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Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro


Consumo, oligopolios y grandes empresas


Se creará un impuesto europeo para las empresas digitales que grave en un 3 % su facturación, teniendo en cuenta el número de usuarios, y que suponga el pago de impuestos por los beneficios obtenidos en Europa en un porcentaje equivalente a la presencia que estas empresas tienen en el espacio digital europeo.

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Se adoptará como prioridad la eliminación de los paraísos fiscales; por ejemplo, promoviendo la creación de una Agencia Fiscal Internacional y de un impuesto global sobre las grandes fortunas. Asimismo, se promoverá la prohibición internacional de los productos financieros altamente especulativos, superando los Acuerdos de Basilea III, así como la coordinación de esfuerzos hacia una mayor progresividad tributaria y la desconcentración de las actuales estructuras empresariales.

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Se impulsará un plan de choque integral para luchar contra el fraude fiscal en la UE y fuera de ella, que incluya medidas firmes para erradicar los paraísos fiscales y hacer que las empresas que hacen uso de ellos para evadir impuestos restituyan los recursos sustraídos y ocultados. Se promoverá la conversión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en agencia europea, lo que aumentará sus recursos para investigar el fraude, la evasión y el blanqueo de capitales y se reforzará su control democrático. España apoyará la creación de una Agencia Fiscal Internacional en el marco de la ONU. Asimismo, se promoverá la adopción de impuestos europeos sobre las transacciones financieras para financiar las inversiones que necesita Europa.

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Se apoyará a las empresas de la economía social, en las que quien aporta su trabajo y su creatividad en el día a día también dirige la empresa. Además, se fomentará la participación de los trabajadores en la dirección y en el accionariado de las empresas, como ya ocurre en Alemania y en Francia, y será obligatorio establecer mecanismos de cogestión en empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras mediante la participación de estos en los órganos de dirección con voz y voto. De este modo, nuestras economías aprovecharán ese talento, que mejorará las decisiones estratégicas de las empresas.

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Para garantizar el derecho a una información y comunicación plural, veraz e independiente, promoveremos una normativa que impida el proceso de concentración empresarial en el ámbito de la comunicación. Los bancos y fondos no podrán ser propietarios de medios de comunicación. La salud de la democracia exige que quienes tienen un enorme poder financiero no puedan aprovecharlo para controlar también la comunicación y la formación de opinión pública.

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La conexión móvil y digital es hoy un derecho sin el que no se puede vivir de manera integrada. Por eso, garantizaremos un acceso a internet de 30 Mbps para cualquier núcleo habitado a un precio asequible, promovido donde sea necesario por una entidad pública. Se incorporará un canon a las operadoras destinado a financiar la ampliación de la red, que permanecerá en vigor hasta alcanzar el objetivo del 100 % de cobertura. Por otra parte, garantizaremos el acceso a una conexión a internet de carácter básico y fomentaremos la competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones para que baje esta factura en los Estados en que es más alta, como en España. Asimismo, se impulsará una estrategia europea para el desarrollo del 5G.

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Impulsaremos un texto del máximo rango jurídico que sintetice las garantías que otorga la UE a la ciudadanía en su acceso y actividad en internet. Esta carta será la afirmación ciudadana de la gobernanza democrática y abierta de una red neutral, al tiempo que servirá de protección frente a los abusos de las grandes corporaciones tecnológicas en su relación con los proveedores de servicios en internet, el uso indiscriminado de datos personales para su venta, la opacidad en el procesado de la información y la vigilancia masiva. Esta carta conjugará la libertad de expresión y creación con una remuneración que haga sostenible la actividad de autores y autoras. También establecerá la obligación de los Estados de hacer accesible la red a un precio asequible y de garantizar el derecho al olvido en internet.

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Esta figura asistirá y defenderá a la ciudadanía en su relación con las empresas tecnológicas para garantizar los derechos básicos enmarcados en la citada Carta Europea de Derechos del Mundo Digital.

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En lo relativo al funcionamiento, las inversiones y el gasto de la UE, se favorecerá el desarrollo de software libre y el uso de material informático ecológico. Se exigirá la mayor transparencia posible y un funcionamiento no discriminatorio en los algoritmos y en la inteligencia artificial, y se prohibirá que las contrataciones públicas de la UE y los Estados incluyan la cesión de datos a las empresas concesionarias. La tecnología es también un factor clave de la geopolítica, por lo que se fomentará la propiedad europea de las infraestructuras de internet y la creación de empresas tecnológicas públicas y de carácter exclusivamente europeo que faciliten el control democrático. También se reformará la directiva reciente sobre copyright, dado que sus filtros de carga ponen en peligro la libertad de internet y la sostenibilidad de muchas start ups y pymes europeas frente a las grandes corporaciones digitales.

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Para proteger nuestra salud, se derogará la normativa que permite la privatización de centros y servicios sanitarios en todo el territorio comunitario. En su lugar, se apoyará la gestión pública directa de los centros y recursos sanitarios.

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Se impulsará una directiva que regule y fije mecanismos de control sobre los precios de la vivienda en alquiler para que no superen el 30 % de los ingresos del hogar. Asimismo, se impulsará una auditoría de los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas con dinero público que nos permitan incorporar esas viviendas a los correspondientes parques públicos. Se suprimirán los privilegios fiscales a las SOCIMI y entidades análogas, por tratarse de mecanismos de elusión fiscal y de especulación con un bien tan importante como la vivienda, al mismo tiempo que se adoptarán protecciones suficientes frente a los lobbies inmobiliarios.

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Con el fin de garantizar que las personas no tengan deudas a perpetuidad, la UE colaborará en el diseño de un procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas —con una fase de conciliación en la que la persona deudora presentará una propuesta a las acreedoras que podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones— e instará a los Estados a que lo implementen. En caso de que no haya acuerdo, serán los juzgados quienes decidan el plan de pagos. En el caso de deudoras y deudores hipotecarios, este procedimiento permitirá realizar una dación en pago, incluso retroactiva, que permitiría a quienes mantienen deudas vivas con el banco, a pesar de haber entregado ya la vivienda, cancelar de este modo la deuda restante. La UE hará cumplir también de manera íntegra la Directiva 2014/17/UE y el resto de la legislación que obliga a aceptar la dación en pago y pone como límite el valor del bien hipotecado para estas deudas.

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La UE obligará a los Estados a garantizar un suministro básico de luz, agua y calefacción. Desde la UE, en atención a la protección del consumidor y la lucha contra la pobreza energética, se deben regular estos suministros conforme al sistema que se expone en el apartado 9. Se prohibirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de las personas, como la pobreza sobrevenida.

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Ante la desprotección de pymes, autónomos y autónomas frente a oligopolios como el eléctrico, el bancario o el de las telecomunicaciones, la UE promoverá su reconocimiento legal como consumidores y consumidoras, e incluirá plazos máximos de pago por parte de las grandes empresas para que estas dejen de utilizarlos como medios de financiación ilegítima, y regulará la exención del pago del IVA por facturas que no hayan cobrado.

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Se terminará con la impunidad corporativa y los vacíos legales que permiten a las multinacionales operar a costa de los derechos humanos, el medio ambiente y los tejidos económicos locales. Para ello, se impulsará un reglamento europeo de obligaciones de debida diligencia, aplicable a las empresas transnacionales europeas que les exigirá responsabilidad ante nuestros tribunales, aunque las vulneraciones de derechos se produzcan fuera de la UE. Se impulsará también la firma de un tratado internacional de la ONU que imponga penas a las empresas transnacionales si violan los derechos humanos y se exigirá la responsabilidad solidaria sobre toda la cadena de valor.

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En la legislatura pasada, Podemos lideró en el Parlamento Europeo una iniciativa para garantizar que todo el textil producido o importado a la UE cumpla unos estándares sociales y medioambientales. En esta legislatura, se convertirá en reglamento la iniciativa de «textil con derechos».

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La creciente desigualdad de fuerzas entre oligopolios y el resto de los agentes económicos daña el desarrollo local y los derechos de personas consumidoras y pymes. Se reforzarán las normas antimonopolio y el órgano regulador europeo con instrumentos efectivos de penalización frente al fraude y los casos de cárteles y oligopolios. Este órgano estará sometido a controles democráticos y de rendición de cuentas, ya que debe estar al servicio de los intereses de la ciudadanía, y no de los oligopolios que debe controlar.

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Cualquier persona u organización de la UE o de una región afectada podrá recurrir a este órgano para exigir el cese de una vulneración de sus derechos y su reparación. Este organismo también hará cumplir la obligación de incorporar las normas de reconocimiento y garantía de los derechos humanos a cualquier tratado comercial o acuerdo de protección de inversiones que suscriba la UE, exigirá el cumplimiento de su responsabilidad a las grandes corporaciones y a su personal directivo desde la perspectiva civil, administrativa y, en su caso, penal.

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Se pondrá coto a los oligopolios digitales incrementando su supervisión y se impedirá que los acuerdos comerciales contengan prohibiciones o restricciones con respecto a la tributación, la divulgación de fuente abierta o la localización de datos. Se propondrá una directiva que obligue a que los dispositivos electrónicos sean reparables y reciclables, y a erradicar la obsolescencia programada.

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Se establecerá un derecho de indemnización añadida en caso de fraude que opere como desincentivo. Se instaurarán regulaciones adaptadas a cada Estado para, en su caso, prohibir los productos financieros o de servicios que inducen conductas patológicas, especialmente en jóvenes, como la ludopatía en el caso de las apuestas. Se establecerán unas normas de etiquetado para facilitar la alimentación saludable y para erradicar los productos químicos nocivos. También se prohibirán los números de tarificación adicional para servicios de atención al cliente.

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Se incentivará la formación de comunidades energéticas ciudadanas para acelerar la transición. Parte de estas nuevas instalaciones estarán promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido y una solución para reparar la situación de los pequeños inversores que hayan sido perjudicados por las políticas estatales para obstaculizar la transición, como el caso del «hachazo a las renovables» en España. A escala europea, se establecerá la obligación de que un porcentaje de la nueva potencia renovable que se instale en cada país sea propiedad de comunidades energéticas ciudadanas durante toda la vida útil de las plantas.

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Se promoverán sistemas de fiscalidad ambiental en los Estados de la UE, como bajadas del impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos, o el establecimiento de desgravaciones por el uso de transporte público y por la adquisición de electricidad 100 % renovable. También se propondrán las bases para un impuesto estatal a las empresas energéticas que grave la producción de energías no renovables.

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La estructura que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más. La UE establecerá estándares mínimos para los Estados, de manera que el término fijo de la factura, que pagas aunque no consumas nada, no sea superior al 25 % del total y, respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros kWh (que son imprescindibles para llevar una vida digna) tengan un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche. También se impulsará la creación de empresas eléctricas públicas que empujen a los mercados a bajar las facturas y se establecerán, de forma coordinada entre los niveles europeo, estatal, comunitario y municipal, una figura de bono social que aplique descuentos automáticos, suficientes, progresivos y financiados por las empresas energéticas que operen en la UE en proporción a su facturación.

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Se eliminarán sus privilegios para devolver poder a las pymes y a quienes pagan la luz. Para ello, se avanzará en unos estándares europeos de funcionamiento del mercado eléctrico en virtud de los que cambien las condiciones de la subasta, de forma que la energía renovable (más barata) tenga una retribución estable y sea la que marque el precio, y no las energías más caras. Un sistema que incentive la compra a las instalaciones renovables ciudadanas y que establezca un cargo para compensar la sobrerretribución (beneficios caídos del cielo) de algunas centrales e impulsar la transición energética. Al mismo tiempo, se descartarán proyectos de infraestructuras energéticas sobredimensionadas y se realizará una auditoría de costes del sector eléctrico.

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Se impulsará una mayor cooperación entre los Estados, la armonización normativa y la integración virtual de los diferentes sistemas eléctricos, de forma tal que se garantice que la ciudadanía europea es menos vulnerable a los intereses de los oligopolios.

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Para proteger la salud y la seguridad de la población europea, se impulsarán medidas para reforzar la vigilancia y el seguimiento del cumplimiento por parte de los Estados y las grandes empresas de las actuales y futuras directivas sobre gestión de residuos y contaminación, y se fortalecerán y agilizarán también los mecanismos sancionadores. El Parlamento Europeo establecerá, asimismo, medidas más decididas para reducir la contaminación del aire, tales como techos de emisión atmosférica ambiciosos y vinculantes.

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Conforme a los objetivos y criterios de la Directiva Marco del Agua, que en ningún caso pueden ser rebajados y que deberán fortalecerse con instrumentos jurídicos complementarios, se impulsará una planificación hidrológica basada en estrategias de ahorro y eficiencia en el uso, de gestión de la demanda y de recuperación de costes, así como de protección del conjunto de las aguas continentales, las de transición, las costeras y las subterráneas. Esto exige un mayor control de la UE sobre los Planes Hidrológicos de Cuenca y sobre las Infraestructuras y Planes de Modernización del Regadío que se planifican desde los Estados y se financian, en gran parte, con los Fondos Estructurales Europeos, de manera que se interrumpan políticas y proyectos que solo beneficien a las grandes constructoras y a los fondos de inversión.

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La UE establecerá obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional por cada 100 gramos de producto, así como una fiscalidad alimentaria que incluya un IVA más alto para alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares, y más bajo para alimentos frescos y saludables. También promoverá una regulación de la publicidad de la comida basura que la restrinja en horario infantil y persiga la que sea engañosa.

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Se promoverá un marco común orientado a garantizar, también en la UE, los derechos laborales, la protección social, la gestión tributaria, los derechos de propiedad intelectual y el autoempleo. A partir del conocimiento y el respeto a las condiciones específicas del mercado de trabajo cultural, este marco buscará potenciar el sector y proteger a sus grupos más vulnerables ante la competencia desleal de los grandes aparatos comerciales y publicitarios. Para hacer frente a la precariedad, la inestabilidad en el empleo y garantizar el acceso a la de jubilación, se impulsará un marco normativo europeo que reconozca las enfermedades profesionales, los periodos de creación y formación, así como la transición profesional al final de las carreras artísticas. También se promoverán unas formas de contribución fiscal acordes con las condiciones de intermitencia, inestabilidad y realización del trabajo en los propios domicilios que acompañan al trabajo cultural. Asimismo, este nuevo marco velará por el fin de cualquier forma de violencia machista en este ámbito.

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Se articularán mecanismos públicos que garanticen el control entre las entidades intermediarias y los y las artistas e impidan que los retornos no lleguen a quienes trabajan efectivamente en la cultura y que las patentes obstaculicen el acceso equitativo de la sociedad a la cultura y la tecnología. También se crearán planes específicos contra el expolio arqueológico terrestre y subacuático y contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

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