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Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro


Eje I. Europa con democracia


El marco político actual de la UE, basado en el Tratado de Lisboa, hace del neoliberalismo ley. Consolida un funcionamiento cerrado por el que los poderes centrales de la UE dirigen la economía y la sociedad de manera tecnocrática y priorizando los beneficios de unos pocos. Por eso, es necesario abrir un proceso de refundación de la UE que incluya la aprobación de un nuevo tratado capaz de superar la visión ideológicamente sesgada que rige en la actualidad e incorpore el principio democrático en todas sus instituciones.

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Si la ciudadanía vota al Parlamento Europeo, esta institución debe al menos poder elaborar y aprobar leyes de manera completa. Se trata de la única institución elegida por la ciudadanía europea y, por lo tanto, concentra una legitimidad democrática que debe servir como palanca de cambio para la democratización y el equilibrio de poder en toda Europa.

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El Parlamento Europeo propondrá, elegirá y controlará a quienes compongan la Comisión, desde su presidente o presidenta hasta sus comisarios y comisarias, y lo hará de acuerdo con criterios de paridad y de equilibrio territorial. Asimismo, para que la Comisión se centre en tareas ejecutivas, se repartirá su iniciativa legislativa con el Parlamento y el Consejo, lo que permitirá configurar una Comisión más reducida que responda a la pluralidad política electa. Además de democratizar su conformación, el Parlamento podrá realizar mociones de censura constructivas tanto a los comisarios o comisarias individuales como al presidente o a la presidenta de la Comisión.

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Para que la legitimidad democrática impregne todas las instituciones comunitarias, el Parlamento Europeo elegirá y controlará los puestos de máxima responsabilidad de las agencias y otros organismos de la UE, como el Banco Central Europeo (BCE), el Banco Europeo de Inversiones, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, la Alta o el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el Comité de las Regiones o el Comité Económico y Social.

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Se reforzará la voz y la influencia de los municipios y de las comunidades autónomas en el Comité Europeo de las Regiones y se promoverá que estas últimas asistan a las reuniones del Consejo de Ministros de la UE para intervenir en los asuntos de su competencia.

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Se impulsará la creación de una Carta Democrática Europea que contemple la adopción de medidas y mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones, en su gestión y en su control democrático. Para ello, se crearán también procedimientos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía mediante formatos inclusivos. La Carta conllevará la puesta en marcha de nuevos espacios participativos para la deliberación ciudadana en lo relativo a la elaboración, la gestión y el control de las políticas públicas, los presupuestos participativos, la participación en los procesos legislativos o la celebración de un mayor número de consultas populares en asuntos decisivos.

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Los requisitos y el procedimiento para presentar una moción de censura ciudadana serán los mismos que los establecidos para presentar una Iniciativa Ciudadana Europea: primer grupo mínimo de siete ciudadanos nacionales de siete países miembros y un millón de firmas. La moción será debatida y votada en el Parlamento Europeo.

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Se implementará una estrategia europea para la participación de la infancia que asegure que los niños, niñas y adolescentes aporten e influyan en todos los ámbitos de la vida y, en especial, para que asuman un rol de liderazgo en la lucha por la igualdad y contra el cambio climático.

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Se establecerán mecanismos de transparencia que hagan accesible la información de todos los procesos de la UE, en especial, de los debates, discusiones y compromisos del Consejo Europeo, del Eurogrupo y de los triálogos entre la Comisión y los representantes del Parlamento o del Consejo.

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Se controlarán y se limitarán las actividades de los lobbies y se hará una difusión pública obligatoria de su actividad, de modo que cada vez que un lobby con intereses económicos se reúna con algún miembro de la Comisión, del Consejo, del Parlamento o con un o una alto cargo de la UE, la ciudadanía debe poder saberlo. También se establecerá un registro oficial y obligatorio de lobbies.

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Se establecerá una legislación rigurosa y unos medios suficientes para hacerla efectiva con el objetivo de impedir que representantes políticos y altos cargos de la UE usen su información y sus contactos a favor de grandes corporaciones, tanto durante su actividad pública como al terminarla.

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Se creará un Código de Ética y Transparencia que recoja mecanismos de rendición de cuentas de todas las instituciones y del personal que las compone para que la ciudadanía pueda conocer los motivos de sus decisiones y, en particular, las circunstancias relativas a la adjudicación de fondos europeos a programas, agencias y organizaciones. Este código incluirá, también, la exigencia de una plena justificación de todas las dietas y partidas que se cobren, así como la obligación de los cargos electos de hacer declaraciones de sus ingresos y propiedades, gastos y relaciones con su electorado.

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Para evitar el alejamiento de la ciudadanía respecto a sus representantes políticos y a las instituciones comunitarias, se impulsarán las siguientes limitaciones: 1) se limitarán los salarios, de modo que ningún parlamentario o parlamentaria cobre más de cuatro veces el salario mínimo de su lugar de residencia o destino ―3 600 euros al mes en España, en lugar de los 6 700 euros netos actuales― y que nadie del funcionariado o que represente a la UE cobre más de cinco veces ese salario mínimo, para lo que se establecerán compensaciones en los casos de mayor desequilibrio; 2) se requerirá justificación del uso de la dieta diaria de más de 300 euros y la mensual de «gastos generales» que reciben los y las representantes en el Parlamento y se devolverá lo no gastado; 3) se eliminará las indemnización por residencia, que supone el 15 % del sueldo base, y también la indemnización por representación de los cargos de alto nivel; 4) se fijará una tributación fiscal igual que para el resto de la ciudadanía.

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Quien paga manda, y los bancos no pueden mandar en los partidos. Por eso, se llevará a cabo una reforma para blindar la independencia de los partidos respecto al poder financiero también en la UE.

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La UE establecerá los medios necesarios para luchar contra la corrupción en su seno y en los Estados, sobre todo cuando las propias instituciones estatales no estén haciendo todo lo posible para ello o sean responsables de situaciones de corrupción, como se ha revelado recientemente en España. En particular, la UE establecerá un cuerpo de policía especializado en delitos de corrupción y delitos financieros que actuará a las órdenes del Poder Judicial de los Estados y articulará un programa de protección para quien denuncie casos de corrupción y para los funcionarios y funcionarias, periodistas y la ciudadanía en general que tomen partido contra la corrupción. También se reforzará la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que se convertirá en agencia, y su control democrático.

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Cualquier modificación en la gobernanza de la zona euro, o la creación de cualquier nueva institución u organismo, deba incluir la garantía del control parlamentario en su elección y rendición de cuentas. Esta garantía evitará giros en la orientación político económica de la UE al margen de sus pueblos, así como la creciente autonomización de las instituciones económicas respecto al principio de legitimidad democrática que se ha consolidado en la UE durante las últimas décadas.

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Será una cámara formada por representantes de los distintos Parlamentos nacionales de acuerdo con criterios de población, de características territoriales y de pluralidad política. Contará con una verdadera capacidad legislativa y de control político, así como de debate y de decisión sobre la agenda política y económica de la zona euro, incluyendo nuevos pasos en los procesos de integración.

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Se modificará el procedimiento para nombrar a quien ocupe la presidencia, la vicepresidencia y el resto de los puestos del Comité Ejecutivo del BCE. Por lo tanto, se pasará del actual sistema de elección ―opaco y pactado entre Estados― a uno con criterios de selección transparentes, un debate abierto sobre la estrategia del BCE que requerirá de la aprobación del Parlamento Europeo y del citado Parlamento de la eurozona.

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Esto implicará, también, la coordinación formal de la política monetaria con el resto de las políticas económicas.

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Esto hará que el BCE se convierta en una agente encargado de sostener las finanzas de los Estados, en lugar de un instrumento para su sometimiento a través de estas. Para ello, podrá actuar como prestamista directo de los tesoros nacionales, y no solo de manera interpuesta a través de los bancos, como ha ocurrido durante la crisis, con enormes beneficios para estos y un gran coste para nuestras deudas.

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Se llevará a cabo una reforma para acabar con la opacidad de este órgano y convertirlo en una comisión del Consejo. De este modo, el Eurogrupo estará sometido a un reglamento que establezca de manera explícita su funcionamiento y los procedimientos de votación, así como la obligación de publicar las actas, los resultados de las votaciones y las explicaciones de voto. El Eurogrupo y quien ostente su presidencia se someterán al control político del Parlamento de la eurozona de nueva creación.

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La agenda política europea sigue precisando de un mecanismo de desendeudamiento global, para lo cual se celebrará una Conferencia Europea de la Deuda. En ella, se impulsará un acuerdo para que el BCE reestructure y mutualice aquella parte de la deuda pública de todas las economías de la zona euro que exceda el 60 % del producto interior bruto (PIB). Esto podría hacerse mediante un canje de los bonos actuales por otros nuevos, adquiridos por el BCE al valor nominal con un tipo de interés del 0 % y con el objetivo de mantenerlos a perpetuidad en su balance. Este proceso de reestructuración no conllevará transferencias interterritoriales de renta y permitirá ahorrar a España unos 42 000 millones de euros en el pago de intereses en los próximos cinco años.

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Se propondrá una reforma de carácter europeo para que el acceso a los recursos y concursos públicos tenga las siguientes condiciones: el respeto a las reglas de la negociación colectiva, a los derechos laborales y a la sostenibilidad ambiental de las actividades, así como la limitación de la desigualdad salarial dentro de las empresas y la garantía de la equidad de género. La contratación pública se centrará también en las actividades y formas empresariales que aporten mayor valor social.

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Permitirá poner en marcha un Plan Europeo de Inversiones que atienda principalmente las necesidades de la transición energética y la lucha contra el cambio climático, los retos de la digitalización ―incluyendo tanto innovación como formación― y el desarrollo de servicios públicos y otros proyectos ligados al sistema de cuidados para garantizar la igualdad.

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Este Plan Europeo de Inversiones se financiará mediante la emisión de eurobonos, aparte de con los ingresos provenientes de una nueva fiscalidad más justa y progresiva.

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Con este fin, se reformarán en profundidad las actuales reglas fiscales: se renunciará a establecer de forma arbitraria los mismos objetivos o límites al déficit público para todos los países y se reconocerá que las políticas fiscales (y no solo las de recortes) pueden desempeñar también un papel estabilizador.

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Algunos impuestos, como el de sociedades o aquellos para el nuevo entorno digital, requieren una normativa común a escala europea para evitar la competencia o el dumping fiscal entre Estados, que termina erosionando la recaudación y perjudicando a la mayor parte de la población de la UE. Para ello, se establecerán unos estándares mínimos comunes para el impuesto de sociedades y se armonizarán los sistemas de retenciones fiscales en origen con un tipo mínimo efectivo de 20 puntos en todos los países de la UE, así como el límite de las deducciones de impuestos a inversiones ecológicas en un porcentaje que no exceda el 5 %.

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Se creará un impuesto europeo para las empresas digitales que grave en un 3 % su facturación, teniendo en cuenta el número de usuarios, y que suponga el pago de impuestos por los beneficios obtenidos en Europa en un porcentaje equivalente a la presencia que estas empresas tienen en el espacio digital europeo.

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Se adoptará como prioridad la eliminación de los paraísos fiscales; por ejemplo, promoviendo la creación de una Agencia Fiscal Internacional y de un impuesto global sobre las grandes fortunas. Asimismo, se promoverá la prohibición internacional de los productos financieros altamente especulativos, superando los Acuerdos de Basilea III, así como la coordinación de esfuerzos hacia una mayor progresividad tributaria y la desconcentración de las actuales estructuras empresariales.

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Se impulsará un plan de choque integral para luchar contra el fraude fiscal en la UE y fuera de ella, que incluya medidas firmes para erradicar los paraísos fiscales y hacer que las empresas que hacen uso de ellos para evadir impuestos restituyan los recursos sustraídos y ocultados. Se promoverá la conversión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en agencia europea, lo que aumentará sus recursos para investigar el fraude, la evasión y el blanqueo de capitales y se reforzará su control democrático. España apoyará la creación de una Agencia Fiscal Internacional en el marco de la ONU. Asimismo, se promoverá la adopción de impuestos europeos sobre las transacciones financieras para financiar las inversiones que necesita Europa.

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Se definirá una referencia europea común para el crecimiento salarial que impida la competencia a la baja y reconecte el crecimiento de los salarios con la evolución de la productividad. La recuperación del peso de los salarios en el conjunto de la renta de los Estados, al menos al nivel previo a la crisis de 2008, será un objetivo prioritario de la política económica de la UE.

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Se hará obligatoria la actual recomendación de la Carta Social Europea para que el salario mínimo alcance en todos los países al menos el 60 % del salario medio, lo que equivaldría, por ejemplo, a 1200 euros al mes en España.

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Este mecanismo contribuirá a asegurar que el presupuesto común tenga un efecto estabilizador y a que se garantice un suelo mínimo de derechos sociales al conjunto de la ciudadanía europea. Hasta su implementación, se eliminará cualquier limitación a este derecho que puedan sufrir quienes, percibiendo un seguro de desempleo, busquen trabajo en otros Estados de la UE.

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Con este nuevo marco normativo común, se establecerá un «suelo de derechos» que permitirá igualar —en lo relativo a derechos laborales— la situación de los trabajadores y las trabajadoras de los distintos Estados para evitar la competencia y el perjuicio que esto les causa a todas las personas que trabajan.

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Gracias al establecimiento obligatorio de una negociación colectiva europea en las grandes empresas con presencia en varios Estados, se consolidará un mecanismo de conquista de derechos y de mejora de las economías de los Estados.

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Esta institución pasará de tener un carácter consultivo a disponer de una mayor cantidad de recursos y competencias para realizar una actividad de inspección a escala europea en colaboración con las autoridades estatales. También deberá liderar la protección de los derechos de las personas trabajadoras allí donde las autoridades estatales hayan renunciado a esta labor. Asimismo, establecerá criterios vinculantes para la protección de estos derechos e impulsará la armonización legislativa en materia laboral y sindical.

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Se apoyará a las empresas de la economía social, en las que quien aporta su trabajo y su creatividad en el día a día también dirige la empresa. Además, se fomentará la participación de los trabajadores en la dirección y en el accionariado de las empresas, como ya ocurre en Alemania y en Francia, y será obligatorio establecer mecanismos de cogestión en empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras mediante la participación de estos en los órganos de dirección con voz y voto. De este modo, nuestras economías aprovecharán ese talento, que mejorará las decisiones estratégicas de las empresas.

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La UE establecerá medidas para garantizar que los Estados cumplen con su obligación de dar acceso a unas pensiones suficientes y actualizadas para hacer posible una vida digna. En particular, pondrá en marcha una estrategia europea para elevar las pensiones más bajas, que nunca podrán situarse por debajo del umbral de la pobreza, y para reducir la brecha de género en las pensiones, derivada de las discriminaciones acumuladas durante décadas contra las mujeres.

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