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Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro


Empleo


Esto implicará, también, la coordinación formal de la política monetaria con el resto de las políticas económicas.

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Se definirá una referencia europea común para el crecimiento salarial que impida la competencia a la baja y reconecte el crecimiento de los salarios con la evolución de la productividad. La recuperación del peso de los salarios en el conjunto de la renta de los Estados, al menos al nivel previo a la crisis de 2008, será un objetivo prioritario de la política económica de la UE.

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Se hará obligatoria la actual recomendación de la Carta Social Europea para que el salario mínimo alcance en todos los países al menos el 60 % del salario medio, lo que equivaldría, por ejemplo, a 1200 euros al mes en España.

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Este mecanismo contribuirá a asegurar que el presupuesto común tenga un efecto estabilizador y a que se garantice un suelo mínimo de derechos sociales al conjunto de la ciudadanía europea. Hasta su implementación, se eliminará cualquier limitación a este derecho que puedan sufrir quienes, percibiendo un seguro de desempleo, busquen trabajo en otros Estados de la UE.

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Con este nuevo marco normativo común, se establecerá un «suelo de derechos» que permitirá igualar —en lo relativo a derechos laborales— la situación de los trabajadores y las trabajadoras de los distintos Estados para evitar la competencia y el perjuicio que esto les causa a todas las personas que trabajan.

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Gracias al establecimiento obligatorio de una negociación colectiva europea en las grandes empresas con presencia en varios Estados, se consolidará un mecanismo de conquista de derechos y de mejora de las economías de los Estados.

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Esta institución pasará de tener un carácter consultivo a disponer de una mayor cantidad de recursos y competencias para realizar una actividad de inspección a escala europea en colaboración con las autoridades estatales. También deberá liderar la protección de los derechos de las personas trabajadoras allí donde las autoridades estatales hayan renunciado a esta labor. Asimismo, establecerá criterios vinculantes para la protección de estos derechos e impulsará la armonización legislativa en materia laboral y sindical.

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La UE garantizará el cumplimiento de los derechos recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para ello, impulsará la inserción de estas personas en el mercado de trabajo aumentando hasta el 50 % su tasa de actividad, creará un Fondo Europeo para la Accesibilidad Universal y apoyará a los Estados con el objetivo de que incrementen y agilicen las prestaciones para material ortoprotésico.

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Se promoverá la reducción de la jornada laboral a 34 horas para avanzar hacia la corresponsabilidad y la redistribución igualitaria del trabajo doméstico y de cuidados entre hombres y mujeres dentro del ámbito familiar. Además, se impulsará una racionalización de los horarios laborales, la flexibilidad consensuada, el aprovechamiento de las posibilidades del teletrabajo, la protección de los tiempos de desconexión y el establecimiento de planes de respiro familiar para las personas que cuidan.

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Para ello, se impulsará la implantación de sistemas de atención a la dependencia públicos, universales y gratuitos para todas las personas en situación de dependencia. Se trata de garantizar el derecho a la autonomía funcional sin que los cuidados informales recaigan en otros miembros de la familia. El objetivo es alcanzar en la UE una protección media similar a la existente en Suecia. Para lograrlo, se fortalecerán los servicios públicos de atención frente a las prestaciones económicas mejorando la calidad del servicio y facilitando la creación de empleo regular, estable y profesionalizado. En definitiva, se transitará desde el modelo asistencialista actual hasta un enfoque que considere la atención a la dependencia como un derecho.

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Para fortalecer la efectividad de los derechos de las personas empleadas del hogar, la UE ratificará el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de manera que estas trabajadoras tengan al menos los mismos derechos que cualquier otra persona que trabaja, como la prestación por desempleo o las protecciones frente al despido. Asimismo, se impulsará que los Estados que no lo hagan reconozcan periodos no cotizados para su derecho a pensiones, así como la posibilidad de jubilación anticipada sin penalización por la especial dureza de estos empleos. Se adoptarán medidas similares respecto a otros empleos feminizados y precarizados, como el de las limpiadoras de piso en hotelería (las kellys), las aparadoras de calzado y otros. También se estudiará la elaboración de un Estatuto Europeo del Trabajo de Cuidados para armonizar las protecciones específicas de estos empleos.

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Se impulsarán medidas que garanticen el acceso al empleo en igualdad de condiciones, incluidas unas retribuciones dignas, y que dejen atrás la brecha salarial. Para ello, se desarrollará una normativa europea destinada a exigir un análisis de las remuneraciones y a considerar discriminación cualquier brecha de más del 20 % en las retribuciones de las empresas, de manera que estas deberán justificarse ante los tribunales. Además, las grandes empresas tendrán que realizar auditorías salariales y enfrentarse a sanciones en caso de negarse a ello.

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Conforme al principio de coherencia de las políticas de comercio, la UE paralizará las negociaciones y revertirá la implementación de los acuerdos de comercio e inversión que no cumplan con los principios expuestos. Se propondrá, además, renegociar los tratados existentes para proteger el interés público, el trabajo digno, la viabilidad de la actividad de autónomos, autónomas y pymes de cada territorio, los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental, así como las obligaciones extraterritoriales de los Estados. Se suprimirá la aplicación provisional y se incluirá una limitación temporal obligatoria.

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Se impulsarán cambios legislativos que permitan el rescate público de empresas en crisis o su gestión por parte de los trabajadores y las trabajadoras, así como un fortalecimiento de las protecciones frente a la devaluación de derechos y contra las deslocalizaciones para asegurar los empleos locales y los derechos del personal. Asimismo, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se reorientará hacia el beneficio efectivo de la gente y de las pymes. Estas políticas prestarán más apoyo a Estados que, como España, se encuentran lejos del objetivo de la UE para el 2020 de que la industria suponga el 20 % del PIB.

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La actual política comercial de la UE daña la agricultura familiar, el tejido productivo y comercial local y a las pymes. Por eso, se impulsará la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), además de un modelo productivo y comercial justo, sostenible, que garantice la igualdad.

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En la legislatura pasada, Podemos lideró en el Parlamento Europeo una iniciativa para garantizar que todo el textil producido o importado a la UE cumpla unos estándares sociales y medioambientales. En esta legislatura, se convertirá en reglamento la iniciativa de «textil con derechos».

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Como la incertidumbre asociada a la salida del Reino Unido de la UE ya está afectando a nuestros compatriotas, se defenderá no participar en ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido que menoscabe derechos de todo tipo —incluidos los derechos sociales— de las personas de nacionalidad española que residen allí. Nuestra prioridad serán los derechos de la ciudadanía, con permisos de residencia y trabajo para los españoles y las españolas residentes en el Reino Unido y para las personas británicas en España. También se garantizarán los respectivos derechos a sufragio activo y pasivo en las elecciones locales.

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Tanto ante el Reino Unido como ante Gibraltar, se garantizarán sus actividades, especialmente con permisos de trabajo, retribuciones, pensiones, atención sanitaria y acceso pleno a la Seguridad Social y, en caso de salida del Reino Unido, se articularán mecanismos suficientes para que el paso diario de las personas trabajadoras a Gibraltar y en sentido contrario no se vea dificultado por los controles de documentación. Se solicitarán recursos en el siguiente presupuesto de la UE para financiar el Plan Integral de Regeneración Socioeconómica Sostenible del Campo de Gibraltar.

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Se respaldará la constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza entre Andalucía y Gibraltar, que normalizará jurídicamente el espacio de diálogo, la cooperación socioeconómica y el trabajo compartido por las instituciones y los agentes económicos y sociales de ambos lados de la Verja. Se desarrollará el sistema de transporte público transfronterizo para permitir la movilidad laboral y se solicitará a la UE la inclusión de esta zona en su programa para el empleo y la innovación social y ayuda a los trabajadores transfronterizos. También se impulsarán los sistemas judiciales y policiales en la comarca, incluido el Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho de la UE, para combatir el narcotráfico y los delitos de blanqueo de capitales, con un mecanismo de coordinación en estas materias entre el Ministerio de Justicia, de Interior y las instancias autonómicas pertinentes.

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Nuestro sector agropecuario y nuestro sector pesquero serán prioritarios en caso de salida del Reino Unido de la UE. Dado el volumen de intercambios, se impulsará un acuerdo que elimine los aranceles mutuos para que nuestras productoras y nuestros productores agropecuarios y pesqueros puedan seguir vendiendo sus productos en el Reino Unido. Se revisarán los acuerdos comerciales previos, que contaban con 60 millones de consumidores británicos de productos alimenticios, en beneficio de nuestro sector agrícola y ganadero.

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En las misiones bajo la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), se impulsará la mejora de las condiciones, derechos y obligaciones comunes, con independencia del origen nacional de los soldados, con iguales reglas de enfrentamiento (ROE), indemnizaciones por salida al extranjero, duración del despliegue, políticas de permisos y periodos de descanso y garantías jurídicas, entre otros aspectos.

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Este plan estará compuesto por un programa europeo de inversiones, cambios normativos y la adopción de las medidas necesarias para destinar un 2,5 % del PIB de la UE a una transición ecológica que enfrente el cambio climático, la reducción de ecosistemas y la desaparición de especies. Para ello, (1) se desarrollarán energías renovables y se implementarán medidas de eficiencia energética; (2) se electrificará el transporte y se promoverá una movilidad sostenible; (3) se establecerán objetivos de cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 (y siempre garantizando el uso de carbón nacional) y de las centrales nucleares antes del final de 2024, junto con la garantía de haber creado dos empleos por cada uno que pueda perderse y el impulso de la economía circular y de programas de adaptación al cambio climático; y (4) se impulsará la I+D+i para desarrollar estas iniciativas.

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Se garantizará por ley que, antes de que se pierda un empleo del sector de los combustibles fósiles, se crearán dos empleos con condiciones laborales idénticas o mejores en la misma comarca y tendrán prioridad absoluta de acceso a ellos las personas afectadas. La transición energética que se plantea será justa o no será.

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Junto con los sectores neoliberales españoles, como el representado por el ministro del PSOE que consideraba que «la mejor política industrial es no tener política industrial», los poderes financieros impulsaron un proceso de desindustrialización en España que hay que revertir. Se trata de recuperar la soberanía económica y hacer efectivo el objetivo de un 20 % del PIB basado en la industria que señala la UE. Para ello, se apostará por implicar al sector público en una política industrial de futuro, en colaboración con los sectores afectados y con el apoyo presupuestario de la UE, en sectores claves como el naviero, el metalúrgico y muchos otros desmantelados de forma deliberada.

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Se garantizará un nivel de inversión pública en la I+D+i que alcance el objetivo del 3 % del PIB y una institucionalidad propia capaz de operar un giro productivo que sitúe a la UE como líder mundial en sectores como la producción de vehículos eléctricos, de energías renovables, el aprovechamiento de big data cuidando la privacidad de las personas, la inteligencia artificial, las aplicaciones de blockchain en banca y en lucha contra la corrupción, la alimentación de calidad producida de forma sostenible, la salud, los fármacos, las biotecnologías, el reciclado de materiales y la restauración de ecosistemas. Este, y no el empeoramiento de los salarios y las condiciones laborales, es el camino para mejorar la competitividad y la productividad en Europa.

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Se creará una carrera académica científica estable de ámbito europeo, con criterios claros y objetivos para acceder a cada nueva fase, de manera que una mayoría amplia de las personas que la inicien y quieran dedicarse a la ciencia o a la educación superior puedan hacerlo. Se facilitará la movilidad de científicos y científicas entre centros de investigación y universidades, así como entre la academia y la empresa, y la consolidación de una carrera profesional para el personal técnico y de gestión, clave para la viabilidad de la innovación. Asimismo, se promoverá un programa de recuperación de personal científico perdido desde la crisis, en especial el que haya salido de la UE o haya abandonado la actividad investigadora, así como un programa de estabilización y de fortalecimiento de los empleos técnicos y de gestión de la I+D+i.

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Se investigarán las causas concretas de esta brecha de género y se pondrá en marcha un Plan Europeo de Vocaciones Científicas y Tecnológicas para revertir la desigualdad de base que hace que haya menos mujeres en estudios científicos claves y en responsabilidades directivas. Se fortalecerá también el criterio de paridad entre los criterios de evaluación académica y se creará el sello Mujer y Ciencia para certificar los centros con trayectoria probada en la igualdad de oportunidades, para lo que se considerará la presencia de mujeres en los puestos directivos y en los grupos de investigación, la ausencia de precariedad en su situación y la implementación de políticas de conciliación y de lucha contra las violencias machistas.

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Se impulsará una regulación de la propiedad intelectual al servicio de la innovación, y no como una barrera para el emprendimiento. Con el objetivo de abrir el acceso a la ciencia, se creará una Red de Centros de Innovación Ciudadana como punto de encuentro entre la sociedad y la ciencia para actividades de divulgación e innovación. Se impulsará un plan de transición hacia la ciencia abierta con el objetivo de que las investigaciones financiadas con fondos europeos se publiquen en acceso abierto. Se apoyará a las revistas científicas europeas, en distintos idiomas oficiales de la UE, para que puedan aumentar su impacto y que publicar en ellas sea más valorado. Se promoverá la adhesión de las instituciones científicas a la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA). Por último, se transitará hacia la gestión digital de la ciencia mediante una web de investigación que incluya las convocatorias programadas de las distintas Administraciones, universidades y centros públicos de investigación, así como datos de investigadores e investigadoras, grupos, proyectos y centros, al tiempo que se creará un organismo europeo para velar por la transparencia y el buen gobierno del sistema europeo de la I+D+i.

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La UE garantizará un marco justo para la nueva economía con el fin de evitar que los buitres aprovechen la tecnología para llevarnos a un pasado sin derechos laborales. Para ello, se establecerán reglas comunes que definan que quienes dependen para sus ingresos de estas plataformas son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Con la coordinación de la Autoridad Laboral Europea y de la renovada Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), se crearán unidades especiales para inspeccionar estos modelos de empleo y, en especial, la utilización de falsos autónomos, el trabajo mediante horas extras sin cotizar y la vulneración de los derechos sindicales.

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En esta distribución, (1) las ayudas deben dirigirse al objetivo de garantizar una renta agraria digna y estar condicionadas a la actividad productiva, sin exclusión de sectores; (2) deben eliminarse los derechos históricos, que están en el origen del reparto injusto entre productores y territorios; (3) han de ganar peso las pequeñas y medianas explotaciones; (4) tiene que establecerse un límite máximo en el cobro de ayudas por explotación para hacer más eficiente este reparto; (5) deben establecerse ayudas complementarias que favorezcan la incorporación de mujeres y jóvenes; (6) deben mantenerse ayudas acopladas para sectores estratégicos, como la ganadería extensiva; (7) debe reforzarse la condicionalidad de las ayudas al cumplimiento de las obligaciones ambientales y los derechos laborales, y (8) el conjunto de la PAC debe beneficiarse de una simplificación normativa y burocrática.

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Se reforzarán las medidas de regulación de los mercados agrarios y las herramientas de estabilización de precios e ingresos para los momentos de crisis, a lo que se destinará, al menos, el 10 % del presupuesto de la PAC. Se incorporará la venta a pérdidas en la lista de prácticas comerciales desleales en la Directiva sobre Cadena Alimentaria introduciendo la obligación de un precio sostén (precio mínimo) que cubra los costes de producción. También se perseguirá la llamada «venta a resultas», en la que la producción se entrega sin conocer el precio y solo se cobra al venderse finalmente. Europa exigirá que los acuerdos comerciales incorporen una evaluación de su impacto sobre el sector primario y cláusulas de reciprocidad en materia sanitaria, medioambiental y social. Por su importancia en un enfoque de derechos, la UE establecerá las excepciones necesarias para el sector agrario respecto a los principios generales de la competencia.

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Se propondrá una Directiva Marco sobre Suelos y Tierra para impulsar medidas de acceso democrático a la tierra, en especial para los y las jóvenes, que permita enfrentar los procesos de acaparamiento y concentración que existen en el continente, que controle la especulación sobre la tierra agraria y que sea un instrumento que garantice la protección de los suelos fértiles y la lucha contra el cambio climático.

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Se impulsará una nueva evaluación de la distribución del esfuerzo pesquero que implique un reparto justo de las cuotas de pesca según criterios científicos independientes y transparentes y conforme al criterio general de un reparto lineal por caladeros, barcos, tripulantes y tipo de arte. Este nuevo reparto deberá asegurar unos márgenes razonables y suficientes de ingresos dignos a los productores y productoras, así como un acceso al reparto en condiciones de equidad y sostenibilidad social y económica. Para ello, es necesario que la UE adopte una definición de pesca artesanal que permita articular medidas de fomento de la economía de las comunidades costeras. También se promocionará la incorporación de mujeres en las distintas modalidades del sector.

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Sean de carácter bilateral o multilateral, la adopción de este tipo de acuerdos pondrá fin a prácticas social y medioambientalmente dudosas que se cobijan bajo su paraguas para realizarse en aguas internacionales.

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Se impulsará un plan de choque europeo para darle la vuelta a la discriminación territorial y acelerar la equiparación de derechos y servicios en todo el territorio de la UE. En virtud de este plan, se descentralizarán las inversiones productivas y se garantizará que cualquier programa e inversión europeos que deban implementarse en distintas fases priorizarán los territorios despoblados, aislados y peor tratados por las anteriores políticas de inversión.

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Para ello, es necesario poder complementar y utilizar todos los fondos disponibles de manera coordinada, de forma que el desarrollo rural no dependa solo de los fondos de la PAC, sino que reciba otros fondos para inversiones, formación y empleo. Aparte de asegurar una mayor dotación presupuestaria, se podrán transferir hasta el 50 % de los fondos de la PAC a este pilar de desarrollo rural. De ahí la importancia de crear un Marco Financiero Multifondo para el Desarrollo Rural con una dotación suficiente que integre los fondos FEGA, Feader, FEDER y FSE para garantizar mayor impacto en los territorios rurales. Por último, se impulsarán las estrategias y medidas de desarrollo local participativo impulsadas al amparo de la metodología LEADER, pero garantizando una vuelta a los principios originarios de la iniciativa.

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La UE impulsará que todas las poblaciones puedan contar con los siguientes servicios: (1) servicio de transporte adecuado que comunique diariamente a demanda con la cabecera de comarca; (2) atención sanitaria a domicilio de calidad, si no es posible tener un centro de salud; (3) atención inmediata de una patrulla de las fuerzas y cuerpos de seguridad correspondientes en un máximo de 15 minutos; (4) reparto habitual de suministros básicos cuando no sea posible disponer de una tienda; (5) acceso a un cajero automático para garantizar la inclusión financiera; (6) una conexión móvil y a internet de banda ancha de 30 Mps y 3G, y (7) centros culturales ciudadanos en cada cabecera de comarca, así como un impulso a la oferta cultural descentralizada en colaboración con las Administraciones competentes.

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Para compensar el hecho de que los pueblos de Europa se conocen entre sí menos de lo que conocen otras culturas y contrarrestar la hegemonía de determinados modelos culturales, se apostará por facilitar el mutuo conocimiento a través de circuitos de artes escénicas, programas transnacionales de cultura en vivo, intercambios de fondos entre museos, creación de centros europeos de investigación, residencias artísticas y otras iniciativas que favorezcan el contacto entre tradiciones propias y nuevas propuestas.

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Se fomentarán mecanismos de financiación y de intercambio cultural para que las personas jóvenes puedan liderar proyectos culturales y asegurar la sostenibilidad de la industria cultural europea.

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Se promoverá un marco común orientado a garantizar, también en la UE, los derechos laborales, la protección social, la gestión tributaria, los derechos de propiedad intelectual y el autoempleo. A partir del conocimiento y el respeto a las condiciones específicas del mercado de trabajo cultural, este marco buscará potenciar el sector y proteger a sus grupos más vulnerables ante la competencia desleal de los grandes aparatos comerciales y publicitarios. Para hacer frente a la precariedad, la inestabilidad en el empleo y garantizar el acceso a la de jubilación, se impulsará un marco normativo europeo que reconozca las enfermedades profesionales, los periodos de creación y formación, así como la transición profesional al final de las carreras artísticas. También se promoverán unas formas de contribución fiscal acordes con las condiciones de intermitencia, inestabilidad y realización del trabajo en los propios domicilios que acompañan al trabajo cultural. Asimismo, este nuevo marco velará por el fin de cualquier forma de violencia machista en este ámbito.

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Se articularán mecanismos públicos que garanticen el control entre las entidades intermediarias y los y las artistas e impidan que los retornos no lleguen a quienes trabajan efectivamente en la cultura y que las patentes obstaculicen el acceso equitativo de la sociedad a la cultura y la tecnología. También se crearán planes específicos contra el expolio arqueológico terrestre y subacuático y contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

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A través de una estrategia europea del deporte, se promoverá un marco común en políticas deportivas que asegure que toda la población tenga acceso, a un precio asequible y al menos tres veces a la semana, a actividades deportivas que implementen, promocionen y desarrollen el deporte femenino, el deporte adaptado, inclusivo y en etapas formativas. En particular, se diseñarán programas de transición a la vida laboral ordinaria de los y las deportistas que finalicen sus carreras, con especial atención a la inclusión laboral de las mujeres. Se reconocerán las competiciones femeninas de máxima categoría y a sus deportistas como profesionales, y se establecerán premios y dietas iguales para mujeres y hombres. Al mismo tiempo, se fomentará el incremento de la información deportiva dedicada al deporte femenino con el objetivo de alcanzar la paridad. También se democratizará la gestión de los clubs al potenciar el acceso de las aficiones a los órganos de gobierno del deporte y a las estructuras de gestión de los clubs, a la par que se incentivará la creación de clubs deportivos cuya propiedad pertenezca a sus miembros.

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