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Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro


Lucha contra la pobreza


Se definirá una referencia europea común para el crecimiento salarial que impida la competencia a la baja y reconecte el crecimiento de los salarios con la evolución de la productividad. La recuperación del peso de los salarios en el conjunto de la renta de los Estados, al menos al nivel previo a la crisis de 2008, será un objetivo prioritario de la política económica de la UE.

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Se hará obligatoria la actual recomendación de la Carta Social Europea para que el salario mínimo alcance en todos los países al menos el 60 % del salario medio, lo que equivaldría, por ejemplo, a 1200 euros al mes en España.

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Este mecanismo contribuirá a asegurar que el presupuesto común tenga un efecto estabilizador y a que se garantice un suelo mínimo de derechos sociales al conjunto de la ciudadanía europea. Hasta su implementación, se eliminará cualquier limitación a este derecho que puedan sufrir quienes, percibiendo un seguro de desempleo, busquen trabajo en otros Estados de la UE.

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De igual manera que la UE prescribió para los Estados la prioridad del pago de la deuda, es hora de revertir la situación y garantizar la efectividad de los derechos sociales. Por ello, se promoverá un marco normativo que obligue a los Estados a destinar al menos un 20 % de su PIB a inversión social, del cual un mínimo del 5,6 % corresponderá a educación y un 7,5 %, a sanidad.

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Para que no solo sean derechos declarados, sino también derechos efectivos, se impulsará la creación de un Tribunal Europeo de Garantía de los Derechos Sociales para la protección jurisdiccional de los derechos establecidos en la Carta Social Europea. En su estatuto se asegurará que, ante vulneraciones de sus derechos sociales, la ciudadanía pueda tener un acceso directo a este cuando los tribunales estatales no ofrezcan una protección suficiente. Además, se promoverá la inclusión de los derechos sociales en los Criterios de Copenhague y que su exigibilidad se añada a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

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Tal como se ha propuesto para reducir la desigualdad en España, se impulsará a escala europea una prestación de ingresos suficientes con una cuantía mínima de 600 euros para los estándares de vida españoles y de hasta 1 200 en función del número de miembros del hogar, que se ajustará a los estándares de vida de cada Estado. La UE colaborará con los Estados para hacer efectiva esta prestación en aquellos que no hayan alcanzado tal cota de protección y promoverá su mejora en el resto.

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Se impulsará la puesta en marcha de un Plan Integral Europeo Contra la Pobreza Infantil que incluya una prestación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, adaptada a los estándares de vida de cada Estado, que llegará a los 1 200 euros al año de manera universal y a los 2 000 para situaciones de pobreza severa, con un incremento del 50 % en el caso de familias monomarentales o monoparentales para el caso español. La UE colaborará con los Estados para hacer efectiva esta prestación en aquellos que no hayan alcanzado tal cota de protección e impulsará su mejora en el resto.

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La UE garantizará el derecho a la salud y a un modelo público de asistencia sanitaria de cobertura universal, equitativa y gratuita, con dotación presupuestaria suficiente, sin copago de medicamentos y servicios que introduzcan barreras económicas ajenas a la racionalidad sanitaria y sin exclusión alguna para las personas que residan en cualquier país de la UE.

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Se impulsará la creación de una farmacia pública europea que garantice precios justos para los medicamentos producidos a partir de patentes de laboratorios que reciben financiación pública y fomente la extensión de fármacos genéricos. También se promoverá la compra de medicamentos a escala europea para evitar que el actual esquema de venta separada a cada Estado o cada administración sanitaria, como en España ocurre con las comunidades autónomas, permita a las grandes farmacéuticas encarecer el precio de los medicamentos.

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Se impulsará una directiva que regule y fije mecanismos de control sobre los precios de la vivienda en alquiler para que no superen el 30 % de los ingresos del hogar. Asimismo, se impulsará una auditoría de los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas con dinero público que nos permitan incorporar esas viviendas a los correspondientes parques públicos. Se suprimirán los privilegios fiscales a las SOCIMI y entidades análogas, por tratarse de mecanismos de elusión fiscal y de especulación con un bien tan importante como la vivienda, al mismo tiempo que se adoptarán protecciones suficientes frente a los lobbies inmobiliarios.

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Se promoverá la aprobación de una directiva que permita que los pisos vacíos de entidades financieras, fondos de inversión y empresas se incluyan en los correspondientes parques públicos de vivienda, en el marco de un Plan Integral de Vivienda Europeo con el objetivo de consolidar un parque público de vivienda y alquiler social destinado principalmente a las personas jóvenes y a los colectivos en riesgo de exclusión social.

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La UE empleará todos sus medios en garantizar que no se pueda desalojar ni desahuciar a ninguna persona ni a su familia en situación de vulnerabilidad sin que la Administración competente asegure un realojo en condiciones dignas, ya sea en casos de impago de alquileres o por ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible. Se garantizará que España y el resto de los Estados miembros cumplan las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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Con el fin de garantizar que las personas no tengan deudas a perpetuidad, la UE colaborará en el diseño de un procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas —con una fase de conciliación en la que la persona deudora presentará una propuesta a las acreedoras que podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones— e instará a los Estados a que lo implementen. En caso de que no haya acuerdo, serán los juzgados quienes decidan el plan de pagos. En el caso de deudoras y deudores hipotecarios, este procedimiento permitirá realizar una dación en pago, incluso retroactiva, que permitiría a quienes mantienen deudas vivas con el banco, a pesar de haber entregado ya la vivienda, cancelar de este modo la deuda restante. La UE hará cumplir también de manera íntegra la Directiva 2014/17/UE y el resto de la legislación que obliga a aceptar la dación en pago y pone como límite el valor del bien hipotecado para estas deudas.

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La UE obligará a los Estados a garantizar un suministro básico de luz, agua y calefacción. Desde la UE, en atención a la protección del consumidor y la lucha contra la pobreza energética, se deben regular estos suministros conforme al sistema que se expone en el apartado 9. Se prohibirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de las personas, como la pobreza sobrevenida.

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En muchos países de la UE, el primer tramo de la educación infantil se encuentra privatizado, y la mayor parte de las familias no tienen acceso a estos recursos. Esto tiene impactos sociales negativos, ya que contribuye a la consolidación de la pobreza en las nuevas generaciones y a la salida indeseada de muchas mujeres del mercado de trabajo. Además, generalizar el acceso a la educación infantil mejorará el rendimiento escolar. Por ello, la UE impulsará la cobertura universal y gratuita de la educación infantil de 0 a 3 años para todos los niños y las niñas una vez finalicen los permisos de sus progenitores y progenitoras.

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Para ello, se impulsará la implantación de sistemas de atención a la dependencia públicos, universales y gratuitos para todas las personas en situación de dependencia. Se trata de garantizar el derecho a la autonomía funcional sin que los cuidados informales recaigan en otros miembros de la familia. El objetivo es alcanzar en la UE una protección media similar a la existente en Suecia. Para lograrlo, se fortalecerán los servicios públicos de atención frente a las prestaciones económicas mejorando la calidad del servicio y facilitando la creación de empleo regular, estable y profesionalizado. En definitiva, se transitará desde el modelo asistencialista actual hasta un enfoque que considere la atención a la dependencia como un derecho.

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Para fortalecer la efectividad de los derechos de las personas empleadas del hogar, la UE ratificará el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de manera que estas trabajadoras tengan al menos los mismos derechos que cualquier otra persona que trabaja, como la prestación por desempleo o las protecciones frente al despido. Asimismo, se impulsará que los Estados que no lo hagan reconozcan periodos no cotizados para su derecho a pensiones, así como la posibilidad de jubilación anticipada sin penalización por la especial dureza de estos empleos. Se adoptarán medidas similares respecto a otros empleos feminizados y precarizados, como el de las limpiadoras de piso en hotelería (las kellys), las aparadoras de calzado y otros. También se estudiará la elaboración de un Estatuto Europeo del Trabajo de Cuidados para armonizar las protecciones específicas de estos empleos.

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Se impulsarán medidas que garanticen el acceso al empleo en igualdad de condiciones, incluidas unas retribuciones dignas, y que dejen atrás la brecha salarial. Para ello, se desarrollará una normativa europea destinada a exigir un análisis de las remuneraciones y a considerar discriminación cualquier brecha de más del 20 % en las retribuciones de las empresas, de manera que estas deberán justificarse ante los tribunales. Además, las grandes empresas tendrán que realizar auditorías salariales y enfrentarse a sanciones en caso de negarse a ello.

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Se fortalecerán las alianzas con países del Sur global para no permitir más acuerdos comerciales que generen y perpetúen la pobreza y encierren a los socios comerciales en relaciones de explotación.

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Se impulsará una reforma integral de esta organización para implementar una política comercial y de inversión alternativa a escala mundial, contando con las demandas y necesidades de los países empobrecidos para que accedan a reglas comerciales justas, así como para dar prioridad al desarrollo del comercio local y regional controlado por las propias regiones y sus comunidades.

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Se orientará de manera especial a la lucha contra la pobreza, las desigualdades y la sostenibilidad ambiental. Esta Vicepresidencia armonizará y coordinará la acción exterior de la UE para la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todo el mundo, en colaboración con sus socios externos y con mecanismos de evaluación y auditoría utilizando los instrumentos disponibles en el marco de sus políticas exteriores y apoyando en particular los esfuerzos en los países en desarrollo. Además, velará por la coherencia de las políticas públicas para evitar los impactos negativos que puedan tener en la contribución a la Agenda 2030.

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Se desarrollará esta normativa con el objetivo de armonizar la dispersión existente y asegurar que la ayuda internacional para el desarrollo de la UE responda en exclusiva a objetivos de desarrollo sostenible, de manera que se evite cualquier subordinación o condicionalidad de esta a los fines de otras políticas, como la comercial o la migratoria.

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Se promoverá una hoja de ruta comprometida con la financiación a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para alcanzar el objetivo del 0,7 % de la renta nacional bruta en 2027.

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La estructura que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más. La UE establecerá estándares mínimos para los Estados, de manera que el término fijo de la factura, que pagas aunque no consumas nada, no sea superior al 25 % del total y, respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros kWh (que son imprescindibles para llevar una vida digna) tengan un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche. También se impulsará la creación de empresas eléctricas públicas que empujen a los mercados a bajar las facturas y se establecerán, de forma coordinada entre los niveles europeo, estatal, comunitario y municipal, una figura de bono social que aplique descuentos automáticos, suficientes, progresivos y financiados por las empresas energéticas que operen en la UE en proporción a su facturación.

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Es necesario abandonar el modelo de donación de alimentos para familias en situación de vulnerabilidad, en la medida en que limita su dieta y la hace depender de los productos donados. En cambio, el Fondo de Ayuda Europea para personas desfavorecidas debe vincularse a una dieta saludable, cercana y de calidad que permita, además, impulsar experiencias de producción local, ajenas a las grandes industrias alimentarias que se benefician del sistema actual.

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Se harán efectivos los objetivos en materia de lucha contra el desperdicio alimentario, aprobados en el informe de 2016, con el objetivo de reducir al 50 % el desperdicio alimentario en 2025.

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