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Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro


Servicios sociales


Permitirá poner en marcha un Plan Europeo de Inversiones que atienda principalmente las necesidades de la transición energética y la lucha contra el cambio climático, los retos de la digitalización ―incluyendo tanto innovación como formación― y el desarrollo de servicios públicos y otros proyectos ligados al sistema de cuidados para garantizar la igualdad.

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Este mecanismo contribuirá a asegurar que el presupuesto común tenga un efecto estabilizador y a que se garantice un suelo mínimo de derechos sociales al conjunto de la ciudadanía europea. Hasta su implementación, se eliminará cualquier limitación a este derecho que puedan sufrir quienes, percibiendo un seguro de desempleo, busquen trabajo en otros Estados de la UE.

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De igual manera que la UE prescribió para los Estados la prioridad del pago de la deuda, es hora de revertir la situación y garantizar la efectividad de los derechos sociales. Por ello, se promoverá un marco normativo que obligue a los Estados a destinar al menos un 20 % de su PIB a inversión social, del cual un mínimo del 5,6 % corresponderá a educación y un 7,5 %, a sanidad.

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Para que no solo sean derechos declarados, sino también derechos efectivos, se impulsará la creación de un Tribunal Europeo de Garantía de los Derechos Sociales para la protección jurisdiccional de los derechos establecidos en la Carta Social Europea. En su estatuto se asegurará que, ante vulneraciones de sus derechos sociales, la ciudadanía pueda tener un acceso directo a este cuando los tribunales estatales no ofrezcan una protección suficiente. Además, se promoverá la inclusión de los derechos sociales en los Criterios de Copenhague y que su exigibilidad se añada a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

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Tal como se ha propuesto para reducir la desigualdad en España, se impulsará a escala europea una prestación de ingresos suficientes con una cuantía mínima de 600 euros para los estándares de vida españoles y de hasta 1 200 en función del número de miembros del hogar, que se ajustará a los estándares de vida de cada Estado. La UE colaborará con los Estados para hacer efectiva esta prestación en aquellos que no hayan alcanzado tal cota de protección y promoverá su mejora en el resto.

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Se impulsará la puesta en marcha de un Plan Integral Europeo Contra la Pobreza Infantil que incluya una prestación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, adaptada a los estándares de vida de cada Estado, que llegará a los 1 200 euros al año de manera universal y a los 2 000 para situaciones de pobreza severa, con un incremento del 50 % en el caso de familias monomarentales o monoparentales para el caso español. La UE colaborará con los Estados para hacer efectiva esta prestación en aquellos que no hayan alcanzado tal cota de protección e impulsará su mejora en el resto.

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La UE armonizará las regulaciones y los estándares de atención temprana, dada su importancia para la eficacia de las intervenciones sobre niños y niñas con alteraciones, trastornos del desarrollo o en riesgo de padecerlos y para su bienestar presente y futuro, al tiempo que apoyará a los Estados para que sea efectivo el reconocimiento de un derecho subjetivo a la atención temprana integral, universal, gratuita y pública.

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La UE armonizará las regulaciones de los Estados mediante una legislación penal específica para garantizar la prevención, sensibilización, intervención, reparación y restitución de derechos a niñas, niños y adolescentes que hayan sido víctimas de cualquier forma de violencia. Entre otras medidas, se promoverán la suspensión del cómputo para la prescripción de estos delitos ―al menos, hasta que las víctimas hayan cumplido treinta años―, el fin de la distinción entre agresión y abuso sexual, la creación de unidades especializadas en los respectivos sistemas judiciales, el desarrollo de reglas procesales adecuadas para la infancia y la implementación de medidas eficaces en los sistemas educativos, de salud y de servicios sociales.

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La UE establecerá medidas para fomentar el acogimiento familiar como forma de cuidado más eficaz y acorde con el fomento del buen trato y del bienestar actual y futuro de la infancia en relación con los centros residenciales. También promoverá medidas que armonicen los sistemas de adopción, los criterios y los tiempos para evitar discriminaciones y garantizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes.

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En el caso de los llamados «menores extranjeros no acompañados» (MENA), su condición de niños, niñas y adolescentes prevalecerá siempre sobre su estatus migratorio. Como medida de garantía de sus derechos, quedarán expresamente prohibidas las repatriaciones en contra de su voluntad, tanto entre países de la UE como en terceros países. Asimismo, impulsaremos la armonización de los procedimientos en los países miembros de la UE a fin de garantizar la autorización de residencia y trabajo a la mayoría de edad de estas personas.

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La UE impulsará la gratuidad real y efectiva de la educación obligatoria ―la cual comprenderá libros, material escolar y comedor, en caso de ser necesario, durante todas las etapas educativas―, así como de los estudios del Espacio Europeo de Educación Superior impartidos en universidades y centros públicos, incluidos los estudios de máster cuando sean obligatorios para ejercer una profesión. Además, se diseñará un programa de prevención del fracaso escolar y del abandono escolar prematuro, se estudiarán medidas para evitar la segregación escolar y fomentar la alfabetización digital en todas las edades y se crearán programas de prevención del bullying (acoso), apoyando la financiación y los recursos de los Estados.

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Los programas Erasmus aportarán una beca suficiente al alumnado que viaja, de forma que nadie se quede sin disfrutar de esta oportunidad de formación por barreras económicas. También se incluirán programas de formación profesional, educación continua y la formación para personas adultas en los programas de movilidad Erasmus. Estas becas tendrán continuidad acabada la estancia Erasmus si en el Estado de origen no existe un sistema de becas suficiente para asegurar la igualdad de oportunidades.

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La UE garantizará el derecho a la salud y a un modelo público de asistencia sanitaria de cobertura universal, equitativa y gratuita, con dotación presupuestaria suficiente, sin copago de medicamentos y servicios que introduzcan barreras económicas ajenas a la racionalidad sanitaria y sin exclusión alguna para las personas que residan en cualquier país de la UE.

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Se impulsará la creación de una farmacia pública europea que garantice precios justos para los medicamentos producidos a partir de patentes de laboratorios que reciben financiación pública y fomente la extensión de fármacos genéricos. También se promoverá la compra de medicamentos a escala europea para evitar que el actual esquema de venta separada a cada Estado o cada administración sanitaria, como en España ocurre con las comunidades autónomas, permita a las grandes farmacéuticas encarecer el precio de los medicamentos.

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Para proteger nuestra salud, se derogará la normativa que permite la privatización de centros y servicios sanitarios en todo el territorio comunitario. En su lugar, se apoyará la gestión pública directa de los centros y recursos sanitarios.

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La UE promoverá un concepto de salud que no solo implique la ausencia de enfermedad, sino que la considere también como un indicador de bienestar. Para ello, entre otras cuestiones en los Estados se garantizará el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, libre y gratuita, dentro de la red pública de asistencia sanitaria, el derecho a una muerte digna y el acceso a una atención de calidad de la salud mental.

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La UE impulsará la lucha contra la discriminación que sufre la población con VIH ampliando los programas que combaten la estigmatización social, la discriminación y el desconocimiento. También se promoverán políticas eficaces y una inversión en I+D+i suficiente para desarrollar una vacuna eficaz, de carácter preventivo y asequible.

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Se impulsará una directiva que regule y fije mecanismos de control sobre los precios de la vivienda en alquiler para que no superen el 30 % de los ingresos del hogar. Asimismo, se impulsará una auditoría de los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas con dinero público que nos permitan incorporar esas viviendas a los correspondientes parques públicos. Se suprimirán los privilegios fiscales a las SOCIMI y entidades análogas, por tratarse de mecanismos de elusión fiscal y de especulación con un bien tan importante como la vivienda, al mismo tiempo que se adoptarán protecciones suficientes frente a los lobbies inmobiliarios.

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Se promoverá la aprobación de una directiva que permita que los pisos vacíos de entidades financieras, fondos de inversión y empresas se incluyan en los correspondientes parques públicos de vivienda, en el marco de un Plan Integral de Vivienda Europeo con el objetivo de consolidar un parque público de vivienda y alquiler social destinado principalmente a las personas jóvenes y a los colectivos en riesgo de exclusión social.

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La UE empleará todos sus medios en garantizar que no se pueda desalojar ni desahuciar a ninguna persona ni a su familia en situación de vulnerabilidad sin que la Administración competente asegure un realojo en condiciones dignas, ya sea en casos de impago de alquileres o por ocupación en precario motivada por la falta de vivienda asequible. Se garantizará que España y el resto de los Estados miembros cumplan las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

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Con el fin de garantizar que las personas no tengan deudas a perpetuidad, la UE colaborará en el diseño de un procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas —con una fase de conciliación en la que la persona deudora presentará una propuesta a las acreedoras que podrá incluir reestructuraciones, quitas y cancelaciones— e instará a los Estados a que lo implementen. En caso de que no haya acuerdo, serán los juzgados quienes decidan el plan de pagos. En el caso de deudoras y deudores hipotecarios, este procedimiento permitirá realizar una dación en pago, incluso retroactiva, que permitiría a quienes mantienen deudas vivas con el banco, a pesar de haber entregado ya la vivienda, cancelar de este modo la deuda restante. La UE hará cumplir también de manera íntegra la Directiva 2014/17/UE y el resto de la legislación que obliga a aceptar la dación en pago y pone como límite el valor del bien hipotecado para estas deudas.

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La UE obligará a los Estados a garantizar un suministro básico de luz, agua y calefacción. Desde la UE, en atención a la protección del consumidor y la lucha contra la pobreza energética, se deben regular estos suministros conforme al sistema que se expone en el apartado 9. Se prohibirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas en las primeras residencias cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad de las personas, como la pobreza sobrevenida.

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En muchos países de la UE, el primer tramo de la educación infantil se encuentra privatizado, y la mayor parte de las familias no tienen acceso a estos recursos. Esto tiene impactos sociales negativos, ya que contribuye a la consolidación de la pobreza en las nuevas generaciones y a la salida indeseada de muchas mujeres del mercado de trabajo. Además, generalizar el acceso a la educación infantil mejorará el rendimiento escolar. Por ello, la UE impulsará la cobertura universal y gratuita de la educación infantil de 0 a 3 años para todos los niños y las niñas una vez finalicen los permisos de sus progenitores y progenitoras.

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Se impulsarán medidas que garanticen una sexualidad libre para todas las mujeres, incluyendo educación sexual y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como a métodos anticonceptivos seguros de forma gratuita. En particular, se promoverá el reconocimiento del derecho al aborto seguro, libre y gratuito, practicado en los centros de los sistemas nacionales de salud, para lo que se pondrá a disposición de las mujeres toda la información necesaria para que puedan elegir, se regulará la objeción de conciencia y se impedirá el acoso a las mujeres y a quienes realizan de forma profesional dicha práctica médica.

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Se pondrá freno a la discriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género. Para ello, se eliminará cualquier patologización de las personas LGTBI y se garantizará su acceso a la salud en igualdad de condiciones.

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Se implementará un plan europeo para la erradicación de cualquier forma de violencia obstétrica orientada hacia el control reproductivo, las maternidades segregadas y las esterilizaciones forzadas.

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La UE establecerá medidas para garantizar que todas las personas tengan acceso a una cobertura sanitaria adecuada, al margen de donde vivan, su situación laboral o de cuándo hayan salido de su Estado de origen.

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Se propondrá la derogación de las normas que facilitan el desmantelamiento y la privatización de servicios públicos (agua, sanidad, educación, transporte, energía, etcétera) para lucrarse, como la directiva relativa a los servicios en el mercado interior, conocida como Directiva Bolkestein.

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Como la incertidumbre asociada a la salida del Reino Unido de la UE ya está afectando a nuestros compatriotas, se defenderá no participar en ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido que menoscabe derechos de todo tipo —incluidos los derechos sociales— de las personas de nacionalidad española que residen allí. Nuestra prioridad serán los derechos de la ciudadanía, con permisos de residencia y trabajo para los españoles y las españolas residentes en el Reino Unido y para las personas británicas en España. También se garantizarán los respectivos derechos a sufragio activo y pasivo en las elecciones locales.

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Tanto ante el Reino Unido como ante Gibraltar, se garantizarán sus actividades, especialmente con permisos de trabajo, retribuciones, pensiones, atención sanitaria y acceso pleno a la Seguridad Social y, en caso de salida del Reino Unido, se articularán mecanismos suficientes para que el paso diario de las personas trabajadoras a Gibraltar y en sentido contrario no se vea dificultado por los controles de documentación. Se solicitarán recursos en el siguiente presupuesto de la UE para financiar el Plan Integral de Regeneración Socioeconómica Sostenible del Campo de Gibraltar.

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Se garantizará la efectividad del derecho humano al agua y al saneamiento de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por España y la UE. Esto implicará la revisión de la llamada Directiva Bolkestein, que permite la liberalización y privatización de los servicios en el mercado interno, frente a la que se impulsará una gestión pública del agua por parte de las diferentes Administraciones. Se trata de un bien clave para la garantía de los derechos humanos que no puede estar sujeto solo a las reglas del mercado.

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La UE impulsará que todas las poblaciones puedan contar con los siguientes servicios: (1) servicio de transporte adecuado que comunique diariamente a demanda con la cabecera de comarca; (2) atención sanitaria a domicilio de calidad, si no es posible tener un centro de salud; (3) atención inmediata de una patrulla de las fuerzas y cuerpos de seguridad correspondientes en un máximo de 15 minutos; (4) reparto habitual de suministros básicos cuando no sea posible disponer de una tienda; (5) acceso a un cajero automático para garantizar la inclusión financiera; (6) una conexión móvil y a internet de banda ancha de 30 Mps y 3G, y (7) centros culturales ciudadanos en cada cabecera de comarca, así como un impulso a la oferta cultural descentralizada en colaboración con las Administraciones competentes.

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Se fomentará el acceso a la cultura europea mediante estrategias de divulgación en centros educativos y culturales, bibliotecas y medios de comunicación para salvar las brechas existentes, tanto entre países como dentro de estos, en su conocimiento y aprovechamiento. Se fomentarán las ayudas europeas para la creación de centros culturales integrales en barrios y pueblos como los primeros espacios donde ejercer este derecho, con el fin de potenciar la colaboración entre la sociedad civil y el sector público y privado.

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En particular, a museos, monumentos, cultura en vivo, artes escénicas, contenidos digitales y al conjunto del patrimonio cultural, con la voluntad de recuperar el patrimonio material e inmaterial para las mayorías sociales. Con este fin, se fomentará su gratuidad o un modelo de precios reducidos mediante modelos de financiación sostenible.

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Las políticas de la UE reconocerán estas expresiones culturales en igualdad de condiciones con el resto. Impulsarán el acceso a contenidos digitales de calidad a través de instituciones públicas como las bibliotecas y los centros culturales ciudadanos. Conjugarán políticas por la libertad de expresión con la protección de autores y autoras. Apostarán de manera particular por estos formatos como un medio para descentralizar el acceso a la cultura y reducir la brecha territorial. Impulsarán la formación en todas las etapas educativas para comprender y formar parte de estas expresiones culturales. Asimismo, fomentarán el liderazgo europeo en sectores como los videojuegos, el diseño, el sector audiovisual o el desarrollo de software.

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A través de una estrategia europea del deporte, se promoverá un marco común en políticas deportivas que asegure que toda la población tenga acceso, a un precio asequible y al menos tres veces a la semana, a actividades deportivas que implementen, promocionen y desarrollen el deporte femenino, el deporte adaptado, inclusivo y en etapas formativas. En particular, se diseñarán programas de transición a la vida laboral ordinaria de los y las deportistas que finalicen sus carreras, con especial atención a la inclusión laboral de las mujeres. Se reconocerán las competiciones femeninas de máxima categoría y a sus deportistas como profesionales, y se establecerán premios y dietas iguales para mujeres y hombres. Al mismo tiempo, se fomentará el incremento de la información deportiva dedicada al deporte femenino con el objetivo de alcanzar la paridad. También se democratizará la gestión de los clubs al potenciar el acceso de las aficiones a los órganos de gobierno del deporte y a las estructuras de gestión de los clubs, a la par que se incentivará la creación de clubs deportivos cuya propiedad pertenezca a sus miembros.

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