Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro

Ciencia, I+D+i y universidad


La UE impulsará la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria ―la cual comprenderá libros, material escolar y comedor, en caso de ser necesario, durante todas las etapas educativas―, así como de los estudios del Espacio Europeo de Educación Superior impartidos en universidades y centros públicos, incluidos los estudios de máster cuando sean obligatorios para ejercer una profesión. Además, se diseñará un programa de prevención del fracaso escolar y del abandono escolar prematuro, se estudiarán medidas para evitar la segregación escolar y fomentar la alfabetización digital en todas las edades y se crearán programas de prevención del bullying (acoso), apoyando la financiación y los recursos de los Estados.

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Los programas Erasmus aportarán una beca suficiente al alumnado que viaja, de forma que nadie se quede sin disfrutar de esta oportunidad de formación por barreras económicas. También se incluirán programas de formación profesional, educación continua y la formación para personas adultas en los programas de movilidad Erasmus. Estas becas tendrán continuidad acabada la estancia Erasmus si en el Estado de origen no existe un sistema de becas suficiente para asegurar la igualdad de oportunidades.

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La actual política comercial de la UE daña la agricultura familiar, el tejido productivo y comercial local y a las pymes. Por eso, se impulsará la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), además de un modelo productivo y comercial justo, sostenible, que garantice la igualdad.

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Se superará el modelo fallido de competencia y sanciones comerciales en la vecindad oriental y con Rusia, y se apostará por mecanismos de cooperación y diálogo para la resolución de conflictos y la promoción de los derechos humanos y el desarrollo social y económico común. Para ello, se propondrá una conferencia para la distensión en la vecindad oriental europea con la participación de todos los actores de la región. Se propondrá una relación igualitaria, de mutuo beneficio, con los países del Magreb, se reforzarán las relaciones diplomáticas y la cooperación en investigación, cultura y educación, y se favorecerán las relaciones orientadas hacia un desarrollo democrático común de toda el área mediterránea. Se facilitará de forma gradual una relación privilegiada con los Balcanes y Turquía, siempre con respeto a los derechos humanos, las libertades civiles, el Estado de derecho y la justicia, sin políticas de externalización de fronteras, y se apoyará la resolución de disputas en la zona con pleno respeto a los derechos democráticos, políticos y culturales de las poblaciones kurdas.

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Se promoverá un partenariado entre la UE y América Latina por la justicia fiscal, contra el fraude y el lavado de dinero, que fortalecerá los mecanismos de lucha contra la evasión fiscal y el control transparente de la gestión de los recursos naturales. Se apoyará el regionalismo latinoamericano, clave para un futuro con crecimiento efectivo y sostenible, y se favorecerán políticas conjuntas para intercambios en educación, investigación, ciencia y economía social y solidaria. Se desarrollará una iniciativa estratégica para África cuyo eje sea la defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la transición energética y el bienestar de las sociedades, con mecanismos de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de promoción de la cooperación educativa, cultural, científica y técnica. Se impulsarán intercambios económicos entre pymes, así como el apoyo decidido a los procesos democráticos y el empoderamiento de la sociedad civil, en especial de las mujeres. En Asia, se promoverá un nuevo modelo de relaciones comerciales justas y respetuosas con los derechos humanos, laborales y medioambientales. Desde ese marco, se involucrará activamente a la UE a través del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en el marco de la iniciativa One Belt, One Road, de China, siempre con estricto cumplimiento de estándares laborales y medioambientales.

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Este plan estará compuesto por un programa europeo de inversiones, cambios normativos y la adopción de las medidas necesarias para destinar un 2,5 % del PIB de la UE a una transición ecológica que enfrente el cambio climático, la reducción de ecosistemas y la desaparición de especies. Para ello, (1) se desarrollarán energías renovables y se implementarán medidas de eficiencia energética; (2) se electrificará el transporte y se promoverá una movilidad sostenible; (3) se establecerán objetivos de cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 (y siempre garantizando el uso de carbón nacional) y de las centrales nucleares antes del final de 2024, junto con la garantía de haber creado dos empleos por cada uno que pueda perderse y el impulso de la economía circular y de programas de adaptación al cambio climático; y (4) se impulsará la I+D+i para desarrollar estas iniciativas.

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Para reducir el consumo de energía primaria y producir también un ahorro económico para la ciudadanía, se impulsarán medidas de ahorro y la eficiencia energética. Por ello, se promoverá, en primer lugar, un Plan Europeo de Rehabilitación de Edificios que mejore la eficiencia de un sector que consume el 40 % del total de energía. En segundo lugar, se implementará un plan progresivo de retirada del mercado europeo de productos de baja eficiencia energética.

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Se establecerá una línea europea de inversión público-privada de alto impacto para la I+D de nuevas tecnologías de baterías, motores, tecnologías del hidrógeno, redes inteligentes e innovaciones sociales para favorecer la movilidad, con el objetivo de impulsar la autonomía de estos nuevos vehículos, y la eficiencia y el alcance de las redes, de manera que se acelere el crecimiento de estas industrias en toda la UE.

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Junto con los sectores neoliberales españoles, como el representado por el ministro del PSOE que consideraba que «la mejor política industrial es no tener política industrial», los poderes financieros impulsaron un proceso de desindustrialización en España que hay que revertir. Se trata de recuperar la soberanía económica y hacer efectivo el objetivo de un 20 % del PIB basado en la industria que señala la UE. Para ello, se apostará por implicar al sector público en una política industrial de futuro, en colaboración con los sectores afectados y con el apoyo presupuestario de la UE, en sectores claves como el naviero, el metalúrgico y muchos otros desmantelados de forma deliberada.

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Para su promoción, se impulsará una red tecnológica de recogida, recuperación, almacenamiento, separación, depuración, procesado y «refabricación» de materiales ―en particular, los compuestos―, con el fin de eliminar en lo posible la generación de residuos y de contaminación y minimizar la extracción de materias primas. Esta industria sustituirá de manera progresiva a la incineración como procedimiento de gestión de residuos. Se impulsará también la I+D+i en procesos de biodegradación, neutralización y nuevas técnicas o vías de reciclaje en general que faciliten la reutilización de residuos, productos de desecho y compuestos contaminantes, así como el desarrollo de nuevos materiales biodegradables o fácilmente reciclables.

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Es necesario establecer, en toda la UE, un calendario ambicioso de plazos para la implantación de sistemas de devolución, recogida y recuperación de envases (modelo SDDR). Con el fin de acelerar el proceso, se crearán incentivos estatales y regionales para los territorios que consigan porcentajes de reciclaje de residuos superiores al 60 % en los próximos años mediante la consolidación de sistemas de recogida separada. Se fomentará de manera especial el compostaje como método de gestión de los residuos orgánicos. Se adoptarán medidas sancionadoras a las grandes corporaciones y a las Administraciones que no impulsen la industria del reciclaje, mantengan vertederos ilegales o se comporten de forma negligente ante vertidos accidentales o intencionados de agentes contaminantes. Se impondrán también restricciones al comercio internacional de productos que generen un alto porcentaje de residuos no biodegradables, difíciles de reciclar y peligrosos, así como la venta de residuos a terceros países que no acrediten disponer de los medios para su correcta gestión y reciclaje.

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Se garantizará un nivel de inversión pública en la I+D+i que alcance el objetivo del 3 % del PIB y una institucionalidad propia capaz de operar un giro productivo que sitúe a la UE como líder mundial en sectores como la producción de vehículos eléctricos, de energías renovables, el aprovechamiento de big data cuidando la privacidad de las personas, la inteligencia artificial, las aplicaciones de blockchain en banca y en lucha contra la corrupción, la alimentación de calidad producida de forma sostenible, la salud, los fármacos, las biotecnologías, el reciclado de materiales y la restauración de ecosistemas. Este, y no el empeoramiento de los salarios y las condiciones laborales, es el camino para mejorar la competitividad y la productividad en Europa.

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Se creará una carrera académica científica estable de ámbito europeo, con criterios claros y objetivos para acceder a cada nueva fase, de manera que una mayoría amplia de las personas que la inicien y quieran dedicarse a la ciencia o a la educación superior puedan hacerlo. Se facilitará la movilidad de científicos y científicas entre centros de investigación y universidades, así como entre la academia y la empresa, y la consolidación de una carrera profesional para el personal técnico y de gestión, clave para la viabilidad de la innovación. Asimismo, se promoverá un programa de recuperación de personal científico perdido desde la crisis, en especial el que haya salido de la UE o haya abandonado la actividad investigadora, así como un programa de estabilización y de fortalecimiento de los empleos técnicos y de gestión de la I+D+i.

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Se investigarán las causas concretas de esta brecha de género y se pondrá en marcha un Plan Europeo de Vocaciones Científicas y Tecnológicas para revertir la desigualdad de base que hace que haya menos mujeres en estudios científicos claves y en responsabilidades directivas. Se fortalecerá también el criterio de paridad entre los criterios de evaluación académica y se creará el sello Mujer y Ciencia para certificar los centros con trayectoria probada en la igualdad de oportunidades, para lo que se considerará la presencia de mujeres en los puestos directivos y en los grupos de investigación, la ausencia de precariedad en su situación y la implementación de políticas de conciliación y de lucha contra las violencias machistas.

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Se impulsará una regulación de la propiedad intelectual al servicio de la innovación, y no como una barrera para el emprendimiento. Con el objetivo de abrir el acceso a la ciencia, se creará una Red de Centros de Innovación Ciudadana como punto de encuentro entre la sociedad y la ciencia para actividades de divulgación e innovación. Se impulsará un plan de transición hacia la ciencia abierta con el objetivo de que las investigaciones financiadas con fondos europeos se publiquen en acceso abierto. Se apoyará a las revistas científicas europeas, en distintos idiomas oficiales de la UE, para que puedan aumentar su impacto y que publicar en ellas sea más valorado. Se promoverá la adhesión de las instituciones científicas a la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA). Por último, se transitará hacia la gestión digital de la ciencia mediante una web de investigación que incluya las convocatorias programadas de las distintas Administraciones, universidades y centros públicos de investigación, así como datos de investigadores e investigadoras, grupos, proyectos y centros, al tiempo que se creará un organismo europeo para velar por la transparencia y el buen gobierno del sistema europeo de la I+D+i.

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Se diseñarán a escala europea, con la dotación suficiente para su implementación en los Estados, planes específicos de financiación y asesoramiento para la incorporación de tecnología en las pymes y en la economía social, con peso en sectores como el agropecuario, y para start-ups, con especial atención a los retos que afrontan en sus periodos más difíciles de maduración, financiación y conexión.

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Será la piedra angular de la construcción de un polo de innovación en tecnologías digitales aplicadas y contará con tres líneas de investigación principales: nuevos procesos industriales, de servicios y de mejora de la vida de las personas dependientes.

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Cada vez nos encontramos más cerca de desarrollar sistemas de inteligencia artificial que no solo puedan interaccionar de manera fluida con los seres humanos, sino que permitan, también, sustituir sistemas rudimentarios de toma de decisiones en distintos procesos tecnológicos y productivos. En este sector, Europa debe adquirir el liderazgo a través de una financiación suficiente en el sistema europeo de ciencia y tecnología para las actividades de investigación básica, aplicada y su transferencia al sector productivo. Por su parte, la tecnología blockchain, al permitir verificar de manera segura todo tipo de operaciones y generar unos registros claros, imborrables y confirmables, tiene aplicaciones inmediatas tanto para reducir las comisiones del sector bancario como para hacer absolutamente transparentes y auditables todos los procesos públicos, en especial los de contratación, previniendo así la corrupción.

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La UE garantizará un marco justo para la nueva economía con el fin de evitar que los buitres aprovechen la tecnología para llevarnos a un pasado sin derechos laborales. Para ello, se establecerán reglas comunes que definan que quienes dependen para sus ingresos de estas plataformas son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Con la coordinación de la Autoridad Laboral Europea y de la renovada Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), se crearán unidades especiales para inspeccionar estos modelos de empleo y, en especial, la utilización de falsos autónomos, el trabajo mediante horas extras sin cotizar y la vulneración de los derechos sindicales.

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