sea como consecuencia de los efectos del cambio climático, de la degradación ambiental o del expolio de los recursos por parte de grandes corporaciones. La UE impulsará la creación de un régimen internacional que proteja a las personas y comunidades por la violación de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

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Conforme al principio de vinculación de los derechos al lugar de residencia, y no a la nacionalidad, esta tarjeta de residencia europea eliminará las trabas burocráticas con las que se encuentran las personas migrantes residentes en el territorio europeo y permitirá un cambio del estatus migratorio más ágil.

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Lo ocurrido en el paso fronterizo de El Tarajal, en Ceuta, en 2014, marcó un antes y un después en la política migratoria europea y, por ello, es necesario poner el foco en la justicia y en la reparación para las víctimas y sus familias como símbolo de las miles de víctimas en el tránsito hacia Europa. Por lo tanto, se establecerá esta fecha para avanzar en la reparación de daños a las miles de víctimas de los procesos migratorios en el tránsito hacia Europa y cumplir en 2020 el objetivo de cero muertes en el Mediterráneo.

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La UE implementará un programa de apoyo a los Estados para que sus políticas activas de empleo y sus ofertas de empleo público tengan en cuenta las circunstancias y experiencia laboral de las personas que viven fuera, para que desde el momento del retorno puedan acceder a prestaciones, como nuestra propuesta de garantía de ingresos, y para que exista un servicio de información y orientación al retorno en las secciones y oficinas consulares.

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La UE velará por que los Estados no puedan imponer restricciones ni obstáculos desproporcionados al ejercicio de los derechos políticos de sus nacionales, tales como los impedimentos al voto que impone España con el sistema de voto rogado.

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La UE establecerá medidas para garantizar que todas las personas tengan acceso a una cobertura sanitaria adecuada, al margen de donde vivan, su situación laboral o de cuándo hayan salido de su Estado de origen.

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Se terminará con la impunidad corporativa y los vacíos legales que permiten a las multinacionales operar a costa de los derechos humanos, el medio ambiente y los tejidos económicos locales. Para ello, se impulsará un reglamento europeo de obligaciones de debida diligencia, aplicable a las empresas transnacionales europeas que les exigirá responsabilidad ante nuestros tribunales, aunque las vulneraciones de derechos se produzcan fuera de la UE. Se impulsará también la firma de un tratado internacional de la ONU que imponga penas a las empresas transnacionales si violan los derechos humanos y se exigirá la responsabilidad solidaria sobre toda la cadena de valor.

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Para ello, se incluirán evaluaciones preceptivas de impacto, ex ante y ex post, para cada propuesta legislativa en materia de comercio e inversión. Estas evaluaciones considerarán de manera exhaustiva las repercusiones económicas, sociales y medioambientales. Se establecerán dos categorías específicas de análisis: «impacto en materia de derechos fundamentales» y «evaluación del impacto en materia de género».

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Conforme al principio de coherencia de las políticas de comercio, la UE paralizará las negociaciones y revertirá la implementación de los acuerdos de comercio e inversión que no cumplan con los principios expuestos. Se propondrá, además, renegociar los tratados existentes para proteger el interés público, el trabajo digno, la viabilidad de la actividad de autónomos, autónomas y pymes de cada territorio, los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental, así como las obligaciones extraterritoriales de los Estados. Se suprimirá la aplicación provisional y se incluirá una limitación temporal obligatoria.

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Lucrarse con los ataques a la vida y a los derechos humanos no es compatible con la identidad europea. Por eso, se prohibirá el comercio de armas con países donde puedan utilizarse para la represión interna, las agresiones externas o las violaciones de derechos humanos. También se contará con medios suficientes para garantizar la prohibición del comercio de personas (esclavitud) y órganos, de residuos peligrosos o de especies en peligro de extinción. Para alcanzar el horizonte verde, se reducirá también el comercio de combustibles fósiles.

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Cualquier persona u organización de la UE o de una región afectada podrá recurrir a este órgano para exigir el cese de una vulneración de sus derechos y su reparación. Este organismo también hará cumplir la obligación de incorporar las normas de reconocimiento y garantía de los derechos humanos a cualquier tratado comercial o acuerdo de protección de inversiones que suscriba la UE, exigirá el cumplimiento de su responsabilidad a las grandes corporaciones y a su personal directivo desde la perspectiva civil, administrativa y, en su caso, penal.

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Se establecerá un derecho de indemnización añadida en caso de fraude que opere como desincentivo. Se instaurarán regulaciones adaptadas a cada Estado para, en su caso, prohibir los productos financieros o de servicios que inducen conductas patológicas, especialmente en jóvenes, como la ludopatía en el caso de las apuestas. Se establecerán unas normas de etiquetado para facilitar la alimentación saludable y para erradicar los productos químicos nocivos. También se prohibirán los números de tarificación adicional para servicios de atención al cliente.

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No se financiarán con dinero público la extracción y el comercio de combustibles fósiles, los grandes proyectos industriales y mineros, ni las infraestructuras en países en desarrollo que agraven el cambio climático, desplacen a la población, destruyan la biodiversidad o violen los derechos humanos.

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Se promoverá el liderazgo de la UE en la lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente en foros internacionales, la voz única en los foros globales en ciertos pilares básicos, el voto de los Estados miembros en política exterior por mayoría cualificada y la democratización del Consejo de Seguridad de la ONU. Se apostará por un mandato de defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la protección de civiles, las dinámicas de diálogo y el liderazgo local en la gestión de crisis. Para ello, se impulsará la creación de una asamblea parlamentaria en la ONU, elegida democráticamente, para abordar los temas claves para el futuro de la humanidad.

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Se fortalecerán los programas de defensores y defensoras de derechos humanos, medioambientalistas y sindicalistas a través de una mayor dotación presupuestaria, la ampliación de sus competencias y la consolidación de su estructura para incrementar su eficacia y dar seguridad efectiva a todas las personas defensoras de derechos humanos de los países socios de la UE que puedan verse amenazadas.

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Se reforzará la estrategia de acción exterior feminista de la UE mediante un incremento presupuestario que permita su pleno desarrollo. La perspectiva de género no solo será transversal en todos los programas de cooperación, sino que además el 35 % de los fondos de la Ayuda Oficial al Desarrollo de la UE se destinará a intervenciones específicas para la promoción de la igualdad, el empoderamiento de las mujeres y la promoción de sus derechos, incluyendo los sexuales y reproductivos. Se transversalizará la perspectiva de género y el análisis feminista será interseccional en todas las políticas públicas, normas y presupuestos de la UE y los Estados miembros, de manera que sea preceptivo el dictamen del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), o de órganos estatales análogos, con la participación de organizaciones feministas, tanto con carácter previo como tras su aplicación.

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Se impulsará un servicio exterior ejecutor y garante de una política pública promotora de la solidaridad internacional, el diálogo pacífico entre pueblos y la justicia, al servicio de la ciudadanía, que garantizará su participación y contribución significativa y vinculante. Se fortalecerá el rol de las delegaciones en la interlocución con la sociedad civil local y con las comunidades afectadas por proyectos y empresas de la UE. Estas delegaciones tendrán capacidad de tramitar visados a personas refugiadas y ofrecer protección y asilo a defensoras y defensores de derechos humanos. Asimismo, participarán en el diálogo político con los Gobiernos para fortalecer la democracia y los derechos humanos.

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Se superará el modelo fallido de competencia y sanciones comerciales en la vecindad oriental y con Rusia, y se apostará por mecanismos de cooperación y diálogo para la resolución de conflictos y la promoción de los derechos humanos y el desarrollo social y económico común. Para ello, se propondrá una conferencia para la distensión en la vecindad oriental europea con la participación de todos los actores de la región. Se propondrá una relación igualitaria, de mutuo beneficio, con los países del Magreb, se reforzarán las relaciones diplomáticas y la cooperación en investigación, cultura y educación, y se favorecerán las relaciones orientadas hacia un desarrollo democrático común de toda el área mediterránea. Se facilitará de forma gradual una relación privilegiada con los Balcanes y Turquía, siempre con respeto a los derechos humanos, las libertades civiles, el Estado de derecho y la justicia, sin políticas de externalización de fronteras, y se apoyará la resolución de disputas en la zona con pleno respeto a los derechos democráticos, políticos y culturales de las poblaciones kurdas.

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Se promoverá un partenariado entre la UE y América Latina por la justicia fiscal, contra el fraude y el lavado de dinero, que fortalecerá los mecanismos de lucha contra la evasión fiscal y el control transparente de la gestión de los recursos naturales. Se apoyará el regionalismo latinoamericano, clave para un futuro con crecimiento efectivo y sostenible, y se favorecerán políticas conjuntas para intercambios en educación, investigación, ciencia y economía social y solidaria. Se desarrollará una iniciativa estratégica para África cuyo eje sea la defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la transición energética y el bienestar de las sociedades, con mecanismos de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de promoción de la cooperación educativa, cultural, científica y técnica. Se impulsarán intercambios económicos entre pymes, así como el apoyo decidido a los procesos democráticos y el empoderamiento de la sociedad civil, en especial de las mujeres. En Asia, se promoverá un nuevo modelo de relaciones comerciales justas y respetuosas con los derechos humanos, laborales y medioambientales. Desde ese marco, se involucrará activamente a la UE a través del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en el marco de la iniciativa One Belt, One Road, de China, siempre con estricto cumplimiento de estándares laborales y medioambientales.

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Como la incertidumbre asociada a la salida del Reino Unido de la UE ya está afectando a nuestros compatriotas, se defenderá no participar en ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido que menoscabe derechos de todo tipo —incluidos los derechos sociales— de las personas de nacionalidad española que residen allí. Nuestra prioridad serán los derechos de la ciudadanía, con permisos de residencia y trabajo para los españoles y las españolas residentes en el Reino Unido y para las personas británicas en España. También se garantizarán los respectivos derechos a sufragio activo y pasivo en las elecciones locales.

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En las misiones bajo la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), se impulsará la mejora de las condiciones, derechos y obligaciones comunes, con independencia del origen nacional de los soldados, con iguales reglas de enfrentamiento (ROE), indemnizaciones por salida al extranjero, duración del despliegue, políticas de permisos y periodos de descanso y garantías jurídicas, entre otros aspectos.

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Sean de carácter bilateral o multilateral, la adopción de este tipo de acuerdos pondrá fin a prácticas social y medioambientalmente dudosas que se cobijan bajo su paraguas para realizarse en aguas internacionales.

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