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Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro


Economía


Cualquier modificación en la gobernanza de la zona euro, o la creación de cualquier nueva institución u organismo, deba incluir la garantía del control parlamentario en su elección y rendición de cuentas. Esta garantía evitará giros en la orientación político económica de la UE al margen de sus pueblos, así como la creciente autonomización de las instituciones económicas respecto al principio de legitimidad democrática que se ha consolidado en la UE durante las últimas décadas.

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Será una cámara formada por representantes de los distintos Parlamentos nacionales de acuerdo con criterios de población, de características territoriales y de pluralidad política. Contará con una verdadera capacidad legislativa y de control político, así como de debate y de decisión sobre la agenda política y económica de la zona euro, incluyendo nuevos pasos en los procesos de integración.

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Se modificará el procedimiento para nombrar a quien ocupe la presidencia, la vicepresidencia y el resto de los puestos del Comité Ejecutivo del BCE. Por lo tanto, se pasará del actual sistema de elección ―opaco y pactado entre Estados― a uno con criterios de selección transparentes, un debate abierto sobre la estrategia del BCE que requerirá de la aprobación del Parlamento Europeo y del citado Parlamento de la eurozona.

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Esto implicará, también, la coordinación formal de la política monetaria con el resto de las políticas económicas.

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Esto hará que el BCE se convierta en una agente encargado de sostener las finanzas de los Estados, en lugar de un instrumento para su sometimiento a través de estas. Para ello, podrá actuar como prestamista directo de los tesoros nacionales, y no solo de manera interpuesta a través de los bancos, como ha ocurrido durante la crisis, con enormes beneficios para estos y un gran coste para nuestras deudas.

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Se llevará a cabo una reforma para acabar con la opacidad de este órgano y convertirlo en una comisión del Consejo. De este modo, el Eurogrupo estará sometido a un reglamento que establezca de manera explícita su funcionamiento y los procedimientos de votación, así como la obligación de publicar las actas, los resultados de las votaciones y las explicaciones de voto. El Eurogrupo y quien ostente su presidencia se someterán al control político del Parlamento de la eurozona de nueva creación.

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La agenda política europea sigue precisando de un mecanismo de desendeudamiento global, para lo cual se celebrará una Conferencia Europea de la Deuda. En ella, se impulsará un acuerdo para que el BCE reestructure y mutualice aquella parte de la deuda pública de todas las economías de la zona euro que exceda el 60 % del producto interior bruto (PIB). Esto podría hacerse mediante un canje de los bonos actuales por otros nuevos, adquiridos por el BCE al valor nominal con un tipo de interés del 0 % y con el objetivo de mantenerlos a perpetuidad en su balance. Este proceso de reestructuración no conllevará transferencias interterritoriales de renta y permitirá ahorrar a España unos 42 000 millones de euros en el pago de intereses en los próximos cinco años.

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Se propondrá una reforma de carácter europeo para que el acceso a los recursos y concursos públicos tenga las siguientes condiciones: el respeto a las reglas de la negociación colectiva, a los derechos laborales y a la sostenibilidad ambiental de las actividades, así como la limitación de la desigualdad salarial dentro de las empresas y la garantía de la equidad de género. La contratación pública se centrará también en las actividades y formas empresariales que aporten mayor valor social.

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Permitirá poner en marcha un Plan Europeo de Inversiones que atienda principalmente las necesidades de la transición energética y la lucha contra el cambio climático, los retos de la digitalización ―incluyendo tanto innovación como formación― y el desarrollo de servicios públicos y otros proyectos ligados al sistema de cuidados para garantizar la igualdad.

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Este Plan Europeo de Inversiones se financiará mediante la emisión de eurobonos, aparte de con los ingresos provenientes de una nueva fiscalidad más justa y progresiva.

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Con este fin, se reformarán en profundidad las actuales reglas fiscales: se renunciará a establecer de forma arbitraria los mismos objetivos o límites al déficit público para todos los países y se reconocerá que las políticas fiscales (y no solo las de recortes) pueden desempeñar también un papel estabilizador.

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Algunos impuestos, como el de sociedades o aquellos para el nuevo entorno digital, requieren una normativa común a escala europea para evitar la competencia o el dumping fiscal entre Estados, que termina erosionando la recaudación y perjudicando a la mayor parte de la población de la UE. Para ello, se establecerán unos estándares mínimos comunes para el impuesto de sociedades y se armonizarán los sistemas de retenciones fiscales en origen con un tipo mínimo efectivo de 20 puntos en todos los países de la UE, así como el límite de las deducciones de impuestos a inversiones ecológicas en un porcentaje que no exceda el 5 %.

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Se creará un impuesto europeo para las empresas digitales que grave en un 3 % su facturación, teniendo en cuenta el número de usuarios, y que suponga el pago de impuestos por los beneficios obtenidos en Europa en un porcentaje equivalente a la presencia que estas empresas tienen en el espacio digital europeo.

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Se adoptará como prioridad la eliminación de los paraísos fiscales; por ejemplo, promoviendo la creación de una Agencia Fiscal Internacional y de un impuesto global sobre las grandes fortunas. Asimismo, se promoverá la prohibición internacional de los productos financieros altamente especulativos, superando los Acuerdos de Basilea III, así como la coordinación de esfuerzos hacia una mayor progresividad tributaria y la desconcentración de las actuales estructuras empresariales.

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Se impulsará un plan de choque integral para luchar contra el fraude fiscal en la UE y fuera de ella, que incluya medidas firmes para erradicar los paraísos fiscales y hacer que las empresas que hacen uso de ellos para evadir impuestos restituyan los recursos sustraídos y ocultados. Se promoverá la conversión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en agencia europea, lo que aumentará sus recursos para investigar el fraude, la evasión y el blanqueo de capitales y se reforzará su control democrático. España apoyará la creación de una Agencia Fiscal Internacional en el marco de la ONU. Asimismo, se promoverá la adopción de impuestos europeos sobre las transacciones financieras para financiar las inversiones que necesita Europa.

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Se definirá una referencia europea común para el crecimiento salarial que impida la competencia a la baja y reconecte el crecimiento de los salarios con la evolución de la productividad. La recuperación del peso de los salarios en el conjunto de la renta de los Estados, al menos al nivel previo a la crisis de 2008, será un objetivo prioritario de la política económica de la UE.

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Se hará obligatoria la actual recomendación de la Carta Social Europea para que el salario mínimo alcance en todos los países al menos el 60 % del salario medio, lo que equivaldría, por ejemplo, a 1200 euros al mes en España.

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Este mecanismo contribuirá a asegurar que el presupuesto común tenga un efecto estabilizador y a que se garantice un suelo mínimo de derechos sociales al conjunto de la ciudadanía europea. Hasta su implementación, se eliminará cualquier limitación a este derecho que puedan sufrir quienes, percibiendo un seguro de desempleo, busquen trabajo en otros Estados de la UE.

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Con este nuevo marco normativo común, se establecerá un «suelo de derechos» que permitirá igualar —en lo relativo a derechos laborales— la situación de los trabajadores y las trabajadoras de los distintos Estados para evitar la competencia y el perjuicio que esto les causa a todas las personas que trabajan.

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Gracias al establecimiento obligatorio de una negociación colectiva europea en las grandes empresas con presencia en varios Estados, se consolidará un mecanismo de conquista de derechos y de mejora de las economías de los Estados.

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Esta institución pasará de tener un carácter consultivo a disponer de una mayor cantidad de recursos y competencias para realizar una actividad de inspección a escala europea en colaboración con las autoridades estatales. También deberá liderar la protección de los derechos de las personas trabajadoras allí donde las autoridades estatales hayan renunciado a esta labor. Asimismo, establecerá criterios vinculantes para la protección de estos derechos e impulsará la armonización legislativa en materia laboral y sindical.

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Se apoyará a las empresas de la economía social, en las que quien aporta su trabajo y su creatividad en el día a día también dirige la empresa. Además, se fomentará la participación de los trabajadores en la dirección y en el accionariado de las empresas, como ya ocurre en Alemania y en Francia, y será obligatorio establecer mecanismos de cogestión en empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras mediante la participación de estos en los órganos de dirección con voz y voto. De este modo, nuestras economías aprovecharán ese talento, que mejorará las decisiones estratégicas de las empresas.

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La UE establecerá medidas para garantizar que los Estados cumplen con su obligación de dar acceso a unas pensiones suficientes y actualizadas para hacer posible una vida digna. En particular, pondrá en marcha una estrategia europea para elevar las pensiones más bajas, que nunca podrán situarse por debajo del umbral de la pobreza, y para reducir la brecha de género en las pensiones, derivada de las discriminaciones acumuladas durante décadas contra las mujeres.

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Para garantizar el derecho a una información y comunicación plural, veraz e independiente, promoveremos una normativa que impida el proceso de concentración empresarial en el ámbito de la comunicación. Los bancos y fondos no podrán ser propietarios de medios de comunicación. La salud de la democracia exige que quienes tienen un enorme poder financiero no puedan aprovecharlo para controlar también la comunicación y la formación de opinión pública.

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La conexión móvil y digital es hoy un derecho sin el que no se puede vivir de manera integrada. Por eso, garantizaremos un acceso a internet de 30 Mbps para cualquier núcleo habitado a un precio asequible, promovido donde sea necesario por una entidad pública. Se incorporará un canon a las operadoras destinado a financiar la ampliación de la red, que permanecerá en vigor hasta alcanzar el objetivo del 100 % de cobertura. Por otra parte, garantizaremos el acceso a una conexión a internet de carácter básico y fomentaremos la competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones para que baje esta factura en los Estados en que es más alta, como en España. Asimismo, se impulsará una estrategia europea para el desarrollo del 5G.

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Impulsaremos un texto del máximo rango jurídico que sintetice las garantías que otorga la UE a la ciudadanía en su acceso y actividad en internet. Esta carta será la afirmación ciudadana de la gobernanza democrática y abierta de una red neutral, al tiempo que servirá de protección frente a los abusos de las grandes corporaciones tecnológicas en su relación con los proveedores de servicios en internet, el uso indiscriminado de datos personales para su venta, la opacidad en el procesado de la información y la vigilancia masiva. Esta carta conjugará la libertad de expresión y creación con una remuneración que haga sostenible la actividad de autores y autoras. También establecerá la obligación de los Estados de hacer accesible la red a un precio asequible y de garantizar el derecho al olvido en internet.

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Esta figura asistirá y defenderá a la ciudadanía en su relación con las empresas tecnológicas para garantizar los derechos básicos enmarcados en la citada Carta Europea de Derechos del Mundo Digital.

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En lo relativo al funcionamiento, las inversiones y el gasto de la UE, se favorecerá el desarrollo de software libre y el uso de material informático ecológico. Se exigirá la mayor transparencia posible y un funcionamiento no discriminatorio en los algoritmos y en la inteligencia artificial, y se prohibirá que las contrataciones públicas de la UE y los Estados incluyan la cesión de datos a las empresas concesionarias. La tecnología es también un factor clave de la geopolítica, por lo que se fomentará la propiedad europea de las infraestructuras de internet y la creación de empresas tecnológicas públicas y de carácter exclusivamente europeo que faciliten el control democrático. También se reformará la directiva reciente sobre copyright, dado que sus filtros de carga ponen en peligro la libertad de internet y la sostenibilidad de muchas start ups y pymes europeas frente a las grandes corporaciones digitales.

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Para ello, se impulsará la implantación de sistemas de atención a la dependencia públicos, universales y gratuitos para todas las personas en situación de dependencia. Se trata de garantizar el derecho a la autonomía funcional sin que los cuidados informales recaigan en otros miembros de la familia. El objetivo es alcanzar en la UE una protección media similar a la existente en Suecia. Para lograrlo, se fortalecerán los servicios públicos de atención frente a las prestaciones económicas mejorando la calidad del servicio y facilitando la creación de empleo regular, estable y profesionalizado. En definitiva, se transitará desde el modelo asistencialista actual hasta un enfoque que considere la atención a la dependencia como un derecho.

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Para fortalecer la efectividad de los derechos de las personas empleadas del hogar, la UE ratificará el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de manera que estas trabajadoras tengan al menos los mismos derechos que cualquier otra persona que trabaja, como la prestación por desempleo o las protecciones frente al despido. Asimismo, se impulsará que los Estados que no lo hagan reconozcan periodos no cotizados para su derecho a pensiones, así como la posibilidad de jubilación anticipada sin penalización por la especial dureza de estos empleos. Se adoptarán medidas similares respecto a otros empleos feminizados y precarizados, como el de las limpiadoras de piso en hotelería (las kellys), las aparadoras de calzado y otros. También se estudiará la elaboración de un Estatuto Europeo del Trabajo de Cuidados para armonizar las protecciones específicas de estos empleos.

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Se impulsarán medidas que garanticen el acceso al empleo en igualdad de condiciones, incluidas unas retribuciones dignas, y que dejen atrás la brecha salarial. Para ello, se desarrollará una normativa europea destinada a exigir un análisis de las remuneraciones y a considerar discriminación cualquier brecha de más del 20 % en las retribuciones de las empresas, de manera que estas deberán justificarse ante los tribunales. Además, las grandes empresas tendrán que realizar auditorías salariales y enfrentarse a sanciones en caso de negarse a ello.

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Debe impedirse que los poderes económicos y financieros pongan a su servicio a las instituciones mediante una influencia ilegítima en el proceso legislativo. Los mandatos negociadores deben votarse en el Parlamento Europeo y en los Parlamentos nacionales, que deberán tener capacidad de escrutinio y enmienda durante las negociaciones.

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Ante la desprotección de pymes, autónomos y autónomas frente a oligopolios como el eléctrico, el bancario o el de las telecomunicaciones, la UE promoverá su reconocimiento legal como consumidores y consumidoras, e incluirá plazos máximos de pago por parte de las grandes empresas para que estas dejen de utilizarlos como medios de financiación ilegítima, y regulará la exención del pago del IVA por facturas que no hayan cobrado.

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Para ello, se incluirán evaluaciones preceptivas de impacto, ex ante y ex post, para cada propuesta legislativa en materia de comercio e inversión. Estas evaluaciones considerarán de manera exhaustiva las repercusiones económicas, sociales y medioambientales. Se establecerán dos categorías específicas de análisis: «impacto en materia de derechos fundamentales» y «evaluación del impacto en materia de género».

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Conforme al principio de coherencia de las políticas de comercio, la UE paralizará las negociaciones y revertirá la implementación de los acuerdos de comercio e inversión que no cumplan con los principios expuestos. Se propondrá, además, renegociar los tratados existentes para proteger el interés público, el trabajo digno, la viabilidad de la actividad de autónomos, autónomas y pymes de cada territorio, los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental, así como las obligaciones extraterritoriales de los Estados. Se suprimirá la aplicación provisional y se incluirá una limitación temporal obligatoria.

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Los inversores extranjeros deben estar sujetos a las mismas leyes que los nacionales. Se propondrá el abandono de los tratados de protección y promoción de inversiones que contengan cláusulas de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), así como la retirada del Tratado sobre la Carta de la Energía, ejemplo de polémicos mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados.

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Lucrarse con los ataques a la vida y a los derechos humanos no es compatible con la identidad europea. Por eso, se prohibirá el comercio de armas con países donde puedan utilizarse para la represión interna, las agresiones externas o las violaciones de derechos humanos. También se contará con medios suficientes para garantizar la prohibición del comercio de personas (esclavitud) y órganos, de residuos peligrosos o de especies en peligro de extinción. Para alcanzar el horizonte verde, se reducirá también el comercio de combustibles fósiles.

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Se fortalecerán las alianzas con países del Sur global para no permitir más acuerdos comerciales que generen y perpetúen la pobreza y encierren a los socios comerciales en relaciones de explotación.

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Se implementará un plan de acción europeo para la promoción y el fomento del comercio justo, sostenible y responsable, dotado con suficientes recursos y acompañado por campañas de concienciación ciudadana. Las instituciones, por medio de las compras públicas, contribuirán al desarrollo de un comercio equitativo; por ejemplo, mediante la valoración extra de los productos de comercio justo y sostenible en los concursos.

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Se estudiará el impacto de género en los acuerdos comerciales existentes y, con carácter previo, en los nuevos que se puedan suscribir. Se incorporarán a los nuevos acuerdos y a los existentes, en la medida de lo posible, cláusulas y mecanismos sancionadores efectivos para alcanzar la igualdad de género, garantizar los derechos de las mujeres y su empoderamiento.

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Se propondrá la derogación de las normas que facilitan el desmantelamiento y la privatización de servicios públicos (agua, sanidad, educación, transporte, energía, etcétera) para lucrarse, como la directiva relativa a los servicios en el mercado interior, conocida como Directiva Bolkestein.

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Se impulsarán cambios legislativos que permitan el rescate público de empresas en crisis o su gestión por parte de los trabajadores y las trabajadoras, así como un fortalecimiento de las protecciones frente a la devaluación de derechos y contra las deslocalizaciones para asegurar los empleos locales y los derechos del personal. Asimismo, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se reorientará hacia el beneficio efectivo de la gente y de las pymes. Estas políticas prestarán más apoyo a Estados que, como España, se encuentran lejos del objetivo de la UE para el 2020 de que la industria suponga el 20 % del PIB.

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La actual política comercial de la UE daña la agricultura familiar, el tejido productivo y comercial local y a las pymes. Por eso, se impulsará la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), además de un modelo productivo y comercial justo, sostenible, que garantice la igualdad.

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En la legislatura pasada, Podemos lideró en el Parlamento Europeo una iniciativa para garantizar que todo el textil producido o importado a la UE cumpla unos estándares sociales y medioambientales. En esta legislatura, se convertirá en reglamento la iniciativa de «textil con derechos».

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La creciente desigualdad de fuerzas entre oligopolios y el resto de los agentes económicos daña el desarrollo local y los derechos de personas consumidoras y pymes. Se reforzarán las normas antimonopolio y el órgano regulador europeo con instrumentos efectivos de penalización frente al fraude y los casos de cárteles y oligopolios. Este órgano estará sometido a controles democráticos y de rendición de cuentas, ya que debe estar al servicio de los intereses de la ciudadanía, y no de los oligopolios que debe controlar.

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Cualquier persona u organización de la UE o de una región afectada podrá recurrir a este órgano para exigir el cese de una vulneración de sus derechos y su reparación. Este organismo también hará cumplir la obligación de incorporar las normas de reconocimiento y garantía de los derechos humanos a cualquier tratado comercial o acuerdo de protección de inversiones que suscriba la UE, exigirá el cumplimiento de su responsabilidad a las grandes corporaciones y a su personal directivo desde la perspectiva civil, administrativa y, en su caso, penal.

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Se pondrá coto a los oligopolios digitales incrementando su supervisión y se impedirá que los acuerdos comerciales contengan prohibiciones o restricciones con respecto a la tributación, la divulgación de fuente abierta o la localización de datos. Se propondrá una directiva que obligue a que los dispositivos electrónicos sean reparables y reciclables, y a erradicar la obsolescencia programada.

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Se establecerá un derecho de indemnización añadida en caso de fraude que opere como desincentivo. Se instaurarán regulaciones adaptadas a cada Estado para, en su caso, prohibir los productos financieros o de servicios que inducen conductas patológicas, especialmente en jóvenes, como la ludopatía en el caso de las apuestas. Se establecerán unas normas de etiquetado para facilitar la alimentación saludable y para erradicar los productos químicos nocivos. También se prohibirán los números de tarificación adicional para servicios de atención al cliente.

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Se impulsará una reforma integral de esta organización para implementar una política comercial y de inversión alternativa a escala mundial, contando con las demandas y necesidades de los países empobrecidos para que accedan a reglas comerciales justas, así como para dar prioridad al desarrollo del comercio local y regional controlado por las propias regiones y sus comunidades.

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No se financiarán con dinero público la extracción y el comercio de combustibles fósiles, los grandes proyectos industriales y mineros, ni las infraestructuras en países en desarrollo que agraven el cambio climático, desplacen a la población, destruyan la biodiversidad o violen los derechos humanos.

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Tanto ante el Reino Unido como ante Gibraltar, se garantizarán sus actividades, especialmente con permisos de trabajo, retribuciones, pensiones, atención sanitaria y acceso pleno a la Seguridad Social y, en caso de salida del Reino Unido, se articularán mecanismos suficientes para que el paso diario de las personas trabajadoras a Gibraltar y en sentido contrario no se vea dificultado por los controles de documentación. Se solicitarán recursos en el siguiente presupuesto de la UE para financiar el Plan Integral de Regeneración Socioeconómica Sostenible del Campo de Gibraltar.

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Se respaldará la constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza entre Andalucía y Gibraltar, que normalizará jurídicamente el espacio de diálogo, la cooperación socioeconómica y el trabajo compartido por las instituciones y los agentes económicos y sociales de ambos lados de la Verja. Se desarrollará el sistema de transporte público transfronterizo para permitir la movilidad laboral y se solicitará a la UE la inclusión de esta zona en su programa para el empleo y la innovación social y ayuda a los trabajadores transfronterizos. También se impulsarán los sistemas judiciales y policiales en la comarca, incluido el Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho de la UE, para combatir el narcotráfico y los delitos de blanqueo de capitales, con un mecanismo de coordinación en estas materias entre el Ministerio de Justicia, de Interior y las instancias autonómicas pertinentes.

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Nuestro sector agropecuario y nuestro sector pesquero serán prioritarios en caso de salida del Reino Unido de la UE. Dado el volumen de intercambios, se impulsará un acuerdo que elimine los aranceles mutuos para que nuestras productoras y nuestros productores agropecuarios y pesqueros puedan seguir vendiendo sus productos en el Reino Unido. Se revisarán los acuerdos comerciales previos, que contaban con 60 millones de consumidores británicos de productos alimenticios, en beneficio de nuestro sector agrícola y ganadero.

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Este plan estará compuesto por un programa europeo de inversiones, cambios normativos y la adopción de las medidas necesarias para destinar un 2,5 % del PIB de la UE a una transición ecológica que enfrente el cambio climático, la reducción de ecosistemas y la desaparición de especies. Para ello, (1) se desarrollarán energías renovables y se implementarán medidas de eficiencia energética; (2) se electrificará el transporte y se promoverá una movilidad sostenible; (3) se establecerán objetivos de cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 (y siempre garantizando el uso de carbón nacional) y de las centrales nucleares antes del final de 2024, junto con la garantía de haber creado dos empleos por cada uno que pueda perderse y el impulso de la economía circular y de programas de adaptación al cambio climático; y (4) se impulsará la I+D+i para desarrollar estas iniciativas.

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Se garantizará por ley que, antes de que se pierda un empleo del sector de los combustibles fósiles, se crearán dos empleos con condiciones laborales idénticas o mejores en la misma comarca y tendrán prioridad absoluta de acceso a ellos las personas afectadas. La transición energética que se plantea será justa o no será.

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Se incentivará la formación de comunidades energéticas ciudadanas para acelerar la transición. Parte de estas nuevas instalaciones estarán promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido y una solución para reparar la situación de los pequeños inversores que hayan sido perjudicados por las políticas estatales para obstaculizar la transición, como el caso del «hachazo a las renovables» en España. A escala europea, se establecerá la obligación de que un porcentaje de la nueva potencia renovable que se instale en cada país sea propiedad de comunidades energéticas ciudadanas durante toda la vida útil de las plantas.

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La UE promoverá la colaboración con los fabricantes y la acción coordinada de los Estados para que puedan adaptar sus procesos productivos a la fabricación de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles, sin que el cambio del parque móvil suponga ningún coste añadido para la economía de las familias.

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Se establecerá una línea europea de inversión público-privada de alto impacto para la I+D de nuevas tecnologías de baterías, motores, tecnologías del hidrógeno, redes inteligentes e innovaciones sociales para favorecer la movilidad, con el objetivo de impulsar la autonomía de estos nuevos vehículos, y la eficiencia y el alcance de las redes, de manera que se acelere el crecimiento de estas industrias en toda la UE.

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Junto con los sectores neoliberales españoles, como el representado por el ministro del PSOE que consideraba que «la mejor política industrial es no tener política industrial», los poderes financieros impulsaron un proceso de desindustrialización en España que hay que revertir. Se trata de recuperar la soberanía económica y hacer efectivo el objetivo de un 20 % del PIB basado en la industria que señala la UE. Para ello, se apostará por implicar al sector público en una política industrial de futuro, en colaboración con los sectores afectados y con el apoyo presupuestario de la UE, en sectores claves como el naviero, el metalúrgico y muchos otros desmantelados de forma deliberada.

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Se promoverán sistemas de fiscalidad ambiental en los Estados de la UE, como bajadas del impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos, o el establecimiento de desgravaciones por el uso de transporte público y por la adquisición de electricidad 100 % renovable. También se propondrán las bases para un impuesto estatal a las empresas energéticas que grave la producción de energías no renovables.

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Se garantizará un nivel de inversión pública en la I+D+i que alcance el objetivo del 3 % del PIB y una institucionalidad propia capaz de operar un giro productivo que sitúe a la UE como líder mundial en sectores como la producción de vehículos eléctricos, de energías renovables, el aprovechamiento de big data cuidando la privacidad de las personas, la inteligencia artificial, las aplicaciones de blockchain en banca y en lucha contra la corrupción, la alimentación de calidad producida de forma sostenible, la salud, los fármacos, las biotecnologías, el reciclado de materiales y la restauración de ecosistemas. Este, y no el empeoramiento de los salarios y las condiciones laborales, es el camino para mejorar la competitividad y la productividad en Europa.

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Se creará una carrera académica científica estable de ámbito europeo, con criterios claros y objetivos para acceder a cada nueva fase, de manera que una mayoría amplia de las personas que la inicien y quieran dedicarse a la ciencia o a la educación superior puedan hacerlo. Se facilitará la movilidad de científicos y científicas entre centros de investigación y universidades, así como entre la academia y la empresa, y la consolidación de una carrera profesional para el personal técnico y de gestión, clave para la viabilidad de la innovación. Asimismo, se promoverá un programa de recuperación de personal científico perdido desde la crisis, en especial el que haya salido de la UE o haya abandonado la actividad investigadora, así como un programa de estabilización y de fortalecimiento de los empleos técnicos y de gestión de la I+D+i.

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Se impulsará una regulación de la propiedad intelectual al servicio de la innovación, y no como una barrera para el emprendimiento. Con el objetivo de abrir el acceso a la ciencia, se creará una Red de Centros de Innovación Ciudadana como punto de encuentro entre la sociedad y la ciencia para actividades de divulgación e innovación. Se impulsará un plan de transición hacia la ciencia abierta con el objetivo de que las investigaciones financiadas con fondos europeos se publiquen en acceso abierto. Se apoyará a las revistas científicas europeas, en distintos idiomas oficiales de la UE, para que puedan aumentar su impacto y que publicar en ellas sea más valorado. Se promoverá la adhesión de las instituciones científicas a la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA). Por último, se transitará hacia la gestión digital de la ciencia mediante una web de investigación que incluya las convocatorias programadas de las distintas Administraciones, universidades y centros públicos de investigación, así como datos de investigadores e investigadoras, grupos, proyectos y centros, al tiempo que se creará un organismo europeo para velar por la transparencia y el buen gobierno del sistema europeo de la I+D+i.

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Se diseñarán a escala europea, con la dotación suficiente para su implementación en los Estados, planes específicos de financiación y asesoramiento para la incorporación de tecnología en las pymes y en la economía social, con peso en sectores como el agropecuario, y para start-ups, con especial atención a los retos que afrontan en sus periodos más difíciles de maduración, financiación y conexión.

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Será la piedra angular de la construcción de un polo de innovación en tecnologías digitales aplicadas y contará con tres líneas de investigación principales: nuevos procesos industriales, de servicios y de mejora de la vida de las personas dependientes.

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Cada vez nos encontramos más cerca de desarrollar sistemas de inteligencia artificial que no solo puedan interaccionar de manera fluida con los seres humanos, sino que permitan, también, sustituir sistemas rudimentarios de toma de decisiones en distintos procesos tecnológicos y productivos. En este sector, Europa debe adquirir el liderazgo a través de una financiación suficiente en el sistema europeo de ciencia y tecnología para las actividades de investigación básica, aplicada y su transferencia al sector productivo. Por su parte, la tecnología blockchain, al permitir verificar de manera segura todo tipo de operaciones y generar unos registros claros, imborrables y confirmables, tiene aplicaciones inmediatas tanto para reducir las comisiones del sector bancario como para hacer absolutamente transparentes y auditables todos los procesos públicos, en especial los de contratación, previniendo así la corrupción.

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La UE garantizará un marco justo para la nueva economía con el fin de evitar que los buitres aprovechen la tecnología para llevarnos a un pasado sin derechos laborales. Para ello, se establecerán reglas comunes que definan que quienes dependen para sus ingresos de estas plataformas son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Con la coordinación de la Autoridad Laboral Europea y de la renovada Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), se crearán unidades especiales para inspeccionar estos modelos de empleo y, en especial, la utilización de falsos autónomos, el trabajo mediante horas extras sin cotizar y la vulneración de los derechos sindicales.

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Para defender nuestro sector agropecuario, necesitamos una PAC fuerte y descartar de manera urgente el recorte en las ayudas directas y en desarrollo rural de la PAC que debe aprobarse en 2020.

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En esta distribución, (1) las ayudas deben dirigirse al objetivo de garantizar una renta agraria digna y estar condicionadas a la actividad productiva, sin exclusión de sectores; (2) deben eliminarse los derechos históricos, que están en el origen del reparto injusto entre productores y territorios; (3) han de ganar peso las pequeñas y medianas explotaciones; (4) tiene que establecerse un límite máximo en el cobro de ayudas por explotación para hacer más eficiente este reparto; (5) deben establecerse ayudas complementarias que favorezcan la incorporación de mujeres y jóvenes; (6) deben mantenerse ayudas acopladas para sectores estratégicos, como la ganadería extensiva; (7) debe reforzarse la condicionalidad de las ayudas al cumplimiento de las obligaciones ambientales y los derechos laborales, y (8) el conjunto de la PAC debe beneficiarse de una simplificación normativa y burocrática.

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Se reforzarán las medidas de regulación de los mercados agrarios y las herramientas de estabilización de precios e ingresos para los momentos de crisis, a lo que se destinará, al menos, el 10 % del presupuesto de la PAC. Se incorporará la venta a pérdidas en la lista de prácticas comerciales desleales en la Directiva sobre Cadena Alimentaria introduciendo la obligación de un precio sostén (precio mínimo) que cubra los costes de producción. También se perseguirá la llamada «venta a resultas», en la que la producción se entrega sin conocer el precio y solo se cobra al venderse finalmente. Europa exigirá que los acuerdos comerciales incorporen una evaluación de su impacto sobre el sector primario y cláusulas de reciprocidad en materia sanitaria, medioambiental y social. Por su importancia en un enfoque de derechos, la UE establecerá las excepciones necesarias para el sector agrario respecto a los principios generales de la competencia.

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Se incluyen medidas como (1) la mejora del POSEI (Programa de Opciones específicas de Alejamiento e Insularidad) para Canarias; (2) un Régimen Especial de Insularidad para Baleares a partir de un reglamento específico, y (3) una Estrategia Europea de Territorios de Montaña establecida en un reglamento comunitario que permita coordinar las actuaciones y los fondos disponibles en el marco de la política de desarrollo rural.

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Se propondrá una Directiva Marco sobre Suelos y Tierra para impulsar medidas de acceso democrático a la tierra, en especial para los y las jóvenes, que permita enfrentar los procesos de acaparamiento y concentración que existen en el continente, que controle la especulación sobre la tierra agraria y que sea un instrumento que garantice la protección de los suelos fértiles y la lucha contra el cambio climático.

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Se impulsará una nueva evaluación de la distribución del esfuerzo pesquero que implique un reparto justo de las cuotas de pesca según criterios científicos independientes y transparentes y conforme al criterio general de un reparto lineal por caladeros, barcos, tripulantes y tipo de arte. Este nuevo reparto deberá asegurar unos márgenes razonables y suficientes de ingresos dignos a los productores y productoras, así como un acceso al reparto en condiciones de equidad y sostenibilidad social y económica. Para ello, es necesario que la UE adopte una definición de pesca artesanal que permita articular medidas de fomento de la economía de las comunidades costeras. También se promocionará la incorporación de mujeres en las distintas modalidades del sector.

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Se impulsará un plan de choque europeo para darle la vuelta a la discriminación territorial y acelerar la equiparación de derechos y servicios en todo el territorio de la UE. En virtud de este plan, se descentralizarán las inversiones productivas y se garantizará que cualquier programa e inversión europeos que deban implementarse en distintas fases priorizarán los territorios despoblados, aislados y peor tratados por las anteriores políticas de inversión.

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Para ello, es necesario poder complementar y utilizar todos los fondos disponibles de manera coordinada, de forma que el desarrollo rural no dependa solo de los fondos de la PAC, sino que reciba otros fondos para inversiones, formación y empleo. Aparte de asegurar una mayor dotación presupuestaria, se podrán transferir hasta el 50 % de los fondos de la PAC a este pilar de desarrollo rural. De ahí la importancia de crear un Marco Financiero Multifondo para el Desarrollo Rural con una dotación suficiente que integre los fondos FEGA, Feader, FEDER y FSE para garantizar mayor impacto en los territorios rurales. Por último, se impulsarán las estrategias y medidas de desarrollo local participativo impulsadas al amparo de la metodología LEADER, pero garantizando una vuelta a los principios originarios de la iniciativa.

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La UE impulsará que todas las poblaciones puedan contar con los siguientes servicios: (1) servicio de transporte adecuado que comunique diariamente a demanda con la cabecera de comarca; (2) atención sanitaria a domicilio de calidad, si no es posible tener un centro de salud; (3) atención inmediata de una patrulla de las fuerzas y cuerpos de seguridad correspondientes en un máximo de 15 minutos; (4) reparto habitual de suministros básicos cuando no sea posible disponer de una tienda; (5) acceso a un cajero automático para garantizar la inclusión financiera; (6) una conexión móvil y a internet de banda ancha de 30 Mps y 3G, y (7) centros culturales ciudadanos en cada cabecera de comarca, así como un impulso a la oferta cultural descentralizada en colaboración con las Administraciones competentes.

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Para ello, se impulsará un marco estratégico compartido para velar por la independencia del sector cultural europeo, el conocimiento, la producción, la creación, la diversidad, el acceso, las buenas prácticas y la gestión responsable, democrática y transparente, la sostenibilidad, la promoción y la conservación del pluralismo cultural europeo.

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Se impulsará el desarrollo de encuentros, congresos, espacios y otras herramientas que contribuyan al desarrollo de la idea de Europa como cultura diversa construida sobre el encuentro, el intercambio y los derechos, el pacto social y un horizonte de innovación en el que la cultura como sector económico contribuya también a la transición ecológica y a la igualdad.

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Para compensar el hecho de que los pueblos de Europa se conocen entre sí menos de lo que conocen otras culturas y contrarrestar la hegemonía de determinados modelos culturales, se apostará por facilitar el mutuo conocimiento a través de circuitos de artes escénicas, programas transnacionales de cultura en vivo, intercambios de fondos entre museos, creación de centros europeos de investigación, residencias artísticas y otras iniciativas que favorezcan el contacto entre tradiciones propias y nuevas propuestas.

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Se fomentarán mecanismos de financiación y de intercambio cultural para que las personas jóvenes puedan liderar proyectos culturales y asegurar la sostenibilidad de la industria cultural europea.

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Las políticas de la UE reconocerán estas expresiones culturales en igualdad de condiciones con el resto. Impulsarán el acceso a contenidos digitales de calidad a través de instituciones públicas como las bibliotecas y los centros culturales ciudadanos. Conjugarán políticas por la libertad de expresión con la protección de autores y autoras. Apostarán de manera particular por estos formatos como un medio para descentralizar el acceso a la cultura y reducir la brecha territorial. Impulsarán la formación en todas las etapas educativas para comprender y formar parte de estas expresiones culturales. Asimismo, fomentarán el liderazgo europeo en sectores como los videojuegos, el diseño, el sector audiovisual o el desarrollo de software.

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Se promoverá un marco común orientado a garantizar, también en la UE, los derechos laborales, la protección social, la gestión tributaria, los derechos de propiedad intelectual y el autoempleo. A partir del conocimiento y el respeto a las condiciones específicas del mercado de trabajo cultural, este marco buscará potenciar el sector y proteger a sus grupos más vulnerables ante la competencia desleal de los grandes aparatos comerciales y publicitarios. Para hacer frente a la precariedad, la inestabilidad en el empleo y garantizar el acceso a la de jubilación, se impulsará un marco normativo europeo que reconozca las enfermedades profesionales, los periodos de creación y formación, así como la transición profesional al final de las carreras artísticas. También se promoverán unas formas de contribución fiscal acordes con las condiciones de intermitencia, inestabilidad y realización del trabajo en los propios domicilios que acompañan al trabajo cultural. Asimismo, este nuevo marco velará por el fin de cualquier forma de violencia machista en este ámbito.

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Se articularán mecanismos públicos que garanticen el control entre las entidades intermediarias y los y las artistas e impidan que los retornos no lleguen a quienes trabajan efectivamente en la cultura y que las patentes obstaculicen el acceso equitativo de la sociedad a la cultura y la tecnología. También se crearán planes específicos contra el expolio arqueológico terrestre y subacuático y contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

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