Programa de Podemos
para una Europa con más democracia, derechos, justicia y futuro

Debe impedirse que los poderes económicos y financieros pongan a su servicio a las instituciones mediante una influencia ilegítima en el proceso legislativo. Los mandatos negociadores deben votarse en el Parlamento Europeo y en los Parlamentos nacionales, que deberán tener capacidad de escrutinio y enmienda durante las negociaciones.

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Ante la desprotección de pymes, autónomos y autónomas frente a oligopolios como el eléctrico, el bancario o el de las telecomunicaciones, la UE promoverá su reconocimiento legal como consumidores y consumidoras, e incluirá plazos máximos de pago por parte de las grandes empresas para que estas dejen de utilizarlos como medios de financiación ilegítima, y regulará la exención del pago del IVA por facturas que no hayan cobrado.

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Se terminará con la impunidad corporativa y los vacíos legales que permiten a las multinacionales operar a costa de los derechos humanos, el medio ambiente y los tejidos económicos locales. Para ello, se impulsará un reglamento europeo de obligaciones de debida diligencia, aplicable a las empresas transnacionales europeas que les exigirá responsabilidad ante nuestros tribunales, aunque las vulneraciones de derechos se produzcan fuera de la UE. Se impulsará también la firma de un tratado internacional de la ONU que imponga penas a las empresas transnacionales si violan los derechos humanos y se exigirá la responsabilidad solidaria sobre toda la cadena de valor.

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Para ello, se incluirán evaluaciones preceptivas de impacto, ex ante y ex post, para cada propuesta legislativa en materia de comercio e inversión. Estas evaluaciones considerarán de manera exhaustiva las repercusiones económicas, sociales y medioambientales. Se establecerán dos categorías específicas de análisis: «impacto en materia de derechos fundamentales» y «evaluación del impacto en materia de género».

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Conforme al principio de coherencia de las políticas de comercio, la UE paralizará las negociaciones y revertirá la implementación de los acuerdos de comercio e inversión que no cumplan con los principios expuestos. Se propondrá, además, renegociar los tratados existentes para proteger el interés público, el trabajo digno, la viabilidad de la actividad de autónomos, autónomas y pymes de cada territorio, los derechos humanos y la sostenibilidad medioambiental, así como las obligaciones extraterritoriales de los Estados. Se suprimirá la aplicación provisional y se incluirá una limitación temporal obligatoria.

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Los inversores extranjeros deben estar sujetos a las mismas leyes que los nacionales. Se propondrá el abandono de los tratados de protección y promoción de inversiones que contengan cláusulas de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS), así como la retirada del Tratado sobre la Carta de la Energía, ejemplo de polémicos mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados.

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Lucrarse con los ataques a la vida y a los derechos humanos no es compatible con la identidad europea. Por eso, se prohibirá el comercio de armas con países donde puedan utilizarse para la represión interna, las agresiones externas o las violaciones de derechos humanos. También se contará con medios suficientes para garantizar la prohibición del comercio de personas (esclavitud) y órganos, de residuos peligrosos o de especies en peligro de extinción. Para alcanzar el horizonte verde, se reducirá también el comercio de combustibles fósiles.

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Se fortalecerán las alianzas con países del Sur global para no permitir más acuerdos comerciales que generen y perpetúen la pobreza y encierren a los socios comerciales en relaciones de explotación.

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Se implementará un plan de acción europeo para la promoción y el fomento del comercio justo, sostenible y responsable, dotado con suficientes recursos y acompañado por campañas de concienciación ciudadana. Las instituciones, por medio de las compras públicas, contribuirán al desarrollo de un comercio equitativo; por ejemplo, mediante la valoración extra de los productos de comercio justo y sostenible en los concursos.

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Se estudiará el impacto de género en los acuerdos comerciales existentes y, con carácter previo, en los nuevos que se puedan suscribir. Se incorporarán a los nuevos acuerdos y a los existentes, en la medida de lo posible, cláusulas y mecanismos sancionadores efectivos para alcanzar la igualdad de género, garantizar los derechos de las mujeres y su empoderamiento.

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Se propondrá la derogación de las normas que facilitan el desmantelamiento y la privatización de servicios públicos (agua, sanidad, educación, transporte, energía, etcétera) para lucrarse, como la directiva relativa a los servicios en el mercado interior, conocida como Directiva Bolkestein.

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Se impulsarán cambios legislativos que permitan el rescate público de empresas en crisis o su gestión por parte de los trabajadores y las trabajadoras, así como un fortalecimiento de las protecciones frente a la devaluación de derechos y contra las deslocalizaciones para asegurar los empleos locales y los derechos del personal. Asimismo, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se reorientará hacia el beneficio efectivo de la gente y de las pymes. Estas políticas prestarán más apoyo a Estados que, como España, se encuentran lejos del objetivo de la UE para el 2020 de que la industria suponga el 20 % del PIB.

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La actual política comercial de la UE daña la agricultura familiar, el tejido productivo y comercial local y a las pymes. Por eso, se impulsará la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i), además de un modelo productivo y comercial justo, sostenible, que garantice la igualdad.

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En la legislatura pasada, Podemos lideró en el Parlamento Europeo una iniciativa para garantizar que todo el textil producido o importado a la UE cumpla unos estándares sociales y medioambientales. En esta legislatura, se convertirá en reglamento la iniciativa de «textil con derechos».

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La creciente desigualdad de fuerzas entre oligopolios y el resto de los agentes económicos daña el desarrollo local y los derechos de personas consumidoras y pymes. Se reforzarán las normas antimonopolio y el órgano regulador europeo con instrumentos efectivos de penalización frente al fraude y los casos de cárteles y oligopolios. Este órgano estará sometido a controles democráticos y de rendición de cuentas, ya que debe estar al servicio de los intereses de la ciudadanía, y no de los oligopolios que debe controlar.

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Cualquier persona u organización de la UE o de una región afectada podrá recurrir a este órgano para exigir el cese de una vulneración de sus derechos y su reparación. Este organismo también hará cumplir la obligación de incorporar las normas de reconocimiento y garantía de los derechos humanos a cualquier tratado comercial o acuerdo de protección de inversiones que suscriba la UE, exigirá el cumplimiento de su responsabilidad a las grandes corporaciones y a su personal directivo desde la perspectiva civil, administrativa y, en su caso, penal.

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Se pondrá coto a los oligopolios digitales incrementando su supervisión y se impedirá que los acuerdos comerciales contengan prohibiciones o restricciones con respecto a la tributación, la divulgación de fuente abierta o la localización de datos. Se propondrá una directiva que obligue a que los dispositivos electrónicos sean reparables y reciclables, y a erradicar la obsolescencia programada.

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Se establecerá un derecho de indemnización añadida en caso de fraude que opere como desincentivo. Se instaurarán regulaciones adaptadas a cada Estado para, en su caso, prohibir los productos financieros o de servicios que inducen conductas patológicas, especialmente en jóvenes, como la ludopatía en el caso de las apuestas. Se establecerán unas normas de etiquetado para facilitar la alimentación saludable y para erradicar los productos químicos nocivos. También se prohibirán los números de tarificación adicional para servicios de atención al cliente.

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Se impulsará una reforma integral de esta organización para implementar una política comercial y de inversión alternativa a escala mundial, contando con las demandas y necesidades de los países empobrecidos para que accedan a reglas comerciales justas, así como para dar prioridad al desarrollo del comercio local y regional controlado por las propias regiones y sus comunidades.

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No se financiarán con dinero público la extracción y el comercio de combustibles fósiles, los grandes proyectos industriales y mineros, ni las infraestructuras en países en desarrollo que agraven el cambio climático, desplacen a la población, destruyan la biodiversidad o violen los derechos humanos.

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