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Fiscalidad


Con este fin, se reformarán en profundidad las actuales reglas fiscales: se renunciará a establecer de forma arbitraria los mismos objetivos o límites al déficit público para todos los países y se reconocerá que las políticas fiscales (y no solo las de recortes) pueden desempeñar también un papel estabilizador.

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Algunos impuestos, como el de sociedades o aquellos para el nuevo entorno digital, requieren una normativa común a escala europea para evitar la competencia o el dumping fiscal entre Estados, que termina erosionando la recaudación y perjudicando a la mayor parte de la población de la UE. Para ello, se establecerán unos estándares mínimos comunes para el impuesto de sociedades y se armonizarán los sistemas de retenciones fiscales en origen con un tipo mínimo efectivo de 20 puntos en todos los países de la UE, así como el límite de las deducciones de impuestos a inversiones ecológicas en un porcentaje que no exceda el 5 %.

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Se creará un impuesto europeo para las empresas digitales que grave en un 3 % su facturación, teniendo en cuenta el número de usuarios, y que suponga el pago de impuestos por los beneficios obtenidos en Europa en un porcentaje equivalente a la presencia que estas empresas tienen en el espacio digital europeo.

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Se adoptará como prioridad la eliminación de los paraísos fiscales; por ejemplo, promoviendo la creación de una Agencia Fiscal Internacional y de un impuesto global sobre las grandes fortunas. Asimismo, se promoverá la prohibición internacional de los productos financieros altamente especulativos, superando los Acuerdos de Basilea III, así como la coordinación de esfuerzos hacia una mayor progresividad tributaria y la desconcentración de las actuales estructuras empresariales.

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Se impulsará un plan de choque integral para luchar contra el fraude fiscal en la UE y fuera de ella, que incluya medidas firmes para erradicar los paraísos fiscales y hacer que las empresas que hacen uso de ellos para evadir impuestos restituyan los recursos sustraídos y ocultados. Se promoverá la conversión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en agencia europea, lo que aumentará sus recursos para investigar el fraude, la evasión y el blanqueo de capitales y se reforzará su control democrático. España apoyará la creación de una Agencia Fiscal Internacional en el marco de la ONU. Asimismo, se promoverá la adopción de impuestos europeos sobre las transacciones financieras para financiar las inversiones que necesita Europa.

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Se promoverá la igualdad jurídica de las distintas confesiones y la separación de todas las confesiones religiosas de las estructuras estatales, haciendo hincapié en la eliminación de privilegios fiscales.

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Se impulsará una directiva que regule y fije mecanismos de control sobre los precios de la vivienda en alquiler para que no superen el 30 % de los ingresos del hogar. Asimismo, se impulsará una auditoría de los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas con dinero público que nos permitan incorporar esas viviendas a los correspondientes parques públicos. Se suprimirán los privilegios fiscales a las SOCIMI y entidades análogas, por tratarse de mecanismos de elusión fiscal y de especulación con un bien tan importante como la vivienda, al mismo tiempo que se adoptarán protecciones suficientes frente a los lobbies inmobiliarios.

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Ante la desprotección de pymes, autónomos y autónomas frente a oligopolios como el eléctrico, el bancario o el de las telecomunicaciones, la UE promoverá su reconocimiento legal como consumidores y consumidoras, e incluirá plazos máximos de pago por parte de las grandes empresas para que estas dejen de utilizarlos como medios de financiación ilegítima, y regulará la exención del pago del IVA por facturas que no hayan cobrado.

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Se pondrá coto a los oligopolios digitales incrementando su supervisión y se impedirá que los acuerdos comerciales contengan prohibiciones o restricciones con respecto a la tributación, la divulgación de fuente abierta o la localización de datos. Se propondrá una directiva que obligue a que los dispositivos electrónicos sean reparables y reciclables, y a erradicar la obsolescencia programada.

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Se promoverán sistemas de fiscalidad ambiental en los Estados de la UE, como bajadas del impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos, o el establecimiento de desgravaciones por el uso de transporte público y por la adquisición de electricidad 100 % renovable. También se propondrán las bases para un impuesto estatal a las empresas energéticas que grave la producción de energías no renovables.

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La UE establecerá obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional por cada 100 gramos de producto, así como una fiscalidad alimentaria que incluya un IVA más alto para alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares, y más bajo para alimentos frescos y saludables. También promoverá una regulación de la publicidad de la comida basura que la restrinja en horario infantil y persiga la que sea engañosa.

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Para ello, y de manera complementaria, se avanzará en (1) el reconocimiento en la normativa comunitaria de las agrupaciones de entidades locales como unidad territorial sobre la que planificar la distribución y ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión, ya que, dentro de una misma provincia, existen diferencias demográficas que, si se obvian, harán imposible enfrentar la despoblación, y (2) desarrollar el concepto de ultraperiferia demográfica interior para reconocer la situación de aislamiento y alejamiento social y económico de las áreas escasamente y muy escasamente pobladas de Europa, con el objetivo de articular un tratamiento fiscal y de políticas públicas diferenciado.

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De forma complementaria al transporte público y en colaboración con los municipios, se promoverá el incremento de los carriles bici a partir de unos objetivos mínimos de kilómetros de carril bici por habitante que tengan en cuenta la orografía, la densidad de población y la climatología. También se establecerán regímenes de fomento de la movilidad compartida, incluyendo ventajas fiscales para las empresas y organizaciones que la faciliten.

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Se promoverá un marco común orientado a garantizar, también en la UE, los derechos laborales, la protección social, la gestión tributaria, los derechos de propiedad intelectual y el autoempleo. A partir del conocimiento y el respeto a las condiciones específicas del mercado de trabajo cultural, este marco buscará potenciar el sector y proteger a sus grupos más vulnerables ante la competencia desleal de los grandes aparatos comerciales y publicitarios. Para hacer frente a la precariedad, la inestabilidad en el empleo y garantizar el acceso a la de jubilación, se impulsará un marco normativo europeo que reconozca las enfermedades profesionales, los periodos de creación y formación, así como la transición profesional al final de las carreras artísticas. También se promoverán unas formas de contribución fiscal acordes con las condiciones de intermitencia, inestabilidad y realización del trabajo en los propios domicilios que acompañan al trabajo cultural. Asimismo, este nuevo marco velará por el fin de cualquier forma de violencia machista en este ámbito.

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