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Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro


Industria


Permitirá poner en marcha un Plan Europeo de Inversiones que atienda principalmente las necesidades de la transición energética y la lucha contra el cambio climático, los retos de la digitalización ―incluyendo tanto innovación como formación― y el desarrollo de servicios públicos y otros proyectos ligados al sistema de cuidados para garantizar la igualdad.

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Este Plan Europeo de Inversiones se financiará mediante la emisión de eurobonos, aparte de con los ingresos provenientes de una nueva fiscalidad más justa y progresiva.

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Se creará un impuesto europeo para las empresas digitales que grave en un 3 % su facturación, teniendo en cuenta el número de usuarios, y que suponga el pago de impuestos por los beneficios obtenidos en Europa en un porcentaje equivalente a la presencia que estas empresas tienen en el espacio digital europeo.

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Se impulsarán cambios legislativos que permitan el rescate público de empresas en crisis o su gestión por parte de los trabajadores y las trabajadoras, así como un fortalecimiento de las protecciones frente a la devaluación de derechos y contra las deslocalizaciones para asegurar los empleos locales y los derechos del personal. Asimismo, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se reorientará hacia el beneficio efectivo de la gente y de las pymes. Estas políticas prestarán más apoyo a Estados que, como España, se encuentran lejos del objetivo de la UE para el 2020 de que la industria suponga el 20 % del PIB.

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La actual política comercial de la UE daña la agricultura familiar, el tejido productivo y comercial local y a las pymes. Por eso, se impulsará la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), además de un modelo productivo y comercial justo, sostenible, que garantice la igualdad.

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En la legislatura pasada, Podemos lideró en el Parlamento Europeo una iniciativa para garantizar que todo el textil producido o importado a la UE cumpla unos estándares sociales y medioambientales. En esta legislatura, se convertirá en reglamento la iniciativa de «textil con derechos».

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La creciente desigualdad de fuerzas entre oligopolios y el resto de los agentes económicos daña el desarrollo local y los derechos de personas consumidoras y pymes. Se reforzarán las normas antimonopolio y el órgano regulador europeo con instrumentos efectivos de penalización frente al fraude y los casos de cárteles y oligopolios. Este órgano estará sometido a controles democráticos y de rendición de cuentas, ya que debe estar al servicio de los intereses de la ciudadanía, y no de los oligopolios que debe controlar.

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Este plan estará compuesto por un programa europeo de inversiones, cambios normativos y la adopción de las medidas necesarias para destinar un 2,5 % del PIB de la UE a una transición ecológica que enfrente el cambio climático, la reducción de ecosistemas y la desaparición de especies. Para ello, (1) se desarrollarán energías renovables y se implementarán medidas de eficiencia energética; (2) se electrificará el transporte y se promoverá una movilidad sostenible; (3) se establecerán objetivos de cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 (y siempre garantizando el uso de carbón nacional) y de las centrales nucleares antes del final de 2024, junto con la garantía de haber creado dos empleos por cada uno que pueda perderse y el impulso de la economía circular y de programas de adaptación al cambio climático; y (4) se impulsará la I+D+i para desarrollar estas iniciativas.

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Se garantizará por ley que, antes de que se pierda un empleo del sector de los combustibles fósiles, se crearán dos empleos con condiciones laborales idénticas o mejores en la misma comarca y tendrán prioridad absoluta de acceso a ellos las personas afectadas. La transición energética que se plantea será justa o no será.

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Se incentivará la formación de comunidades energéticas ciudadanas para acelerar la transición. Parte de estas nuevas instalaciones estarán promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido y una solución para reparar la situación de los pequeños inversores que hayan sido perjudicados por las políticas estatales para obstaculizar la transición, como el caso del «hachazo a las renovables» en España. A escala europea, se establecerá la obligación de que un porcentaje de la nueva potencia renovable que se instale en cada país sea propiedad de comunidades energéticas ciudadanas durante toda la vida útil de las plantas.

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La UE promoverá la colaboración con los fabricantes y la acción coordinada de los Estados para que puedan adaptar sus procesos productivos a la fabricación de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles, sin que el cambio del parque móvil suponga ningún coste añadido para la economía de las familias.

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Se establecerá una línea europea de inversión público-privada de alto impacto para la I+D de nuevas tecnologías de baterías, motores, tecnologías del hidrógeno, redes inteligentes e innovaciones sociales para favorecer la movilidad, con el objetivo de impulsar la autonomía de estos nuevos vehículos, y la eficiencia y el alcance de las redes, de manera que se acelere el crecimiento de estas industrias en toda la UE.

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Junto con los sectores neoliberales españoles, como el representado por el ministro del PSOE que consideraba que «la mejor política industrial es no tener política industrial», los poderes financieros impulsaron un proceso de desindustrialización en España que hay que revertir. Se trata de recuperar la soberanía económica y hacer efectivo el objetivo de un 20 % del PIB basado en la industria que señala la UE. Para ello, se apostará por implicar al sector público en una política industrial de futuro, en colaboración con los sectores afectados y con el apoyo presupuestario de la UE, en sectores claves como el naviero, el metalúrgico y muchos otros desmantelados de forma deliberada.

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La estructura que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más. La UE establecerá estándares mínimos para los Estados, de manera que el término fijo de la factura, que pagas aunque no consumas nada, no sea superior al 25 % del total y, respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros kWh (que son imprescindibles para llevar una vida digna) tengan un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche. También se impulsará la creación de empresas eléctricas públicas que empujen a los mercados a bajar las facturas y se establecerán, de forma coordinada entre los niveles europeo, estatal, comunitario y municipal, una figura de bono social que aplique descuentos automáticos, suficientes, progresivos y financiados por las empresas energéticas que operen en la UE en proporción a su facturación.

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Se eliminarán sus privilegios para devolver poder a las pymes y a quienes pagan la luz. Para ello, se avanzará en unos estándares europeos de funcionamiento del mercado eléctrico en virtud de los que cambien las condiciones de la subasta, de forma que la energía renovable (más barata) tenga una retribución estable y sea la que marque el precio, y no las energías más caras. Un sistema que incentive la compra a las instalaciones renovables ciudadanas y que establezca un cargo para compensar la sobrerretribución (beneficios caídos del cielo) de algunas centrales e impulsar la transición energética. Al mismo tiempo, se descartarán proyectos de infraestructuras energéticas sobredimensionadas y se realizará una auditoría de costes del sector eléctrico.

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Se priorizará la generación eléctrica distribuida y renovable cerca de su lugar de consumo, en contraste con las grandes infraestructuras de transporte, que solo serán admisibles como último recurso cuando se demuestre fehacientemente que el resto de los instrumentos que permiten la integración de renovables son insuficientes. Se tenderá a la exclusión del gas en los sistemas eléctricos insulares para alcanzar cuanto antes un mix energético 100 % renovable que sea referencia de la transición energética, y se evitará la construcción de nuevas infraestructuras gasísticas, sobre todo de transporte y regasificación, para contribuir a esta transición.

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Se instará a los Estados a que impidan nuevas autorizaciones de exploración y extracción de hidrocarburos ―convencionales y no convencionales, como el fracking o fractura hidráulica―, debido a sus consecuencias irreversibles.

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Para proteger la salud y la seguridad de la población europea, se impulsarán medidas para reforzar la vigilancia y el seguimiento del cumplimiento por parte de los Estados y las grandes empresas de las actuales y futuras directivas sobre gestión de residuos y contaminación, y se fortalecerán y agilizarán también los mecanismos sancionadores. El Parlamento Europeo establecerá, asimismo, medidas más decididas para reducir la contaminación del aire, tales como techos de emisión atmosférica ambiciosos y vinculantes.

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Para su promoción, se impulsará una red tecnológica de recogida, recuperación, almacenamiento, separación, depuración, procesado y «refabricación» de materiales ―en particular, los compuestos―, con el fin de eliminar en lo posible la generación de residuos y de contaminación y minimizar la extracción de materias primas. Esta industria sustituirá de manera progresiva a la incineración como procedimiento de gestión de residuos. Se impulsará también la I+D+i en procesos de biodegradación, neutralización y nuevas técnicas o vías de reciclaje en general que faciliten la reutilización de residuos, productos de desecho y compuestos contaminantes, así como el desarrollo de nuevos materiales biodegradables o fácilmente reciclables.

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Es necesario establecer, en toda la UE, un calendario ambicioso de plazos para la implantación de sistemas de devolución, recogida y recuperación de envases (modelo SDDR). Con el fin de acelerar el proceso, se crearán incentivos estatales y regionales para los territorios que consigan porcentajes de reciclaje de residuos superiores al 60 % en los próximos años mediante la consolidación de sistemas de recogida separada. Se fomentará de manera especial el compostaje como método de gestión de los residuos orgánicos. Se adoptarán medidas sancionadoras a las grandes corporaciones y a las Administraciones que no impulsen la industria del reciclaje, mantengan vertederos ilegales o se comporten de forma negligente ante vertidos accidentales o intencionados de agentes contaminantes. Se impondrán también restricciones al comercio internacional de productos que generen un alto porcentaje de residuos no biodegradables, difíciles de reciclar y peligrosos, así como la venta de residuos a terceros países que no acrediten disponer de los medios para su correcta gestión y reciclaje.

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Se garantizará un nivel de inversión pública en la I+D+i que alcance el objetivo del 3 % del PIB y una institucionalidad propia capaz de operar un giro productivo que sitúe a la UE como líder mundial en sectores como la producción de vehículos eléctricos, de energías renovables, el aprovechamiento de big data cuidando la privacidad de las personas, la inteligencia artificial, las aplicaciones de blockchain en banca y en lucha contra la corrupción, la alimentación de calidad producida de forma sostenible, la salud, los fármacos, las biotecnologías, el reciclado de materiales y la restauración de ecosistemas. Este, y no el empeoramiento de los salarios y las condiciones laborales, es el camino para mejorar la competitividad y la productividad en Europa.

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Se impulsará una regulación de la propiedad intelectual al servicio de la innovación, y no como una barrera para el emprendimiento. Con el objetivo de abrir el acceso a la ciencia, se creará una Red de Centros de Innovación Ciudadana como punto de encuentro entre la sociedad y la ciencia para actividades de divulgación e innovación. Se impulsará un plan de transición hacia la ciencia abierta con el objetivo de que las investigaciones financiadas con fondos europeos se publiquen en acceso abierto. Se apoyará a las revistas científicas europeas, en distintos idiomas oficiales de la UE, para que puedan aumentar su impacto y que publicar en ellas sea más valorado. Se promoverá la adhesión de las instituciones científicas a la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA). Por último, se transitará hacia la gestión digital de la ciencia mediante una web de investigación que incluya las convocatorias programadas de las distintas Administraciones, universidades y centros públicos de investigación, así como datos de investigadores e investigadoras, grupos, proyectos y centros, al tiempo que se creará un organismo europeo para velar por la transparencia y el buen gobierno del sistema europeo de la I+D+i.

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Se diseñarán a escala europea, con la dotación suficiente para su implementación en los Estados, planes específicos de financiación y asesoramiento para la incorporación de tecnología en las pymes y en la economía social, con peso en sectores como el agropecuario, y para start-ups, con especial atención a los retos que afrontan en sus periodos más difíciles de maduración, financiación y conexión.

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Será la piedra angular de la construcción de un polo de innovación en tecnologías digitales aplicadas y contará con tres líneas de investigación principales: nuevos procesos industriales, de servicios y de mejora de la vida de las personas dependientes.

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Cada vez nos encontramos más cerca de desarrollar sistemas de inteligencia artificial que no solo puedan interaccionar de manera fluida con los seres humanos, sino que permitan, también, sustituir sistemas rudimentarios de toma de decisiones en distintos procesos tecnológicos y productivos. En este sector, Europa debe adquirir el liderazgo a través de una financiación suficiente en el sistema europeo de ciencia y tecnología para las actividades de investigación básica, aplicada y su transferencia al sector productivo. Por su parte, la tecnología blockchain, al permitir verificar de manera segura todo tipo de operaciones y generar unos registros claros, imborrables y confirmables, tiene aplicaciones inmediatas tanto para reducir las comisiones del sector bancario como para hacer absolutamente transparentes y auditables todos los procesos públicos, en especial los de contratación, previniendo así la corrupción.

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La UE garantizará un marco justo para la nueva economía con el fin de evitar que los buitres aprovechen la tecnología para llevarnos a un pasado sin derechos laborales. Para ello, se establecerán reglas comunes que definan que quienes dependen para sus ingresos de estas plataformas son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Con la coordinación de la Autoridad Laboral Europea y de la renovada Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), se crearán unidades especiales para inspeccionar estos modelos de empleo y, en especial, la utilización de falsos autónomos, el trabajo mediante horas extras sin cotizar y la vulneración de los derechos sindicales.

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Se fomentarán mecanismos de financiación y de intercambio cultural para que las personas jóvenes puedan liderar proyectos culturales y asegurar la sostenibilidad de la industria cultural europea.

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