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Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro


Eje III. Europa con futuro


Se promoverá el liderazgo de la UE en la lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente en foros internacionales, la voz única en los foros globales en ciertos pilares básicos, el voto de los Estados miembros en política exterior por mayoría cualificada y la democratización del Consejo de Seguridad de la ONU. Se apostará por un mandato de defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la protección de civiles, las dinámicas de diálogo y el liderazgo local en la gestión de crisis. Para ello, se impulsará la creación de una asamblea parlamentaria en la ONU, elegida democráticamente, para abordar los temas claves para el futuro de la humanidad.

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Se fortalecerán los programas de defensores y defensoras de derechos humanos, medioambientalistas y sindicalistas a través de una mayor dotación presupuestaria, la ampliación de sus competencias y la consolidación de su estructura para incrementar su eficacia y dar seguridad efectiva a todas las personas defensoras de derechos humanos de los países socios de la UE que puedan verse amenazadas.

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Se reforzará la estrategia de acción exterior feminista de la UE mediante un incremento presupuestario que permita su pleno desarrollo. La perspectiva de género no solo será transversal en todos los programas de cooperación, sino que además el 35 % de los fondos de la Ayuda Oficial al Desarrollo de la UE se destinará a intervenciones específicas para la promoción de la igualdad, el empoderamiento de las mujeres y la promoción de sus derechos, incluyendo los sexuales y reproductivos. Se transversalizará la perspectiva de género y el análisis feminista será interseccional en todas las políticas públicas, normas y presupuestos de la UE y los Estados miembros, de manera que sea preceptivo el dictamen del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), o de órganos estatales análogos, con la participación de organizaciones feministas, tanto con carácter previo como tras su aplicación.

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Se impulsará un servicio exterior ejecutor y garante de una política pública promotora de la solidaridad internacional, el diálogo pacífico entre pueblos y la justicia, al servicio de la ciudadanía, que garantizará su participación y contribución significativa y vinculante. Se fortalecerá el rol de las delegaciones en la interlocución con la sociedad civil local y con las comunidades afectadas por proyectos y empresas de la UE. Estas delegaciones tendrán capacidad de tramitar visados a personas refugiadas y ofrecer protección y asilo a defensoras y defensores de derechos humanos. Asimismo, participarán en el diálogo político con los Gobiernos para fortalecer la democracia y los derechos humanos.

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Se superará el modelo fallido de competencia y sanciones comerciales en la vecindad oriental y con Rusia, y se apostará por mecanismos de cooperación y diálogo para la resolución de conflictos y la promoción de los derechos humanos y el desarrollo social y económico común. Para ello, se propondrá una conferencia para la distensión en la vecindad oriental europea con la participación de todos los actores de la región. Se propondrá una relación igualitaria, de mutuo beneficio, con los países del Magreb, se reforzarán las relaciones diplomáticas y la cooperación en investigación, cultura y educación, y se favorecerán las relaciones orientadas hacia un desarrollo democrático común de toda el área mediterránea. Se facilitará de forma gradual una relación privilegiada con los Balcanes y Turquía, siempre con respeto a los derechos humanos, las libertades civiles, el Estado de derecho y la justicia, sin políticas de externalización de fronteras, y se apoyará la resolución de disputas en la zona con pleno respeto a los derechos democráticos, políticos y culturales de las poblaciones kurdas.

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Se promoverá un partenariado entre la UE y América Latina por la justicia fiscal, contra el fraude y el lavado de dinero, que fortalecerá los mecanismos de lucha contra la evasión fiscal y el control transparente de la gestión de los recursos naturales. Se apoyará el regionalismo latinoamericano, clave para un futuro con crecimiento efectivo y sostenible, y se favorecerán políticas conjuntas para intercambios en educación, investigación, ciencia y economía social y solidaria. Se desarrollará una iniciativa estratégica para África cuyo eje sea la defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la transición energética y el bienestar de las sociedades, con mecanismos de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de promoción de la cooperación educativa, cultural, científica y técnica. Se impulsarán intercambios económicos entre pymes, así como el apoyo decidido a los procesos democráticos y el empoderamiento de la sociedad civil, en especial de las mujeres. En Asia, se promoverá un nuevo modelo de relaciones comerciales justas y respetuosas con los derechos humanos, laborales y medioambientales. Desde ese marco, se involucrará activamente a la UE a través del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en el marco de la iniciativa One Belt, One Road, de China, siempre con estricto cumplimiento de estándares laborales y medioambientales.

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Se apoyará con acciones concretas el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, con la base jurídica de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre recursos naturales, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU para una solución justa y pacífica mediante referéndum y los procesos de diálogo impulsados por el enviado especial. Se promoverá el establecimiento de relaciones diplomáticas de alto nivel con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y la ampliación del mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), para que adquiera competencias en la protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la población saharaui.

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Se promoverá el reconocimiento por parte de las instituciones europeas del Estado de Palestina de manera inmediata, unilateral e incondicional, y se exigirá el fin de la ocupación, el bloqueo y el apartheid que sufren sus poblaciones. Se decretará un embargo militar a Israel por las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas en la Franja de Gaza y se impulsará una investigación internacional ante la posible comisión de crímenes de guerra por el asesinato de manifestantes pacíficos. Se promoverán también normativas que prohíban de manera efectiva la importación de productos, bienes y servicios producidos o procedentes de los asentamientos ilegales, según el derecho internacional y la ONU. Además, la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) contará con una financiación fija y suficiente.

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Como la incertidumbre asociada a la salida del Reino Unido de la UE ya está afectando a nuestros compatriotas, se defenderá no participar en ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido que menoscabe derechos de todo tipo —incluidos los derechos sociales— de las personas de nacionalidad española que residen allí. Nuestra prioridad serán los derechos de la ciudadanía, con permisos de residencia y trabajo para los españoles y las españolas residentes en el Reino Unido y para las personas británicas en España. También se garantizarán los respectivos derechos a sufragio activo y pasivo en las elecciones locales.

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Tanto ante el Reino Unido como ante Gibraltar, se garantizarán sus actividades, especialmente con permisos de trabajo, retribuciones, pensiones, atención sanitaria y acceso pleno a la Seguridad Social y, en caso de salida del Reino Unido, se articularán mecanismos suficientes para que el paso diario de las personas trabajadoras a Gibraltar y en sentido contrario no se vea dificultado por los controles de documentación. Se solicitarán recursos en el siguiente presupuesto de la UE para financiar el Plan Integral de Regeneración Socioeconómica Sostenible del Campo de Gibraltar.

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Se respaldará la constitución de la Agrupación Europea de Cooperación Transfronteriza entre Andalucía y Gibraltar, que normalizará jurídicamente el espacio de diálogo, la cooperación socioeconómica y el trabajo compartido por las instituciones y los agentes económicos y sociales de ambos lados de la Verja. Se desarrollará el sistema de transporte público transfronterizo para permitir la movilidad laboral y se solicitará a la UE la inclusión de esta zona en su programa para el empleo y la innovación social y ayuda a los trabajadores transfronterizos. También se impulsarán los sistemas judiciales y policiales en la comarca, incluido el Sistema Integral de Vigilancia del Estrecho de la UE, para combatir el narcotráfico y los delitos de blanqueo de capitales, con un mecanismo de coordinación en estas materias entre el Ministerio de Justicia, de Interior y las instancias autonómicas pertinentes.

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Nuestro sector agropecuario y nuestro sector pesquero serán prioritarios en caso de salida del Reino Unido de la UE. Dado el volumen de intercambios, se impulsará un acuerdo que elimine los aranceles mutuos para que nuestras productoras y nuestros productores agropecuarios y pesqueros puedan seguir vendiendo sus productos en el Reino Unido. Se revisarán los acuerdos comerciales previos, que contaban con 60 millones de consumidores británicos de productos alimenticios, en beneficio de nuestro sector agrícola y ganadero.

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Se promoverá que la UE adopte un papel activo en la resolución pacífica y dialogada de los conflictos más importantes del mundo actual. Se impulsará el apoyo político y financiero a los procesos de paz a partir de una mediación constructiva y una resolución pacífica y democrática de los conflictos en Oriente Medio, África y América Latina, priorizando para ello los mecanismos de justicia transicional y la defensa del derecho a la justicia, la verdad y la reparación de las víctimas, en especial, las de violencia sexual.

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Se recuperará el perfil europeo de valores pacíficos y democráticos a través del organismo del Alto Representante y a la creación del Comisariado de Cultura para la Paz y la Democracia. Se garantizará el apoyo político a la participación de las mujeres en los procesos de paz, a la paridad en el seno de la UE y en los puestos de toma de decisiones, a la formación en materia de igualdad de género, y mujeres, paz y seguridad para el personal de mantenimiento de la paz, así como una colaboración más amplia con la sociedad civil y en la lucha contra la violencia sexual en conflictos.

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Se fortalecerán la cooperación europea y el desplazamiento progresivo del espacio atlántico (OTAN) al europeo (PCSD), evitando duplicidades y mejorando tanto las sinergias y la racionalización de capacidades entre Estados como la eficacia en conjunto. Se apoyará la abolición de las armas nucleares promoviendo la adhesión y firma del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN) y de los sistemas de armamento letal autónomo ―es decir, carentes de control humano significativo en fases críticas de su uso― y se impulsará la educación para la paz como un aspecto transversal de la acción gubernamental. En el proceso gradual de conformación del Ejército europeo, defenderemos que este tenga una orientación defensiva, que disponga de mecanismos de legitimación democrática parlamentaria desde el inicio, y que su participación en la promoción de la paz y la prevención de crímenes contra la humanidad esté basada en el derecho internacional y en la aprobación parlamentaria.

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En las misiones bajo la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), se impulsará la mejora de las condiciones, derechos y obligaciones comunes, con independencia del origen nacional de los soldados, con iguales reglas de enfrentamiento (ROE), indemnizaciones por salida al extranjero, duración del despliegue, políticas de permisos y periodos de descanso y garantías jurídicas, entre otros aspectos.

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Se potenciará el rol del Parlamento Europeo en la toma de decisiones del envío de misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD). Se promoverán consultas ciudadanas sobre financiación y participación en operaciones militares internacionales de calado, siempre cumpliendo el derecho internacional y con autorización de la ONU.

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Se planteará un abordaje integral del fenómeno que dé respuesta también a las causas sobre las que los grupos terroristas expanden su barbarismo: la exclusión, las desigualdades, la difusión de la cultura del odio, la intolerancia, los fundamentalismos religiosos, así como sus fuentes de financiación y su acceso a las armas. En paralelo, se establecerán mecanismos que mejoren la cooperación policial, judicial y de los servicios de inteligencia, y el intercambio de información a escala europea y entre los Estados miembros, y se adoptarán políticas de seguridad y prevención basadas en la evidencia y que no vayan en detrimento de las libertades civiles.

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Se orientará de manera especial a la lucha contra la pobreza, las desigualdades y la sostenibilidad ambiental. Esta Vicepresidencia armonizará y coordinará la acción exterior de la UE para la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todo el mundo, en colaboración con sus socios externos y con mecanismos de evaluación y auditoría utilizando los instrumentos disponibles en el marco de sus políticas exteriores y apoyando en particular los esfuerzos en los países en desarrollo. Además, velará por la coherencia de las políticas públicas para evitar los impactos negativos que puedan tener en la contribución a la Agenda 2030.

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Se desarrollará esta normativa con el objetivo de armonizar la dispersión existente y asegurar que la ayuda internacional para el desarrollo de la UE responda en exclusiva a objetivos de desarrollo sostenible, de manera que se evite cualquier subordinación o condicionalidad de esta a los fines de otras políticas, como la comercial o la migratoria.

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Se promoverá una hoja de ruta comprometida con la financiación a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para alcanzar el objetivo del 0,7 % de la renta nacional bruta en 2027.

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Este plan estará compuesto por un programa europeo de inversiones, cambios normativos y la adopción de las medidas necesarias para destinar un 2,5 % del PIB de la UE a una transición ecológica que enfrente el cambio climático, la reducción de ecosistemas y la desaparición de especies. Para ello, (1) se desarrollarán energías renovables y se implementarán medidas de eficiencia energética; (2) se electrificará el transporte y se promoverá una movilidad sostenible; (3) se establecerán objetivos de cierre de las centrales de carbón antes del final de 2025 (y siempre garantizando el uso de carbón nacional) y de las centrales nucleares antes del final de 2024, junto con la garantía de haber creado dos empleos por cada uno que pueda perderse y el impulso de la economía circular y de programas de adaptación al cambio climático; y (4) se impulsará la I+D+i para desarrollar estas iniciativas.

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Se garantizará por ley que, antes de que se pierda un empleo del sector de los combustibles fósiles, se crearán dos empleos con condiciones laborales idénticas o mejores en la misma comarca y tendrán prioridad absoluta de acceso a ellos las personas afectadas. La transición energética que se plantea será justa o no será.

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Se incentivará la formación de comunidades energéticas ciudadanas para acelerar la transición. Parte de estas nuevas instalaciones estarán promovidas por entidades locales, ciudadanas o cooperativas para el consumo eléctrico de proximidad. Se establecerá también una regulación que favorezca las instalaciones de autoconsumo compartido y una solución para reparar la situación de los pequeños inversores que hayan sido perjudicados por las políticas estatales para obstaculizar la transición, como el caso del «hachazo a las renovables» en España. A escala europea, se establecerá la obligación de que un porcentaje de la nueva potencia renovable que se instale en cada país sea propiedad de comunidades energéticas ciudadanas durante toda la vida útil de las plantas.

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Para reducir el consumo de energía primaria y producir también un ahorro económico para la ciudadanía, se impulsarán medidas de ahorro y la eficiencia energética. Por ello, se promoverá, en primer lugar, un Plan Europeo de Rehabilitación de Edificios que mejore la eficiencia de un sector que consume el 40 % del total de energía. En segundo lugar, se implementará un plan progresivo de retirada del mercado europeo de productos de baja eficiencia energética.

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La UE promoverá la colaboración con los fabricantes y la acción coordinada de los Estados para que puedan adaptar sus procesos productivos a la fabricación de coches eléctricos o que funcionen con otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles, sin que el cambio del parque móvil suponga ningún coste añadido para la economía de las familias.

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Se establecerá una línea europea de inversión público-privada de alto impacto para la I+D de nuevas tecnologías de baterías, motores, tecnologías del hidrógeno, redes inteligentes e innovaciones sociales para favorecer la movilidad, con el objetivo de impulsar la autonomía de estos nuevos vehículos, y la eficiencia y el alcance de las redes, de manera que se acelere el crecimiento de estas industrias en toda la UE.

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Junto con los sectores neoliberales españoles, como el representado por el ministro del PSOE que consideraba que «la mejor política industrial es no tener política industrial», los poderes financieros impulsaron un proceso de desindustrialización en España que hay que revertir. Se trata de recuperar la soberanía económica y hacer efectivo el objetivo de un 20 % del PIB basado en la industria que señala la UE. Para ello, se apostará por implicar al sector público en una política industrial de futuro, en colaboración con los sectores afectados y con el apoyo presupuestario de la UE, en sectores claves como el naviero, el metalúrgico y muchos otros desmantelados de forma deliberada.

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Se promoverán sistemas de fiscalidad ambiental en los Estados de la UE, como bajadas del impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos, o el establecimiento de desgravaciones por el uso de transporte público y por la adquisición de electricidad 100 % renovable. También se propondrán las bases para un impuesto estatal a las empresas energéticas que grave la producción de energías no renovables.

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La estructura que tiene hoy la factura de la luz es una trampa para que pagues más. La UE establecerá estándares mínimos para los Estados, de manera que el término fijo de la factura, que pagas aunque no consumas nada, no sea superior al 25 % del total y, respecto a lo que se paga en función de la energía consumida, los primeros kWh (que son imprescindibles para llevar una vida digna) tengan un precio muy bajo, que aumentará en los siguientes hasta penalizar el derroche. También se impulsará la creación de empresas eléctricas públicas que empujen a los mercados a bajar las facturas y se establecerán, de forma coordinada entre los niveles europeo, estatal, comunitario y municipal, una figura de bono social que aplique descuentos automáticos, suficientes, progresivos y financiados por las empresas energéticas que operen en la UE en proporción a su facturación.

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Se eliminarán sus privilegios para devolver poder a las pymes y a quienes pagan la luz. Para ello, se avanzará en unos estándares europeos de funcionamiento del mercado eléctrico en virtud de los que cambien las condiciones de la subasta, de forma que la energía renovable (más barata) tenga una retribución estable y sea la que marque el precio, y no las energías más caras. Un sistema que incentive la compra a las instalaciones renovables ciudadanas y que establezca un cargo para compensar la sobrerretribución (beneficios caídos del cielo) de algunas centrales e impulsar la transición energética. Al mismo tiempo, se descartarán proyectos de infraestructuras energéticas sobredimensionadas y se realizará una auditoría de costes del sector eléctrico.

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Se priorizará la generación eléctrica distribuida y renovable cerca de su lugar de consumo, en contraste con las grandes infraestructuras de transporte, que solo serán admisibles como último recurso cuando se demuestre fehacientemente que el resto de los instrumentos que permiten la integración de renovables son insuficientes. Se tenderá a la exclusión del gas en los sistemas eléctricos insulares para alcanzar cuanto antes un mix energético 100 % renovable que sea referencia de la transición energética, y se evitará la construcción de nuevas infraestructuras gasísticas, sobre todo de transporte y regasificación, para contribuir a esta transición.

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Se impulsará una mayor cooperación entre los Estados, la armonización normativa y la integración virtual de los diferentes sistemas eléctricos, de forma tal que se garantice que la ciudadanía europea es menos vulnerable a los intereses de los oligopolios.

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Se instará a los Estados a que impidan nuevas autorizaciones de exploración y extracción de hidrocarburos ―convencionales y no convencionales, como el fracking o fractura hidráulica―, debido a sus consecuencias irreversibles.

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Para proteger la salud y la seguridad de la población europea, se impulsarán medidas para reforzar la vigilancia y el seguimiento del cumplimiento por parte de los Estados y las grandes empresas de las actuales y futuras directivas sobre gestión de residuos y contaminación, y se fortalecerán y agilizarán también los mecanismos sancionadores. El Parlamento Europeo establecerá, asimismo, medidas más decididas para reducir la contaminación del aire, tales como techos de emisión atmosférica ambiciosos y vinculantes.

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Para su promoción, se impulsará una red tecnológica de recogida, recuperación, almacenamiento, separación, depuración, procesado y «refabricación» de materiales ―en particular, los compuestos―, con el fin de eliminar en lo posible la generación de residuos y de contaminación y minimizar la extracción de materias primas. Esta industria sustituirá de manera progresiva a la incineración como procedimiento de gestión de residuos. Se impulsará también la I+D+i en procesos de biodegradación, neutralización y nuevas técnicas o vías de reciclaje en general que faciliten la reutilización de residuos, productos de desecho y compuestos contaminantes, así como el desarrollo de nuevos materiales biodegradables o fácilmente reciclables.

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Es necesario establecer, en toda la UE, un calendario ambicioso de plazos para la implantación de sistemas de devolución, recogida y recuperación de envases (modelo SDDR). Con el fin de acelerar el proceso, se crearán incentivos estatales y regionales para los territorios que consigan porcentajes de reciclaje de residuos superiores al 60 % en los próximos años mediante la consolidación de sistemas de recogida separada. Se fomentará de manera especial el compostaje como método de gestión de los residuos orgánicos. Se adoptarán medidas sancionadoras a las grandes corporaciones y a las Administraciones que no impulsen la industria del reciclaje, mantengan vertederos ilegales o se comporten de forma negligente ante vertidos accidentales o intencionados de agentes contaminantes. Se impondrán también restricciones al comercio internacional de productos que generen un alto porcentaje de residuos no biodegradables, difíciles de reciclar y peligrosos, así como la venta de residuos a terceros países que no acrediten disponer de los medios para su correcta gestión y reciclaje.

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Se impulsarán reformas en lo referente al control de los animales domésticos, como la implantación obligatoria de microchips y mejoras en la homologación de las empresas de cría y transporte de animales que aseguren su trazabilidad, así como la posibilidad de incluirlos sin problemas en medios de transporte, centros públicos, albergues e instituciones de protección. Se apoyará a los Estados para el fomento del control mediante vídeo de los animales de producción, la efectividad de las normativas de sacrificio y la introducción de medidas para reducir la cría intensiva y en jaulas. En esta dirección de garantizar el bienestar animal, se eliminarán las ayudas y subvenciones relacionadas con la tauromaquia y su excepcionalidad como eximente para el cumplimiento de las normas europeas sobre bienestar animal. También se prohibirán espectáculos que impliquen maltrato animal y se hará cumplir la directiva sobre parques zoológicos conforme a criterios de bienestar animal.

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Tal y como ya se ha establecido en algunos Estados, los animales nunca más serán considerados como unos bienes cualesquiera. Esto ofrecerá mayores garantías tanto a los animales como a aquellas personas con quienes conviven, al considerarlos como parte de la familia que son, de manera que no se podrá obligar a nadie a apartarse de sus animales.

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Se reforzará la protección de mares y océanos con criterios de sostenibilidad y responsabilidad, así como un aumento de las zonas marinas protegidas. Se impulsará un acuerdo internacional vinculante para prohibir los vertidos de plástico. Se exigirá el fin de la caza de ballenas y la efectividad y transparencia a la Comisión Ballenera Internacional. Se promoverá la creación de un marco legislativo para la protección de los mamíferos marinos similar a los existentes en Estados Unidos, México y Francia.

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Se revisará la Estrategia de Biodiversidad y se la dotará de un presupuesto suficiente que ataje aquellas actividades humanas que perjudiquen a las especies y los ecosistemas europeos con el fin de frenar el proceso de extinción de especies para pasar a fomentar la recuperación neta de biodiversidad endémica y la restauración de los ecosistemas mediante planes de corrección y compensación específicos a escala europea.

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Promoveremos planes de restauración de ecosistemas y planes de recuperación de especies amenazadas para recuperar la biodiversidad en peligro y los servicios ecosistémicos degradados o destruidos, de forma coherente en todo el espacio europeo, más allá de la Red Natura 2000 y con una financiación superior a los actuales programas LIFE. Al mismo tiempo, se impulsarán estudios científicos sobre los efectos del cambio climático en los ecosistemas europeos, de cara a diseñar planes de adaptación especiales.

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Para proteger la integridad de los ecosistemas, se prohibirá la importación de toda clase de especies exóticas y se reforzarán las medidas para acabar con el tráfico ilegal de especies amenazadas y sus productos derivados. Además, en el caso de recursos naturales, como la madera, se intensificarán los controles para asegurar que su producción y comercialización se realizan siguiendo criterios estrictos de gestión sostenible.

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Se garantizará un nivel de inversión pública en la I+D+i que alcance el objetivo del 3 % del PIB y una institucionalidad propia capaz de operar un giro productivo que sitúe a la UE como líder mundial en sectores como la producción de vehículos eléctricos, de energías renovables, el aprovechamiento de big data cuidando la privacidad de las personas, la inteligencia artificial, las aplicaciones de blockchain en banca y en lucha contra la corrupción, la alimentación de calidad producida de forma sostenible, la salud, los fármacos, las biotecnologías, el reciclado de materiales y la restauración de ecosistemas. Este, y no el empeoramiento de los salarios y las condiciones laborales, es el camino para mejorar la competitividad y la productividad en Europa.

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Se creará una carrera académica científica estable de ámbito europeo, con criterios claros y objetivos para acceder a cada nueva fase, de manera que una mayoría amplia de las personas que la inicien y quieran dedicarse a la ciencia o a la educación superior puedan hacerlo. Se facilitará la movilidad de científicos y científicas entre centros de investigación y universidades, así como entre la academia y la empresa, y la consolidación de una carrera profesional para el personal técnico y de gestión, clave para la viabilidad de la innovación. Asimismo, se promoverá un programa de recuperación de personal científico perdido desde la crisis, en especial el que haya salido de la UE o haya abandonado la actividad investigadora, así como un programa de estabilización y de fortalecimiento de los empleos técnicos y de gestión de la I+D+i.

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Se investigarán las causas concretas de esta brecha de género y se pondrá en marcha un Plan Europeo de Vocaciones Científicas y Tecnológicas para revertir la desigualdad de base que hace que haya menos mujeres en estudios científicos claves y en responsabilidades directivas. Se fortalecerá también el criterio de paridad entre los criterios de evaluación académica y se creará el sello Mujer y Ciencia para certificar los centros con trayectoria probada en la igualdad de oportunidades, para lo que se considerará la presencia de mujeres en los puestos directivos y en los grupos de investigación, la ausencia de precariedad en su situación y la implementación de políticas de conciliación y de lucha contra las violencias machistas.

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Se impulsará una regulación de la propiedad intelectual al servicio de la innovación, y no como una barrera para el emprendimiento. Con el objetivo de abrir el acceso a la ciencia, se creará una Red de Centros de Innovación Ciudadana como punto de encuentro entre la sociedad y la ciencia para actividades de divulgación e innovación. Se impulsará un plan de transición hacia la ciencia abierta con el objetivo de que las investigaciones financiadas con fondos europeos se publiquen en acceso abierto. Se apoyará a las revistas científicas europeas, en distintos idiomas oficiales de la UE, para que puedan aumentar su impacto y que publicar en ellas sea más valorado. Se promoverá la adhesión de las instituciones científicas a la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA). Por último, se transitará hacia la gestión digital de la ciencia mediante una web de investigación que incluya las convocatorias programadas de las distintas Administraciones, universidades y centros públicos de investigación, así como datos de investigadores e investigadoras, grupos, proyectos y centros, al tiempo que se creará un organismo europeo para velar por la transparencia y el buen gobierno del sistema europeo de la I+D+i.

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Se diseñarán a escala europea, con la dotación suficiente para su implementación en los Estados, planes específicos de financiación y asesoramiento para la incorporación de tecnología en las pymes y en la economía social, con peso en sectores como el agropecuario, y para start-ups, con especial atención a los retos que afrontan en sus periodos más difíciles de maduración, financiación y conexión.

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Será la piedra angular de la construcción de un polo de innovación en tecnologías digitales aplicadas y contará con tres líneas de investigación principales: nuevos procesos industriales, de servicios y de mejora de la vida de las personas dependientes.

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Cada vez nos encontramos más cerca de desarrollar sistemas de inteligencia artificial que no solo puedan interaccionar de manera fluida con los seres humanos, sino que permitan, también, sustituir sistemas rudimentarios de toma de decisiones en distintos procesos tecnológicos y productivos. En este sector, Europa debe adquirir el liderazgo a través de una financiación suficiente en el sistema europeo de ciencia y tecnología para las actividades de investigación básica, aplicada y su transferencia al sector productivo. Por su parte, la tecnología blockchain, al permitir verificar de manera segura todo tipo de operaciones y generar unos registros claros, imborrables y confirmables, tiene aplicaciones inmediatas tanto para reducir las comisiones del sector bancario como para hacer absolutamente transparentes y auditables todos los procesos públicos, en especial los de contratación, previniendo así la corrupción.

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La UE garantizará un marco justo para la nueva economía con el fin de evitar que los buitres aprovechen la tecnología para llevarnos a un pasado sin derechos laborales. Para ello, se establecerán reglas comunes que definan que quienes dependen para sus ingresos de estas plataformas son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena. Con la coordinación de la Autoridad Laboral Europea y de la renovada Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), se crearán unidades especiales para inspeccionar estos modelos de empleo y, en especial, la utilización de falsos autónomos, el trabajo mediante horas extras sin cotizar y la vulneración de los derechos sindicales.

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Para defender nuestro sector agropecuario, necesitamos una PAC fuerte y descartar de manera urgente el recorte en las ayudas directas y en desarrollo rural de la PAC que debe aprobarse en 2020.

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En esta distribución, (1) las ayudas deben dirigirse al objetivo de garantizar una renta agraria digna y estar condicionadas a la actividad productiva, sin exclusión de sectores; (2) deben eliminarse los derechos históricos, que están en el origen del reparto injusto entre productores y territorios; (3) han de ganar peso las pequeñas y medianas explotaciones; (4) tiene que establecerse un límite máximo en el cobro de ayudas por explotación para hacer más eficiente este reparto; (5) deben establecerse ayudas complementarias que favorezcan la incorporación de mujeres y jóvenes; (6) deben mantenerse ayudas acopladas para sectores estratégicos, como la ganadería extensiva; (7) debe reforzarse la condicionalidad de las ayudas al cumplimiento de las obligaciones ambientales y los derechos laborales, y (8) el conjunto de la PAC debe beneficiarse de una simplificación normativa y burocrática.

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Se reforzarán las medidas de regulación de los mercados agrarios y las herramientas de estabilización de precios e ingresos para los momentos de crisis, a lo que se destinará, al menos, el 10 % del presupuesto de la PAC. Se incorporará la venta a pérdidas en la lista de prácticas comerciales desleales en la Directiva sobre Cadena Alimentaria introduciendo la obligación de un precio sostén (precio mínimo) que cubra los costes de producción. También se perseguirá la llamada «venta a resultas», en la que la producción se entrega sin conocer el precio y solo se cobra al venderse finalmente. Europa exigirá que los acuerdos comerciales incorporen una evaluación de su impacto sobre el sector primario y cláusulas de reciprocidad en materia sanitaria, medioambiental y social. Por su importancia en un enfoque de derechos, la UE establecerá las excepciones necesarias para el sector agrario respecto a los principios generales de la competencia.

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Se incluyen medidas como (1) la mejora del POSEI (Programa de Opciones específicas de Alejamiento e Insularidad) para Canarias; (2) un Régimen Especial de Insularidad para Baleares a partir de un reglamento específico, y (3) una Estrategia Europea de Territorios de Montaña establecida en un reglamento comunitario que permita coordinar las actuaciones y los fondos disponibles en el marco de la política de desarrollo rural.

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Se propondrá una Directiva Marco sobre Suelos y Tierra para impulsar medidas de acceso democrático a la tierra, en especial para los y las jóvenes, que permita enfrentar los procesos de acaparamiento y concentración que existen en el continente, que controle la especulación sobre la tierra agraria y que sea un instrumento que garantice la protección de los suelos fértiles y la lucha contra el cambio climático.

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Se impulsará una nueva evaluación de la distribución del esfuerzo pesquero que implique un reparto justo de las cuotas de pesca según criterios científicos independientes y transparentes y conforme al criterio general de un reparto lineal por caladeros, barcos, tripulantes y tipo de arte. Este nuevo reparto deberá asegurar unos márgenes razonables y suficientes de ingresos dignos a los productores y productoras, así como un acceso al reparto en condiciones de equidad y sostenibilidad social y económica. Para ello, es necesario que la UE adopte una definición de pesca artesanal que permita articular medidas de fomento de la economía de las comunidades costeras. También se promocionará la incorporación de mujeres en las distintas modalidades del sector.

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Se establecerán los medios económicos necesarios para transitar desde una acuicultura intensiva hacia una más sostenible, orientada al modelo multitrófico integrado y la acuicultura en extensivo.

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Se crearán las figuras jurídicas necesarias para desarrollar la cogestión de las pesquerías incluyendo a todos los actores interesados, como pescadores y pescadoras, empresas, mariscadoras, ONG, la comunidad científica, la Administración, etcétera. Esto permitirá hacer efectiva esta pesca sostenible y aplicar correctamente una política pesquera realmente común.

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Sean de carácter bilateral o multilateral, la adopción de este tipo de acuerdos pondrá fin a prácticas social y medioambientalmente dudosas que se cobijan bajo su paraguas para realizarse en aguas internacionales.

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Se establecerán medidas eficaces frente a la contaminación, en especial la que sufre nuestro sector marisquero, muy sensible a los vertidos y a la falta de depuración de aguas en nuestras rías y nuestros estuarios y litorales. Para ello, también se incrementará el esfuerzo investigador, que permitirá disponer de información clara sobre la incidencia de la contaminación, los microplásticos y el cambio climático en los stocks pesqueros, la evolución de las especies y el estado de los ecosistemas, de manera que sea posible implementar medidas eficaces para asegurar el futuro de nuestro sector y nuestro territorio.

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Se garantizará la efectividad del derecho humano al agua y al saneamiento de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por España y la UE. Esto implicará la revisión de la llamada Directiva Bolkestein, que permite la liberalización y privatización de los servicios en el mercado interno, frente a la que se impulsará una gestión pública del agua por parte de las diferentes Administraciones. Se trata de un bien clave para la garantía de los derechos humanos que no puede estar sujeto solo a las reglas del mercado.

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Conforme a los objetivos y criterios de la Directiva Marco del Agua, que en ningún caso pueden ser rebajados y que deberán fortalecerse con instrumentos jurídicos complementarios, se impulsará una planificación hidrológica basada en estrategias de ahorro y eficiencia en el uso, de gestión de la demanda y de recuperación de costes, así como de protección del conjunto de las aguas continentales, las de transición, las costeras y las subterráneas. Esto exige un mayor control de la UE sobre los Planes Hidrológicos de Cuenca y sobre las Infraestructuras y Planes de Modernización del Regadío que se planifican desde los Estados y se financian, en gran parte, con los Fondos Estructurales Europeos, de manera que se interrumpan políticas y proyectos que solo beneficien a las grandes constructoras y a los fondos de inversión.

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En este contexto, es imprescindible establecer tales estrategias en materia de planificación y gestión de aguas, así como en el resto de las políticas sectoriales, conforme al principio de precaución, lo que implica contemplar el caso más desfavorable para asegurar estrategias prudentes. Junto con las anteriores medidas y una aplicación rigurosa de la Directiva de Gestión del Riesgo de Inundaciones no solo se pretende mitigar episodios extremos y cada vez más frecuentes relacionados con el cambio climático, como sequías e inundaciones, sino también construir un sector agropecuario puntero en el mundo.

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España necesita disponer de caudales suplementarios para atender los picos de demanda de la agricultura mediterránea y otros sectores. Por ello, es fundamental aprobar una Directiva sobre Recirculación y Reutilización de Aguas Depuradas que facilite este recurso.

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La UE seguirá cofinanciando con cargo a los Fondos Estructurales y al Fondo de Cohesión las instalaciones de saneamiento para núcleos rurales y territorios con población dispersa, como ocurre en buena parte de las comarcas de interior en todo el país y en comunidades costeras como Galicia, Asturias y Cantabria.

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Establecimiento de un reglamento que reoriente la política alimentaria de la UE hacia la efectividad de este derecho.

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Para ello, es imprescindible contar con una Agencia Europea de Seguridad Alimentaria más fuerte, sometida al control democrático e independiente respecto a las presiones de la industria alimentaria, química y farmacéutica.

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Es necesario abandonar el modelo de donación de alimentos para familias en situación de vulnerabilidad, en la medida en que limita su dieta y la hace depender de los productos donados. En cambio, el Fondo de Ayuda Europea para personas desfavorecidas debe vincularse a una dieta saludable, cercana y de calidad que permita, además, impulsar experiencias de producción local, ajenas a las grandes industrias alimentarias que se benefician del sistema actual.

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Se harán efectivos los objetivos en materia de lucha contra el desperdicio alimentario, aprobados en el informe de 2016, con el objetivo de reducir al 50 % el desperdicio alimentario en 2025.

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La UE establecerá obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional por cada 100 gramos de producto, así como una fiscalidad alimentaria que incluya un IVA más alto para alimentos ultraprocesados o ricos en grasas y azúcares, y más bajo para alimentos frescos y saludables. También promoverá una regulación de la publicidad de la comida basura que la restrinja en horario infantil y persiga la que sea engañosa.

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Para ello, y de manera complementaria, se avanzará en (1) el reconocimiento en la normativa comunitaria de las agrupaciones de entidades locales como unidad territorial sobre la que planificar la distribución y ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión, ya que, dentro de una misma provincia, existen diferencias demográficas que, si se obvian, harán imposible enfrentar la despoblación, y (2) desarrollar el concepto de ultraperiferia demográfica interior para reconocer la situación de aislamiento y alejamiento social y económico de las áreas escasamente y muy escasamente pobladas de Europa, con el objetivo de articular un tratamiento fiscal y de políticas públicas diferenciado.

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Se impulsará un plan de choque europeo para darle la vuelta a la discriminación territorial y acelerar la equiparación de derechos y servicios en todo el territorio de la UE. En virtud de este plan, se descentralizarán las inversiones productivas y se garantizará que cualquier programa e inversión europeos que deban implementarse en distintas fases priorizarán los territorios despoblados, aislados y peor tratados por las anteriores políticas de inversión.

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Para ello, es necesario poder complementar y utilizar todos los fondos disponibles de manera coordinada, de forma que el desarrollo rural no dependa solo de los fondos de la PAC, sino que reciba otros fondos para inversiones, formación y empleo. Aparte de asegurar una mayor dotación presupuestaria, se podrán transferir hasta el 50 % de los fondos de la PAC a este pilar de desarrollo rural. De ahí la importancia de crear un Marco Financiero Multifondo para el Desarrollo Rural con una dotación suficiente que integre los fondos FEGA, Feader, FEDER y FSE para garantizar mayor impacto en los territorios rurales. Por último, se impulsarán las estrategias y medidas de desarrollo local participativo impulsadas al amparo de la metodología LEADER, pero garantizando una vuelta a los principios originarios de la iniciativa.

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La UE impulsará que todas las poblaciones puedan contar con los siguientes servicios: (1) servicio de transporte adecuado que comunique diariamente a demanda con la cabecera de comarca; (2) atención sanitaria a domicilio de calidad, si no es posible tener un centro de salud; (3) atención inmediata de una patrulla de las fuerzas y cuerpos de seguridad correspondientes en un máximo de 15 minutos; (4) reparto habitual de suministros básicos cuando no sea posible disponer de una tienda; (5) acceso a un cajero automático para garantizar la inclusión financiera; (6) una conexión móvil y a internet de banda ancha de 30 Mps y 3G, y (7) centros culturales ciudadanos en cada cabecera de comarca, así como un impulso a la oferta cultural descentralizada en colaboración con las Administraciones competentes.

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Se promoverá el transporte público como el medio prioritario para la movilidad en Europa, ya que permite realizar desplazamientos de forma más eficiente y justa, apoyando especialmente el reparto de fondos para trenes de media distancia eficientes y que conecten todo el territorio. Se intensificarán los planes de infraestructura ferroviaria potenciando el transporte de mercancías y el apoyo al transporte de viajeros de cercanías. Todo ello se realizará con una garantía de justicia territorial en las inversiones para transporte público, colectivo y de bajas emisiones.

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Se impulsará de manera inmediata una auditoría general para detectar los tramos que necesitan intervención con mayor urgencia y articular un programa de inversiones que priorice las zonas peor atendidas en las últimas décadas. Se impulsarán los ejes transversales ferroviarios que permitan alcanzar un efecto de red y las líneas que conecten zonas transfronterizas con mejores frecuencias y servicios.

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La UE establecerá programas y apoyos a los Estados para incrementar la frecuencia de los servicios existentes de corta y media distancia (metro, cercanías/rodalies, regionales) y crear el servicio allí donde no exista con el objetivo de atender la demanda de transporte de tren de todos los municipios de más de 20 000 habitantes en 2030. En el mismo año, se alcanzará el 100 % de kilómetros electrificados y un sistema libre de consumo directo de combustibles fósiles. Los territorios con mayores deficiencias serán absolutamente prioritarios en estos programas.

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En colaboración con las Administraciones competentes de los Estados, la UE promoverá la creación de una tarjeta europea de transporte que dará acceso gratuito a transportes colectivos de ámbitos urbano y metropolitano, comarcal, entre islas y provincial para menores de 26 años y al precio máximo de 1 euro por trayecto para el resto, sin perjuicio de planes especiales para el mundo rural, donde podrá tener un coste menor o incluso ser gratuito. Al mismo tiempo, la UE apoyará un aumento de la calidad y frecuencia de estos transportes.

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De forma complementaria al transporte público y en colaboración con los municipios, se promoverá el incremento de los carriles bici a partir de unos objetivos mínimos de kilómetros de carril bici por habitante que tengan en cuenta la orografía, la densidad de población y la climatología. También se establecerán regímenes de fomento de la movilidad compartida, incluyendo ventajas fiscales para las empresas y organizaciones que la faciliten.

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Conforme a los objetivos del Horizonte Verde, se impulsará un Programa Europeo de Reducción de Emisiones que incluirá el fomento del uso de vehículos eléctricos y con combustibles alternativos a los fósiles, así como la movilidad colectiva en redes de transporte público.

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Se impulsará una directiva europea que obligue a las localidades con más de 50 000 habitantes y a las empresas con más de 100 empleados a establecer planes de movilidad que incluyan rutas, acceso y transporte alternativo al coche privado, como el transporte público y la bicicleta, así como formación en movilidad sostenible. Por su parte, los planes de ordenación del territorio deberán adecuar las infraestructuras y la frecuencia y calidad del transporte público para que esa nueva movilidad sea posible y justa, asegurando la participación ciudadana.

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Se impulsará la elaboración de un conjunto de reglas y estándares europeos sobre urbanismo sostenible y feminista que guíen esta política en las Administraciones correspondientes con el objetivo de reducir el impacto de las ciudades en el ambiente, mejorar su resiliencia, mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático y acelerar la transición energética en unas ciudades más compactas, humanas, inteligentes, adaptadas a la biocapacidad del territorio en el que se ubican y con mayor calidad de vida.

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Con el fin de mejorar la salud de la población urbana y su seguridad, se promoverá una directiva y planes específicos para luchar contra la contaminación química y acústica, con medidas tales como la ampliación de zonas peatonales y zonas verdes ―parques, jardines y cinturones verdes―, el fomento de sendas urbanas ―vías anchas y preferentes de peatones, seguras y flanqueadas por vegetación arbórea―, la limitación de velocidad de los vehículos a 30 km/h, salvo en determinadas áreas ―modelo de las «Ciudades 30»―, y la limitación estricta de los niveles de ruido, en especial en zonas residenciales y de descanso.

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Creación de espacios de coordinación de áreas metropolitanas y regiones para mejorar la gestión compartida de servicios comunes derivados de sus relaciones de proximidad, el control democrático de su gestión pública, la asignación de recursos suficientes y el aumento de su influencia en las políticas globales que afectan la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.

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Se facilitará que la voz de los barrios y municipios se escuche directamente en Europa a través del Consejo de Municipios y Regiones de Europa y de otras instituciones. Asimismo, se velará por el cumplimiento de la Carta Europea de Autonomía Local.

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Se fomentará la capacidad de iniciativa de los poderes locales, en especial de las agrupaciones supramunicipales en asociación con otras organizaciones de base territorial y social ―como ONG, sindicatos, organizaciones patronales, asociaciones de carácter económico…―, para promover experiencias de cooperación interregional en políticas de desarrollo que aseguren la participación de la ciudadanía.

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Para ello, se impulsará un marco estratégico compartido para velar por la independencia del sector cultural europeo, el conocimiento, la producción, la creación, la diversidad, el acceso, las buenas prácticas y la gestión responsable, democrática y transparente, la sostenibilidad, la promoción y la conservación del pluralismo cultural europeo.

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Se impulsará el desarrollo de encuentros, congresos, espacios y otras herramientas que contribuyan al desarrollo de la idea de Europa como cultura diversa construida sobre el encuentro, el intercambio y los derechos, el pacto social y un horizonte de innovación en el que la cultura como sector económico contribuya también a la transición ecológica y a la igualdad.

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Para compensar el hecho de que los pueblos de Europa se conocen entre sí menos de lo que conocen otras culturas y contrarrestar la hegemonía de determinados modelos culturales, se apostará por facilitar el mutuo conocimiento a través de circuitos de artes escénicas, programas transnacionales de cultura en vivo, intercambios de fondos entre museos, creación de centros europeos de investigación, residencias artísticas y otras iniciativas que favorezcan el contacto entre tradiciones propias y nuevas propuestas.

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Se implementarán medidas para que puedan compartirse en plataformas de alcance europeo, tanto a nivel de bases de datos como de plataformas de proyección online, a partir del cumplimiento de las directivas europeas existentes en materia de patrimonio audiovisual con el objetivo de que, dotadas de los recursos adecuados, este tipo de soportes tan frágiles puedan conservarse.

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Para acabar con las culturas de la impunidad, como ocurre con la historia compartida y silenciada de nuestro país, se impulsará una legislación europea que obligue a la apertura de los archivos históricos y documentales en todo el territorio de la UE y que facilite y financie proyectos de digitalización e investigación que hagan accesibles los fondos a la ciudadanía y a la investigación, con prioridad para el conocimiento de las memorias silenciadas o pendientes de reparación y atención al expolio del patrimonio cultural de todo tipo.

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Desde un enfoque basado en los derechos de los y las hablantes, se crearán instituciones que indexen y recopilen las publicaciones en las distintas lenguas, se incorporarán a los programas Erasmus y se crearán estancias intereuropeas para su aprendizaje y su divulgación, junto con su inserción en las plataformas digitales más utilizadas. También se garantizará que se reconozcan como lenguas oficiales de la UE aquellas con estatus cooficial en los Estados.

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Se fomentará el acceso a la cultura europea mediante estrategias de divulgación en centros educativos y culturales, bibliotecas y medios de comunicación para salvar las brechas existentes, tanto entre países como dentro de estos, en su conocimiento y aprovechamiento. Se fomentarán las ayudas europeas para la creación de centros culturales integrales en barrios y pueblos como los primeros espacios donde ejercer este derecho, con el fin de potenciar la colaboración entre la sociedad civil y el sector público y privado.

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En particular, a museos, monumentos, cultura en vivo, artes escénicas, contenidos digitales y al conjunto del patrimonio cultural, con la voluntad de recuperar el patrimonio material e inmaterial para las mayorías sociales. Con este fin, se fomentará su gratuidad o un modelo de precios reducidos mediante modelos de financiación sostenible.

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Se fomentarán mecanismos de financiación y de intercambio cultural para que las personas jóvenes puedan liderar proyectos culturales y asegurar la sostenibilidad de la industria cultural europea.

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Las políticas de la UE reconocerán estas expresiones culturales en igualdad de condiciones con el resto. Impulsarán el acceso a contenidos digitales de calidad a través de instituciones públicas como las bibliotecas y los centros culturales ciudadanos. Conjugarán políticas por la libertad de expresión con la protección de autores y autoras. Apostarán de manera particular por estos formatos como un medio para descentralizar el acceso a la cultura y reducir la brecha territorial. Impulsarán la formación en todas las etapas educativas para comprender y formar parte de estas expresiones culturales. Asimismo, fomentarán el liderazgo europeo en sectores como los videojuegos, el diseño, el sector audiovisual o el desarrollo de software.

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Se promoverá un marco común orientado a garantizar, también en la UE, los derechos laborales, la protección social, la gestión tributaria, los derechos de propiedad intelectual y el autoempleo. A partir del conocimiento y el respeto a las condiciones específicas del mercado de trabajo cultural, este marco buscará potenciar el sector y proteger a sus grupos más vulnerables ante la competencia desleal de los grandes aparatos comerciales y publicitarios. Para hacer frente a la precariedad, la inestabilidad en el empleo y garantizar el acceso a la de jubilación, se impulsará un marco normativo europeo que reconozca las enfermedades profesionales, los periodos de creación y formación, así como la transición profesional al final de las carreras artísticas. También se promoverán unas formas de contribución fiscal acordes con las condiciones de intermitencia, inestabilidad y realización del trabajo en los propios domicilios que acompañan al trabajo cultural. Asimismo, este nuevo marco velará por el fin de cualquier forma de violencia machista en este ámbito.

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Se articularán mecanismos públicos que garanticen el control entre las entidades intermediarias y los y las artistas e impidan que los retornos no lleguen a quienes trabajan efectivamente en la cultura y que las patentes obstaculicen el acceso equitativo de la sociedad a la cultura y la tecnología. También se crearán planes específicos contra el expolio arqueológico terrestre y subacuático y contra el tráfico ilícito de bienes culturales.

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A través de una estrategia europea del deporte, se promoverá un marco común en políticas deportivas que asegure que toda la población tenga acceso, a un precio asequible y al menos tres veces a la semana, a actividades deportivas que implementen, promocionen y desarrollen el deporte femenino, el deporte adaptado, inclusivo y en etapas formativas. En particular, se diseñarán programas de transición a la vida laboral ordinaria de los y las deportistas que finalicen sus carreras, con especial atención a la inclusión laboral de las mujeres. Se reconocerán las competiciones femeninas de máxima categoría y a sus deportistas como profesionales, y se establecerán premios y dietas iguales para mujeres y hombres. Al mismo tiempo, se fomentará el incremento de la información deportiva dedicada al deporte femenino con el objetivo de alcanzar la paridad. También se democratizará la gestión de los clubs al potenciar el acceso de las aficiones a los órganos de gobierno del deporte y a las estructuras de gestión de los clubs, a la par que se incentivará la creación de clubs deportivos cuya propiedad pertenezca a sus miembros.

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