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Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro


Justicia


Por su importancia para el buen funcionamiento de la democracia, se promoverá una Directiva Marco de Derechos Procesales y Penales que sintetice y ordene la normativa existente y establezca el acceso gratuito a la justicia, así como un suelo de derechos comunes en esta materia para todos los Estados.

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Para acabar con las situaciones de impunidad y de olvido de la historia que se dan en algunos Estados, como ocurre en España, esta política seguirá un enfoque de derechos humanos en torno a los ejes de verdad (poder conocer lo ocurrido), justicia (llevar a los responsables ante los tribunales), reparación de las víctimas y garantías de no repetición (garantizar que no persisten hoy elementos que siguen causando daño). Asimismo, se investigarán las ventajas económicas ilegítimas de las que disfrutaron las jerarquías de regímenes como el franquista. También se impulsarán las medidas necesarias para la creación de diferentes Comisiones de Verdad y Reconciliación a escala europea para reconocer la persecución histórica y el repudio sistemático de las poblaciones roma, judía, afro y migrante.

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Se impulsará la cooperación policial y judicial en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional ―en particular, en la persecución del fraude y la corrupción―, logrando una mayor implicación de Eurojust y Europol. Se implementarán mecanismos para cortar las fuentes de ingresos extranjeros de la delincuencia transnacional y para perseguir su financiación oculta. Como se señaló en el Plan Europeo Contra la Corrupción, la UE establecerá un cuerpo de policía especializado en delitos de corrupción y delitos financieros que actuará a las órdenes del Poder Judicial de los Estados, al mismo tiempo que se fortalecerán las Unidades de Inteligencia Financiera en los propios Estados.

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Se promoverá una directiva con medidas integrales para la erradicación del discurso y los delitos de odio de carácter misógino, antigitano, antisemita, islamófobo, xenófobo, afrófobo o LGTBIfobo, en todas sus formas de expresión y en todas las esferas, desde una perspectiva interseccional. Esta directiva incorporará medidas para que la erradicación de tales discriminaciones esté incluida en los marcos de políticas públicas dirigidos al reconocimiento, acceso y disfrute de los derechos humanos desde una óptica integral.

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Se impulsará el establecimiento de procedimientos de infracción contra los Estados que infrinjan, no incorporen a su derecho o no apliquen el marco político y legislativo europeo relacionado con la igualdad de trato o que vulneren los derechos fundamentales. También se establecerá un sistema de vigilancia desde un organismo independiente para investigar estas vulneraciones.

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Se promoverá la creación en los Estados de unidades policiales especializadas en la prevención e investigación de delitos de odio. También se establecerán medidas para asegurar que ningún trabajador o trabajadora de las Administraciones Públicas participe en discursos y delitos de odio o tenga conductas contrarias a los principios democráticos y que, en caso contrario, tales conductas se investiguen.

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La UE instará a los Estados a luchar contra las organizaciones que propaguen discursos de odio y violencia y a prohibir los grupos neofascistas, neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo o el fascismo.

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Se promoverá la igualdad jurídica de las distintas confesiones y la separación de todas las confesiones religiosas de las estructuras estatales, haciendo hincapié en la eliminación de privilegios fiscales.

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Para que no solo sean derechos declarados, sino también derechos efectivos, se impulsará la creación de un Tribunal Europeo de Garantía de los Derechos Sociales para la protección jurisdiccional de los derechos establecidos en la Carta Social Europea. En su estatuto se asegurará que, ante vulneraciones de sus derechos sociales, la ciudadanía pueda tener un acceso directo a este cuando los tribunales estatales no ofrezcan una protección suficiente. Además, se promoverá la inclusión de los derechos sociales en los Criterios de Copenhague y que su exigibilidad se añada a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

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La UE armonizará las regulaciones de los Estados mediante una legislación penal específica para garantizar la prevención, sensibilización, intervención, reparación y restitución de derechos a niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas de cualquier forma de violencia. Entre otras medidas, se promoverán la suspensión del cómputo para la prescripción de estos delitos ―al menos, hasta que las víctimas hayan cumplido treinta años―, el fin de la distinción entre agresión y abuso sexual, la creación de unidades especializadas en los respectivos sistemas judiciales, el desarrollo de reglas procesales adecuadas para la infancia y la implementación de medidas eficaces en los sistemas educativos, de salud y de servicios sociales.

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En el caso de los llamados «menores extranjeros no acompañados» (MENA), su condición de niños, niñas y adolescentes prevalecerá siempre sobre su estatus migratorio. Como medida de garantía de sus derechos, quedarán expresamente prohibidas las repatriaciones en contra de su voluntad, tanto entre países de la UE como en terceros países. Asimismo, impulsaremos la armonización de los procedimientos en los países miembros de la UE a fin de garantizar la autorización de residencia y trabajo a la mayoría de edad de estas personas.

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La UE empleará todos sus medios en garantizar que no se pueda desalojar ni desahuciar a ninguna persona ni a su familia en situación de vulnerabilidad sin que la Administración competente asegure un realojo en condiciones dignas, ya sea en casos de impago de alquileres o por ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible. Se garantizará que España y el resto de los Estados miembros cumplan las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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Con el fin de garantizar que las personas no tengan deudas a perpetuidad, la UE colaborará en el diseño de un procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas —con una fase de conciliación en la que la persona deudora presentará una propuesta a las acreedoras que podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones— e instará a los Estados a que lo implementen. En caso de que no haya acuerdo, serán los juzgados quienes decidan el plan de pagos. En el caso de deudoras y deudores hipotecarios, este procedimiento permitirá realizar una dación en pago, incluso retroactiva, que permitiría a quienes mantienen deudas vivas con el banco, a pesar de haber entregado ya la vivienda, cancelar de este modo la deuda restante. La UE hará cumplir también de manera íntegra la Directiva 2014/17/UE y el resto de la legislación que obliga a aceptar la dación en pago y pone como límite el valor del bien hipotecado para estas deudas.

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La UE obligará a los Estados a garantizar un suministro básico de luz, agua y calefacción. Desde la UE, en atención a la protección del consumidor y la lucha contra la pobreza energética, se deben regular estos suministros conforme al sistema que se expone en el apartado 9. Se prohibirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de las personas, como la pobreza sobrevenida.

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Se impulsarán medidas que garanticen el acceso al empleo en igualdad de condiciones, incluidas unas retribuciones dignas, y que dejen atrás la brecha salarial. Para ello, se desarrollará una normativa europea destinada a exigir un análisis de las remuneraciones y a considerar discriminación cualquier brecha de más del 20 % en las retribuciones de las empresas, de manera que estas deberán justificarse ante los tribunales. Además, las grandes empresas tendrán que realizar auditorías salariales y enfrentarse a sanciones en caso de negarse a ello.

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Se impulsará una directiva que obligue a los Estados a garantizar la libertad sexual y erradicar las violencias sexuales contra todas las personas, de forma que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres a ocupar el espacio público y privado sin sentir miedo a ser violadas y que todas las personas puedan ejercer su sexualidad con libertad. Esto significa colocar el consentimiento en el centro del debate político sobre relaciones sexuales, pasar del «No es no» al «Solo sí es sí» y que esta sea la pauta que se siga en cualquier relación.

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La UE definirá la violencia machista de forma que recoja todas las formas de violencia contra las mujeres, sin limitarse a la ejercida por parejas y exparejas, ya que esto priva de una protección equiparable al resto de las mujeres que sufren violencia; por ejemplo, por parte de desconocidos o de jefes y compañeros de trabajo. Por eso, la UE ratificará el Convenio de Estambul, que incorpora una definición adecuada de las violencias machistas, lo aplicará y hará que los Estados cumplan su contenido, incluso mediante las sanciones correspondientes.

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Ninguna persona debe ser discriminada por su orientación sexual ni por su identidad o su expresión de género. Se promoverá, por tanto, un marco legal que garantice la protección jurídica de las personas trans, el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género, y la lucha contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual teniendo en cuenta las dificultades específicas de quienes forman parte de un colectivo tan amplio como el LGTBI.

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La UE promoverá la eliminación de las restricciones a los derechos y responsabilidades de parejas, padres y madres por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género, siempre garantizando los derechos de la infancia. Se protegerán las distintas realidades familiares elegidas con libertad mediante medidas de apoyo a la adopción para familias LGTBI, el reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y la protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja.

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Desde la UE se establecerá un plan de lucha contra la discriminación hacia las personas intersexuales, respetando el derecho a su integridad corporal, con procedimientos de reconocimiento de género legales rápidos, transparentes, accesibles y basados en la autodeterminación. Se fomentarán políticas específicas de no discriminación, así como medidas frente a los delitos de odio e incitación al odio basados en las características sexuales.

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Se terminará con la impunidad corporativa y los vacíos legales que permiten a las multinacionales operar a costa de los derechos humanos, el medio ambiente y los tejidos económicos locales. Para ello, se impulsará un reglamento europeo de obligaciones de debida diligencia, aplicable a las empresas transnacionales europeas que les exigirá responsabilidad ante nuestros tribunales, aunque las vulneraciones de derechos se produzcan fuera de la UE. Se impulsará también la firma de un tratado internacional de la ONU que imponga penas a las empresas transnacionales si violan los derechos humanos y se exigirá la responsabilidad solidaria sobre toda la cadena de valor.

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Los inversores extranjeros deben estar sujetos a las mismas leyes que los nacionales. Se propondrá el abandono de los tratados de protección y promoción de inversiones que contengan cláusulas de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), así como la retirada del Tratado sobre la Carta de la Energía, ejemplo de polémicos mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados.

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Se impulsarán cambios legislativos que permitan el rescate público de empresas en crisis o su gestión por parte de los trabajadores y las trabajadoras, así como un fortalecimiento de las protecciones frente a la devaluación de derechos y contra las deslocalizaciones para asegurar los empleos locales y los derechos del personal. Asimismo, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se reorientará hacia el beneficio efectivo de la gente y de las pymes. Estas políticas prestarán más apoyo a Estados que, como España, se encuentran lejos del objetivo de la UE para el 2020 de que la industria suponga el 20 % del PIB.

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Cualquier persona u organización de la UE o de una región afectada podrá recurrir a este órgano para exigir el cese de una vulneración de sus derechos y su reparación. Este organismo también hará cumplir la obligación de incorporar las normas de reconocimiento y garantía de los derechos humanos a cualquier tratado comercial o acuerdo de protección de inversiones que suscriba la UE, exigirá el cumplimiento de su responsabilidad a las grandes corporaciones y a su personal directivo desde la perspectiva civil, administrativa y, en su caso, penal.

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Se respaldará la constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza entre Andalucía y Gibraltar, que normalizará jurídicamente el espacio de diálogo, la cooperación socioeconómica y el trabajo compartido por las instituciones y los agentes económicos y sociales de ambos lados de la Verja. Se desarrollará el sistema de transporte público transfronterizo para permitir la movilidad laboral y se solicitará a la UE la inclusión de esta zona en su programa para el empleo y la innovación social y ayuda a los trabajadores transfronterizos. También se impulsarán los sistemas judiciales y policiales en la comarca, incluido el Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho de la UE, para combatir el narcotráfico y los delitos de blanqueo de capitales, con un mecanismo de coordinación en estas materias entre el Ministerio de Justicia, de Interior y las instancias autonómicas pertinentes.

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Se promoverá que la UE adopte un papel activo en la resolución pacífica y dialogada de los conflictos más importantes del mundo actual. Se impulsará el apoyo político y financiero a los procesos de paz a partir de una mediación constructiva y una resolución pacífica y democrática de los conflictos en Oriente Medio, África y América Latina, priorizando para ello los mecanismos de justicia transicional y la defensa del derecho a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas, en especial, las de violencia sexual.

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En las misiones bajo la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), se impulsará la mejora de las condiciones, derechos y obligaciones comunes, con independencia del origen nacional de los soldados, con iguales reglas de enfrentamiento (ROE), indemnizaciones por salida al extranjero, duración del despliegue, políticas de permisos y periodos de descanso y garantías jurídicas, entre otros aspectos.

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Tal y como ya se ha establecido en algunos Estados, los animales nunca más serán considerados como unos bienes cualesquiera. Esto ofrecerá mayores garantías tanto a los animales como a aquellas personas con quienes conviven, al considerarlos como parte de la familia que son, de manera que no se podrá obligar a nadie a apartarse de sus animales.

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