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Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro


Digitalización


Permitirá poner en marcha un Plan Europeo de Inversiones que atienda principalmente las necesidades de la transición energética y la lucha contra el cambio climático, los retos de la digitalización ―incluyendo tanto innovación como formación― y el desarrollo de servicios públicos y otros proyectos ligados al sistema de cuidados para garantizar la igualdad.

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Se creará un impuesto europeo para las empresas digitales que grave en un 3 % su facturación, teniendo en cuenta el número de usuarios, y que suponga el pago de impuestos por los beneficios obtenidos en Europa en un porcentaje equivalente a la presencia que estas empresas tienen en el espacio digital europeo.

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La conexión móvil y digital es hoy un derecho sin el que no se puede vivir de manera integrada. Por eso, garantizaremos un acceso a internet de 30 Mbps para cualquier núcleo habitado a un precio asequible, promovido donde sea necesario por una entidad pública. Se incorporará un canon a las operadoras destinado a financiar la ampliación de la red, que permanecerá en vigor hasta alcanzar el objetivo del 100 % de cobertura. Por otra parte, garantizaremos el acceso a una conexión a internet de carácter básico y fomentaremos la competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones para que baje esta factura en los Estados en que es más alta, como en España. Asimismo, se impulsará una estrategia europea para el desarrollo del 5G.

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Impulsaremos un texto del máximo rango jurídico que sintetice las garantías que otorga la UE a la ciudadanía en su acceso y actividad en internet. Esta carta será la afirmación ciudadana de la gobernanza democrática y abierta de una red neutral, al tiempo que servirá de protección frente a los abusos de las grandes corporaciones tecnológicas en su relación con los proveedores de servicios en internet, el uso indiscriminado de datos personales para su venta, la opacidad en el procesado de la información y la vigilancia masiva. Esta carta conjugará la libertad de expresión y creación con una remuneración que haga sostenible la actividad de autores y autoras. También establecerá la obligación de los Estados de hacer accesible la red a un precio asequible y de garantizar el derecho al olvido en internet.

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Esta figura asistirá y defenderá a la ciudadanía en su relación con las empresas tecnológicas para garantizar los derechos básicos enmarcados en la citada Carta Europea de Derechos del Mundo Digital.

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En lo relativo al funcionamiento, las inversiones y el gasto de la UE, se favorecerá el desarrollo de software libre y el uso de material informático ecológico. Se exigirá la mayor transparencia posible y un funcionamiento no discriminatorio en los algoritmos y en la inteligencia artificial, y se prohibirá que las contrataciones públicas de la UE y los Estados incluyan la cesión de datos a las empresas concesionarias. La tecnología es también un factor clave de la geopolítica, por lo que se fomentará la propiedad europea de las infraestructuras de internet y la creación de empresas tecnológicas públicas y de carácter exclusivamente europeo que faciliten el control democrático. También se reformará la directiva reciente sobre copyright, dado que sus filtros de carga ponen en peligro la libertad de internet y la sostenibilidad de muchas start ups y pymes europeas frente a las grandes corporaciones digitales.

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Se pondrá coto a los oligopolios digitales incrementando su supervisión y se impedirá que los acuerdos comerciales contengan prohibiciones o restricciones con respecto a la tributación, la divulgación de fuente abierta o la localización de datos. Se propondrá una directiva que obligue a que los dispositivos electrónicos sean reparables y reciclables, y a erradicar la obsolescencia programada.

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Se garantizará un nivel de inversión pública en la I+D+i que alcance el objetivo del 3 % del PIB y una institucionalidad propia capaz de operar un giro productivo que sitúe a la UE como líder mundial en sectores como la producción de vehículos eléctricos, de energías renovables, el aprovechamiento de big data cuidando la privacidad de las personas, la inteligencia artificial, las aplicaciones de blockchain en banca y en lucha contra la corrupción, la alimentación de calidad producida de forma sostenible, la salud, los fármacos, las biotecnologías, el reciclado de materiales y la restauración de ecosistemas. Este, y no el empeoramiento de los salarios y las condiciones laborales, es el camino para mejorar la competitividad y la productividad en Europa.

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Se impulsará una regulación de la propiedad intelectual al servicio de la innovación, y no como una barrera para el emprendimiento. Con el objetivo de abrir el acceso a la ciencia, se creará una Red de Centros de Innovación Ciudadana como punto de encuentro entre la sociedad y la ciencia para actividades de divulgación e innovación. Se impulsará un plan de transición hacia la ciencia abierta con el objetivo de que las investigaciones financiadas con fondos europeos se publiquen en acceso abierto. Se apoyará a las revistas científicas europeas, en distintos idiomas oficiales de la UE, para que puedan aumentar su impacto y que publicar en ellas sea más valorado. Se promoverá la adhesión de las instituciones científicas a la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA). Por último, se transitará hacia la gestión digital de la ciencia mediante una web de investigación que incluya las convocatorias programadas de las distintas Administraciones, universidades y centros públicos de investigación, así como datos de investigadores e investigadoras, grupos, proyectos y centros, al tiempo que se creará un organismo europeo para velar por la transparencia y el buen gobierno del sistema europeo de la I+D+i.

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Se diseñarán a escala europea, con la dotación suficiente para su implementación en los Estados, planes específicos de financiación y asesoramiento para la incorporación de tecnología en las pymes y en la economía social, con peso en sectores como el agropecuario, y para start-ups, con especial atención a los retos que afrontan en sus periodos más difíciles de maduración, financiación y conexión.

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Será la piedra angular de la construcción de un polo de innovación en tecnologías digitales aplicadas y contará con tres líneas de investigación principales: nuevos procesos industriales, de servicios y de mejora de la vida de las personas dependientes.

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Cada vez nos encontramos más cerca de desarrollar sistemas de inteligencia artificial que no solo puedan interaccionar de manera fluida con los seres humanos, sino que permitan, también, sustituir sistemas rudimentarios de toma de decisiones en distintos procesos tecnológicos y productivos. En este sector, Europa debe adquirir el liderazgo a través de una financiación suficiente en el sistema europeo de ciencia y tecnología para las actividades de investigación básica, aplicada y su transferencia al sector productivo. Por su parte, la tecnología blockchain, al permitir verificar de manera segura todo tipo de operaciones y generar unos registros claros, imborrables y confirmables, tiene aplicaciones inmediatas tanto para reducir las comisiones del sector bancario como para hacer absolutamente transparentes y auditables todos los procesos públicos, en especial los de contratación, previniendo así la corrupción.

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La UE impulsará que todas las poblaciones puedan contar con los siguientes servicios: (1) servicio de transporte adecuado que comunique diariamente a demanda con la cabecera de comarca; (2) atención sanitaria a domicilio de calidad, si no es posible tener un centro de salud; (3) atención inmediata de una patrulla de las fuerzas y cuerpos de seguridad correspondientes en un máximo de 15 minutos; (4) reparto habitual de suministros básicos cuando no sea posible disponer de una tienda; (5) acceso a un cajero automático para garantizar la inclusión financiera; (6) una conexión móvil y a internet de banda ancha de 30 Mps y 3G, y (7) centros culturales ciudadanos en cada cabecera de comarca, así como un impulso a la oferta cultural descentralizada en colaboración con las Administraciones competentes.

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Para acabar con las culturas de la impunidad, como ocurre con la historia compartida y silenciada de nuestro país, se impulsará una legislación europea que obligue a la apertura de los archivos históricos y documentales en todo el territorio de la UE y que facilite y financie proyectos de digitalización e investigación que hagan accesibles los fondos a la ciudadanía y a la investigación, con prioridad para el conocimiento de las memorias silenciadas o pendientes de reparación y atención al expolio del patrimonio cultural de todo tipo.

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Las políticas de la UE reconocerán estas expresiones culturales en igualdad de condiciones con el resto. Impulsarán el acceso a contenidos digitales de calidad a través de instituciones públicas como las bibliotecas y los centros culturales ciudadanos. Conjugarán políticas por la libertad de expresión con la protección de autores y autoras. Apostarán de manera particular por estos formatos como un medio para descentralizar el acceso a la cultura y reducir la brecha territorial. Impulsarán la formación en todas las etapas educativas para comprender y formar parte de estas expresiones culturales. Asimismo, fomentarán el liderazgo europeo en sectores como los videojuegos, el diseño, el sector audiovisual o el desarrollo de software.

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