Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro

Se propondrá una reforma de carácter europeo para que el acceso a los recursos y concursos públicos tenga las siguientes condiciones: el respeto a las reglas de la negociación colectiva, a los derechos laborales y a la sostenibilidad ambiental de las actividades, así como la limitación de la desigualdad salarial dentro de las empresas y la garantía de la equidad de género. La contratación pública se centrará también en las actividades y formas empresariales que aporten mayor valor social.

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La UE establecerá medidas para garantizar que los Estados cumplen con su obligación de dar acceso a unas pensiones suficientes y actualizadas para hacer posible una vida digna. En particular, pondrá en marcha una estrategia europea para elevar las pensiones más bajas, que nunca podrán situarse por debajo del umbral de la pobreza, y para reducir la brecha de género en las pensiones, derivada de las discriminaciones acumuladas durante décadas contra las mujeres.

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Se impulsará el establecimiento de procedimientos de infracción contra los Estados que infrinjan, no incorporen a su derecho o no apliquen el marco político y legislativo europeo relacionado con la igualdad de trato o que vulneren los derechos fundamentales. También se establecerá un sistema de vigilancia desde un organismo independiente para investigar estas vulneraciones.

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Se impulsará la puesta en marcha de un Plan Integral Europeo Contra la Pobreza Infantil que incluya una prestación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, adaptada a los estándares de vida de cada Estado, que llegará a los 1 200 euros al año de manera universal y a los 2 000 para situaciones de pobreza severa, con un incremento del 50 % en el caso de familias monomarentales o monoparentales para el caso español. La UE colaborará con los Estados para hacer efectiva esta prestación en aquellos que no hayan alcanzado tal cota de protección e impulsará su mejora en el resto.

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La UE promoverá un concepto de salud que no solo implique la ausencia de enfermedad, sino que la considere también como un indicador de bienestar. Para ello, entre otras cuestiones en los Estados se garantizará el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, libre y gratuita, dentro de la red pública de asistencia sanitaria, el derecho a una muerte digna y el acceso a una atención de calidad de la salud mental.

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Se impulsará un plan de permisos y prestaciones para el cuidado y la atención de niños, niñas y adolescentes en caso de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. Se establecerá un objetivo mínimo de 24 semanas iguales, 100 % remuneradas e intransferibles, para cuya implementación la UE prestará apoyo a los Estados.

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Se promoverá la reducción de la jornada laboral a 34 horas para avanzar hacia la corresponsabilidad y la redistribución igualitaria del trabajo doméstico y de cuidados entre hombres y mujeres dentro del ámbito familiar. Además, se impulsará una racionalización de los horarios laborales, la flexibilidad consensuada, el aprovechamiento de las posibilidades del teletrabajo, la protección de los tiempos de desconexión y el establecimiento de planes de respiro familiar para las personas que cuidan.

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En muchos países de la UE, el primer tramo de la educación infantil se encuentra privatizado, y la mayor parte de las familias no tienen acceso a estos recursos. Esto tiene impactos sociales negativos, ya que contribuye a la consolidación de la pobreza en las nuevas generaciones y a la salida indeseada de muchas mujeres del mercado de trabajo. Además, generalizar el acceso a la educación infantil mejorará el rendimiento escolar. Por ello, la UE impulsará la cobertura universal y gratuita de la educación infantil de 0 a 3 años para todos los niños y las niñas una vez finalicen los permisos de sus progenitores y progenitoras.

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Para ello, se impulsará la implantación de sistemas de atención a la dependencia públicos, universales y gratuitos para todas las personas en situación de dependencia. Se trata de garantizar el derecho a la autonomía funcional sin que los cuidados informales recaigan en otros miembros de la familia. El objetivo es alcanzar en la UE una protección media similar a la existente en Suecia. Para lograrlo, se fortalecerán los servicios públicos de atención frente a las prestaciones económicas mejorando la calidad del servicio y facilitando la creación de empleo regular, estable y profesionalizado. En definitiva, se transitará desde el modelo asistencialista actual hasta un enfoque que considere la atención a la dependencia como un derecho.

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Para fortalecer la efectividad de los derechos de las personas empleadas del hogar, la UE ratificará el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de manera que estas trabajadoras tengan al menos los mismos derechos que cualquier otra persona que trabaja, como la prestación por desempleo o las protecciones frente al despido. Asimismo, se impulsará que los Estados que no lo hagan reconozcan periodos no cotizados para su derecho a pensiones, así como la posibilidad de jubilación anticipada sin penalización por la especial dureza de estos empleos. Se adoptarán medidas similares respecto a otros empleos feminizados y precarizados, como el de las limpiadoras de piso en hotelería (las kellys), las aparadoras de calzado y otros. También se estudiará la elaboración de un Estatuto Europeo del Trabajo de Cuidados para armonizar las protecciones específicas de estos empleos.

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Se impulsarán medidas que garanticen el acceso al empleo en igualdad de condiciones, incluidas unas retribuciones dignas, y que dejen atrás la brecha salarial. Para ello, se desarrollará una normativa europea destinada a exigir un análisis de las remuneraciones y a considerar discriminación cualquier brecha de más del 20 % en las retribuciones de las empresas, de manera que estas deberán justificarse ante los tribunales. Además, las grandes empresas tendrán que realizar auditorías salariales y enfrentarse a sanciones en caso de negarse a ello.

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Diseñar e implementar políticas feministas requiere un esfuerzo explícito de análisis y dotación presupuestaria para revertir la inercia de siglos de invisibilización. Por este motivo, todas las políticas públicas, normas y presupuestos de la UE y los Estados se elaborarán desde la perspectiva de género y el análisis feminista con perspectiva interseccional y será preceptivo el dictamen del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), o de órganos estatales análogos, con la participación de organizaciones feministas, tanto con carácter previo como después de su aplicación. También se empleará esta perspectiva en la elaboración de presupuestos y de las políticas que vayan a adoptarse en el marco financiero plurianual.

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Será obligatorio que los espacios de representación, toma de decisiones y liderazgo de la UE sean paritarios; es decir, que estén compuestos, al menos, por un 50 % de mujeres. También se prestará especial atención a la presencia de personas pertenecientes a grupos vulnerables.

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La UE obligará a los Estados a que garanticen una acción eficaz para la erradicación de las violencias machistas. Se blindará el 5 % del presupuesto de la UE para ese fin y se exigirá a los Estados que aumenten la dotación de todas las políticas públicas que promuevan la igualdad de género y, por lo tanto, contribuyan a terminar con las violencias machistas.

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Se impulsará una directiva que obligue a los Estados a garantizar la libertad sexual y erradicar las violencias sexuales contra todas las personas, de forma que las mujeres tengan el mismo derecho que los hombres a ocupar el espacio público y privado sin sentir miedo a ser violadas y que todas las personas puedan ejercer su sexualidad con libertad. Esto significa colocar el consentimiento en el centro del debate político sobre relaciones sexuales, pasar del «No es no» al «Solo sí es sí» y que esta sea la pauta que se siga en cualquier relación.

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La UE definirá la violencia machista de forma que recoja todas las formas de violencia contra las mujeres, sin limitarse a la ejercida por parejas y exparejas, ya que esto priva de una protección equiparable al resto de las mujeres que sufren violencia; por ejemplo, por parte de desconocidos o de jefes y compañeros de trabajo. Por eso, la UE ratificará el Convenio de Estambul, que incorpora una definición adecuada de las violencias machistas, lo aplicará y hará que los Estados cumplan su contenido, incluso mediante las sanciones correspondientes.

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Se impulsarán medidas que garanticen una sexualidad libre para todas las mujeres, incluyendo educación sexual y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, así como a métodos anticonceptivos seguros de forma gratuita. En particular, se promoverá el reconocimiento del derecho al aborto seguro, libre y gratuito, practicado en los centros de los sistemas nacionales de salud, para lo que se pondrá a disposición de las mujeres toda la información necesaria para que puedan elegir, se regulará la objeción de conciencia y se impedirá el acoso a las mujeres y a quienes realizan de forma profesional dicha práctica médica.

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Se pondrá freno a la discriminación por razones de orientación sexual, identidad y expresión de género. Para ello, se eliminará cualquier patologización de las personas LGTBI y se garantizará su acceso a la salud en igualdad de condiciones.

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Se implementará un plan europeo para la erradicación de cualquier forma de violencia obstétrica orientada hacia el control reproductivo, las maternidades segregadas y las esterilizaciones forzadas.

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Ninguna persona debe ser discriminada por su orientación sexual ni por su identidad o su expresión de género. Se promoverá, por tanto, un marco legal que garantice la protección jurídica de las personas trans, el derecho a la libre determinación de la identidad y expresión de género, y la lucha contra la discriminación por motivos de identidad de género y orientación sexual teniendo en cuenta las dificultades específicas de quienes forman parte de un colectivo tan amplio como el LGTBI.

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La UE promoverá la eliminación de las restricciones a los derechos y responsabilidades de parejas, padres y madres por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género, siempre garantizando los derechos de la infancia. Se protegerán las distintas realidades familiares elegidas con libertad mediante medidas de apoyo a la adopción para familias LGTBI, el reconocimiento de la filiación de las parejas de mujeres lesbianas y la protección jurídica de las nuevas formas de convivencia estables sin ser pareja.

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Desde la UE se establecerá un plan de lucha contra la discriminación hacia las personas intersexuales, respetando el derecho a su integridad corporal, con procedimientos de reconocimiento de género legales rápidos, transparentes, accesibles y basados en la autodeterminación. Se fomentarán políticas específicas de no discriminación, así como medidas frente a los delitos de odio e incitación al odio basados en las características sexuales.

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Se reformará con urgencia el Sistema Europeo Común de Asilo y se creará un Sistema Común de Migraciones. Ambos serán efectivos y estarán basados en los derechos humanos y los valores fundamentales de la UE. Urge, asimismo, modificar el Reglamento de Dublín: derogar el principio de primer país de entrada y establecer que el análisis de la solicitud de asilo sea responsabilidad del Estado de preferencia de la persona solicitante. También se incrementarán de manera drástica las plazas de reasentamiento y se prestará especial atención a las solicitudes de asilo presentadas por motivos de orientación sexual o identidad de género, trata o cualquier otro motivo relacionado con el género (violencia, matrimonios forzados, mutilación genital, etcétera), sin que medien prejuicios o estereotipos.

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La UE dedicará medidas y recursos a erradicar la discriminación a la que se enfrentan las mujeres y niñas por razón de su género, origen étnico racial, nivel socioeconómico, situación administrativa y lugar de procedencia, entre otras. Impulsará la creación de un fondo para la implementación de una Estrategia Europea de Aplicación del Convenio de Estambul en Migración y Asilo, con un enfoque interseccional de derechos y de género.

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Se establecerán vías legales y seguras de acceso a Europa a través de un programa efectivo de reasentamientos, abrirá la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de los Estados europeos en terceros países; hará posible, también, la concesión de visados humanitarios, y facilitará la reagrupación familiar tanto ad intra como ad extra.

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La UE hará que los Estados implementen y supervisen el cumplimiento de la Directiva relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, poniendo especial atención a que se las considere sujetos de derecho, se garanticen vías migratorias legales y seguras, así como a la identificación, protección y reparación de todas las mujeres y niñas víctimas de trata. También se incidirá en la prohibición de deportación o encierro de víctimas en los CIE y en que estas queden exentas de responsabilidad penal en caso de encontrarse en situación administrativa irregular. Las medidas para combatir la trata deben diseñarse y aplicarse conforme a los principios enunciados e incluir sanciones para los Estados que las incumplan.

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Debe impedirse que los poderes económicos y financieros pongan a su servicio a las instituciones mediante una influencia ilegítima en el proceso legislativo. Los mandatos negociadores deben votarse en el Parlamento Europeo y en los Parlamentos nacionales, que deberán tener capacidad de escrutinio y enmienda durante las negociaciones.

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Para ello, se incluirán evaluaciones preceptivas de impacto, ex ante y ex post, para cada propuesta legislativa en materia de comercio e inversión. Estas evaluaciones considerarán de manera exhaustiva las repercusiones económicas, sociales y medioambientales. Se establecerán dos categorías específicas de análisis: «impacto en materia de derechos fundamentales» y «evaluación del impacto en materia de género».

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Conforme al principio de coherencia de las políticas de comercio, la UE paralizará las negociaciones y revertirá la implementación de los acuerdos de comercio e inversión que no cumplan con los principios expuestos. Se propondrá, además, renegociar los tratados existentes para proteger el interés público, el trabajo digno, la viabilidad de la actividad de autónomos, autónomas y pymes de cada territorio, los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental, así como las obligaciones extraterritoriales de los Estados. Se suprimirá la aplicación provisional y se incluirá una limitación temporal obligatoria.

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Se estudiará el impacto de género en los acuerdos comerciales existentes y, con carácter previo, en los nuevos que se puedan suscribir. Se incorporarán a los nuevos acuerdos y a los existentes, en la medida de lo posible, cláusulas y mecanismos sancionadores efectivos para alcanzar la igualdad de género, garantizar los derechos de las mujeres y su empoderamiento.

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La actual política comercial de la UE daña la agricultura familiar, el tejido productivo y comercial local y a las pymes. Por eso, se impulsará la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), además de un modelo productivo y comercial justo, sostenible, que garantice la igualdad.

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Se promoverá el liderazgo de la UE en la lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente en foros internacionales, la voz única en los foros globales en ciertos pilares básicos, el voto de los Estados miembros en política exterior por mayoría cualificada y la democratización del Consejo de Seguridad de la ONU. Se apostará por un mandato de defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la protección de civiles, las dinámicas de diálogo y el liderazgo local en la gestión de crisis. Para ello, se impulsará la creación de una asamblea parlamentaria en la ONU, elegida democráticamente, para abordar los temas claves para el futuro de la humanidad.

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Se reforzará la estrategia de acción exterior feminista de la UE mediante un incremento presupuestario que permita su pleno desarrollo. La perspectiva de género no solo será transversal en todos los programas de cooperación, sino que además el 35 % de los fondos de la Ayuda Oficial al Desarrollo de la UE se destinará a intervenciones específicas para la promoción de la igualdad, el empoderamiento de las mujeres y la promoción de sus derechos, incluyendo los sexuales y reproductivos. Se transversalizará la perspectiva de género y el análisis feminista será interseccional en todas las políticas públicas, normas y presupuestos de la UE y los Estados miembros, de manera que sea preceptivo el dictamen del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), o de órganos estatales análogos, con la participación de organizaciones feministas, tanto con carácter previo como tras su aplicación.

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Se promoverá que la UE adopte un papel activo en la resolución pacífica y dialogada de los conflictos más importantes del mundo actual. Se impulsará el apoyo político y financiero a los procesos de paz a partir de una mediación constructiva y una resolución pacífica y democrática de los conflictos en Oriente Medio, África y América Latina, priorizando para ello los mecanismos de justicia transicional y la defensa del derecho a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas, en especial, las de violencia sexual.

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Se recuperará el perfil europeo de valores pacíficos y democráticos a través del organismo del Alto Representante y a la creación del Comisariado de Cultura para la Paz y la Democracia. Se garantizará el apoyo político a la participación de las mujeres en los procesos de paz, a la paridad en el seno de la UE y en los puestos de toma de decisiones, a la formación en materia de igualdad de género, y mujeres, paz y seguridad para el personal de mantenimiento de la paz, así como una colaboración más amplia con la sociedad civil y en la lucha contra la violencia sexual en conflictos.

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Se investigarán las causas concretas de esta brecha de género y se pondrá en marcha un Plan Europeo de Vocaciones Científicas y Tecnológicas para revertir la desigualdad de base que hace que haya menos mujeres en estudios científicos claves y en responsabilidades directivas. Se fortalecerá también el criterio de paridad entre los criterios de evaluación académica y se creará el sello Mujer y Ciencia para certificar los centros con trayectoria probada en la igualdad de oportunidades, para lo que se considerará la presencia de mujeres en los puestos directivos y en los grupos de investigación, la ausencia de precariedad en su situación y la implementación de políticas de conciliación y de lucha contra las violencias machistas.

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En esta distribución, (1) las ayudas deben dirigirse al objetivo de garantizar una renta agraria digna y estar condicionadas a la actividad productiva, sin exclusión de sectores; (2) deben eliminarse los derechos históricos, que están en el origen del reparto injusto entre productores y territorios; (3) han de ganar peso las pequeñas y medianas explotaciones; (4) tiene que establecerse un límite máximo en el cobro de ayudas por explotación para hacer más eficiente este reparto; (5) deben establecerse ayudas complementarias que favorezcan la incorporación de mujeres y jóvenes; (6) deben mantenerse ayudas acopladas para sectores estratégicos, como la ganadería extensiva; (7) debe reforzarse la condicionalidad de las ayudas al cumplimiento de las obligaciones ambientales y los derechos laborales, y (8) el conjunto de la PAC debe beneficiarse de una simplificación normativa y burocrática.

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Se impulsará una nueva evaluación de la distribución del esfuerzo pesquero que implique un reparto justo de las cuotas de pesca según criterios científicos independientes y transparentes y conforme al criterio general de un reparto lineal por caladeros, barcos, tripulantes y tipo de arte. Este nuevo reparto deberá asegurar unos márgenes razonables y suficientes de ingresos dignos a los productores y productoras, así como un acceso al reparto en condiciones de equidad y sostenibilidad social y económica. Para ello, es necesario que la UE adopte una definición de pesca artesanal que permita articular medidas de fomento de la economía de las comunidades costeras. También se promocionará la incorporación de mujeres en las distintas modalidades del sector.

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Se impulsará la elaboración de un conjunto de reglas y estándares europeos sobre urbanismo sostenible y feminista que guíen esta política en las Administraciones correspondientes con el objetivo de reducir el impacto de las ciudades en el ambiente, mejorar su resiliencia, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático y acelerar la transición energética en unas ciudades más compactas, humanas, inteligentes, adaptadas a la biocapacidad del territorio en el que se ubican y con mayor calidad de vida.

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Se impulsará el desarrollo de encuentros, congresos, espacios y otras herramientas que contribuyan al desarrollo de la idea de Europa como cultura diversa construida sobre el encuentro, el intercambio y los derechos, el pacto social y un horizonte de innovación en el que la cultura como sector económico contribuya también a la transición ecológica y a la igualdad.

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A través de una estrategia europea del deporte, se promoverá un marco común en políticas deportivas que asegure que toda la población tenga acceso, a un precio asequible y al menos tres veces a la semana, a actividades deportivas que implementen, promocionen y desarrollen el deporte femenino, el deporte adaptado, inclusivo y en etapas formativas. En particular, se diseñarán programas de transición a la vida laboral ordinaria de los y las deportistas que finalicen sus carreras, con especial atención a la inclusión laboral de las mujeres. Se reconocerán las competiciones femeninas de máxima categoría y a sus deportistas como profesionales, y se establecerán premios y dietas iguales para mujeres y hombres. Al mismo tiempo, se fomentará el incremento de la información deportiva dedicada al deporte femenino con el objetivo de alcanzar la paridad. También se democratizará la gestión de los clubs al potenciar el acceso de las aficiones a los órganos de gobierno del deporte y a las estructuras de gestión de los clubs, a la par que se incentivará la creación de clubs deportivos cuya propiedad pertenezca a sus miembros.

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