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Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro


Internacional


Se reformará con urgencia el Sistema Europeo Común de Asilo y se creará un Sistema Común de Migraciones. Ambos serán efectivos y estarán basados en los derechos humanos y los valores fundamentales de la UE. Urge, asimismo, modificar el Reglamento de Dublín: derogar el principio de primer país de entrada y establecer que el análisis de la solicitud de asilo sea responsabilidad del Estado de preferencia de la persona solicitante. También se incrementarán de manera drástica las plazas de reasentamiento y se prestará especial atención a las solicitudes de asilo presentadas por motivos de orientación sexual o identidad de género, trata o cualquier otro motivo relacionado con el género (violencia, matrimonios forzados, mutilación genital, etcétera), sin que medien prejuicios o estereotipos.

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La UE dedicará medidas y recursos a erradicar la discriminación a la que se enfrentan las mujeres y niñas por razón de su género, origen étnico racial, nivel socioeconómico, situación administrativa y lugar de procedencia, entre otras. Impulsará la creación de un fondo para la implementación de una Estrategia Europea de Aplicación del Convenio de Estambul en Migración y Asilo, con un enfoque interseccional de derechos y de género.

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Se establecerán vías legales y seguras de acceso a Europa a través de un programa efectivo de reasentamientos, abrirá la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de los Estados europeos en terceros países; hará posible, también, la concesión de visados humanitarios, y facilitará la reagrupación familiar tanto ad intra como ad extra.

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La UE evaluará el trabajo realizado por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y reformulará sus funciones a fin de priorizar las de búsqueda y salvamento de personas migrantes en el mar. Complementariamente, se promoverá la creación de servicios de salvamento estatales en los países miembros, exportando así el modelo del Servicio de Salvamento Marítimo español. En tanto se implementa este modelo público civil de salvaguarda de la vida en el mar, se garantizará el trabajo de las ONG de rescate y salvamento en el Mediterráneo Central y cesará la criminalización de su actividad.

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Se exigirá, en las fronteras de la UE, la retirada de elementos lesivos que pongan en peligro la integridad física o la vida de las personas migrantes, y se prohibirán expresamente tanto en las fronteras terrestres como marítimas, en plataformas de desembarco o similares. También se prohibirá cualquier tipo de «devolución en caliente» o exprés ilegal, ya sea por ser colectivas (sin expediente individualizado), por el incumplimiento del principio de no devolución o por no haber tenido lugar una atención e identificación adecuadas de los posibles perfiles de vulnerabilidad de cada persona.

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Se impulsará el cierre de todos los centros de internamiento y detención para personas migrantes o refugiadas en territorio europeo. Se velará, asimismo, por que los campos de refugiados reúnan las condiciones mínimas para que en ellos se pueda tener una vida digna y se respeten los derechos humanos.

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Se instará al Consejo, a la Comisión y a los Estados a que se abstengan de concluir acuerdos sobre migración con terceros países que no respeten los derechos humanos, así como a que suspendan los ya existentes por no ser conformes a las propias normas europeas.

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La UE hará que los Estados implementen y supervisen el cumplimiento de la Directiva relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, poniendo especial atención a que se las considere sujetos de derecho, se garanticen vías migratorias legales y seguras, así como a la identificación, protección y reparación de todas las mujeres y niñas víctimas de trata. También se incidirá en la prohibición de deportación o encierro de víctimas en los CIE y en que estas queden exentas de responsabilidad penal en caso de encontrarse en situación administrativa irregular. Las medidas para combatir la trata deben diseñarse y aplicarse conforme a los principios enunciados e incluir sanciones para los Estados que las incumplan.

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La UE reconocerá las migraciones ambientales como el fenómeno referido a las personas o comunidades obligadas a huir de su residencia por cuestiones relacionadas con el medio ambiente, ya sea como consecuencia de los efectos del cambio climático, de la degradación ambiental o del expolio de los recursos por parte de grandes corporaciones. La UE impulsará la creación de un régimen internacional que proteja a las personas y comunidades por la violación de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

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Lo ocurrido en el paso fronterizo de El Tarajal, en Ceuta, en 2014, marcó un antes y un después en la política migratoria europea y, por ello, es necesario poner el foco en la justicia y en la reparación para las víctimas y sus familias como símbolo de las miles de víctimas en el tránsito hacia Europa. Por lo tanto, se establecerá esta fecha para avanzar en la reparación de daños a las miles de víctimas de los procesos migratorios en el tránsito hacia Europa y cumplir en 2020 el objetivo de cero muertes en el Mediterráneo.

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La UE implementará un programa de apoyo a los Estados para que sus políticas activas de empleo y sus ofertas de empleo público tengan en cuenta las circunstancias y experiencia laboral de las personas que viven fuera, para que desde el momento del retorno puedan acceder a prestaciones, como nuestra propuesta de garantía de ingresos, y para que exista un servicio de información y orientación al retorno en las secciones y oficinas consulares.

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La UE velará por que los Estados no puedan imponer restricciones ni obstáculos desproporcionados al ejercicio de los derechos políticos de sus nacionales, tales como los impedimentos al voto que impone España con el sistema de voto rogado.

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La UE establecerá medidas para garantizar que todas las personas tengan acceso a una cobertura sanitaria adecuada, al margen de donde vivan, su situación laboral o de cuándo hayan salido de su Estado de origen.

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Debe impedirse que los poderes económicos y financieros pongan a su servicio a las instituciones mediante una influencia ilegítima en el proceso legislativo. Los mandatos negociadores deben votarse en el Parlamento Europeo y en los Parlamentos nacionales, que deberán tener capacidad de escrutinio y enmienda durante las negociaciones.

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Se terminará con la impunidad corporativa y los vacíos legales que permiten a las multinacionales operar a costa de los derechos humanos, el medio ambiente y los tejidos económicos locales. Para ello, se impulsará un reglamento europeo de obligaciones de debida diligencia, aplicable a las empresas transnacionales europeas que les exigirá responsabilidad ante nuestros tribunales, aunque las vulneraciones de derechos se produzcan fuera de la UE. Se impulsará también la firma de un tratado internacional de la ONU que imponga penas a las empresas transnacionales si violan los derechos humanos y se exigirá la responsabilidad solidaria sobre toda la cadena de valor.

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Conforme al principio de coherencia de las políticas de comercio, la UE paralizará las negociaciones y revertirá la implementación de los acuerdos de comercio e inversión que no cumplan con los principios expuestos. Se propondrá, además, renegociar los tratados existentes para proteger el interés público, el trabajo digno, la viabilidad de la actividad de autónomos, autónomas y pymes de cada territorio, los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental, así como las obligaciones extraterritoriales de los Estados. Se suprimirá la aplicación provisional y se incluirá una limitación temporal obligatoria.

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Los inversores extranjeros deben estar sujetos a las mismas leyes que los nacionales. Se propondrá el abandono de los tratados de protección y promoción de inversiones que contengan cláusulas de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), así como la retirada del Tratado sobre la Carta de la Energía, ejemplo de polémicos mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados.

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Lucrarse con los ataques a la vida y a los derechos humanos no es compatible con la identidad europea. Por eso, se prohibirá el comercio de armas con países donde puedan utilizarse para la represión interna, las agresiones externas o las violaciones de derechos humanos. También se contará con medios suficientes para garantizar la prohibición del comercio de personas (esclavitud) y órganos, de residuos peligrosos o de especies en peligro de extinción. Para alcanzar el horizonte verde, se reducirá también el comercio de combustibles fósiles.

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Se fortalecerán las alianzas con países del Sur global para no permitir más acuerdos comerciales que generen y perpetúen la pobreza y encierren a los socios comerciales en relaciones de explotación.

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Se implementará un plan de acción europeo para la promoción y el fomento del comercio justo, sostenible y responsable, dotado con suficientes recursos y acompañado por campañas de concienciación ciudadana. Las instituciones, por medio de las compras públicas, contribuirán al desarrollo de un comercio equitativo; por ejemplo, mediante la valoración extra de los productos de comercio justo y sostenible en los concursos.

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Se estudiará el impacto de género en los acuerdos comerciales existentes y, con carácter previo, en los nuevos que se puedan suscribir. Se incorporarán a los nuevos acuerdos y a los existentes, en la medida de lo posible, cláusulas y mecanismos sancionadores efectivos para alcanzar la igualdad de género, garantizar los derechos de las mujeres y su empoderamiento.

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Cualquier persona u organización de la UE o de una región afectada podrá recurrir a este órgano para exigir el cese de una vulneración de sus derechos y su reparación. Este organismo también hará cumplir la obligación de incorporar las normas de reconocimiento y garantía de los derechos humanos a cualquier tratado comercial o acuerdo de protección de inversiones que suscriba la UE, exigirá el cumplimiento de su responsabilidad a las grandes corporaciones y a su personal directivo desde la perspectiva civil, administrativa y, en su caso, penal.

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Se impulsará una reforma integral de esta organización para implementar una política comercial y de inversión alternativa a escala mundial, contando con las demandas y necesidades de los países empobrecidos para que accedan a reglas comerciales justas, así como para dar prioridad al desarrollo del comercio local y regional controlado por las propias regiones y sus comunidades.

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No se financiarán con dinero público la extracción y el comercio de combustibles fósiles, los grandes proyectos industriales y mineros, ni las infraestructuras en países en desarrollo que agraven el cambio climático, desplacen a la población, destruyan la biodiversidad o violen los derechos humanos.

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Se promoverá el liderazgo de la UE en la lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente en foros internacionales, la voz única en los foros globales en ciertos pilares básicos, el voto de los Estados miembros en política exterior por mayoría cualificada y la democratización del Consejo de Seguridad de la ONU. Se apostará por un mandato de defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la protección de civiles, las dinámicas de diálogo y el liderazgo local en la gestión de crisis. Para ello, se impulsará la creación de una asamblea parlamentaria en la ONU, elegida democráticamente, para abordar los temas claves para el futuro de la humanidad.

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Se fortalecerán los programas de defensores y defensoras de derechos humanos, medioambientalistas y sindicalistas a través de una mayor dotación presupuestaria, la ampliación de sus competencias y la consolidación de su estructura para incrementar su eficacia y dar seguridad efectiva a todas las personas defensoras de derechos humanos de los países socios de la UE que puedan verse amenazadas.

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Se reforzará la estrategia de acción exterior feminista de la UE mediante un incremento presupuestario que permita su pleno desarrollo. La perspectiva de género no solo será transversal en todos los programas de cooperación, sino que además el 35 % de los fondos de la Ayuda Oficial al Desarrollo de la UE se destinará a intervenciones específicas para la promoción de la igualdad, el empoderamiento de las mujeres y la promoción de sus derechos, incluyendo los sexuales y reproductivos. Se transversalizará la perspectiva de género y el análisis feminista será interseccional en todas las políticas públicas, normas y presupuestos de la UE y los Estados miembros, de manera que sea preceptivo el dictamen del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), o de órganos estatales análogos, con la participación de organizaciones feministas, tanto con carácter previo como tras su aplicación.

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Se impulsará un servicio exterior ejecutor y garante de una política pública promotora de la solidaridad internacional, el diálogo pacífico entre pueblos y la justicia, al servicio de la ciudadanía, que garantizará su participación y contribución significativa y vinculante. Se fortalecerá el rol de las delegaciones en la interlocución con la sociedad civil local y con las comunidades afectadas por proyectos y empresas de la UE. Estas delegaciones tendrán capacidad de tramitar visados a personas refugiadas y ofrecer protección y asilo a defensoras y defensores de derechos humanos. Asimismo, participarán en el diálogo político con los Gobiernos para fortalecer la democracia y los derechos humanos.

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Se superará el modelo fallido de competencia y sanciones comerciales en la vecindad oriental y con Rusia, y se apostará por mecanismos de cooperación y diálogo para la resolución de conflictos y la promoción de los derechos humanos y el desarrollo social y económico común. Para ello, se propondrá una conferencia para la distensión en la vecindad oriental europea con la participación de todos los actores de la región. Se propondrá una relación igualitaria, de mutuo beneficio, con los países del Magreb, se reforzarán las relaciones diplomáticas y la cooperación en investigación, cultura y educación, y se favorecerán las relaciones orientadas hacia un desarrollo democrático común de toda el área mediterránea. Se facilitará de forma gradual una relación privilegiada con los Balcanes y Turquía, siempre con respeto a los derechos humanos, las libertades civiles, el Estado de derecho y la justicia, sin políticas de externalización de fronteras, y se apoyará la resolución de disputas en la zona con pleno respeto a los derechos democráticos, políticos y culturales de las poblaciones kurdas.

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Se promoverá un partenariado entre la UE y América Latina por la justicia fiscal, contra el fraude y el lavado de dinero, que fortalecerá los mecanismos de lucha contra la evasión fiscal y el control transparente de la gestión de los recursos naturales. Se apoyará el regionalismo latinoamericano, clave para un futuro con crecimiento efectivo y sostenible, y se favorecerán políticas conjuntas para intercambios en educación, investigación, ciencia y economía social y solidaria. Se desarrollará una iniciativa estratégica para África cuyo eje sea la defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la transición energética y el bienestar de las sociedades, con mecanismos de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de promoción de la cooperación educativa, cultural, científica y técnica. Se impulsarán intercambios económicos entre pymes, así como el apoyo decidido a los procesos democráticos y el empoderamiento de la sociedad civil, en especial de las mujeres. En Asia, se promoverá un nuevo modelo de relaciones comerciales justas y respetuosas con los derechos humanos, laborales y medioambientales. Desde ese marco, se involucrará activamente a la UE a través del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en el marco de la iniciativa One Belt, One Road, de China, siempre con estricto cumplimiento de estándares laborales y medioambientales.

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Se apoyará con acciones concretas el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, con la base jurídica de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre recursos naturales, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para una solución justa y pacífica mediante referéndum y los procesos de diálogo impulsados por el enviado especial. Se promoverá el establecimiento de relaciones diplomáticas de alto nivel con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y la ampliación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), para que adquiera competencias en la protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población saharaui.

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Se promoverá el reconocimiento por parte de las instituciones europeas del Estado de Palestina de manera inmediata, unilateral e incondicional, y se exigirá el fin de la ocupación, el bloqueo y el apartheid que sufren sus poblaciones. Se decretará un embargo militar a Israel por las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en la Franja de Gaza y se impulsará una investigación internacional ante la posible comisión de crímenes de guerra por el asesinato de manifestantes pacíficos. Se promoverán también normativas que prohíban de manera efectiva la importación de productos, bienes y servicios producidos o procedentes de los asentamientos ilegales, según el derecho internacional y la ONU. Además, la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) contará con una financiación fija y suficiente.

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Como la incertidumbre asociada a la salida del Reino Unido de la UE ya está afectando a nuestros compatriotas, se defenderá no participar en ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido que menoscabe derechos de todo tipo —incluidos los derechos sociales— de las personas de nacionalidad española que residen allí. Nuestra prioridad serán los derechos de la ciudadanía, con permisos de residencia y trabajo para los españoles y las españolas residentes en el Reino Unido y para las personas británicas en España. También se garantizarán los respectivos derechos a sufragio activo y pasivo en las elecciones locales.

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Tanto ante el Reino Unido como ante Gibraltar, se garantizarán sus actividades, especialmente con permisos de trabajo, retribuciones, pensiones, atención sanitaria y acceso pleno a la Seguridad Social y, en caso de salida del Reino Unido, se articularán mecanismos suficientes para que el paso diario de las personas trabajadoras a Gibraltar y en sentido contrario no se vea dificultado por los controles de documentación. Se solicitarán recursos en el siguiente presupuesto de la UE para financiar el Plan Integral de Regeneración Socioeconómica Sostenible del Campo de Gibraltar.

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Se respaldará la constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza entre Andalucía y Gibraltar, que normalizará jurídicamente el espacio de diálogo, la cooperación socioeconómica y el trabajo compartido por las instituciones y los agentes económicos y sociales de ambos lados de la Verja. Se desarrollará el sistema de transporte público transfronterizo para permitir la movilidad laboral y se solicitará a la UE la inclusión de esta zona en su programa para el empleo y la innovación social y ayuda a los trabajadores transfronterizos. También se impulsarán los sistemas judiciales y policiales en la comarca, incluido el Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho de la UE, para combatir el narcotráfico y los delitos de blanqueo de capitales, con un mecanismo de coordinación en estas materias entre el Ministerio de Justicia, de Interior y las instancias autonómicas pertinentes.

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Nuestro sector agropecuario y nuestro sector pesquero serán prioritarios en caso de salida del Reino Unido de la UE. Dado el volumen de intercambios, se impulsará un acuerdo que elimine los aranceles mutuos para que nuestras productoras y nuestros productores agropecuarios y pesqueros puedan seguir vendiendo sus productos en el Reino Unido. Se revisarán los acuerdos comerciales previos, que contaban con 60 millones de consumidores británicos de productos alimenticios, en beneficio de nuestro sector agrícola y ganadero.

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Se promoverá que la UE adopte un papel activo en la resolución pacífica y dialogada de los conflictos más importantes del mundo actual. Se impulsará el apoyo político y financiero a los procesos de paz a partir de una mediación constructiva y una resolución pacífica y democrática de los conflictos en Oriente Medio, África y América Latina, priorizando para ello los mecanismos de justicia transicional y la defensa del derecho a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas, en especial, las de violencia sexual.

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Se recuperará el perfil europeo de valores pacíficos y democráticos a través del organismo del Alto Representante y a la creación del Comisariado de Cultura para la Paz y la Democracia. Se garantizará el apoyo político a la participación de las mujeres en los procesos de paz, a la paridad en el seno de la UE y en los puestos de toma de decisiones, a la formación en materia de igualdad de género, y mujeres, paz y seguridad para el personal de mantenimiento de la paz, así como una colaboración más amplia con la sociedad civil y en la lucha contra la violencia sexual en conflictos.

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Se fortalecerán la cooperación europea y el desplazamiento progresivo del espacio atlántico (OTAN) al europeo (PCSD), evitando duplicidades y mejorando tanto las sinergias y la racionalización de capacidades entre Estados como la eficacia en conjunto. Se apoyará la abolición de las armas nucleares promoviendo la adhesión y firma del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN) y de los sistemas de armamento letal autónomo ―es decir, carentes de control humano significativo en fases críticas de su uso― y se impulsará la educación para la paz como un aspecto transversal de la acción gubernamental. En el proceso gradual de conformación del Ejército europeo, defenderemos que este tenga una orientación defensiva, que disponga de mecanismos de legitimación democrática parlamentaria desde el inicio, y que su participación en la promoción de la paz y la prevención de crímenes contra la humanidad esté basada en el derecho internacional y en la aprobación parlamentaria.

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En las misiones bajo la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), se impulsará la mejora de las condiciones, derechos y obligaciones comunes, con independencia del origen nacional de los soldados, con iguales reglas de enfrentamiento (ROE), indemnizaciones por salida al extranjero, duración del despliegue, políticas de permisos y periodos de descanso y garantías jurídicas, entre otros aspectos.

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Se potenciará el rol del Parlamento Europeo en la toma de decisiones del envío de misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD). Se promoverán consultas ciudadanas sobre financiación y participación en operaciones militares internacionales de calado, siempre cumpliendo el derecho internacional y con autorización de la ONU.

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Se planteará un abordaje integral del fenómeno que dé respuesta también a las causas sobre las que los grupos terroristas expanden su barbarismo: la exclusión, las desigualdades, la difusión de la cultura del odio, la intolerancia, los fundamentalismos religiosos, así como sus fuentes de financiación y su acceso a las armas. En paralelo, se establecerán mecanismos que mejoren la cooperación policial, judicial y de los servicios de inteligencia, y el intercambio de información a escala europea y entre los Estados miembros, y se adoptarán políticas de seguridad y prevención basadas en la evidencia y que no vayan en detrimento de las libertades civiles.

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Se orientará de manera especial a la lucha contra la pobreza, las desigualdades y la sostenibilidad ambiental. Esta Vicepresidencia armonizará y coordinará la acción exterior de la UE para la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todo el mundo, en colaboración con sus socios externos y con mecanismos de evaluación y auditoría utilizando los instrumentos disponibles en el marco de sus políticas exteriores y apoyando en particular los esfuerzos en los países en desarrollo. Además, velará por la coherencia de las políticas públicas para evitar los impactos negativos que puedan tener en la contribución a la Agenda 2030.

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Se desarrollará esta normativa con el objetivo de armonizar la dispersión existente y asegurar que la ayuda internacional para el desarrollo de la UE responda en exclusiva a objetivos de desarrollo sostenible, de manera que se evite cualquier subordinación o condicionalidad de esta a los fines de otras políticas, como la comercial o la migratoria.

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Se promoverá una hoja de ruta comprometida con la financiación a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para alcanzar el objetivo del 0,7 % de la renta nacional bruta en 2027.

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