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Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro


Anticorrupción, buen gobierno y reforma institucional


El marco político actual de la UE, basado en el Tratado de Lisboa, hace del neoliberalismo ley. Consolida un funcionamiento cerrado por el que los poderes centrales de la UE dirigen la economía y la sociedad de manera tecnocrática y priorizando los beneficios de unos pocos. Por eso, es necesario abrir un proceso de refundación de la UE que incluya la aprobación de un nuevo tratado capaz de superar la visión ideológicamente sesgada que rige en la actualidad e incorpore el principio democrático en todas sus instituciones.

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Si la ciudadanía vota al Parlamento Europeo, esta institución debe al menos poder elaborar y aprobar leyes de manera completa. Se trata de la única institución elegida por la ciudadanía europea y, por lo tanto, concentra una legitimidad democrática que debe servir como palanca de cambio para la democratización y el equilibrio de poder en toda Europa.

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El Parlamento Europeo propondrá, elegirá y controlará a quienes compongan la Comisión, desde su presidente o presidenta hasta sus comisarios y comisarias, y lo hará de acuerdo con criterios de paridad y de equilibrio territorial. Asimismo, para que la Comisión se centre en tareas ejecutivas, se repartirá su iniciativa legislativa con el Parlamento y el Consejo, lo que permitirá configurar una Comisión más reducida que responda a la pluralidad política electa. Además de democratizar su conformación, el Parlamento podrá realizar mociones de censura constructivas tanto a los comisarios o comisarias individuales como al presidente o a la presidenta de la Comisión.

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Para que la legitimidad democrática impregne todas las instituciones comunitarias, el Parlamento Europeo elegirá y controlará los puestos de máxima responsabilidad de las agencias y otros organismos de la UE, como el Banco Central Europeo (BCE), el Banco Europeo de Inversiones, el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, la Alta o el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el Comité de las Regiones o el Comité Económico y Social.

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Se reforzará la voz y la influencia de los municipios y de las comunidades autónomas en el Comité Europeo de las Regiones y se promoverá que estas últimas asistan a las reuniones del Consejo de Ministros de la UE para intervenir en los asuntos de su competencia.

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Se impulsará la creación de una Carta Democrática Europea que contemple la adopción de medidas y mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones, en su gestión y en su control democrático. Para ello, se crearán también procedimientos que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía mediante formatos inclusivos. La Carta conllevará la puesta en marcha de nuevos espacios participativos para la deliberación ciudadana en lo relativo a la elaboración, la gestión y el control de las políticas públicas, los presupuestos participativos, la participación en los procesos legislativos o la celebración de un mayor número de consultas populares en asuntos decisivos.

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Los requisitos y el procedimiento para presentar una moción de censura ciudadana serán los mismos que los establecidos para presentar una Iniciativa Ciudadana Europea: primer grupo mínimo de siete ciudadanos nacionales de siete países miembros y un millón de firmas. La moción será debatida y votada en el Parlamento Europeo.

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Se implementará una estrategia europea para la participación de la infancia que asegure que los niños, niñas y adolescentes aporten e influyan en todos los ámbitos de la vida y, en especial, para que asuman un rol de liderazgo en la lucha por la igualdad y contra el cambio climático.

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Se establecerán mecanismos de transparencia que hagan accesible la información de todos los procesos de la UE, en especial, de los debates, discusiones y compromisos del Consejo Europeo, del Eurogrupo y de los triálogos entre la Comisión y los representantes del Parlamento o del Consejo.

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Se controlarán y se limitarán las actividades de los lobbies y se hará una difusión pública obligatoria de su actividad, de modo que cada vez que un lobby con intereses económicos se reúna con algún miembro de la Comisión, del Consejo, del Parlamento o con un o una alto cargo de la UE, la ciudadanía debe poder saberlo. También se establecerá un registro oficial y obligatorio de lobbies.

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Se establecerá una legislación rigurosa y unos medios suficientes para hacerla efectiva con el objetivo de impedir que representantes políticos y altos cargos de la UE usen su información y sus contactos a favor de grandes corporaciones, tanto durante su actividad pública como al terminarla.

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Se creará un Código de Ética y Transparencia que recoja mecanismos de rendición de cuentas de todas las instituciones y del personal que las compone para que la ciudadanía pueda conocer los motivos de sus decisiones y, en particular, las circunstancias relativas a la adjudicación de fondos europeos a programas, agencias y organizaciones. Este código incluirá, también, la exigencia de una plena justificación de todas las dietas y partidas que se cobren, así como la obligación de los cargos electos de hacer declaraciones de sus ingresos y propiedades, gastos y relaciones con su electorado.

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Para evitar el alejamiento de la ciudadanía respecto a sus representantes políticos y a las instituciones comunitarias, se impulsarán las siguientes limitaciones: 1) se limitarán los salarios, de modo que ningún parlamentario o parlamentaria cobre más de cuatro veces el salario mínimo de su lugar de residencia o destino ―3 600 euros al mes en España, en lugar de los 6 700 euros netos actuales― y que nadie del funcionariado o que represente a la UE cobre más de cinco veces ese salario mínimo, para lo que se establecerán compensaciones en los casos de mayor desequilibrio; 2) se requerirá justificación del uso de la dieta diaria de más de 300 euros y la mensual de «gastos generales» que reciben los y las representantes en el Parlamento y se devolverá lo no gastado; 3) se eliminará las indemnización por residencia, que supone el 15 % del sueldo base, y también la indemnización por representación de los cargos de alto nivel; 4) se fijará una tributación fiscal igual que para el resto de la ciudadanía.

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Quien paga manda, y los bancos no pueden mandar en los partidos. Por eso, se llevará a cabo una reforma para blindar la independencia de los partidos respecto al poder financiero también en la UE.

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La UE establecerá los medios necesarios para luchar contra la corrupción en su seno y en los Estados, sobre todo cuando las propias instituciones estatales no estén haciendo todo lo posible para ello o sean responsables de situaciones de corrupción, como se ha revelado recientemente en España. En particular, la UE establecerá un cuerpo de policía especializado en delitos de corrupción y delitos financieros que actuará a las órdenes del Poder Judicial de los Estados y articulará un programa de protección para quien denuncie casos de corrupción y para los funcionarios y funcionarias, periodistas y la ciudadanía en general que tomen partido contra la corrupción. También se reforzará la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que se convertirá en agencia, y su control democrático.

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Cualquier modificación en la gobernanza de la zona euro, o la creación de cualquier nueva institución u organismo, deba incluir la garantía del control parlamentario en su elección y rendición de cuentas. Esta garantía evitará giros en la orientación político económica de la UE al margen de sus pueblos, así como la creciente autonomización de las instituciones económicas respecto al principio de legitimidad democrática que se ha consolidado en la UE durante las últimas décadas.

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Será una cámara formada por representantes de los distintos Parlamentos nacionales de acuerdo con criterios de población, de características territoriales y de pluralidad política. Contará con una verdadera capacidad legislativa y de control político, así como de debate y de decisión sobre la agenda política y económica de la zona euro, incluyendo nuevos pasos en los procesos de integración.

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Se modificará el procedimiento para nombrar a quien ocupe la presidencia, la vicepresidencia y el resto de los puestos del Comité Ejecutivo del BCE. Por lo tanto, se pasará del actual sistema de elección ―opaco y pactado entre Estados― a uno con criterios de selección transparentes, un debate abierto sobre la estrategia del BCE que requerirá de la aprobación del Parlamento Europeo y del citado Parlamento de la eurozona.

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Esto implicará, también, la coordinación formal de la política monetaria con el resto de las políticas económicas.

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Esto hará que el BCE se convierta en una agente encargado de sostener las finanzas de los Estados, en lugar de un instrumento para su sometimiento a través de estas. Para ello, podrá actuar como prestamista directo de los tesoros nacionales, y no solo de manera interpuesta a través de los bancos, como ha ocurrido durante la crisis, con enormes beneficios para estos y un gran coste para nuestras deudas.

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Se llevará a cabo una reforma para acabar con la opacidad de este órgano y convertirlo en una comisión del Consejo. De este modo, el Eurogrupo estará sometido a un reglamento que establezca de manera explícita su funcionamiento y los procedimientos de votación, así como la obligación de publicar las actas, los resultados de las votaciones y las explicaciones de voto. El Eurogrupo y quien ostente su presidencia se someterán al control político del Parlamento de la eurozona de nueva creación.

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La agenda política europea sigue precisando de un mecanismo de desendeudamiento global, para lo cual se celebrará una Conferencia Europea de la Deuda. En ella, se impulsará un acuerdo para que el BCE reestructure y mutualice aquella parte de la deuda pública de todas las economías de la zona euro que exceda el 60 % del producto interior bruto (PIB). Esto podría hacerse mediante un canje de los bonos actuales por otros nuevos, adquiridos por el BCE al valor nominal con un tipo de interés del 0 % y con el objetivo de mantenerlos a perpetuidad en su balance. Este proceso de reestructuración no conllevará transferencias interterritoriales de renta y permitirá ahorrar a España unos 42 000 millones de euros en el pago de intereses en los próximos cinco años.

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Se propondrá una reforma de carácter europeo para que el acceso a los recursos y concursos públicos tenga las siguientes condiciones: el respeto a las reglas de la negociación colectiva, a los derechos laborales y a la sostenibilidad ambiental de las actividades, así como la limitación de la desigualdad salarial dentro de las empresas y la garantía de la equidad de género. La contratación pública se centrará también en las actividades y formas empresariales que aporten mayor valor social.

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Este Plan Europeo de Inversiones se financiará mediante la emisión de eurobonos, aparte de con los ingresos provenientes de una nueva fiscalidad más justa y progresiva.

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Se adoptará como prioridad la eliminación de los paraísos fiscales; por ejemplo, promoviendo la creación de una Agencia Fiscal Internacional y de un impuesto global sobre las grandes fortunas. Asimismo, se promoverá la prohibición internacional de los productos financieros altamente especulativos, superando los Acuerdos de Basilea III, así como la coordinación de esfuerzos hacia una mayor progresividad tributaria y la desconcentración de las actuales estructuras empresariales.

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Se impulsará un plan de choque integral para luchar contra el fraude fiscal en la UE y fuera de ella, que incluya medidas firmes para erradicar los paraísos fiscales y hacer que las empresas que hacen uso de ellos para evadir impuestos restituyan los recursos sustraídos y ocultados. Se promoverá la conversión de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en agencia europea, lo que aumentará sus recursos para investigar el fraude, la evasión y el blanqueo de capitales y se reforzará su control democrático. España apoyará la creación de una Agencia Fiscal Internacional en el marco de la ONU. Asimismo, se promoverá la adopción de impuestos europeos sobre las transacciones financieras para financiar las inversiones que necesita Europa.

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Se impulsará la creación de esta figura con las funciones de armonizar la protección de los derechos fundamentales en todos los Estados y de supervisar su garantía, y se establecerán sanciones para aquellos que los vulneren o no actúen con la diligencia debida para evitarlo.

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Se impulsará la cooperación policial y judicial en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional ―en particular, en la persecución del fraude y la corrupción―, logrando una mayor implicación de Eurojust y Europol. Se implementarán mecanismos para cortar las fuentes de ingresos extranjeros de la delincuencia transnacional y para perseguir su financiación oculta. Como se señaló en el Plan Europeo Contra la Corrupción, la UE establecerá un cuerpo de policía especializado en delitos de corrupción y delitos financieros que actuará a las órdenes del Poder Judicial de los Estados, al mismo tiempo que se fortalecerán las Unidades de Inteligencia Financiera en los propios Estados.

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Se impulsará el establecimiento de procedimientos de infracción contra los Estados que infrinjan, no incorporen a su derecho o no apliquen el marco político y legislativo europeo relacionado con la igualdad de trato o que vulneren los derechos fundamentales. También se establecerá un sistema de vigilancia desde un organismo independiente para investigar estas vulneraciones.

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Se promoverá la creación en los Estados de unidades policiales especializadas en la prevención e investigación de delitos de odio. También se establecerán medidas para asegurar que ningún trabajador o trabajadora de las Administraciones Públicas participe en discursos y delitos de odio o tenga conductas contrarias a los principios democráticos y que, en caso contrario, tales conductas se investiguen.

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La UE instará a los Estados a luchar contra las organizaciones que propaguen discursos de odio y violencia y a prohibir los grupos neofascistas, neonazis y cualquier otra fundación o asociación que exalte y glorifique el nazismo o el fascismo.

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Esta figura asistirá y defenderá a la ciudadanía en su relación con las empresas tecnológicas para garantizar los derechos básicos enmarcados en la citada Carta Europea de Derechos del Mundo Digital.

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Para proteger nuestra salud, se derogará la normativa que permite la privatización de centros y servicios sanitarios en todo el territorio comunitario. En su lugar, se apoyará la gestión pública directa de los centros y recursos sanitarios.

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Diseñar e implementar políticas feministas requiere un esfuerzo explícito de análisis y dotación presupuestaria para revertir la inercia de siglos de invisibilización. Por este motivo, todas las políticas públicas, normas y presupuestos de la UE y los Estados se elaborarán desde la perspectiva de género y el análisis feminista con perspectiva interseccional y será preceptivo el dictamen del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), o de órganos estatales análogos, con la participación de organizaciones feministas, tanto con carácter previo como después de su aplicación. También se empleará esta perspectiva en la elaboración de presupuestos y de las políticas que vayan a adoptarse en el marco financiero plurianual.

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Será obligatorio que los espacios de representación, toma de decisiones y liderazgo de la UE sean paritarios; es decir, que estén compuestos, al menos, por un 50 % de mujeres. También se prestará especial atención a la presencia de personas pertenecientes a grupos vulnerables.

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Debe impedirse que los poderes económicos y financieros pongan a su servicio a las instituciones mediante una influencia ilegítima en el proceso legislativo. Los mandatos negociadores deben votarse en el Parlamento Europeo y en los Parlamentos nacionales, que deberán tener capacidad de escrutinio y enmienda durante las negociaciones.

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Para ello, se incluirán evaluaciones preceptivas de impacto, ex ante y ex post, para cada propuesta legislativa en materia de comercio e inversión. Estas evaluaciones considerarán de manera exhaustiva las repercusiones económicas, sociales y medioambientales. Se establecerán dos categorías específicas de análisis: «impacto en materia de derechos fundamentales» y «evaluación del impacto en materia de género».

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Se implementará un plan de acción europeo para la promoción y el fomento del comercio justo, sostenible y responsable, dotado con suficientes recursos y acompañado por campañas de concienciación ciudadana. Las instituciones, por medio de las compras públicas, contribuirán al desarrollo de un comercio equitativo; por ejemplo, mediante la valoración extra de los productos de comercio justo y sostenible en los concursos.

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Se impulsarán cambios legislativos que permitan el rescate público de empresas en crisis o su gestión por parte de los trabajadores y las trabajadoras, así como un fortalecimiento de las protecciones frente a la devaluación de derechos y contra las deslocalizaciones para asegurar los empleos locales y los derechos del personal. Asimismo, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se reorientará hacia el beneficio efectivo de la gente y de las pymes. Estas políticas prestarán más apoyo a Estados que, como España, se encuentran lejos del objetivo de la UE para el 2020 de que la industria suponga el 20 % del PIB.

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Se promoverá el liderazgo de la UE en la lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente en foros internacionales, la voz única en los foros globales en ciertos pilares básicos, el voto de los Estados miembros en política exterior por mayoría cualificada y la democratización del Consejo de Seguridad de la ONU. Se apostará por un mandato de defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la protección de civiles, las dinámicas de diálogo y el liderazgo local en la gestión de crisis. Para ello, se impulsará la creación de una asamblea parlamentaria en la ONU, elegida democráticamente, para abordar los temas claves para el futuro de la humanidad.

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Se impulsará un servicio exterior ejecutor y garante de una política pública promotora de la solidaridad internacional, el diálogo pacífico entre pueblos y la justicia, al servicio de la ciudadanía, que garantizará su participación y contribución significativa y vinculante. Se fortalecerá el rol de las delegaciones en la interlocución con la sociedad civil local y con las comunidades afectadas por proyectos y empresas de la UE. Estas delegaciones tendrán capacidad de tramitar visados a personas refugiadas y ofrecer protección y asilo a defensoras y defensores de derechos humanos. Asimismo, participarán en el diálogo político con los Gobiernos para fortalecer la democracia y los derechos humanos.

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Se superará el modelo fallido de competencia y sanciones comerciales en la vecindad oriental y con Rusia, y se apostará por mecanismos de cooperación y diálogo para la resolución de conflictos y la promoción de los derechos humanos y el desarrollo social y económico común. Para ello, se propondrá una conferencia para la distensión en la vecindad oriental europea con la participación de todos los actores de la región. Se propondrá una relación igualitaria, de mutuo beneficio, con los países del Magreb, se reforzarán las relaciones diplomáticas y la cooperación en investigación, cultura y educación, y se favorecerán las relaciones orientadas hacia un desarrollo democrático común de toda el área mediterránea. Se facilitará de forma gradual una relación privilegiada con los Balcanes y Turquía, siempre con respeto a los derechos humanos, las libertades civiles, el Estado de derecho y la justicia, sin políticas de externalización de fronteras, y se apoyará la resolución de disputas en la zona con pleno respeto a los derechos democráticos, políticos y culturales de las poblaciones kurdas.

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Se promoverá un partenariado entre la UE y América Latina por la justicia fiscal, contra el fraude y el lavado de dinero, que fortalecerá los mecanismos de lucha contra la evasión fiscal y el control transparente de la gestión de los recursos naturales. Se apoyará el regionalismo latinoamericano, clave para un futuro con crecimiento efectivo y sostenible, y se favorecerán políticas conjuntas para intercambios en educación, investigación, ciencia y economía social y solidaria. Se desarrollará una iniciativa estratégica para África cuyo eje sea la defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la transición energética y el bienestar de las sociedades, con mecanismos de fortalecimiento de las relaciones diplomáticas y de promoción de la cooperación educativa, cultural, científica y técnica. Se impulsarán intercambios económicos entre pymes, así como el apoyo decidido a los procesos democráticos y el empoderamiento de la sociedad civil, en especial de las mujeres. En Asia, se promoverá un nuevo modelo de relaciones comerciales justas y respetuosas con los derechos humanos, laborales y medioambientales. Desde ese marco, se involucrará activamente a la UE a través del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en el marco de la iniciativa One Belt, One Road, de China, siempre con estricto cumplimiento de estándares laborales y medioambientales.

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Se recuperará el perfil europeo de valores pacíficos y democráticos a través del organismo del Alto Representante y a la creación del Comisariado de Cultura para la Paz y la Democracia. Se garantizará el apoyo político a la participación de las mujeres en los procesos de paz, a la paridad en el seno de la UE y en los puestos de toma de decisiones, a la formación en materia de igualdad de género, y mujeres, paz y seguridad para el personal de mantenimiento de la paz, así como una colaboración más amplia con la sociedad civil y en la lucha contra la violencia sexual en conflictos.

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Se impulsará una regulación de la propiedad intelectual al servicio de la innovación, y no como una barrera para el emprendimiento. Con el objetivo de abrir el acceso a la ciencia, se creará una Red de Centros de Innovación Ciudadana como punto de encuentro entre la sociedad y la ciencia para actividades de divulgación e innovación. Se impulsará un plan de transición hacia la ciencia abierta con el objetivo de que las investigaciones financiadas con fondos europeos se publiquen en acceso abierto. Se apoyará a las revistas científicas europeas, en distintos idiomas oficiales de la UE, para que puedan aumentar su impacto y que publicar en ellas sea más valorado. Se promoverá la adhesión de las instituciones científicas a la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA). Por último, se transitará hacia la gestión digital de la ciencia mediante una web de investigación que incluya las convocatorias programadas de las distintas Administraciones, universidades y centros públicos de investigación, así como datos de investigadores e investigadoras, grupos, proyectos y centros, al tiempo que se creará un organismo europeo para velar por la transparencia y el buen gobierno del sistema europeo de la I+D+i.

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En esta distribución, (1) las ayudas deben dirigirse al objetivo de garantizar una renta agraria digna y estar condicionadas a la actividad productiva, sin exclusión de sectores; (2) deben eliminarse los derechos históricos, que están en el origen del reparto injusto entre productores y territorios; (3) han de ganar peso las pequeñas y medianas explotaciones; (4) tiene que establecerse un límite máximo en el cobro de ayudas por explotación para hacer más eficiente este reparto; (5) deben establecerse ayudas complementarias que favorezcan la incorporación de mujeres y jóvenes; (6) deben mantenerse ayudas acopladas para sectores estratégicos, como la ganadería extensiva; (7) debe reforzarse la condicionalidad de las ayudas al cumplimiento de las obligaciones ambientales y los derechos laborales, y (8) el conjunto de la PAC debe beneficiarse de una simplificación normativa y burocrática.

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Se garantizará la efectividad del derecho humano al agua y al saneamiento de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales ratificados por España y la UE. Esto implicará la revisión de la llamada Directiva Bolkestein, que permite la liberalización y privatización de los servicios en el mercado interno, frente a la que se impulsará una gestión pública del agua por parte de las diferentes Administraciones. Se trata de un bien clave para la garantía de los derechos humanos que no puede estar sujeto solo a las reglas del mercado.

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Conforme a los objetivos y criterios de la Directiva Marco del Agua, que en ningún caso pueden ser rebajados y que deberán fortalecerse con instrumentos jurídicos complementarios, se impulsará una planificación hidrológica basada en estrategias de ahorro y eficiencia en el uso, de gestión de la demanda y de recuperación de costes, así como de protección del conjunto de las aguas continentales, las de transición, las costeras y las subterráneas. Esto exige un mayor control de la UE sobre los Planes Hidrológicos de Cuenca y sobre las Infraestructuras y Planes de Modernización del Regadío que se planifican desde los Estados y se financian, en gran parte, con los Fondos Estructurales Europeos, de manera que se interrumpan políticas y proyectos que solo beneficien a las grandes constructoras y a los fondos de inversión.

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En este contexto, es imprescindible establecer tales estrategias en materia de planificación y gestión de aguas, así como en el resto de las políticas sectoriales, conforme al principio de precaución, lo que implica contemplar el caso más desfavorable para asegurar estrategias prudentes. Junto con las anteriores medidas y una aplicación rigurosa de la Directiva de Gestión del Riesgo de Inundaciones no solo se pretende mitigar episodios extremos y cada vez más frecuentes relacionados con el cambio climático, como sequías e inundaciones, sino también construir un sector agropecuario puntero en el mundo.

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Para ello, es imprescindible contar con una Agencia Europea de Seguridad Alimentaria más fuerte, sometida al control democrático e independiente respecto a las presiones de la industria alimentaria, química y farmacéutica.

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Creación de espacios de coordinación de áreas metropolitanas y regiones para mejorar la gestión compartida de servicios comunes derivados de sus relaciones de proximidad, el control democrático de su gestión pública, la asignación de recursos suficientes y el aumento de su influencia en las políticas globales que afectan la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.

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Se facilitará que la voz de los barrios y municipios se escuche directamente en Europa a través del Consejo de Municipios y Regiones de Europa y de otras instituciones. Asimismo, se velará por el cumplimiento de la Carta Europea de Autonomía Local.

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Se fomentará la capacidad de iniciativa de los poderes locales, en especial de las agrupaciones supramunicipales en asociación con otras organizaciones de base territorial y social ―como ONG, sindicatos, organizaciones patronales, asociaciones de carácter económico…―, para promover experiencias de cooperación interregional en políticas de desarrollo que aseguren la participación de la ciudadanía.

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Desde un enfoque basado en los derechos de los y las hablantes, se crearán instituciones que indexen y recopilen las publicaciones en las distintas lenguas, se incorporarán a los programas Erasmus y se crearán estancias intereuropeas para su aprendizaje y su divulgación, junto con su inserción en las plataformas digitales más utilizadas. También se garantizará que se reconozcan como lenguas oficiales de la UE aquellas con estatus cooficial en los Estados.

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